El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional ha registrado la proposición de ley para reformar la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, ya que considera que, según su criterio, no se adecúa a su manera de “proteger” la albufera más grande del Mediterráneo Occidental. Su propuesta de reforma, sin embargo, choca con lo que los grupos ecologistas y la oposición en la Asamblea Regional estiman que debe ser la forma más efectiva de conservar este espacio natural tan singular. Pasemos a analizar su proposición de ley.
El partido de ultraderecha, para empezar, ya propone modificar el artículo 1, por el que quiere sustituir el objeto de dicha ley, que en la ley de 2020 es “la protección, recuperación, desarrollo y revalorización de la riqueza biológica, ambiental, económica, social y cultural del Mar Menor (…) para que su ejercicio se realice de manera integral y sostenible”, por el de “hacerla compatible con el interés general y la viabilidad de la vida económica y social de la comarca”. Es decir, que el objetivo ya no es ambiental sino, también y sobre todo, económico, y ya sabemos que, para la derecha y ultraderecha, cuando ambos aspectos se ponen en balanza, lo ambiental es sacrificado ante lo mercantilista.
El artículo 3, dedicado a los fines de la ley, está totalmente amputado, eliminando toda referencia, con su habitual discurso negacionista, a la prevención de la contaminación, la conservación del ecosistema, la restauración de humedales, la investigación y la lucha contra el cambio climático, la erosión del suelo y la desertificación en el entorno del Mar Menor. En su lugar, Vox pretende básicamente promover el actual modelo productivo y garantizar los aprovechamientos “ya sean urbanísticos, agrícolas, ganaderos, pesqueros, industriales, portuarios, recreativos o de cualquier otro tipo que se desarrollen en el Mar Menor y su cuenca vertiente”.
Se pretende eliminar el Consejo del Mar Menor. Este órgano consultivo, formado por representantes de las distintas administraciones, el Comité Científico y organizaciones de la sociedad civil, contemplado en la ley de 2020, tiene como funciones “la toma de conocimiento del estado ecológico del Mar Menor y su evolución, así como la valoración de las distintas actuaciones necesarias para la mejora progresiva del mismo”. Su eliminación disminuiría el control que las administraciones y la sociedad civil pueden ejercer sobre las actividades de la laguna y su entorno.
Se elimina el plazo de tres años dispuesto en la ley de 2020 (aunque claramente incumplido), para redactar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, por lo que éste podría demorarse en el tiempo sin plazo para su diseño e implementación. Además, en la propuesta de Vox, se eliminan de nuevo las referencias a la “mitigación y adaptación al cambio climático” como uno de los objetivos del Plan de Ordenación. Y de nuevo se hace hincapié en la construcción de infraestructuras en vez de aplicar medidas preventivas en origen.
En cuanto a la adopción de medidas adicionales en el programa de actuación (artículo 54), la propuesta del partido de ultraderecha elimina la prohibición de cultivos sensibles a la lixiviación de nutrientes, por lo que se facilita la filtración de contaminantes provenientes de la agricultura a las aguas subterráneas y su posterior vertido al Mar Menor. Además, la monitorización de nutrientes a tiempo real sólo se haría si “se generan valores robustos y hayan sido verificados por organismos públicos de investigación”, permitiendo así la filtración difusa de nutrientes al subsuelo, aunque sea a concentraciones más bajas pero de forma continua.
La proposición de ley no prohíbe taxativamente la construcción y ampliación de puertos deportivos, como se contempla en la ley vigente, ya que se permitirían ambas si existieran estudios técnicos que justifiquen que su implantación “no afecta de forma significativa ni el ecosistema ni la dinámica litoral del Mar Menor en su conjunto”, estudios que, hechos “ad hoc”, abren la puerta a aumentar la presión sobre la laguna costera con más puertos y puntos de amarre, con la contaminación asociada por vertidos de combustibles.
En cuanto al capítulo de infracciones graves, ya no se contemplaría como tal el no estar inscrita la explotación agrícola en el Registro de Explotaciones Agrarias de la CARM, no disponer de operador agroambiental o no presentar la información o documentación en el tiempo y forma establecidos legalmente. Tampoco Vox considera infracción muy grave el incumplimiento de la orden de restitución de cultivos o de las órdenes de restablecimiento de la legalidad, es decir, que se abre la mano a las ampliaciones ilegales de cultivos de regadío, que quedarían impunes. También se reducirían las cuantías de las sanciones, pasando del 20 al 50% el porcentaje de reducción del importe de las sanciones si se cumplen una serie de condiciones, ni se suspendería la actividad agrícola o la posibilidad de recibir ayudas a pesar de infringir gravemente la legalidad. Además, Vox quiere eliminar las entidades inspectoras de explotaciones colaboradoras con la administración (ECARM), garantes del cumplimiento de la legalidad.
La proposición de ley del partido ultraderechista supondría todo un despropósito y una vulneración de los derechos del Mar Menor, ya que sería un ataque directo al espacio natural y a su conservación para las generaciones futuras. Esperemos que sus socios de gobierno, empezando por López Miras, no permitan este atropello y que, tal y como ha anunciado, no apoyen nada que suponga la más mínima desprotección del Mar Menor. Veremos.
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