El gobierno español sigue comprometiendo dinero público para defender los intereses de las empresas privadas españolas en el extranjero, mientras abandona a su suerte a las pequeñas y medianas empresas. Mientras la PYMES, que suponen el 80% de la actividad empresarial en nuestro país, ven recortados sus créditos, las grandes empresas (bancos, eléctricas, constructoras) son las grandes beneficiarias en estos tiempos de crisis. El gobierno avalará los 125 millones que Sacyr necesita para continuar con las obras en el canal de Panamá; también garantizarán el préstamo al consorcio empresarial para construir el AVE del desierto saudí, por medio de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), con una participación estatal del 50,25%, por un montante de 1.000 millones de euros. Eso sin hablar de los avales a nivel nacional, como las autopistas de peaje en quiebra o los aeropuertos fantasma españoles, como el de Corvera, avalado con 185 millones por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Un dato que pone de manifiesto que la salida de la crisis sólo se verifica para las grandes empresas y las grandes fortunas es que en el último número de la revista Forbes, se puede comprobar que seis españoles se han incorporado a la lista de nuevos multimillonarios, elevándose a 26 los riquísimos de nuestro país. Encabeza esta lista, una vez más en España, Amancio Ortega, que ha ganado 7.000 millones de euros más este año, situándose como la tercera fortuna del mundo, con 64.000 millones de euros, sólo por debajo de Bill Gates y Carlos Slim.
Mientras tanto, el número de parados en España ha aumentado en más de 620.000 personas desde que gobierna Rajoy, pasando de una tasa de desempleo del 22,83% en el último trimestre de 2011 al actual 26,03%, a pesar de los mensajes triunfalistas que los distintos ministros y ministras nos repiten una y otra vez. Después de la rebaja de los derechos laborales perpetrada por el gobierno en estos dos años y medio, el FMI, en boca de su presidenta Christine Lagarde, ha instado a "profundizar en los ajustes", forma de decir, en la neolengua que suele utilizarse desde los sectores más neoliberales, que hay que seguir con los recortes, para conseguir "competitividad", es decir, menos salarios, menos derechos sociales, menos pensiones.
Desde la reforma de la Constitución realizada por PSOE y PP en agosto de 2011, los ingresos que recibe el Estado vía impuestos va destinado de forma preferente al pago de la deuda, en vez de dedicarlo a la mejora de los servicios públicos. En 2011, Serge Latouche, profesor emérito de economía de la Universidad Paris-Sud e ideólogo del decrecimiento, en su libro "La sociedad de la abundancia frugal" (Edit. Icaria) hacía un análisis certero de la situación y del camino emprendido por los gobiernos europeos para afrontar la crisis:
"(...) En nombre del relanzamiento, en gran parte ilusorio de las inversiones y totalmente engañoso del empleo, se reducen o eliminan las cargas sociales, el impuesto sobre las actividades económicas y el impuesto sobre el beneficio de las empresas. Se exime de cualquier impuesto sobre los beneficios "extras" a sectores de la banca y las finanzas, mientras que el "escudo fiscal" permite a los ricos pagar cada vez menos impuestos. Al mismo tiempo, la austeridad azota con vigor a los trabajadores y a las clases medias que sufren por el descenso de sus ingresos, por el recorte de las ayudas sociales y por el aumento de la edad legal de jubilación (...). Para completar el panorama (...), se desmantelan los servicios públicos y se privatiza todo lo que queda por privatizar".
Parece que el gobierno de Rajoy ha seguido al pie de la letra estas recetas, a la vez que hace creer a la ciudadanía crédula que "se ha superado la recesión". Pero, como se ha visto, los únicos que salen airosos de esta crisis son los que nunca la han padecido, las grandes empresas y las grandes fortunas que se enriquecen aún más a costa del sufrimiento de la amplia mayoría de la población, esa población abandonada a su suerte por este gobierno.
El ansia de los países por organizar eventos deportivos internacionales de primer orden les está llevando a vulnerar todos los derechos, desde el abuso a los trabajadores, que les llevan en muchos casos a la muerte, a escándalos de corrupción y atentados ambientales, que están provocando cada vez de forma más numerosa protestas tanto dentro como fuera de esos países.
Lo hemos visto en Sochi, donde se están celebrando actualmente los JJ.OO. de invierno, los más caros de la historia, juegos salpicados por escándalos de corrupción, homofobia y represalias a activistas, sobre todo con temas relacionados con el medio ambiente, ya que son numerosas las voces que han denunciado vertidos ilegales, destrucción de bosques y contaminación de ríos durante la preparación de esos juegos.
También el Mundial de Fútbol que se va a celebrar este verano en Brasil, así como los JJ.OO. de verano de 2016, que se desarrollarán en Río de Janeiro, han sacado a las calles a miles de brasileños que denuncian los sobrecostes de las obras de los estadios y la corrupción de las instituciones, además de protestar por que se destinen miles de millones de reales (la moneda de ese país) a la organización de estos eventos, descuidando la educación y la sanidad, en uno de los países con mayor desigualdad social del mundo. Estas protestas se han traducido en manifestaciones por las calles de Río, Sao Paulo y otras ciudades brasileñas, que se han saldado con más de 140 detenidos. Esto ha hecho que el gobierno brasileño prepare un plan de seguridad, con un coste de 500 millones de dólares, para intentar evitar estas protestas durante el desarrollo del Mundial.
El último episodio en la historia negra de los grandes eventos deportivos lo hemos sabido hoy, al saberse que más de 400 nepalíes han muerto en las obras de construcción de los estadios de fútbol para el Mundial de 2022 de Qatar. La ONG Comité de Coordinación para los Emigrantes Nepalíes (Pravasi Nepali Co-ordination Committee -PNCC-) calcula que de aquí a la inauguración de este campeonato, diez veces más de trabajadores perderán la vida en las obras.
Esta competición por organizar estos espectáculos, llevados por la pretensión de que las grandes empresas nacionales ganen ingentes cantidades de dinero, pero a costa de la vida de trabajadores, la vulneración de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente, es una vertiente más del capitalismo salvaje que está campando a sus anchas en este siglo XXI. A menudo estas apuestas salen caras, como se puso de relieve en los JJ.OO. de Atenas 2004, que precipitaron la crisis brutal del país heleno, al causarle un perjuicio económico astronómico, como ya puse de relieve en un artículo anterior, en el que apelaba a la no celebración de los JJ.OO. en Madrid, como luego afortunadamente ocurrió.
A esta carrera por llevarse el gato al agua contribuyen los propios deportistas, que a menudo anteponen sus carreras deportivas a la defensa de los derechos humanos. Lo vimos en la selección española de fútbol, que no dudó en acudir a Guinea Ecuatorial el pasado mes de noviembre para disputar un encuentro amistoso, un país gobernado con mano de hierro por el dictador Obiang. Este hecho fue denunciado por gran parte de la oposición en el Congreso de los Diputados. También han sido polémicas las declaraciones del abanderado del equipo olímpico de deportes de invierno, Javier Fernández, al recomendar a los deportistas gays "que se corten" durante la celebración de los JJ.OO. de Sochi, para evitar problemas por la ley homófoba del gobierno de Putin. Aunque se entiende que los años de preparación de l@s deportistas para acudir a estas competiciones pueden irse al traste, debería exigírseles que, además de tener las mejores marcas, fueran personas íntegras que contribuyeran a denunciar las situaciones injustas. No deberían aceptar participar en competiciones en países donde se atentaran contra los derechos humanos.
Pero la mayor exigencia hay que hacérsela a los gobiernos y a los organismos internacionales, que deberían velar por que esos derechos se respetaran escrupulosamente, y no concedieran la organización de estos eventos deportivos a países que los vulneren y, si durante la organización de los mismos, se produjeran situaciones de atentados a los derechos de los trabajadores o delitos ambientales, se debería poder retirar el privilegio de la organización de esos campeonatos. Desgraciadamente, los propios organismos que conceden las candidaturas no están exentos de ser corruptos y de recibir sobornos y favores, como en la FIFA y en el COI.
El mundo del deporte de élite, que mueve miles de millones de euros y que es un engranaje más de la maquinaria capitalista, debe recuperar los valores que hipócritamente nos venden en sus discursos vacíos, que quedan muy bien en los medios de comunicación, pero que están muy lejos de ser una realidad.
Hace unos días hemos asistido al bochornoso espectáculo que han protagonizado los miembros de la Guardia Civil, disparando (con cartuchos de fogueo y balas de goma) a los inmigrantes que pretendían arribar a las costas de Ceuta, contribuyendo así a la muerte por ahogamiento de al menos 14 personas, según han declarado los supervivientes de la tragedia. Este hecho ha provocado que desde Bruselas se pidan explicaciones. Hoy mismo hemos sabido que la frontera de Melilla se cierra ante la llegada de unas decenas de refugiados de la guerra de Siria quienes, tras atravesar todo el norte de Africa, intentan llegar a Europa, esa Europa a la que se le llena la boca con las palabras solidaridad y ayuda humanitaria. Como en el caso de la muerte de varios cientos de inmigrantes en las costas de Lampedusa hace unos meses, estos hechos demuestran que la comunidad internacional y, concretamente, la Unión Europea, debe acometer de una vez por todas el asunto y dejar de ver la cuestión de la inmigración como una amenaza de la que hay que defenderse incluso a tiros.
En primer lugar hay que desterrar algunos tópicos que, de forma interesada o no, se difunden por la sociedad, sobre todo en estos tiempos en los que las actitudes xenófobas están aumentando en Europa, con el auge de los partidos ultras. Se dice que “los inmigrantes son gente sin formación, incultos, casi analfabetos”, que “vienen a robarnos el trabajo y a aprovecharse de nuestra seguridad social” o que “las cárceles están llenas de inmigrantes porque son unos delincuentes”. Todas estas afirmaciones propias de ignorantes son totalmente falsas, como así lo aseveran las organizaciones que trabajan con estos colectivos, como S.O.S. Racismo. Sin embargo, los medios de comunicación más conservadores transmiten la idea de la peligrosidad de la inmigración, contribuyendo a perpetuar los mitos de este fenómeno, al tiempo que crean un clima de miedo, necesario para los que nos gobiernan, pues es lo que necesitan para justificar sus políticas de "mano dura".
Es falso que las personas inmigrantes saturen el sistema sanitario público; de hecho usan menos el sistema de atención primaria que la población autóctona. Así lo demuestran varios informes como el realizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) en 2008. El informe mostraba que las personas inmigrantes, representando más del 10% de la población residente en España, sólo suponían el 5% de los pacientes de atención primaria, muy lejos de su presencia en la sociedad. Sobre el uso de los servicios de Atención Primaria por parte de inmigrantes en España, el 57,7% de la población española había acudido al menos una vez en el periodo de un año frente al 12,7% de la población inmigrante. En 2012, según el informe de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles españolas el porcentaje de reclusos españoles alcanzaba el 69%, frente al 31% de origen extranjero, lo que desmonta la idea de que los inmigrantes son mayoritariamente delincuentes.
La búsqueda de un futuro mejor, en el mejor de los casos, y la salvación de la propia vida, en la mayoría de ellos, son razones más que suficientes para que las personas quieran salir de sus países, y esto debe propiciar una política europea (pues este tema trascienden las políticas nacionales) de migraciones efectiva, pues las migraciones han estado presentes en la historia de la Humanidad desde hace milenios, y han contribuido a la evolución de los países. Ahora nos llevamos las manos a la cabeza cuando Suiza decide limitar la entrada a los miembros de la UE a su mercado laboral, o cuando Bélgica expulsa a los inmigrantes españoles por ser "una carga excesiva", en un momento en el que más de 260.000 españoles, la mayoría titulados universitarios, han salido del país desde el comienzo de la crisis, como pone de manifiesto la web asinosvamos.es. Pero la indignación no es la misma cuando son personas provenientes de países en desarrollo las que intentan llegar al llamado "primer mundo".
El Partido Verde Europeo, junto a EQUO, ya denunciaron la situación de fortificación de la frontera en Melilla, así como las expulsiones exprés que realiza el gobierno a Marruecos, en el supuesto acuerdo sobre readmisión de extranjeros, que viola claramente la Convención de Ginebra sobre refugiados. Es necesario que, desde Europa, se reconozca uno de los derechos humanos más básicos, como es el derecho a la libertad de movimientos, derecho que proclama que "toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de cada Estado y que "toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país". También es urgente una campaña de descriminalización de la inmigración, al tiempo que se ponen en valor las virtudes de ese fenómeno, como son el rejuvenecimiento de la población o la interculturalidad, que frena los brotes xenófobos y racistas.
