DEPORTE CONTRA DERECHOS HUMANOS

Este 2022 se caracteriza por la celebración de varios eventos deportivos de resonancia mundial en países donde los Derechos Humanos se vulneran diariamente. Nada más comenzar el año tuvo lugar el rally Dakar, 15 días de travesía por los desiertos de Arabia Saudí, donde decenas de equipos de motos, coches y camiones disputaron esta carrera, con la participación de 81 pilotos y copilotos españoles, siendo éstos protagonistas de todos los medios de comunicación en ese periodo. También en el mes de enero se disputó la Supercopa de España en el país alauita, desplazando a ese país una competición genuinamente española, no solo para este año, sino que está previsto que se celebre hasta el próximo 2024, barajándose alargarlo seis años más.

Actualmente, y hasta el día 20 de febrero, se están celebrando los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín donde, además de realizarse las competiciones de esquí en pistas artificiales, con el uso de 200 millones de litros de agua para generar la nieve a través de 350 cañones y 51 bombas de alta presión, en medio de un paisaje pelado, por la falta de nieve natural, consecuencia del cambio climático, las competiciones de los diferentes deportes se llevarán a cabo sin público, con el argumento del mantenimiento de la seguridad sanitaria por la Covid-19. Pero a nadie se le escapa que el gobierno chino no pasa por su mejor momento desde el punto de vista diplomático por la represión a la minoría musulmana uigur de la región de Xinjiang y las detenciones masivas de miembros de esa etnia en los 'campos de reeducación', así como la situación en Hong Kong, con la represión de las protestas a través de detenciones, cierres de medios, encarcelamientos de disidentes y exilios, además del silenciamiento de cualquier movimiento político opositor.

La otra gran cita deportiva internacional que se va a celebrar en este año 2022 es el Mundial de Fútbol en Qatar, entre los meses de noviembre y diciembre, para evitar las temperaturas extremas de más de 50ºC del verano, elección no exenta de polémica, con casos de corrupción incluidos y el reino de Qatar metido en los negocios futbolísticos españoles en 2010, año de la designación de país árabe como sede del Mundial.

Mientras que los medios de comunicación de nuestro país se limitan a glosar las virtudes físicas de los deportistas españoles que han participado o participarán en estos eventos y a barajar las posibilidades de ganar tal o cual competición, casi todos ellos pasan por alto la vulneración de los Derechos Humanos en los países citados, en un ejercicio de cinismo. Así, todo el mundo conoce la situación de las mujeres en los países de la península arábiga, discriminadas por las leyes y los jueces, y donde la homosexualidad se castiga con penas de cárcel y el adulterio conlleva incluso penas de flagelación, tal y como ha denunciado Amnistía Internacional. Además, es sabido el abuso laboral en Qatar a los migrantes que han trabajado en la construcción del estadio de fútbol, con meses sin cobrar, situaciones de racismo por parte de la clase social dominante y una tasa de siniestralidad brutal, con más de 10.000 trabajadores fallecidos durante las obras, según la organización Fundación Internacional para la Democracia.

Y es que cuando lo que domina en el deporte es el mercantilismo, la consecución de éxitos deportivos patrios y la obtención de beneficios económicos, se deja en segundo plano el respeto de los Derechos Humanos, olvidando que el deporte es transmisor de valores sociales supuestamente elevados, como el respeto a los demás y la cooperación. Sin embargo, con la mercantilización del deporte, sobre todo cuando se trata de la alta competición, priman el individualismo y la competitividad, aspectos propios del capitalismo en el que estamos inmersos, además de cierto componente “patriotero”.

Es responsabilidad de los medios de comunicación el ser conscientes de la situación de los países en los que se vulneran los Derechos Humanos y no hacer seguidismo ciego a lo que las grandes empresas del ámbito deportivo deciden, ya que influyen en la sociedad, sobre todo al sector más joven, que pueden llegar a desarrollar una insensibilidad hacia esas situaciones, dificultando un cambio real.

Artículo publicado el 9 de febrero en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/deporte-derechos-humanos_132_8728945.html

LA VIVIENDA, UN DERECHO HUMANO

"La banca viola los derechos humanos. Derecho a vivienda ¡¡¡ya!!!" H.J.

La Ley de la Vivienda que el gobierno central acaba de aprobar ha vuelto a provocar que la oposición saque la artillería pesada, apelando a un supuesto ataque a la propiedad privada, como si esta ley supusiera que se fueran a expropiar los pisos de los probos propietarios para repartirlos entre la gente de forma gratuita. En algunas Comunidades Autónomas, como la Región de Murcia, el presidente López Miras ha llegado a declararse insumiso a la ley, tachándola de “comunista”, apelativo que funciona como un cajón de sastre y que es usado por el gobierno regional para oponerse a todo aquello que vaya en contra de su ideología, ya sea la nueva ley educativa o la reciente ILP por el Mar Menor.

Pero la realidad es que la Ley de la Vivienda no apunta, como dice López Miras, a las personas que tienen un par de pisitos conseguidos “con lo que se ha ganado con el sudor de su frente, su sacrificio y con su trabajo”, sino que va dirigida a los grandes tenedores de viviendas, es decir, a aquellos que poseen más de 10 bienes inmuebles, muchos de ellos fondos buitre y bancos. En la Región de Murcia hay casi 11.500 propietarios de más de 10 viviendas, verdaderos destinatarios de esta ley. De ellos, 9.596 tienen entre 11 y 25 bienes, 1.300 tienen entre 25 y 50 y hay 600 propietarios que tienen... ¡más de 50 inmuebles urbanos cada uno!

En la otra parte de la balanza, en España hay 3,4 millones de viviendas vacías, 129.000 en la Región de Murcia, dándose el caso de que nuestra región ocupa el tercer puesto en porcentaje de viviendas vacías con respecto al total (16,6%), sólo por detrás de Galicia y La Rioja. La ciudad de Murcia encabeza el ranking regional del número de viviendas desocupadas, con más de 33.000, seguida de Cartagena y Torre Pacheco, con la circunstancia de que esta última localidad lidera el ranking en términos relativos, con una vivienda vacía por cada 4,8 habitantes. Esta gran cantidad de inmuebles vacíos son el resultado de la burbuja inmobiliaria de la primera década del siglo, fenómeno especialmente sangrante en la Región de Murcia, siendo las entidades financieras la propietarias mayoritarias de esas viviendas. Además, en la región se ejecutan más del 10% de los desahucios que se realizan en España, verificándose que la vivienda (o más bien la falta de ella) es un problema de primera magnitud al que esta ley pretende dar respuesta.

Los organismos internacionales estiman que el coste de la vivienda no debe superar el 30% de los ingresos mensuales. Para un sueldo medio en España de 1.700 €, eso supone que un alquiler no debería superar los 510 € al mes de media, cifra muy por debajo de lo que se suele cobrar. Si hablamos de la Región de Murcia, cuyo sueldo medio es de 1.400 €, la cuantía media de los alquileres debería ser, como máximo, de 420 € algo ilusorio para la mayoría. Y si nos referimos a sueldos más bajos, algo habitual, conseguir pagar un alquiler se convierte en una odisea, si no en una misión imposible para muchos bolsillos.

La vivienda no es un artículo de lujo, es un bien de primera necesidad y un derecho señalado en el artículo 47 de la Constitución, por lo que es una inmoralidad especular con ella y buscar el beneficio rápido. Conseguir que la gente joven pueda alquilar pisos para independizarse sin tener la necesidad de juntarse 4 personas en la misma vivienda, o que una familia con bajos ingresos pueda vivir en un piso sin tener que elegir entre comer o pagar el alquiler es una obligación de cualquier gobierno. La oposición de los partidos de la derecha a esta ley constituye un ataque a la dignidad de las personas y al cumplimiento de un derecho fundamental recogido en a Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que, en su artículo 25, incluye el derecho universal a una vivienda, digna y adecuada. Cualquier intento de facilitar la vida a las familias y garantizar el acceso a la vivienda debe ser bienvenido, en vez de defender los intereses de los que más tienen en nombre de la “libertad de mercado”, que suele ser sinónimo de “libertad de abusar de los más vulnerables”.  

Artículo aparecido en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/vivienda-derecho-humano_132_8446848.html

LA ESPAÑA DEL NO-DO

El acuerdo del PP y C’s, con el beneplácito de Vox en Andalucía, y las declaraciones ultrareaccionarias de Pablo Casado y Albert Rivera, compitiendo pon el espacio electoral de Santiago Abascal y sus huestes nos retrotraen a esa época infausta donde los derechos brillaban por su ausencia, las mujeres eran un cero a la izquierda y protestar era sinónimo de pisar la cárcel. Nos transportan directamente a la España del NO-DO y en blanco y negro.

La derecha extrema española (la única que hay, en mi opinión, ante la ausencia de una derecha moderada y moderna en nuestro país), representada por esos tres partidos, se ha confabulado para sacar a la luz los peores instintos de ese sector de la sociedad maltratada por la crisis, sustituyendo la propuesta de soluciones que mejoren la vida de la gente por soflamas que apelan a símbolos vacíos de contenido para muchos, como “patria”, “bandera”, “unidad”, “enemigos de España”, como si, con esos conceptos, las familias vulnerables pudieran llegar a final de mes, evitar ser desahuciadas o impedir que se les corte la luz.

Los que tienen nostalgia de la España del NO-DO no quieren que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) español, de los más bajos de Europa, supere los 750 €, ni que las pensiones se actualicen con el IPC. Tampoco aceptan que se tomen medidas para evitar la nueva burbuja inmobiliaria, sobre todo en los precios de los alquileres, haciendo imposible la emancipación de los jóvenes y facilitando las ejecuciones hipotecarias. La España en blanco y negro no hará nada para aumentar el parque de viviendas sociales, de los más bajos de Europa, sino que, al contrario, y como ya se ha comprobado en el ayuntamiento de Madrid en la época de Ana Botella, prefieren venderlas a los fondos buitre haciendo que las arcas públicas pierdan ingresos. 

La España del NO-DO quiere que los ingresos del Estado sean cada vez menores, vendiéndonos una bajada de impuestos que, en realidad, sólo favorece a las clases pudientes y a las grandes empresas, dejando las arcas públicas temblando y poniendo en peligro el pago de las pensiones públicas y los salarios de los empleados públicos. Prefieren que la gente se abra planes de pensiones privados, favoreciendo una vez más a los bancos y dejando que éstos especulen con esos fondos, a menudo invirtiendo en negocios turbios como la venta de armas. 

Pese al envejecimiento de la población, la España del NO-DO quiere impedir la entrada de inmigrantes que puedan equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, llevando a nuestro país al colapso por falta de mano de obra. España será en breve el país más envejecido del mundo y, según la OCDE, se estima que el sistema necesitará más de cinco millones de extranjeros hasta 2050. Seguir difundiendo falsedades sobre la inmigración es el modo que tienen PP, C’s y Vox de ganar adeptos, aunque ello suponga una grave desventaja en el futuro.

Tampoco quieren que se deje de favorecer a las empresas energéticas. Frente a la supresión del conocido como impuesto al sol y la vía libre al autoconsumo, la España en blanco y negro es partidaria de que los precios de la energía suban cada vez más (es la factura de la luz más cara de Europa), aumentando el número de familias que atraviesan una situación de pobreza energética (un problema que afecta a 4,6 millones de personas en nuestro país) mientras que las grandes empresas aumentan sus beneficios. 

La derecha ultramontana no moverá un dedo para disminuir nuestras emisiones de CO2, siendo el país de la UE que, junto con Portugal, más ha aumentado las emisiones con respecto a 1990, el año de referencia del Protocolo de Kyoto, un 12,9%, muy lejos del objetivo de reducir las emisiones en un 35% para 2030. No implementará medidas para reducir la contaminación atmosférica de nuestras ciudades, siendo ésta la causante casi 100.000 muertes prematuras por afecciones pulmonares en los últimos 10 años en nuestro país.

El año 2019 que se nos avecina podría ser la vuelta a la España en blanco y negro y la del NO-DO, o podría ser la oportunidad de aplicar políticas que favorezcan a la mayoría. En nuestras manos está.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Espana-NO-DO_6_852224774.html

REFUGIADOS CLIMÁTICOS

Acaban de llegar los 629 refugiados al puerto de Valencia, en un gesto que debe ser una llamada de atención para solucionar la situación de las personas que intentan cruzar diariamente el Mediterráneo, a pesar de los ladridos de un sector (aún demasiado grande) de población española y europea que saca su peor parte, la insolidaria, la egoísta, la xenófoba y racista. La tragedia de las miles de personas que intentan desesperadamente llegar a Europa, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus hijas e hijos, son el síntoma de que el rumbo que el planeta está tomando nos lleva a unas décadas complicadas.

“En las últimas tres décadas se han triplicado las sequías y las inundaciones y los cambios en el medio ambiente han provocado desplazamientos superiores a aquellos causados por los conflictos bélicos”

Puede que los conflictos que asolan muchos países africanos sean uno de los factores que llevan a su población a huir, pero hay otro aspecto que motiva la emigración: el cambio climático. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo asociado a la ONU, “los migrantes por motivos ambientales son personas que debido a cambios repentinos o graduales en el medio ambiente, que inciden negativamente en sus condiciones de vida, se ven obligados a —o deciden— abandonar sus viviendas habituales, ya sea de manera temporal o permanente, y se desplazan a otras partes de su propio país o fuera del mismo”. En las últimas tres décadas se han triplicado las sequías y las inundaciones y los cambios en el medio ambiente han provocado desplazamientos superiores a aquellos causados por los conflictos bélicos. El alto crecimiento demográfico de los países en vías de desarrollo contribuye también al empeoramiento de sus condiciones de vida.

Desgraciadamente, siguen saliendo a la luz más datos que nos indican que estamos lejos de ese cambio de rumbo. Hace unos días se ha conocido el último estudio referido al cambio climático y sus consecuencias en la Antártida, realizado por un consorcio internacional de 84 científicos, estudio que ha sido publicado en la revista Nature. Este informe afirma quela Antártida perdió tres billones de toneladas de hielo desde 1992 hasta 2017, cantidad suficiente como para elevar el nivel del mar en casi ocho milímetros. Un 40% de este desprendimiento ocurrió en los últimos cinco años, es decir, el ritmo de pérdida de la capa de hielo del continente se triplicó en ese periodo. Anualmente se están vertiendo más de 200.000 millones de toneladas de hielo en el océano, lo que está provocando el incremento de los niveles del mar en medio milímetro cada año.

Este estudio nos confirma, una vez más, la realidad del cambio climático, que afecta mucho más a los países en vías de desarrollo, a pesar de que somos nosotros los principales culpables, debido sobre todo a nuestro nivel de consumo de materiales, 10 veces más que los países más pobres y dos veces más que el promedio mundial. Sequías, inundaciones, pérdidas de cosechas, hambrunas e incluso, en un futuro no muy lejano, desaparición de poblaciones costeras debido al aumento del nivel del mar, son razones lo suficientemente poderosas como para obligar a millones de personas a salir de sus lugares de origen a su pesar, dejando familias, amigos y su entorno, para embarcarse en un viaje de varios años hacia un continente, el nuestro, donde no son bien recibidos y donde se les presenta un futuro incierto, sí, pero sin riesgo para sus vidas, lo que es suficiente motivo para intentar este peligroso viaje, aunque muchas de esas personas se dejen la vida en el intento.

Por mucho que, desde Occidente, se apoye a estos países con proyectos de ayuda al desarrollo, si no se comienza desde ahora mismo a cambiar el modelo económico en el llamado “primer mundo”, será muy difícil, si no imposible, hacer que en África y Oriente Próximo se revierta el caos y los conflictos, debidos en parte al clima y también a nuestra dependencia de las materias primas que se extraen allí (combustibles fósiles, metales, etc.). Una reducción de nuestro consumo y la transición ecológica de la economía deben ser el primer paso para conseguir un futuro más pacífico, al tiempo que es una esperanza para los países más allá del Mediterráneo.

Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

http://lacronicadelpajarito.com/blog/federicogcharton/2018/06/refugiados-climaticos

CUESTIONEMOS LA VERSIÓN OFICIAL SOBRE CATALUÑA

Empecemos aclarando un extremo. Cataluña no está aún en condiciones de declarar la independencia, visto que hay una fractura clara en este aspecto en la sociedad catalana, con las dos mitades enfrentadas por este tema, y la manera con la que los que desean la independencia han actuado no ha sido la más correcta. Pero parece que todo vale para desacreditar a la sociedad catalana desde los sectores más reaccionarios, desde criminalizar a los representantes de la mitad independentista del electorado, hasta utilizar la economía como argumento para desestabilizar la situación, aunque sea de modo falaz, en mi opinión. Me explico.

“Donde más es reprobable la acción del Estado en Cataluña es en el ámbito de los derechos civiles: toda Europa se pregunta si España se está convirtiendo en un país donde se conculcan las libertades y el respeto a los derechos humanos”

Las razones económicas que se suelen esgrimir desde el Gobierno, y que repiten los tertulianos televisivos a sueldo del poder establecido, para justificar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y el encarcelamiento de la cúpula de los independentistas catalanes, en una interpretación extrema del Código Penal por parte del juez Llarena, pasan por decir que “hay fuga de empresas”, que el PIB ha descendido, que hay riesgo para el empleo, que se verifica un frenazo en el consumo y otras previsiones catastrofistas. Incluso, en un uso torticero de la realidad, el Gobierno rebaja sus previsiones de crecimiento económico, para crear una sensación de inestabilidad y meter el miedo en el cuerpo a la sociedad catalana.

Pero, desde el punto de vista de la ecología política, esos argumentos son difícilmente defendibles. El crecimiento económico, expresado a través del aumento del PIB, es un pobre reflejo de la realidad, ya que sólo mide los intercambios monetarios, el valor de mercado de los bienes y servicios de un país o región, sin tener en cuenta las implicaciones sobre la calidad de vida de las personas, a menudo de forma negativa, como la degradación de las condiciones laborales necesarias para el mantenimiento de ese crecimiento, o las consecuencias indeseables para el medio ambiente. Además, está ampliamente demostrado que las ventajas de este crecimiento económico sólo alcanzan a un sector minoritario de la sociedad, normalmente a la élite económica, mientras que la mayoría sólo recoge las migajas, y sólo tras intensas campañas de presión social en la calle.

La economía ecológica, enfoque que propone modelos de producción que incluya en su desarrollo aspectos sociales y ambientales, alerta de que la acumulación de bienes materiales a través del consumo no puede ser la vía de “progreso”. Es sabido que el aumento desaforado del consumo produce un agravamiento del deterioro del ambiente planetario, como ya se denunció en 1992 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, conocida como Cumbre de la Tierra. Así, cuando desde las instituciones españolas, a través de los medios públicos, nos advierten de que “la venta de coches se resiente” y que “se enfría el mercado inmobiliario” en Cataluña, se utilizan dos indicadores cuya bonanza tiene implicaciones negativas para el medio ambiente, ya que el aumento del número de coches supone mayores niveles de contaminación atmosférica, y el aumento de las transacciones de viviendas fomenta la burbuja inmobiliaria, y ya son por todos conocidas las consecuencias nefastas para la economía que supuso este fenómeno, ya que fue el origen de la crisis en la que aún estamos inmersos.

Pero donde más es reprobable la acción del Estado en Cataluña es en el ámbito de los derechos civiles. Toda Europa se pregunta si España se está convirtiendo en un país donde se conculcan las libertades y el respeto a los derechos humanos. La represión violenta de las manifestaciones en Barcelona por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, el encarcelamiento “preventivo” en bloque de los independentistas y la emisión de la euroorden de detención de Puigdemont hecha efectiva, han motivado la intervención de eurodiputados de todas las ideologías, desde conservadores hasta liberales, miembros de la Izquierda Unitaria o Los Verdes, protestando por lo que consideran acciones propias de estados autoritarios. Hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido a trámite la demanda del expresidente Carles Puigdemont contra la vulneración de sus derechos políticos en España. Estos hechos deberían hacernos reflexionar sobre esta situación. Convendría mirar más allá de los árboles que nos pone delante el Gobierno desde ciertos medios de comunicación y que nos impiden ver el bosque en su conjunto y empezar a cuestionar la versión oficial. Nuestra imagen exterior y hasta los pilares de la propia democracia española están en juego.

Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

http://lacronicadelpajarito.com/blog/federicogcharton/2018/03/cuestionemos-version-oficial-sobre-cataluna

LA RENTA BÁSICA, POR LA DIGNIDAD Y LA EQUIDAD

La petición de la implantación de una Renta Básica Universal (RBU) vuelve a estar en el primer plano de la actualidad. Por un lado, a finales del mes de enero pasado, el 51% de los diputados y diputadas del Consejo de Europa votaron a favor de la propuesta de la italiana Nunzia Catalfo, del Comité de Asuntos Sociales, Sanidad y Desarrollo Sostenible, de poner en marcha una RBU para “asegurar una vida digna a los ciudadanos” europeos. Por otro lado, el pasado día 10 de marzo se inició la llamada Marcha por la Renta Básica, contra el Paro y la Precariedad Laboral, desde León, con el objetivo de llegar a Madrid el próximo día 24. Lo que se reivindica es la implantación de una RBU cuya cuantía no esté por debajo de lo que estipula la Carta Social Europea, es decir, de 684€ mensuales por persona, a percibir de forma individual, incondicional y para toda la vida de la persona.

“La Renta Básica Universal debe ser una iniciativa que  ponga en marcha  el conjunto de la UE, para lograr una cohesión en todo el continente, disminuyendo las desigualdades entre ricos y pobres”

Por contra, en España, las diferentes prestaciones (jubilación, desempleo, por hijos a cargo o por invalidez) necesitan de condiciones para acceder a ellas, son temporales y su cuantía no cubre ni de lejos las necesidades para tener una vida digna. Como ejemplo, la legislación española prevé unas prestaciones por desempleo no contributivas que requieren de una serie de condiciones: haber agotado las prestaciones contributivas, estar inscrito como demandante de empleo, debiendo aceptar cualquier trabajo, aunque conlleve condiciones laborales indignas, carecer de rentas superiores al 75% del SMI y tener responsabilidades familiares. Así, una persona que viva sola no podrá tener acceso a ese tipo de renta. Además, es limitada en el tiempo, un máximo de 18 meses, y la cuantía es ridícula, 430,27 €, cantidad que no permite cubrir las necesidades básicas.

Ya en 2016, el Comité Europeo de Derechos Sociales denunció a España por incumplir seis preceptos de la Carta Social Europea del Consejo de Europa sobre derechos de la familia y la infancia, los relativos al derecho de jóvenes e inmigrantes a recibir una protección adecuada frente a la precariedad. En 2018 aún seguimos a la cabeza en cuanto a precariedad laboral (más del 90% de los contratos son temporales) y porcentaje de población en riesgo de pobreza (casi el 30%), y los poderes públicos no son capaces de atajar esas cifras vergonzantes.

Tanto el Consejo de Europa como la Marcha Básica han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de esta herramienta que dignifique la vida de la ciudadanía, siendo un instrumento de lucha contra la pobreza. Sin embargo, la RBU no puede ser tal y como lo plantea el sector más neoliberal, que lo ve como un medio de activar el consumo, y una tentación para privatizar los servicios públicos (sanidad y educación), toda vez que la población dispondría de una renta para poder costearse, según ellos, esos servicios de forma privada. Una RBU debe, por el contrario, ser emancipatoria, es decir, que permita la adquisición de una vida digna, sin eliminar el estado del bienestar y sin contrapartidas.

La RBU debe ser apoyada, de forma paralela, por el fortalecimiento de los servicios públicos, la promoción de empleos públicos en sectores clave (educación, sanidad, empleos verdes), la lucha contra el fraude fiscal, la implementación de medidas que garanticen la vivienda como un derecho básico y un cambio en la percepción del trabajo no ya como un fin en sí mismo, sino como un medio de realización personal y de mejora de las condiciones individuales, complementario a la RBU, ya que ésta sólo subvendría a las necesidades primarias (vivienda, alimentación, suministros básicos) ofreciendo así a posibilidad de rechazar trabajos poco dignos o que supongan explotación laboral.

Según los expertos, la Renta Básica estará en la agenda política en este año 2018, siendo una alternativa muy válida para acabar con la precariedad, la pobreza y la inquietud de miles de familias que lo pasan realmente mal en nuestra sociedad. La RBU debe ser, por último, una iniciativa que se ponga en marcha en el conjunto de la UE, para conseguir una cohesión en todo el continente, disminuyendo las desigualdades entre ricos y pobres. En los próximos días se hablará de este instrumento emancipador, y deberá estar en el centro del debate político de una forma seria, sin dogmatismos ni prejuicios.

Articulo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

http://lacronicadelpajarito.com/blog/federicogcharton/2018/03/renta-basica-por-dignidad-y-equidad

AGUA PARA UNOS POCOS

El pasado martes, el actual Director General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Enrique Ujaldón, junto con el también filósofo Alfonso Galindo, tal vez para dar un aura de erudición al artículo, nos regalaron en este diario un intento de lección de ultraliberalismo económico, al decirnos que “la solución sencilla para el problema del agua es otorgar derechos de propiedad sobre ella”, aplicando las leyes del mercado a un bien común y un derecho humano como es el agua.

Desde el sector más derechista de la cultura (y de la sociedad), este miembro del gobierno regional pretende convencernos de las bondades de aplicar las leyes de la oferta y la demanda al acceso a un recurso que la ONU declaró en julio de 2010 como derecho fundamental. Mercantilizar el acceso al agua es aplicar la ilusoria doctrina capitalista introducida por Adam Smith de que atendiendo el interés del que vende un bien salimos todos beneficiados.

No es la primera vez que esta idea sale a la palestra. En 2013, el presidente de Nestlé, el austriaco Peter Brabeck-Letmathe, también defendió la privatización del agua, tratándolo como “un alimento más”, negando su condición de derecho humano y elemento primordial para la supervivencia humana. Esta propuesta fue, como poco, llamativa, viniendo del líder mundial en la venta de agua embotellada del mundo. 

Los defensores de las leyes del mercado aún piensan que éste se puede autorregular, que de forma “natural”, y en virtud de la “competencia”, todos seremos felices al poder adquirir bienes y servicios al mejor precio. Pero olvidan los oligopolios, los pactos en los precios, la demanda de ayudas públicas cuando las empresas van mal, la especulación bursátil para sacar los máximos beneficios empresariales, aunque eso suponga perjuicios a los consumidores, etc.

Olvidan los autores del artículo que la especulación ya se está llevando a cabo con los alimentos, usando los inversores a la comida como materia prima para ganar mucho dinero, jugando con los precios. Pero eso conlleva una serie de consecuencias, como es la pérdida de la soberanía alimentaria de los países que son objeto de esa especulación, siendo el origen de las crisis alimentarias ocurridas a partir de 2008, en las que murieron millones de personas.

Usar el agua como un recurso susceptible de ser vendido y comprado, como si de una mercancía se tratara, es ignorar la función reguladora de este elemento, como mantenedora de ecosistemas que nos proveen de múltiples servicios para el ser humano, agua para la vida, para el recreo y para los usos económicos, protección frente a inundaciones y sequías, regulación de la formación y fertilidad del suelo, articulación de paisajes e identidades, medio de recreo y disfrute, fuente de inspiración cultural y religiosa, tal y como nos dice la Guía para una Nueva Cultura del Agua. Y, desde luego, esta nueva cultura no tiene nada que ver con “llevar el agua de donde sobra a donde falta”, aserto que demuestra una ignorancia de los ciclos hidrológicos. 

Después de estar varios años bombardeándonos con el famoso “Agua para todos”, el gobierno regional pretende que el agua sea para unos pocos, y que éstos dispongan de este recurso a su antojo. No debemos permitir que la ideología ultraliberal se adueñe también del agua, privatizándola, todo ello para que se siga usando sin mesura ni límites, incidiendo aún más en este modelo productivo insostenible que sólo nos llevará al colapso.

Artículo publicado como "Carta al Director" aparecido hoy en el diario La Verdad:

LA CARA OCULTA DE LAS MIGRACIONES AFRICANAS

Tras la tragedia acaecida estos días, con entre 700 y 900 personas fallecidas en el mar cuando intentaban llegar a las costas italianas desde Libia, llegan los análisis de las causas y las peticiones de una mayor cooperación internacional para acabar con este éxodo. Pero es significativo que, para el ministro de Asuntos Exteriores, Jose Manuel García-Margallo, la solución al “problema” pasa por “controlar la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos”, algo que “exige destinar más dinero a eso que llamamos Frontex, que es una institución comunitaria”. La UE en general reduce el asunto a una cuestión de mafias y de seguridad fronteriza, principalmente, y así nos lo transmiten los principales medios de comunicación.

Aunque las razones que motivan a las personas del continente africano a huir de sus países para buscar un futuro mejor son múltiples, desde la violación sistemática de los Derechos Humanos, a los conflictos armados, la crisis económica, la pobreza, el hambre, hasta la existencia de estados corruptos, me voy a detener en tres aspectos que no dependen de esos países, sino que son factores externos determinantes de la situación en África.

Simultáneamente a la noticia de la tragedia, nos enteramos de que Repsol ha descubierto un yacimiento de gas (y ya son tres) en Argelia, prospección que apunta a una producción de 175.000 metros cúbicos de gas al día y 90 barriles al día de gas condensado. Este es un ejemplo de cómo las compañías multinacionales, entre ellas las españolas, saquean los recursos naturales de los países africanos para su propio beneficio, privando a esos estados de los ingresos que pudieran mejorar el bienestar de sus poblaciones. Pesca ilegal, tala indiscriminada de árboles, comercio de especies, son otras caras del expolio de las riquezas naturales de Africa. Se calcula que este expolio por parte de Occidente le suponen al continente africano unas pérdidas de 44.000 millones de euros al año.

Por otro lado, organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial obligan a esos países a realizar privatizaciones, pasando esos bienes públicos a manos de transnacionales occidentales, en la mayoría de los casos. Esto, unido a la corrupción, lleva a la existencia de unas élites políticas cada vez ricas y una población cada vez más empobrecida.

El tercer fenómeno que ocurre de forma continua, aunque discreta, es el acaparamiento de tierras africanas por parte de países extranjeros, tanto europeos (Italia, Noruega, Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Francia, principalmente) como asiáticos (sobre todo China), para destinarlas al cultivo de agrocombustibles, alimentos para esos países y extracción de recursos minerales, en una suerte de neocolonialismo.

Reducir el asunto de las migraciones africanas a un problema de mafias y tráfico de personas, aunque es algo real, es ignorar la influencia de la globalización y de la desaparición de las fronteras para los capitales financieros e inversiones mundiales. Es no querer ver el intento de imposición, por parte del FMI y del Banco Mundial, de las necesidades y pautas del mercado global en Africa, mientras se yerguen muros cada vez más altos para las personas más vulnerables de este sistema generador de desigualdades y conflictos, cuyas consecuencias vemos en las costas europeas.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2015/04/cara-oculta-migraciones-africanas

EN FRANCO RETROCESO

Las últimas decisiones del gobierno del PP nos están demostrando que van a "morir matando". Todas las encuestas nos dicen que el Partido Popular va a perder la mayoría absoluta en las próximas elecciones generales, y parece que Rajoy y sus secuaces, al grito de "Santiago y cierra España", se han empeñado en tomar una serie de decisiones que nos retrotraen a los años más oscuros del tardofranquismo. 

Por un lado. tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley "Mordaza", que restringe de facto derechos como el de reunión y manifestación, siempre que los motivos que se esgrimen para realizarlas sean contrarios a su ideario, con multas que pueden alcanzar los 600.000 euros. Es una ley también llamada "antiGreenpeace", al hacer referencia a la acción realizada por 16 activistas y un fotoperiodista que se descolgaron en la central nuclear de Cofrentes en 2011, y por la que la fiscalía pedía tres años de cárcel para cada uno de ellos y 360.000 euros de multa para la organización ecologista (como se sabe, al final, el sentido común de los jueces hizo que resultaran absueltos). Filmar a la policía también se merece la máxima sanción, aunque esas filmaciones, en una época como la actual en que los móviles son los nuevos testigos de la actualidad, sirvan para demostrar que, a menudo, la versión policial dista mucho de la realidad. Ese es un derecho reclamado por los colectivos de periodistas y avalado por alguna sentencia.

Por otro, el control sobre la televisión pública y sus periodistas está llegando a límites que no se recordaban desde la época de Suárez como director general del ente. Los profesionales han denunciado "el régimen de provocación y miedo" instaurado por el PP, con el despido fulminante de personas no afines, la elaboración de listas negras y clasificaciones ideológicas de los trabajadores de los Servicios Informativos. 

El desarrollo de la LOMCE, con fines claramente ideológicos, al dar relevancia a la materia de Religión en las aulas, en detrimento de otras que desarrollan la creatividad y favorecen la adquisición de conocimientos en otras áreas, como son la educación musical y la educación plástica, tal y como han demostrado numerosos estudios científicos y han asegurado figuras destacadas, como Fernando Palacios, Eduard Punset o Plácido Domingo. La Filosofía también está relegada a una presencia meramente testimonial con esta reforma educativa. En vez de formar a individuos críticos y con la capacidad reflexiva bien desarrollada, se prefiere crear personas que sirvan de mano de obra acrítica, con unas nociones básicas de "educación financiera", donde se manejen términos como "competitividad", "empleabilidad" o "espíritu emprendedor", dogmas del catecismo neoliberal con que quieren imbuir al alumnado. En cuanto a la promoción (aún más) de la religión católica en las aulas, va en contra de las características de una sociedad moderna, justo ahora que, tras la matanza de 12 periodistas del semanario satírico "Charlie Hebdo" y otras cinco personas más, el presidente francés Hollande ha declarado que "las religiones no tienen cabida en la escuela", reafirmando al laicismo como el medio más eficaz de luchar contra los fundamentalismos.

Pero la gota que colma el vaso es la reciente reforma del Código Penal, sólo avalada por la bancada popular en el Congreso, con el voto en contra de prácticamente toda la oposición en bloque. Entre otras cosas, introduce la "prisión revisable permanente", un eufemismo para referirse a la cadena perpetua. Pues bien, a pesar de que más de 60 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades públicas se han declarado en contra de esta norma, afirmando que esta reforma "pisotea la dignidad humana", y que organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional se han manifestado también en contra de la reforma, tachándola de "cruel e inhumana", el PP prosigue en su empeño de imponer a la sociedad su ideología.

El gobierno de Rajoy tiene metida entre ceja y ceja continuar con su particular cruzada contra el pueblo español, viendo enemigos a su alrededor, ya sean profesores rebeldes, personas desahuciadas, defensores de los derechos humanos y ambientales, denunciantes de los casos de corrupción en la que están inmersos o simples asociaciones de vecinos. El PP quiere arrastrar en su caída, vaticinada por las encuestas, a toda la sociedad, a los medios de comunicación, al sistema judicial, al sistema educativo, en los últimos estertores de su paso por el poder. Pero, afortunadamente, y como siempre ha ocurrido, se sabrá salir de este trance y seremos capaces de devolver a la sociedad los derechos arrebatados.