DEGRADACIÓN A TODA COSTA

Acaba de publicarse el informe “A toda costa”, redactado por Greenpeace, en el que se analiza la evolución y estado de conservación de los bienes y servicios que proporcionan las costas españolas. En él se pueden leer algunos datos muy preocupantes. Lo más grave es que el 80% de los recursos ambientales que provee la costa están degradados debido a la urbanización masiva. El 36,5% de la línea de playa de España está urbanizada y más de un tercio de los ecosistemas colindantes con las playas han sido destruidos por la acción humana. Además, disminuye la superficie de ecosistemas que nos brindan servicios ambientales, es decir, aquellos recursos o procesos de los ecosistemas naturales (bienes y servicios) que benefician a los seres humanos, como alimentación, control de la erosión, diversidad genética, conservación de especies, amortiguación de inundaciones o el simple disfrute por parte del ser humano.

“Cuando los científicos ponen de relieve que no se hace caso de sus recomendaciones, como en lo referente al Mar Menor, la respuesta del Gobierno regional ha sido a base de descalificaciones y mentiras”

De todas las comunidades autónomas, Cataluña es el territorio que mayor porcentaje de costa tiene degradada, debido principalmente a las construcciones humanas, con un alarmante 26,4%. Le sigue la Comunidad Valenciana, con un 23,1% de superficie improductiva de servicios ambientales, y casi tres cuartas partes de su línea de playa urbanizada (74,3%), siendo en este caso la primera comunidad autónoma de litoral más urbanizado. Andalucía, con 910 km. de costa, va en tercer lugar en cuanto a degradación del litoral, con el 40% construido y el 15,3% de costa degradada. Le siguen Euskadi (12,8%) y la Región de Murcia.

Detengámonos en nuestra comunidad. De los 274 kilómetros de costa, el 12,5% presenta un cierto grado de degradación. Además de destacar que nuestra región es la peor en cuanto a la superficie de espacios naturales protegidos sin planes de ordenación (el 43% de la superficie protegida carece de herramientas de planificación), el informe pone de relieve, como era de esperar, el deterioro del Mar Menor, acentuado, como es sabido, por la deficiente depuración de las aguas residuales y los efectos de los vertidos de residuos agrícolas a la laguna. De los diferentes servicios ecosistémicos prestados por los espacios costeros de la Región de Murcia, el estudio valora negativamente casi todos ellos, pero sobre todo tres. En el periodo 2005-2014, han aumentado en más de un 20% las áreas desprovistas de vegetación, lo que acentúa el riesgo de erosión. Además, los hábitats sensibles para especies amenazadas perdieron más de 3.000 hectáreas en esos nueve años, lo que supone una reducción de un 3,5% de su superficie. Por último, entre 1987 y 2014, un 5,1% de los paisajes han perdido su carácter natural, debido a un aumento de un 59% de superficies artificiales.

Las principales causas de la degradación de las costas españolas que la organización ecologista apunta son la urbanización, el turismo de masas, los grandes incendios forestales, la agricultura industrial y la deforestación. Como soluciones deseables, se habla de reducir el consumo excesivo de los recursos finitos de los ecosistemas, aplicar las herramientas de gestión de los espacios naturales protegidos, así como poner en marcha alternativas de desarrollo económico basadas en la conservación para que éste sea económicamente más rentable que la degradación de ecosistemas y sus servicios, como es el caso del sector agrícola local y ecológico, con una menor huella de carbono, evitando los cultivos industriales (monocultivos, invernaderos y regadíos) en pro de técnicas de cultivo más sostenibles. Evitar tanto la deforestación como el aumento de la interfaz urbano-forestal, a través una correcta planificación urbanística que limite la proliferación de urbanizaciones son otras de las medidas que se proponen. Por último, para la conservación y la puesta en valor de los servicios culturaleses imprescindible la ordenación de todos los espacios naturales protegidos con obligación legal de contar con instrumento de gestión (PORN o PRUG).

Como se puede comprobar, muchas son las medidas que se pueden y se deben aplicar para que nuestras costas no continúen por la senda de la destrucción. Desgraciadamente, los diferentes gobiernos y, especialmente, el Gobierno de la Región de Murcia, no tienen prisa en revertir esta degradación. Al contrario, cuando los científicos ponen de relieve que no se hace caso de sus recomendaciones, como en lo referente al Mar Menor, la respuesta del Gobierno regional ha sido a base de descalificaciones y mentiras, en vez de seguir los consejos de los verdaderos expertos en la materia. Desgraciadamente, esa es la actitud a la que nos tienen acostumbrados, actitud y actuaciones que han llevado a nuestras costas a esta situación, difícilmente reversibles. Aún se está a tiempo de dar un giro a la situación, pero hace falta una voluntad política que el Gobierno regional no parece dispuesto a demostrar.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

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EL MEDIO AMBIENTE, REHÉN DEL GOBIERNO

El Gobierno de la Región de Murcia está promoviendo dos medidas que suponen un golpe al concepto de sostenibiidad como criterio principal para la toma decisiones políticas que tienen que ver con el medio ambiente. Por un lado, el viernes pasado, en el transcurso del Foro 'La Verdad'- Banco Sabadell, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció la tramitación de una Ley de Simplificación Administrativa para agilizar las evaluaciones y autorizaciones ambientales, con el objetivo, según él, de “apoyar a las empresas a ganar nuevos mercados, que allanen el camino para que puedan crecer y competir a escala global (…) desbloqueando aquellos expedientes que frenan la creación de puestos de trabajo y de riqueza”, usando el típico lenguaje que tan querido es por el neoliberalismo. Esta ley se ha redactado con el único apoyo de la patronal empresarial, verdaderos beneficiarios de unas medidas que facilitarían el desarrollo de proyectos empresariales que afectan al medio ambiente.

“La Ley de Simplificación Administrativa es el medio que tiene el Gobierno regional de allanar el camino para que las empresas que necesiten del preceptivo estudio de impacto ambiental estén libres de trabas legales y puedan actuar, en la práctica, sin impedimentos”

Para un cierto sector empresarial de nuestra región, el medio ambiente no es más que un obstáculo para sus fines, que no es otro que la obtención del máximo beneficio a costa del interés general. Se vio en el pasado, con los fallidos proyectos urbanísticos de Marina de Cope o el ahora investigado proyecto “Novo Carthago” (en el que están pendientes de procesamiento los exconsejeros Cerdá, Marqués y Bascuñana), y se comprueba con el proyectado macropuerto de El Gorguel: si se les dejara cancha libre, los espacios naturales serían pasto de cualquier proyecto faraónico que se les ocurriera, sin importar las consecuencias ambientales. La Ley de Simplificación Administrativa no es más que el medio que tiene el Gobierno regional de allanar el camino para que miles de empresas que pretenden realizar su actividad empresarial y necesiten del preceptivo estudio de impacto ambiental estén libres de trabas legales y puedan actuar, en la práctica, sin impedimentos.

La otra noticia que supone un jarro de agua fría a la sostenibilidad es la inminente firma del Pacto por el Agua entre PP, PSOE y Cs, acuerdo que incluye los calificados por López Miras como los “imprescindibles” trasvases, además de la desalación. Del PP y de Ciudadanos nos esperábamos esa postura, ya que para ellos eso del cambio climático y la escasez del agua es una falacia creada por sus enemigos para atacar al Gobierno. Pero que el PSOE se preste a esta maniobra viene a decirnos que todo vale para ganar votos, aunque sea contradiciendo a la presidenta de su propio partido, la exministra Narbona quien, en una reciente entrevista, abogaba de forma acertada por un cambio de actitud para dejar atrás “la política de la oferta” por una “mejor demanda de los recursos”, denunciando que la política del PP en materia de agua está basada en infraestructuras y trasvases, apelando a las recomendaciones de la Comisión Europea para mejorar la gestión de los recursos hídricos, al tiempo que propone realizar una auditoría en España “para conocer cuánta agua se utiliza, quién la paga y por cuánto”. Sabido es que la política trasvasista es un error, ya que actúa sobre un recurso, el agua, que, en un contexto de cambio climático como el que sufrimos, será cada vez más escaso.

Esa premura por aprobar estas dos medidas por parte del Gobierno de López Miras, una de ellas con la connivencia de los socialistas murcianos, está relacionada con el calendario de la presente legislatura. El posible triunfo de la moción de censura presentada en el Congreso por parte del PSOE como consecuencia de la reciente sentencia de la Gürtel podría trastocar los planes del PP en su política hidrológica, y la celebración de las elecciones autonómicas y municipales el año que viene les obliga a mover ficha para dejar atadas estas decisiones que podrían condicionar a un posible futuro gobierno de signo contrario al actual.

De nuevo el medio ambiente es rehén de las decisiones políticas del PP, y bien harían algunas formaciones políticas en pensar menos en términos de obtención de réditos electorales y más en el interés general, teniendo en cuenta la opinión de la comunidad científica.

Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

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EL AVE NO REMONTA EL VUELO

Un informe de la UE nos acaba de revelar que el uso del tren de alta velocidad en España es de los menores de Europa. A pesar de que nuestro país posee la segunda mayor red de alta velocidad operativa a nivel mundial, con 2.871 kilómetros y 1.200 kilómetros en construcción, solo por detrás de China, es la tercera más baja de toda la Unión Europea en cuanto a utilización de este medio de transporte. En España, solamente un poco más de 5 millones de personas al año utilizan el AVE, frente a los casi 40 millones de Reino Unido (pese a tener solamente 113 kilómetros de línea de alta velocidad) o los casi 30 millones de Francia, con algo más de 1.000 kilómetros. Solamente Países Bajos, con 2 millones de usuarios y sólo 120 kilómetros de líneas de alta velocidad, y Bélgica, con 4,4 millones y 209 kilómetros de línea, tienen un menor número de personas que, anualmente, usan el TAV. Pero los números no aguantan ninguna comparación, al comprobarse que en España hay unos 1.700 usuarios por cada kilómetro construido, frente a más 350.000 del Reino Unido, los 30.000 de Francia o los más de 36.000 de los Países Bajos.

“Siguen con el cuento de la lechera, prometen riqueza, desarrollo, la solución a todos los males, con proyectos faraónicos que sólo suponen depredación del territorio, graves impactos en el medio, enriquecimiento de unos pocos y despilfarro de fondos públicos”

Esto es claramente debido a que, en España, durante los años de la burbuja (y aún todavía), primaron los intereses empresariales frente a las necesidades reales de las personas. El sector empresarial vio una oportunidad de negocio con la construcción de miles de kilómetros de líneas de alta velocidad a lo largo y ancho del país, sin pensar a dónde irían esos trenes, cuál sería la demanda real y si serían rentables. Todo ello promovido por el ministerio de Fomento, a través de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), empresa pública que, a finales del 2015, sumaba unas pérdidas de 361 millones de euros a la ya abultada deuda total de 14.000 millones.

La falta de visión es muy clara en los responsables de la alta velocidad española, sobreproyectando esta infraestructura, cuyo coste se ha disparado en estos 24 años, desde que en 1992 se iniciaran estas obras faraónicas, superando los 70.000 millones de euros. Las líneas en construcción costarán, en principio, 27.000 millones, si no se produce lo que ya es habitual, el sobrecoste de las obras, a menudo asociado a escándalos de corrupción, como en la línea del AVE a Barcelona, caso descubierto en 2014, o relacionada con la más cercana línea Murcia-Alicante, en la que se adjudicaron tramos del AVE a determinadas empresas a precios claramente inflados, a cambio, presuntamente, de desvío de dinero público a empresas fantasma. A todo esto, los políticos murcianos siguen engañando a los vecinos y vecinas del municipio de Murcia, cuando ADIF ya ha admitido que “no tiene dinero para el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad”, por lo que éste llegará en superficie. La herida que divide la ciudad en dos seguirá abierta.

Los responsables políticos españoles siguen contándonos el cuento de la lechera, prometiendo riqueza, desarrollo, la solución a todos los males, con proyectos faraónicos que sólo suponen depredación del territorio, graves impactos en el medio, enriquecimiento de unos pocos y despilfarro de fondos públicos que afectan a los servicios esenciales. Mientras que, desde el gobierno central y los autonómicos, empezando por el de la Región de Murcia, se destinan ingentes cantidades de dinero a obras de dudosa rentabilidad económica y social, como es el AVE, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 el techo de gasto disminuye en 5.000 millones con respecto a 2016, lo que supondrá que se destinen menos recursos a gastos sociales, pensiones, educación o sanidad.

¿Hasta cuándo la sociedad española seguirá dando credibilidad a las vanas promesas que, año tras año, nos venden desde los gobiernos? ¿Cuándo se darán cuenta las personas que siguen apoyando al partido en el gobierno que dilapidar recursos públicos en este tipo de infraestructuras, puertos sobredimensionados, aeropuertos sin aviones, autopistas privadas deficitarias, líneas de AVE sin pasajeros, es hipotecar el futuro? Estas preguntas no dejamos de plantearlas, pero desgraciadamente las advertencias suelen caer en saco roto.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

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UN ACUERDO PARA CAMBIAR ESPAÑA

Parece que por fin se materializa la tan ansiada confluencia entre las fuerzas políticas de izquierda, con el pacto entre Podemos, IU, Equo y las demás opciones que se quieran sumar a esta alternativa, ahora sí ilusionante, al bipartidismo y a su muleta, Ciudadanos. En los 50 puntos que son la base del acuerdo, hecho público, entre Podemos e IU, hay que felicitarse de que en primer lugar aparezca la consecución de un Plan Nacional de Transición Energética, con el objetivo de conseguir “la modernización económica, la eficiencia empresarial y un sistema energético totalmente descarbonizado para 2050, en consonancia con el acuerdo climático de París”, así como el de disminuir las emisiones de CO2, a través de sendos planes de Ahorro Energético y de Energías Renovables. Así mismo, como punto 8 del acuerdo, se prevé la implementación de un nuevo modelo productivo, que incluye “un plan de empleo verde que ayude a desarrollar un sector empresarial sostenible y que ponga en marcha políticas activas de formación e inserción en los nuevos nichos productivos”. El rechazo al TTIP y al CETA es otro punto a favor de este programa de 50 puntos. Es de destacar también el capítulo dedicado a la “Democracia Ambiental”, con medidas de Lucha contra el Cambio Climático, garantía del acceso al Agua como derecho humano, así como su mantenimiento en manos públicas, un Plan de Rescate Ecológico.

"Aún se está a tiempo de introducir cambios para que sea un programa realmente útil y beneficioso para la mayoría social y para el planeta"

Sin embargo, en mi opinión, se echa en falta un mayor grado de compromiso en algunos aspectos, para que sean más acordes con los postulados de la Ecología Política, único modo de revertir la situación y conseguir un verdadero cambio:

– Nada se dice del abandono del carbón de forma explícita, y el plazo del 2050 en España para “descarbonizar” la economía es un horizonte demasiado lejano (35 años), sin fijar metas a más corto plazo, como puede ser una reducción del 30% de emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, con respecto a 1990, lo que obligaría a ponerse manos a la obra desde ya, teniendo en cuenta que en 2015 hemos aumentado nuestras emisiones en un 5% con respecto a 2014. Este objetivo no es descabellado, ya que actualmente cerca del 50% de la energía producida en nuestro país es ya de origen renovable.

– La reforma tributaria pasa por alto la aplicación de una fiscalidad ambiental adecuada. Los impuestos ambientales suponen en España sólo un 4,5% de la recaudación fiscal total mientras la media de la UE-27 es del 6%. Al contrario, en España se subvenciona el impuesto al carbón, el mayor contaminante, en vez de gravar su consumo. Sería preciso introducir este tipo de gravamen para conseguir el objetivo de descarbonizar nuestra economía en el plazo deseado.

– La Renta Complementaria que preconiza este acuerdo se queda corta si queremos luchar contra la pobreza. Está demostrado que los sistemas de rentas mínimas que intentan paliar las situaciones más angustiosas de necesidad son complejos, heterogéneos y escasamente eficaces. La implantación de una Renta Básica Universal (RBU) seria una medida eficaz contra la pobreza, de sencilla aplicación y gestión, compatible con otros ingresos y sería un derecho universal por el mero hecho de ser ciudadano o ciudadana.

– El modelo de transporte no se aborda en esta declaración de intenciones, en el que se debería revisar la actual política relacionada con el AVE y los aeropuertos, muchos de ellos inactivos.

– Aunque se menciona una Política Agraria Común, basada en la agroecología, no se especifica el cambio de modelo, actualmente basado en la agricultura intensiva basada en el petróleo, hacia una agricultura y ganadería extensiva, local, ecológica y sostenible.

– En relación al bienestar animal, creo que se debe ser más valiente, y nombrar a la tauromaquia como actividad cuya subvención pública debe tender a la extinción. Una reciente encuesta revela que el 84% de los jóvenes de 16 a 24 años se avergüenza de vivir en un país en el que la matanza de toros como espectáculo sigue existiendo. Un programa realmente progresista debe tener esto en cuenta.

Siendo consciente de que este es un acuerdo de mínimos, todavía se está a tiempo de introducir cambios para que sea un programa realmente útil y beneficioso para la mayoría social y para el planeta. Ambas circunstancias son interdependientes e imprescindibles para que el tan ansiado cambio sea real y no sólo una aproximación.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:
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¿A LAS PUERTAS DE UNA NUEVA CRISIS MUNDIAL?

El último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) alerta sobre la posibilidad de que en 2015 hayamos alcanzado el llamado “pico del petróleo”, y de que este año 2016 podría ser el comienzo del declive de la producción de crudo a nivel mundial. Recordemos que el pico del petróleo es el momento en el que se alcanza la tasa máxima de extracción de petróleo global, tras el cual la tasa de producción entra en un declive terminal. Esto fue predicho por el geofísico norteamericano M. King Hubbert (1903-1989), quien en 1956 anticipó la llegada de ese momento para las reservas de EEUU alrededor de 1970. Ese pronóstico fue acertado, pues el gigante norteamericano dejó en esa fecha de ser el principal productor de crudo a nivel mundial, desplazándose la producción a Oriente Medio, originándose la crisis del petróleo de 1973 e iniciándose, a partir de ese momento, la participación de EEUU en casi todos los conflictos internacionales para asegurarse el suministro de combustibles fósiles, desde Irán, Irak y Afganistán, hasta Libia y la actual guerra de Siria (aunque está más relacionada con el control de la salida de crudo a Europa que con las reservas de petróleo en el subsuelo sirio, bastante escasas).

"El reciente desplome del precio del petróleo puede ser el preludio de una nueva recesión"

El reciente desplome del precio del petróleo en los mercados internacionales, habiéndose alcanzado los 28 dólares por barril, un precio que no se conocía desde 2004, no es, según los expertos, el signo de una nueva era de abundancia energética, sino que, al contrario, puede ser el preludio de una nueva recesión. La producción de petróleo no ha hecho más que crecer desde el año 2000, alcanzándose los 95 millones de barriles diarios en 2015, cantidad necesaria para abastecer a los países occidentales y a las economías emergentes, principalmente los llamados países BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Pero este alto ritmo de producción sólo se puede mantener a costa de ingentes inversiones por parte de los productores, que ha dado como resultado multimillonarias deudas que deben ser saldadas. La disminución de las inversiones necesarias para mantener el ritmo de producción, debido a los bajos precios del crudo, puede hacer que se inicie el declive del petróleo por los altos costes que implica su extracción.

Las economías mundiales continúan basando su recuperación económica en la búsqueda desenfrenada del crecimiento, generador del agotamiento de los recursos naturales, principalmente de combustibles fósiles. Los conflictos internacionales de las últimas décadas tienen su origen último en la pretensión de garantizar el suministro de petróleo y gas a Occidente. Esos conflictos han funcionado como una gigantesca fila de fichas de dominó: invasión de Afganistán por parte de la extinta URSS en los ’80, cuyo contrapeso fue el apoyo a los talibanes y a la dictadura saudí por parte de EEUU, quien, a su vez, alentó la creación de Al-Qaeda y posteriormente del Estado Islámico; guerras de Libia y Siria, que han provocado el éxodo de millones de refugiados a países limítrofes y a Europa; estos movimientos migratorios han fomentado el auge de las ideologías de extrema derecha en Europa y desencadenado la reciente decisión de la UE de adoptar la vergonzante política en relación a los refugiados. De aquellos barros, estos lodos.

La llegada del pico del petróleo en este año, según al AIE, y la subsiguiente escasez creciente de combustibles fósiles, así como el aumento de su precio, puede provocar el incremento de la intensidad de los conflictos internacionales y llevarnos a una situación de consecuencias difíciles de prever, pero seguramente no muy positivas. La única solución para asegurar un futuro libre de conflictos y que, de paso, nos aleje de las consecuencias del cambio climático, debe pasar indefectiblemente por el abandono de los combustibles fósiles como base de la economía, por el fomento de las energías renovables y la renuncia del dogma del crecimiento como generador de bienestar. En una palabra, alejarnos del capitalismo tal y como lo conocemos.

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ADICTOS AL CRECIMIENTO

Casi dos meses después de celebradas las elecciones generales del 20D, sin que aún se haya formado gobierno en nuestro país, y a medida que se acerca la fecha de la investidura del próximo presidente del gobierno, los poderes financieros, políticos y mediáticos “oficiales”, tanto de España como de las instituciones europeas, aprietan el acelerador para ir mandando mensajes subliminales (y no tanto) a la sociedad española sobre la influencia negativa de la incertidumbre política en la tasa de crecimiento económico. Tanto el informe del BBVA como las declaraciones de la Comisión Europea y del ministro De Guindos van, curiosamente, en el mismo sentido, alertando de las “dudas en los mercados” y la “falta de confianza” que genera la ausencia de gobierno en nuestro país.

Paralelamente, desde los medios más afines a esos poderes se pone el acento en una serie de datos que pretenden trasladar la idea de una cierta recuperación económica en 2015, datos referidos al aumento de la compraventa de viviendas (en un 11%) y de consumo de cemento, así como de venta de automóviles (más de un millón de unidades vendidas el año pasado, casi un 21% más con respecto al año anterior). A esto se añade el bajo precio del petróleo que, en teoría, debería repercutir en las economías tanto domésticas como empresariales. Sin embargo, estas noticias reflejan, más bien, el intento del gobierno en funciones, con la connivencia de los poderes financieros, de hacer saltar las alarmas en la sociedad española si llegara el caso de un acuerdo entre los partidos más a la izquierda del panorama político, por medio de la estrategia del miedo, anunciando toda una serie de catástrofes económicas, territoriales e incluso la reactivación de ETA, tal y como ha declarado el ministro del Interior, si ese gobierno llegara a constituirse.

Utilizar ahora los mismos indicadores de riqueza es volver a taparse los ojos con una venda

De nuevo se apela al crecimiento económico como solución de todos los males, y se añoran las cifras de aumento del PIB de antes de la crisis, entre los años 1994 y 2007, cuando se superaba el 4% anual. Pero se obvia que ese crecimiento económico tuvo un fuerte componente especulativo, revalorizándose el patrimonio inmobiliario y los activos financieros muy por encima de la economía real, siendo este modelo de producción y consumo despilfarrador de energía, cada vez más contaminante y emisor de cantidades ingentes de gases de efecto invernadero. Además, estuvo acompañado por el deterioro de las condiciones sociales de gran parte de la sociedad y por el aumento de la diferencia entre ricos y pobres, así como de la deuda externa. Y se da la circunstancia de que el final de ese periodo coincide con el inicio de los mayores casos de corrupción, casos que ahora están saliendo a la luz. Esas consecuencias negativas del crecimiento se fueron acrecentando en los años de crisis, llegando hasta la situación actual. De aquellos barros, estos lodos. Pretender ahora utilizar los mismos indicadores de riqueza que entonces (venta de pisos y coches, consumo de cemento) es volver a taparse los ojos con una venda y no percibir los aspectos negativos que la búsqueda del crecimiento “per se” traen consigo.

Por otra parte, basar la recuperación económica en los bajos precios del petróleo y en el aumento del consumo constituye una huida hacia adelante y nos hace ser excesivamente dependientes de los avatares especulativos de los costes de la energía. Son muchos los que opinan que este mantenimiento bajo de los precios del crudo son intencionados para, por un lado, perjudicar a los países que buscan otras fuentes no convencionales (mediante fracking) y, por otro, para golpear a las energías renovables, en un momento en que están teniendo mayor presencia en el “pool” energético. Y aumentar el consumo de bienes no hace sino reincidir en las causas de la crisis ecológica por la que atravesamos, aumentando tanto el uso de recursos finitos como la generación de residuos y la emisión de gases a la atmósfera.

Seguir insistiendo en un modelo productivo basado en el crecimiento económico y en la especulación financiera, tal y como nos venden desde el gobierno, en el momento en el que estamos, al borde de una nueva recesión, es volver a negar la necesidad de un cambio profundo en los paradigmas que rigen este sistema. Cuanto antes se perciba esa necesidad, antes empezaremos a vislumbrar un cambio positivo.

Artículo aparecido ayer en La Crónica del Pajarito:

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EL PLAN B EUROPEO

Hay noticias que ponen de manifiesto el rumbo hacia el que la ciudadanía europea vamos encaminados: Suecia, uno de los países más admirados por el funcionamiento de su democracia, renuncia a reconocer al Sáhara como país independiente debido a la pretensión de su multinacional más famosa y próspera de instalarse en Marruecos; según un informe de la OCDE, la desigualdad económica e intergeneracional en Europa ha aumentado en los últimos años, siendo más acentuada en los países del sur, y España el país donde más se ha incrementado; la deficiente gestión de la crisis de los refugiados y el nivel de disparate al que se ha llegado se refleja en la detención (y posterior liberación) de los voluntarios españoles que ayudaban a los migrantes a alcanzar la costa de Lesbos.

La deriva de Europa en los últimos años, empezando por el control de la política europea por parte de los poderes financieros, la imposición de la austeridad a los países del sur, entendida no como contención en el gasto y ausencia de despilfarro, sino como aplicación de brutales recortes en las partidas sociales y en áreas tan sensibles como la educación y la sanidad, la pretensión de que las grandes multinacionales antepongan sus propios intereses por encima de la salud y las condiciones laborales de la ciudadanía europea, a través de “acuerdos” entre la UE y EEUU tan vergonzantes como el TTIP, el auge de la ideología ultraderechista y xenófoba en Francia, Grecia, Suecia, Austria y otros países, así como la situación de los refugiados en el viejo continente han provocado que un amplio sector de la izquierda europea proponga el llamado Plan B para Europa.

Más allá del uso de las energías renovables, la sostenibilidad debe ser un pilar del nuevo modelo

Este plan, presentado a través de un manifiesto, propone medidas que se contrapongan a la austeridad, único método, hasta ahora, que emana de las autoridades europeas para salir de la crisis. Estas medidas incluyen una política fiscal justa, el cierre de paraísos fiscales, sistemas de intercambio complementarios, la remunicipalización de los servicios públicos, el reparto igualitario de todos los trabajos (incluidos los cuidados en condiciones de dignidad), la apuesta por un modelo de producción basado en las energías renovables, y reformar o abolir el pacto fiscal europeo. Sin embargo se echa en falta en este manifiesto una mención más clara y explícita a que la única manera de abordar esta situación es haciéndolo desde una transición ecológica de la economía, y que la sostenibilidad debe ser uno de los pilares de ese nuevo modelo de Europa, yendo más allá del uso de las energías renovables.

Esa transición y esa alternativa al modelo europeo al uso debe incluir, además, el abandono del dogma del crecimiento entendido como aumento del PIB, pues no refleja de forma fidedigna todos los factores que están involucrados, algunos de ellos de forma negativa, como la degradación ambiental y el empeoramiento de las condiciones sociales y laborales de la población. Además, se deben promocionar de forma decidida los empleos verdes, garantes de una futura economía baja en carbono. La transición ecológica también debería incluir la lucha decidida contra el cambio climático, verdadera espada de Damocles que pende sobre la cabeza de Europa, fenómeno que, si continúa avanzando, dejará sin efecto alguno cualquier medida paliativa que se quiera aplicar.

El fomento de la economía circular, basada en las 3R, reducir, reutilizar y reciclar la mayor cantidad de los residuos que se produzcan en los procesos productivos y de consumo, frente al sistema imperante hoy en día, un sistema económico lineal basado en producir, consumir y eliminar los residuos producidos, es otro de los retos que el nuevo modelo productivo debe facilitar, y que debería ser promovido desde las instituciones europeas.

El llamamiento incluye la convocatoria los próximos 19, 20 y 21 febrero de una conferencia internacional en la que tratar estos temas. Será la ocasión de replantearse Europa, sustituyendo una visión del continente en la que los mercados, el poder financiero y la falta de democracia sean los factores dominantes, por una Europa de y para la ciudadanía, donde todas las acciones vayan encaminadas a conseguir que la solidaridad, la sostenibilidad y la justicia social definan el proyecto europeo.

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MARCHEMOS POR EL CLIMA

Una cosa está clara. Los mensajes relacionados con el cambio climático no hacen mella en la mayoría de la población. Que los casquetes polares se están reduciendo a marchas forzadas, acelerando la elevación del nivel del mar, que sufrimos veranos cada vez más extremos, con lluvias cada vez más escasas; advertir del aumento de la temperatura media de la Tierra, acercándonos a la cifra fatídica de los 2ºC, momento en el que las consecuencias del cambio climático serán irreversibles; comprobar que España es el país de la Unión Europea que más aumentó sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2014 y que, a pesar de la caída en combustibles fósiles, se usó un 8% más de carbón; relacionar los conflictos bélicos actuales con el acceso a los recursos energéticos del subsuelo (principalmente petróleo y gas), con consecuencias de triste actualidad como las miríadas de refugiados, en un mundo abocado tarde o temprano a una situación post-fosilista… Todos esos mensajes, tachados de “apocalípticos” por parte de los escasos negacionistas del cambio climático que aún quedan, no consiguen concienciar a la sociedad occidental de la urgencia de acometer medidas para revertir la situación climática del planeta.

El cambio climático excede lo ambiental, va ligado sobre todo a cuestiones económicas, sociales y humanitarias

Es significativo que ni siquiera la encuesta del CIS cita al cambio climático como problema a tener en cuenta, siendo lo que más se aproxima unos genéricos “problemas ambientales” (bastante abajo en la lista de preocupaciones de la sociedad española, por cierto), cuando el cambio climático excede en mucho lo ambiental, estando ligado sobre todo a cuestiones económicas, sociales y humanitarias, en cuanto a consecuencias para el ser humano se refiere.

Precisamente es en lo económico donde más vamos a sufrir los efectos del calentamiento global. En España, esto se verá reflejado en una serie de costes económicos como la aportación de miles de millones de euros de dinero público dedicados al arreglo de desperfectos en infraestructuras y viviendas debido a catástrofes naturales (inundaciones, tornados, incendios) y a resarcir al sector agrícola y ganadero por sequías, tormentas, granizadas o plagas; sólo la importación de combustibles fósiles nos cuesta a los españoles 45.000 millones de euros al año (unos 1.000 euros por habitante). El turismo, tanto de costa como de montaña, se verá afectado por las olas de calor y la falta de nieve, así como sectores como el vitivinícola. En conjunto, el cambio climático tiene su traducción en la economía, reduciendo la riqueza general expresada en disminución del PIB a niveles que algunos estudios, como el informe Stern, cifran hasta en un 20%.

Este fin de semana tendremos la oportunidad de exigir a los gobiernos, que se reunirán a partir del lunes en París en la Cumbre del Clima, que se tomen en serio el fenómeno del cambio climático. Sólo con la inversión del 1% del PIB, por parte de los países desarrollados, destinado a la disminución de las emisiones de gases es posible revertir la situación. Y no sólo por razones de reducción de la biodiversidad, pérdida de hábitats, aumento de especies invasoras, disminución del agua disponible y otras consecuencias ambientales, sino directamente porque afectará a nuestro bolsillo. Si crees que son razones suficientes, acude el próximo domingo 29 de noviembre a la Marcha Mundial por el Clima, que se celebrará simultáneamente en cientos de ciudades en todo el planeta y, en nuestra región, en Murcia (Plaza Circular) y Cartagena (Plaza Héroes de Cavite), ambas citas a las 12 de la mañana.

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MUNICIPIOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

En vísperas de la Cumbre del Clima que se celebrará entre los días 30 de noviembre y 11 de diciembre en París, los ayuntamientos de dos grandes ciudades europeas, Madrid y París, están empezando a aplicar medidas encaminadas a reducir la contaminación en sus diversas vertientes. En Madrid, la concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha un dispositivo de urgencia para mitigar los altos niveles de CO2 y óxidos de nitrógeno atmosférico en la capital, debido a las condiciones anticiclónicas y a las emisiones de los vehículos diésel, principalmente, produciendo la tristemente conocida como “boina gris” sobre la ciudad. Esta medida, consistente en reducir la velocidad máxima a 70 km/h en la M30, podría ir acompañada por otras, como que circulen los vehículos con matrículas pares o impares en días alternos, o la prohibición de estacionar vehículos no comerciales y que no sean de transporte público en el centro de la ciudad, si los niveles de contaminación persistieran.

Paralelamente, el equipo de gobierno de la capital francesa ha presentado un plan “inédito” para la transición energética de París. Entre las medidas clave, se prevé que, en 2016, los edificios municipales y el alumbrado público serán alimentados por energías 100% renovables, exigiendo a sus proveedores de energía una electricidad totalmente verde para proceder a renovar los contratos de abastecimiento energético.

Las ciudades del planeta son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero

Es curioso comprobar que estas dos ciudades tienen al frente a dos mujeres (Manuela Carmena y Anne Hidalgo), y que sus respectivas concejalas de Medio Ambiente (Inés Sabanés y Célia Blauel) provienen de sendas formaciones verdes (EQUO y Europe Ecologie-Les Verts, respectivamente), demostrando que una nueva visión de la política es posible en el ámbito local, y que se hace imprescindible la introducción de medidas de corte ecologista para que se verifique un verdadero cambio en la calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades.

Una ciudad europea o española de un millón de habitantes utiliza diariamente 11.500 toneladas de combustibles fósiles, produce 1.600 toneladas de basura, gasta 2.000 toneladas de alimentos y emite 25.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), principal gas responsable del calentamiento de la Tierra. Las ciudades del planeta son responsables del 70% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), mientras que sólo ocupan el 2% del territorio mundial. Según la ONU, en 2030, el 60% de la población mundial vivirá en núcleos urbanos (elevándose esa cifra al 80% en los países desarrollados).

Todos estos datos nos deben hacer llegar a la conclusión de que es prioritario que las ciudades, y las instituciones que las gobiernan, sean los frentes más importantes a la hora de luchar contra el cambio climático. Y no sólo en problemas como la contaminación o la energía, sino también abordando cuestiones como la economía local, apostando por el comercio de cercanía, y la planificación urbanística, alejándose de los modelos dispersos, que requieren mayores desplazamientos, emitiendo, por tanto, mayor cantidad de GEI, entre otros aspectos. Es en el ámbito de lo municipal donde se hace más patente la máxima ecologista “Actúa local, piensa global”, y así debemos exigírselo a nuestros gobernantes.

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LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD

Se acaba de aprobar en Bonn el borrador del acuerdo sobre cambio climático, que servirá de documento de trabajo de cara a la Cumbre del Clima COP21 de Paris, a celebrar el próximo mes de diciembre. A lo largo de la pasada semana, y como último encuentro previo, han estado reunidos en la ciudad alemana los representantes de 195 países, en el marco de la reunión preparatoria de la citada cumbre de París. El objetivo de este documento es facilitar las negociaciones de la COP21, en vista a conseguir un consenso en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2020, para evitar la cifra fatídica del aumento en 2º C de la temperatura media del planeta con respecto a los niveles pre-industriales. Sabido es que sobrepasar esta cifra supondrá una serie de consecuencias nefastas (olas de calor, cambios de régimen de lluvias, sequías, aumento del nivel del mar, problemas de abastecimiento de agua, aumento de la frecuencia de los incendios, etc.) con costes económicos y sociales difíciles de cuantificar, pero seguramente enormes. Y no se trata de los típicos anuncios catastrofistas propios de ecologistas trasnochados, sino de previsiones de carácter científico avaladas por estudios serios realizados por miles de investigadores del clima en todo el mundo.

Sin embargo, como viene siendo habitual en estas reuniones, y tal y como denuncian las ONGs que, por cierto, han sido excluidas de las conversaciones, están surgiendo dificultades que ponen en peligro la consecución de un acuerdo. En primer lugar, el texto pone el énfasis más en la aplicación de medidas voluntarias encaminadas a reducir las emisiones, a menudo puestas en marcha por multinacionales, en una suerte de “lavado verde”, que en compromisos de obligado cumplimiento por parte de los estados. En segundo lugar está el tema de la financiación de las medidas de lucha contra el cambio climático, que deberá ser aportada sobre todo por los países ricos, principales responsables del aumento de la temperatura global. En este sentido, no se llegó a un acuerdo sobre si el objetivo establecido para 2020 —invertir 100.000 millones de dólares anuales en acciones climáticas, sobre todo en transferencia de tecnología y en indemnizaciones por el impacto del cambio climático a los países más vulnerables— debería posponerse a fechas posteriores a 2020.

Otra de las críticas que ha recibido la redacción de este documento es la ausencia de referencias explícitas a la justicia climática y a la seguridad alimentaria. El primer concepto se refiere a la necesidad de resarcir a los países que más sufren las consecuencias del cambio climático sin haberlas generado, en África y América Latina, principalmente, como el ahondamiento de las desigualdades sociales, que afectan también a las poblaciones más desfavorecidas de los países ricos. La seguridad alimentaria garantiza que todas las personas tienen acceso a los alimentos en calidad y cantidad suficientes como para atender a sus necesidades biológicas. Desligar estas dos cuestiones de la búsqueda de soluciones globales al cambio climático es abordar de forma parcial el problema.

Ante la falta de voluntad real de afrontar este reto, es hora de que, como ciudadanos, presionemos a los gobiernos para que en la Cumbre del Clima COP21 se decida aplicar las medidas efectivas para reducir las emisiones de CO2. Para ello, el próximo 29 de noviembre (el día antes del comienzo de la cumbre) hay organizadas más de 1.000 Marchas por el Clima en todo el mundo, incluida Murcia, para impulsar un acuerdo climático. Estamos ante una de las últimas oportunidades de revertir este fenómeno, el cambio climático, que supone uno de los grandes retos del siglo XXI. Aprovechémosla.

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LA CARA OCULTA DE LAS MIGRACIONES AFRICANAS

Tras la tragedia acaecida estos días, con entre 700 y 900 personas fallecidas en el mar cuando intentaban llegar a las costas italianas desde Libia, llegan los análisis de las causas y las peticiones de una mayor cooperación internacional para acabar con este éxodo. Pero es significativo que, para el ministro de Asuntos Exteriores, Jose Manuel García-Margallo, la solución al “problema” pasa por “controlar la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos”, algo que “exige destinar más dinero a eso que llamamos Frontex, que es una institución comunitaria”. La UE en general reduce el asunto a una cuestión de mafias y de seguridad fronteriza, principalmente, y así nos lo transmiten los principales medios de comunicación.

Aunque las razones que motivan a las personas del continente africano a huir de sus países para buscar un futuro mejor son múltiples, desde la violación sistemática de los Derechos Humanos, a los conflictos armados, la crisis económica, la pobreza, el hambre, hasta la existencia de estados corruptos, me voy a detener en tres aspectos que no dependen de esos países, sino que son factores externos determinantes de la situación en África.

Simultáneamente a la noticia de la tragedia, nos enteramos de que Repsol ha descubierto un yacimiento de gas (y ya son tres) en Argelia, prospección que apunta a una producción de 175.000 metros cúbicos de gas al día y 90 barriles al día de gas condensado. Este es un ejemplo de cómo las compañías multinacionales, entre ellas las españolas, saquean los recursos naturales de los países africanos para su propio beneficio, privando a esos estados de los ingresos que pudieran mejorar el bienestar de sus poblaciones. Pesca ilegal, tala indiscriminada de árboles, comercio de especies, son otras caras del expolio de las riquezas naturales de Africa. Se calcula que este expolio por parte de Occidente le suponen al continente africano unas pérdidas de 44.000 millones de euros al año.

Por otro lado, organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial obligan a esos países a realizar privatizaciones, pasando esos bienes públicos a manos de transnacionales occidentales, en la mayoría de los casos. Esto, unido a la corrupción, lleva a la existencia de unas élites políticas cada vez ricas y una población cada vez más empobrecida.

El tercer fenómeno que ocurre de forma continua, aunque discreta, es el acaparamiento de tierras africanas por parte de países extranjeros, tanto europeos (Italia, Noruega, Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Francia, principalmente) como asiáticos (sobre todo China), para destinarlas al cultivo de agrocombustibles, alimentos para esos países y extracción de recursos minerales, en una suerte de neocolonialismo.

Reducir el asunto de las migraciones africanas a un problema de mafias y tráfico de personas, aunque es algo real, es ignorar la influencia de la globalización y de la desaparición de las fronteras para los capitales financieros e inversiones mundiales. Es no querer ver el intento de imposición, por parte del FMI y del Banco Mundial, de las necesidades y pautas del mercado global en Africa, mientras se yerguen muros cada vez más altos para las personas más vulnerables de este sistema generador de desigualdades y conflictos, cuyas consecuencias vemos en las costas europeas.

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