POR EL DERECHO AL ACCESO AL AGUA

Mañana se celebra el Día Mundial del Agua, instaurado en 1992 durante la Conferencia Internacional de la ONU de Río de Janeiro. Un gesto tan cotidiano para nosotr@s como es abrir un grifo para que automáticamente surja el agua potable supone una utopía para unas 900 millones de personas en todo el mundo, de los cuales un 40% vive en el África subsahariana. Se estima que hacen falta de 2 a 4 litros de agua por persona y día para atender las necesidades hídricas de la población. Sin embargo hay datos estremecedores sobre la desigualdad de acceso a este bien preciado: con lo que gasta un español medio en una sola ducha se podría abastecer a tres familias etíopes. 

¿Qué ha cambiado en el mundo con respecto al agua en estos 21 años? En primer lugar, en el planeta somos 1.500 millones de seres humanos más que en 1992. Ya en 1991, Alexander King (1909-2007), co-fundador del Club de Roma y Bertrand Schneider, en su obra conjunta La Primera Revolución Global, un informe del Club de Roma, nos advertían de los problemas que acarrearía la dificultad de acceso al agua, relacionándola con el crecimiento económico, el crecimiento de las ciudades, especialmente en las zonas áridas y con el aumento de la contaminación de los acuíferos. En 2010, un informe del Foro Económico Mundial afirmó que se preveía el aumento de la demanda de agua en los años venideros; los análisis indican que el mundo sigue enfrentando a un déficit de 40% entre la demanda pronosticada para 2030 y el suministro disponible según las proyecciones para ese año.  Este problema se ve acentuado por los conflictos armados, como lo certifica el Comité Internacional de Cruz Roja en un informe reciente. En África  se suma el hecho de que las multinacionales de los países ricos están adquiriendo tierras para su propio provecho, muchas de las cuales están en lugares donde abunda el agua, como las situadas en las cuencas de los ríos Nilo y Níger, dificultando el acceso al agua a los lugareños. En Sudamérica, son sobre todo las compañías multinacionales mineras las que hacen uso del agua de forma perniciosa, contaminando acuíferos en Argentina, Chile, Colombia o Perú.

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las NN.UU. reconoció el acceso al agua potable como un derecho humano básico y urgió a garantizar que las personas que carecen del líquido vital puedan ejercer ese derecho. El texto –propuesto por Bolivia y copatrocinado por otros 33 Estados miembros de la ONU– recuerda que más de 2.600 millones de personas viven sin instalaciones sanitarias adecuadas, lo que contribuye a la muerte anual de 1,5 millones de niños por enfermedades relacionadas con la falta de salubridad. Otros datos escalofriantes nos recuerdan que más del 80% del agua usada en el planeta por el ser humano no recibe un tratamiento de depuración posterior, y que el 60% de los acuíferos transfronterizos no son gestionados de forma conjunta entre los diferentes países que comparten ese bien común.

Pero no solamente es en los países en vías de desarrollo donde la gestión del agua se ve alterada para el beneficio de unos pocos. Sin ir más lejos, la privatización de la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento del agua potable en España, que alcanza ya el 50% (concedida en un 90% de los casos a dos empresas -AGBAR y FCC-) es una huida hacia adelante de los ayuntamientos para obtener dinero de forma rápida sin pararse a pensar en las consecuencias que trae consigo esa privatización. Esas consecuencias son, principalmente de tipo social (despido de trabajadores, deterioro de la calidad del suministro, incremento de la factura) y de tipo ambiental (menor ahorro en el consumo por menor número de campañas de concienciación, construcción de embalses). Pero lo más flagrante es la conculcación del derecho humano que supone el acceso al agua por parte de cualquier ciudadano por el hecho de serlo. La situación de crisis por la que atravesamos ha llevado a muchas familias a no poder hacer frente al pago de la factura del agua, por lo que han sufrido cortes de suministro, con las consecuencias para la salubridad y el consumo que ello conlleva. Es una situación totalmente intolerable. 

El acceso al agua es un derecho humano que la corriente neoliberal imperante está empeñada en restringir. Incluso el director de la multinacional Nestlé ha propuesto que la gestión del agua sea totalmente privada, negando el acceso público a este bien, y tachando la postura de defender el acceso público al agua de "extremista". Para ellos, el agua es un valor mercantil más, susceptible de sufrir los vaivenes de los mercados, como ya lo son los alimentos. El ansia especulativa de obtener beneficios a corto plazo por parte de los sectores ultraliberales lleva a atentar directamente contra los derechos de la población, como en este caso, contra el derecho de acceder al agua potable reconocido por la ONU. 

Contra esto, FIRMA POR EL RESPETO DE ESTE DERECHO a través de la web:

http://www.right2water.eu/es/node/5

DEMOCRACIA INTERNA PARA PARTIDOS DEL SIGLO XXI

Muchos partidos políticos reclaman una mayor calidad democrática, de modo que las distintas posturas que tiene la sociedad se vean reflejadas en las instituciones de un modo fidedigno. Para eso se pide insistentemente cambios en la ley electoral, que las ILP sean atendidas con una mayor frecuencia por el Congreso, que haya una mayor transparencia, etc.

Pero, a menudo, esos mismos partidos, en su funcionamiento interno, incurren en los vicios y en las mismas prácticas que ellos mismos denuncian repetidamente. La elección de candidatos, secretarios generales o cargos debería ser un proceso abierto, transparente, en igualdad de condiciones para todas las personas que pretendan acceder a ocupar esos puestos. También la participación de afiliad@s y simpatizantes debe estar garantizada de forma directa, y no solamente a través de delegaciones. Si se pide que la ciudadanía en general tenga voz de un modo más claro y amplio, y no solamente a través de los representantes elegidos cada 4 años en las urnas, lo mismo debe hacerse con las personas que están en los partidos políticos. Sin embargo, las estructuras rígidas, jerárquicas y piramidales de la mayoría de estas organizaciones impide que en el seno de los partidos políticos tradicionales se lleve a cabo este proceso que se quiere para el resto de la sociedad. Veamos algunos ejemplos.

Recientemente, el PS de Galicia (PSdG) aprobó elegir a su secretario general mediante primarias abiertas a toda la afiliación. Sin embargo, desde Ferraz, la cúpula del PSOE, con Rubalcaba y López a la cabeza, amenaza con vetar la iniciativa, alegando que la elección indirecta mediante delegados “es el único procedimiento reconocido por el PSOE” y cualquier alternativa es “innegociable”. A esto se suma que las candidaturas deben ir acompañadas de un número determinado de avales, es decir, de firmas que ratifiquen esa candidatura, lo que da pie a que solamente las personas cercanas a las cúpulas del poder partidista puedan presentar candidaturas, imposibilitando que l@s militantes de base puedan optar a determinados cargos, como denuncian ellos mismos.

Pero también ocurre en otros partidos como la coalición IU, donde en su Asamblea en Madrid se decidió dejar fuera de la Ejecutiva regional al sector crítico, a pesar de representar el 49% de su militancia. Pese a lo igualado de los sectores existentes, solamente ocuparán los 29 puestos ejecutivos los representantes de la corriente continuista del anterior secretario general. Curiosa manera de reclamar la presencia de grupos minoritarios en los órganos institucionales, si ni siquiera lo permiten en su organización interna, a pesar de representar la mitad de su militancia. Ya en 2012 la dirección central de IU se negaba a reconocer la asamblea regional de la coalición en Extremadura por cuestiones de diferencias de entendimiento, en un giro autoritario y centralista.

UPyD tampoco se libra de las prácticas autoritarias en su seno. El partido hecho a imagen y semejanza de su lideresa, expulsó en 2010 a un rival de Rosa Díez por unas declaraciones contra ella, llegando a echar también ese mismo año a cuatro militantes por enlazar páginas de otros partidos en sus muros de Facebook, hecho que cuestiona la libertad de expresión de l@s afiliad@s a ese partido, además de que investigar los facebooks privados es, como mínimo, reprobable. Esta formación también censuró recientemente a su portavoz en el Ayuntamiento de Armilla (Granada), prohibiéndole hablar con los medios de comunicación.

¿Y qué decir del PP? En este partido, se designa, no se elige. Se nombra a los sucesores de los máximos dirigentes. De esa manera Aznar sucedió a Fraga en 1990, y aquel nombró a Rajoy. Los candidatos son designados por las cúpulas, y las bases no pueden decir nada al respecto. Los propios militantes del PP lo denuncian una y otra vez: "Es prácticamente imposible ganar un congreso en contra del aparato. No hay igualdad de oportunidades ni neutralidad alguna. Los distritos y las comarcas se ponen a trabajar por y para una de las candidaturas, la llamada “oficialista”. Además hay mucha gente que vive de su cargo y tiene miedo a las posibles represalias “si se equivoca a la hora de dar el aval”, comenta un pre-candidato a presidir el PP catalán. 

Sin embargo, hay un partido, al que estoy afiliado, en el que las cosas son totalmente diferentes. En EQUO las decisiones se toman por parte de tod@s l@s afiliad@s que lo deseen y, en muchos casos, también por parte de l@s simpatizantes. Cualquier persona afiliada puede presentarse a cualquier cargo, sin avales ni recomendaciones. Así, el actual co-portavoz de EQUO, Juan López de Uralde, fue elegido en su día candidato a presidente del gobierno en las elecciones del 20N en competencia con otras 25 personas, en elección online abierta a afiliad@s y simpatizantes. Cualquier persona de EQUO puede votar y ser votado. La asamblea es el órgano superior de decisión, y no hay cúpulas que tomen decisiones a espaldas de la totalidad de la afiliación. Para EQUO, los medios informáticos son una gran ayuda para compartir la toma de decisiones y el uso pionero en España del llamado Voto Único Transferible (VUT) por parte de esta formación permite que los distintos órganos estén formados por personas que representan todas las sensibilidades presentes en EQUO. Además, la implementación de una herramienta como la Equomunidad virtual facilita el debate, el compartir documentos y la toma de decisiones. 

Listas abiertas, la máxima de una persona, un voto, el trabajo en red, desde abajo, la participación, las decisiones asamblearias, la transparencia, tales son los valores que cualquier partido político debería tener entre sus máximas prioridades. Por ahora, sólo EQUO tiene claro esto, y por eso estoy en él.

POR UNA DEMOCRACIA DIRECTA Y RADICAL

Una de las reivindicaciones más repetidas por l@s ciudadan@s en los últimos tiempos es la de reclamar una mejor democracia, pues se ha visto que la que se ha desarrollado en España en los últimos 30 años está llegando a su límite. Ya no basta con acudir a votar cada 4 años, dando carta blanca a los cargos electos para que hagan y deshagan a su antojo, llegando este extremo a su paroxismo con el actual gobierno del PP, que no ha dudado en aplicar medidas totalmente contrarias a las prometidas en su programa electoral de los pasados comicios del 20N. De asegurar que no subirían el IVA (llegando incluso a promover una recogida de firmas para impedir el aumento de este impuesto), que no tocarían la sanidad ni la educación, que los sueldos de los funcionarios y las pensiones no se verían mermados, etc., el gobierno ha pasado a aplicar todo lo contrario, apelando a la herencia recibida y a la situación económica. 

La consecuencia directa de esta democracia representativa es el aumento espectacular de la abstención, motivada por la desafección de la ciudadanía hacia los representantes políticos, que muchos no dudan en calificar como casta, salpicada por los escándalos de corrupción, acusada de actuar a espaldas de la población, de colocarse de forma interesada en listas cerradas que aseguren su elección, sin que los electores puedan decidir nada al respecto. Este es un fenómeno que se está verificando cada vez más a menudo, elección tras elección. La abstención, más allá de una forma de protesta legítima pero silenciosa ante las actuaciones  de los políticos, supone, bajo mi punto de vista, la entrega a los partidos más votados de unas mayorías que no son tales, todo ello ayudado por la deficiente ley electoral que padecemos, lo que dificulta mucho más el acceso de los partidos minoritarios a las instituciones. Esto se ha verificado, sin ir más lejos, en las últimas elecciones generales, en las que se ha entregado la mayoría absoluta al PP con el 53% de los escaños, habiendo recibido solamente el 30% de los votos.

La ciudadanía está reclamando cada vez más un mayor protagonismo en la toma de decisiones. Se está comprobando que la sociedad civil va por delante de las decisiones políticas. Se trataría de superar los viejos esquemas que ya no nos valen, por estar anquilosados y no reaccionar de forma eficaz a las demandas de la sociedad. Más allá de la democracia representativa, es necesario que ésta sea sustituida por una democracia participativa, que suponga que l@s ciudadan@s sean los sujetos activos de la acción política, no meros espectadores de las decisiones tomadas por sus representantes. Pero para ello, hace falta que la gente se despierte de la apatía generalizada, y que no delegue en unos supuestos "líderes" que les aportarán las soluciones milagrosas. Sólo una sociedad activa, comprometida y solidaria con los demás y con el planeta puede dar con las soluciones a la crisis por la que atravesamos.

Cornelius Castoriadis (1922-1997) ya lo expresó en una entrevista concedida en 1991, cuando dijo que "para participar, la gente debe tener la certeza, verificada constantemente, de que entre su participación y su abstención hay una diferencia. Y esto sólo es posible si se trata de participar en la toma de decisiones efectivas, que afectan a sus vidas (...). La participación, en primer lugar, debe arraigarse en lugares donde la gente tiene que asociarse, lo quiera o no lo quiera. Estos lugares existen, al menos formalmente: son las empresas, los servicios públicos, las comunas, los barrios (...). La instauración de una verdadera democracia exige mucho de todos. Supone la autonomía del individuo (...) y la comprensión de que su destino es radicalmente solidario del de todos los demás, que pertenece al mismo planeta que sus semejantes y que actualmente con sus semejantes están destruyéndolo" (*).

Hay que hacer lo posible para que la democracia se vaya perfeccionando, instaurando una democracia participativa o directa que sustituya a la ya limitada democracia representativa.  Eso sólo se conseguirá cuando, por un lado, la participación de la sociedad en la vida política (entendida como conjunto de asuntos que conciernen a l@s ciudadan@s) sea mucho más amplia y, por otra, se den todas las facilidades por parte de las administraciones para que la gente se habitúe a dar su opinión sobre los aspectos de la vida pública, se le dé a la ciudadanía una mayor capacidad de decisión mediante referéndums, consultas vinculantes y se implementen mecanismos que las (no tan nuevas) tecnologías ya permiten para votar, opinar y controlar a los representantes políticos, mediante el llamado Gobierno Abierto, que es aquel que es transparente, participativo y colaborativo. La democracia directa y radical debe ser una reivindicación en todos los aspectos de la vida pública, incluido en el seno de los partidos políticos, que, salvo excepciones (como en EQUO), deja mucho que desear. Pero de eso hablaré en otra ocasión.

(*) Castoriadis, C. Una sociedad a la deriva. Entrevistas y debates (1974-1997). 2006. Katz Editores. Págs 230-231.