UN PACTO CONTRA LA MAYORÍA

Se confirmó el pacto entre PP de la Región de Murcia y Vox, algo que, aunque López Miras lo negaba una y otra vez, estaba cantado que, tarde o temprano, se alcanzaría ese acuerdo entre la derecha extrema y la extrema derecha de la región, a imagen de otras Comunidades Autónomas, para facilitar el acuerdo estatal entre Núñez Feijóo y Abascal.

Este pacto va acompañado por una serie de 30 medidas de gobierno que, en su mayoría, van en contra de la mayoría social de la Región de Murcia. Si repasamos ese acuerdo, comprobamos que el PP se ha plegado a la agenda ultra de Vox. Así, en la primera medida se apuesta por un Plan Hidrológico Nacional, recuperando el 'agua para todos', una idea que en 2004 ya fue desechada por la mayoría de los informes técnicos, siendo inviable tanto desde el punto de vista ambiental como económico, y que ningún gobierno, ni siquiera el de Mariano Rajoy, sacó del cajón. El avance del cambio climático en los últimos años hace aún más difícil la implementación de este hipotético plan que, además, sólo apuesta por más infraestructuras, única solución que la derecha y la ultraderecha ponen sobre la mesa, sin tener en cuenta la disminución de los caudales. Esta medida va acompañada por el apoyo a la agroindustria, insistiendo en el concepto de “agricultura de precisión”, término eufemístico para referirse a la agricultura intensiva cuya primera víctima es el Mar Menor.

El Mar Menor, precisamente, es también objeto de este acuerdo, hablando de su “recuperación”, pero sin incidir en el origen de su degradación, gran parte de la cual proviene de la actividad agrícola, sino haciendo referencia solamente a la construcción de nuevas infraestructuras, sin cambio alguno en el modelo agropecuario, lo que no solucionaría el problema. Antelo, futuro vicepresidente, por su parte, ya ha anunciado que su propósito es derogar la Ley del Mar Menor.

En lo social, se habla de las familias, pero ya sabemos que el modelo de familia para la derecha y ultraderecha es la tradicional, en su imaginario no entran otros modelos familiares, como las monomarentales (ya que la inmensa mayoría están formadas por una madre y uno o varios hijos e hijas) o parejas del mismo sexo (con o sin hijos). En cuanto a la violencia de género, se evita hablar de violencia machista, y se equipara la violencia contra las mujeres a la sufrida por niños y mayores, siguiendo la habitual jerga ultra de “violencia intrafamiliar”; aquí el PP ha hecho suyo el negacionismo de la violencia machista, en una concesión más al ideario de Vox.

En cuanto a la política de vivienda, no se habla en absoluto de aumentar el parque de vivienda social en alquiler, sino solamente de ayudas a la compra, dejando en manos de constructoras y promotoras privadas este aspecto que debería ser prioritario para el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. La política educativa continúa la ya llevada a cabo por los sucesivos gobiernos regionales, ya que detrás del habitual “derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos”, ya sabemos que se esconde la potenciación de la enseñanza privada y concertada frente a la pública, y cuando se habla de “garantizar la neutralidad ideológica del currículo escolar”, ya ha amenazado Vox con el retorno del “pin parental”, que fue suspendido de forma cautelar en 2020 por el TSJ de Murcia al considerar como “perjuicio identificable” la posibilidad de no realización por los alumnos de una actividad obligatoria y evaluable “por no autorizarlo sus padres.”.

Dentro de la agenda ultra, se incluye en el acuerdo entre PP y Vox la “okupación”, aspecto del que dicen que “se ha extendido bajo el amparo de las políticas de izquierda”, poniendo en primer plano un problema menor cuyo principal origen es la escasez de viviendas dignas y los desahucios, más de 1.300 al año en nuestra Región, y ahondando en la confusión entre ocupación y allanamiento de morada.

Otro aspecto polémico del pacto es la modificación de la Ley de Participación Institucional, que afecta a las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, con el argumento de garantizar “un uso más eficiente de los fondos públicos”, en un intento de menoscabar los derechos de los trabajadores.

El último punto pretende defender los intereses del lobby de cazadores y pescadores, sobre todo de los primeros, cuya actividad ha provocado recientemente la muerte de un lince ibérico en Lorca y que provoca la contaminación de los suelos con el plomo de los proyectiles de caza, cuyo nivel alcanza niveles elevados y perjudica tanto a la fauna salvaje como al ser humano, cuando ese metal tóxico nos llega a través de los alimentos.

En definitiva, con este acuerdo, el PP y Vox van en contra de los intereses de la mayoría, introduciendo medidas que sólo benefician a unos pocos y a los lobbies del agronegocio, la caza y la educación privada.

Articulo publicado el 7 de septiembre en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/pacto-mayoria_132_10492011.html

LA RENTA BÁSICA, POR LA DIGNIDAD Y LA EQUIDAD

La petición de la implantación de una Renta Básica Universal (RBU) vuelve a estar en el primer plano de la actualidad. Por un lado, a finales del mes de enero pasado, el 51% de los diputados y diputadas del Consejo de Europa votaron a favor de la propuesta de la italiana Nunzia Catalfo, del Comité de Asuntos Sociales, Sanidad y Desarrollo Sostenible, de poner en marcha una RBU para “asegurar una vida digna a los ciudadanos” europeos. Por otro lado, el pasado día 10 de marzo se inició la llamada Marcha por la Renta Básica, contra el Paro y la Precariedad Laboral, desde León, con el objetivo de llegar a Madrid el próximo día 24. Lo que se reivindica es la implantación de una RBU cuya cuantía no esté por debajo de lo que estipula la Carta Social Europea, es decir, de 684€ mensuales por persona, a percibir de forma individual, incondicional y para toda la vida de la persona.

“La Renta Básica Universal debe ser una iniciativa que  ponga en marcha  el conjunto de la UE, para lograr una cohesión en todo el continente, disminuyendo las desigualdades entre ricos y pobres”

Por contra, en España, las diferentes prestaciones (jubilación, desempleo, por hijos a cargo o por invalidez) necesitan de condiciones para acceder a ellas, son temporales y su cuantía no cubre ni de lejos las necesidades para tener una vida digna. Como ejemplo, la legislación española prevé unas prestaciones por desempleo no contributivas que requieren de una serie de condiciones: haber agotado las prestaciones contributivas, estar inscrito como demandante de empleo, debiendo aceptar cualquier trabajo, aunque conlleve condiciones laborales indignas, carecer de rentas superiores al 75% del SMI y tener responsabilidades familiares. Así, una persona que viva sola no podrá tener acceso a ese tipo de renta. Además, es limitada en el tiempo, un máximo de 18 meses, y la cuantía es ridícula, 430,27 €, cantidad que no permite cubrir las necesidades básicas.

Ya en 2016, el Comité Europeo de Derechos Sociales denunció a España por incumplir seis preceptos de la Carta Social Europea del Consejo de Europa sobre derechos de la familia y la infancia, los relativos al derecho de jóvenes e inmigrantes a recibir una protección adecuada frente a la precariedad. En 2018 aún seguimos a la cabeza en cuanto a precariedad laboral (más del 90% de los contratos son temporales) y porcentaje de población en riesgo de pobreza (casi el 30%), y los poderes públicos no son capaces de atajar esas cifras vergonzantes.

Tanto el Consejo de Europa como la Marcha Básica han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de esta herramienta que dignifique la vida de la ciudadanía, siendo un instrumento de lucha contra la pobreza. Sin embargo, la RBU no puede ser tal y como lo plantea el sector más neoliberal, que lo ve como un medio de activar el consumo, y una tentación para privatizar los servicios públicos (sanidad y educación), toda vez que la población dispondría de una renta para poder costearse, según ellos, esos servicios de forma privada. Una RBU debe, por el contrario, ser emancipatoria, es decir, que permita la adquisición de una vida digna, sin eliminar el estado del bienestar y sin contrapartidas.

La RBU debe ser apoyada, de forma paralela, por el fortalecimiento de los servicios públicos, la promoción de empleos públicos en sectores clave (educación, sanidad, empleos verdes), la lucha contra el fraude fiscal, la implementación de medidas que garanticen la vivienda como un derecho básico y un cambio en la percepción del trabajo no ya como un fin en sí mismo, sino como un medio de realización personal y de mejora de las condiciones individuales, complementario a la RBU, ya que ésta sólo subvendría a las necesidades primarias (vivienda, alimentación, suministros básicos) ofreciendo así a posibilidad de rechazar trabajos poco dignos o que supongan explotación laboral.

Según los expertos, la Renta Básica estará en la agenda política en este año 2018, siendo una alternativa muy válida para acabar con la precariedad, la pobreza y la inquietud de miles de familias que lo pasan realmente mal en nuestra sociedad. La RBU debe ser, por último, una iniciativa que se ponga en marcha en el conjunto de la UE, para conseguir una cohesión en todo el continente, disminuyendo las desigualdades entre ricos y pobres. En los próximos días se hablará de este instrumento emancipador, y deberá estar en el centro del debate político de una forma seria, sin dogmatismos ni prejuicios.

Articulo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

http://lacronicadelpajarito.com/blog/federicogcharton/2018/03/renta-basica-por-dignidad-y-equidad

LA "LIBERTAD EDUCATIVA", ESA FALACIA NEOLIBERAL

Mariano Rajoy, en su reciente visita a la Comunidad Valenciana, y aprovechando la manifestación organizada por la llamada Mesa por la Educación en Libertad, integrada por las escuelas católicas, el foro valenciano de la familia, el sindicato USO (¿qué hace este sindicato en este grupo?) y el propio PP de la Comunidad Valenciana, a favor de la escuela concertada, calificó de “ataque a la libertad educativa” la iniciativa del gobierno valenciano, formado por PSOE y Compromís, de potenciar la educación pública en detrimento de la privada concertada, revirtiendo la política educativa del anterior gobierno popular que, en 20 años, ha dejado 834 aulas menos en la pública y 95 más en la concertada.

Nuestros gestores educativos miden todos sus pasos y adoptan todas sus decisiones en función del tan recurrido informe PISA, que tantos quebraderos de cabeza da a los ministros de Educación españoles de turno. Tienen como único objetivo mejorar los resultados de estas pruebas diagnósticas, a pesar del aluvión de críticas recibidas por los especialistas en cuanto a su idoneidad y su utilidad para incidir en la mayor capacitación del alumnado (aspecto bastante cuestionable, porque, al final, tal y como ocurre con los tests de inteligencia, las pruebas PISA miden la capacidad de hacer los propios tests, centrándose en las tareas más repetitivas y sin abordar otras competencias, como la capacidad reflexiva o la relacional, tan importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ese es otro debate).

“Nos encontramos ante un círculo vicioso de segregación social que aboca a una importante merma de la equidad y la igualdad de oportunidades”

Con el excusa de los sucesivos informes PISA, el PP ha lanzado su particular ley educativa, la LOMCE, que incluye pruebas externas, rankings de centros y la aplicación de la ideología neoliberal en la educación, reduciendo la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta las particularidades socioeconómicas de cada centro y degradando la educación pública con la masificación en las aulas, el aumento de la carga de trabajo del profesorado y la reducción de las plantillas, en beneficio de los centros concertados.

Pues bien, Rajoy parece obviar que en el país que tanto se cita como el modelo a seguir, Finlandia, el 98% de los centros escolares son públicos, no existiendo el concepto de “centro concertado”, como en España, es decir, aquellos centros privados que reciben fondos públicos, pero que siguen su particular criterio empresarial y/o doctrinario en su proyecto.

Si este tipo de centros aplicaran los mismos criterios que los centros públicos, como la integración al mismo nivel que la pública de alumnado inmigrante o con dificultades de lenguaje y necesidades especiales, habría menos que objetar, pero los centros educativos concertados encuentran la manera de seleccionar a su alumnado, casi siempre según sus características socioeconómicas, mediante el pago de cuotas “voluntarias” por una serie de servicios. Con ello nos encontramos ante un círculo vicioso de segregación social, camuflado bajo el argumento de la “libertad de elección de centros por parte de las familias” que, de seguir permitiéndose, aboca a una importante merma de la equidad y la igualdad de oportunidades en nuestro sistema educativo.

Hay que desmentir la idea de que los centros privados ofrecen una mayor calidad de enseñanza. Numerosos estudios demuestran que la calidad es similar o incluso superior en los centros públicos, una vez descontados los factores socioeconómicos. Tampoco los resultados de los estudios realizados respaldan una hipotética mejor formación en valores en los centros concertados con respecto a los centros públicos.

Se debe desterrar, por tanto, la falsa idea de la mejor calidad de la enseñanza concertada, que únicamente persigue objetivos económicos, tratando a su alumnado más como clientes que como educandos. La Administración Pública debe velar con mayor énfasis por la igualdad plena en el acceso a todos los centros sostenidos con fondos públicos, revisando a la baja o incluso retirando las subvenciones a aquellos colegios que incumplan las cláusulas legales que les son de aplicación (que son casi todos). La tendencia debe ser, a medio plazo, la desaparición de los conciertos educativos, mediante la potenciación de la educación 100% pública, de calidad, integradora, inclusiva, laica y totalmente gratuita.

Artículo publicado el viernes 27 de mayo en La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2016/05/libertad-educativa-esa-falacia-neoliberal

POR UN TRANSPORTE PÚBLICO EFICAZ Y SOSTENIBLE

Hace unos días, la OCU hizo público un estudio sobre el grado de satisfacción de los usuarios del transporte público en las principales ciudades españolas, desprendiéndose de dicho estudio que Murcia está en el Top 5 de las peor valoradas, junto a Palma de Mallorca, Vigo, Albacete y Zaragoza, siendo además la única ciudad que suspende, con una valoración de 44 puntos sobre 100. Las razones por las que el servicio de bus urbano en la capital murciana genera ese grado de insatisfacción en la ciudadanía (entre la que me incluyo como usuario habitual de este medio de transporte) son debidas, principalmente, a su escasa frecuencia (especialmente en horas valle, aunque también en hora punta), al deficiente diseño de la red, con una insuficiente cobertura en las diferentes líneas y paradas (sobre todo en las líneas hacia las pedanías), así como a su impuntualidad.

Estos resultados no difieren mucho (por no decir nada) con respecto al mismo estudio realizado hace justo un año por la misma organización, lo que demuestra que poco o nada se ha hecho para remediar la situación. Muchas ciudades españolas y sus habitantes siguen teniendo al transporte privado (sobre todo el automóvil) como principal medio de movilidad. La prueba la encontramos en el hecho de que, según un estudio de la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (Atuc), los españoles gastan 18 veces más en su coche que en transporte público urbano. Esto se traduce en una excesiva dependencia del vehículo privado para desplazamientos urbanos, la congestión del tráfico y la creciente y elevada contaminación de las ciudades, tal y como se percibe a diario en las calles de Murcia.

Aunque en los últimos tiempos en la ciudad de Murcia se han dado pasos importantes para ir cambiando los hábitos de la población en cuanto a movilidad, como la instalación del servicio de alquiler de bicicletas Muybici, tras años de reivindicaciones por parte de asociaciones ciclistas y movilizaciones como las Masas Críticas, aún estamos lejos de las ciudades europeas que apuestan realmente por conseguir un medio ambiente urbano saludable mediante la promoción del transporte público, como Copenhage, Viena o Estocolmo. El tranvía en Murcia no soluciona los problemas de transporte, al estar limitado a la zona norte de la ciudad y ser demasiado costoso para las arcas públicas (nos cuesta 11 millones de euros al año), además de no cubrir el mínimo necesario de viajeros como para ser rentable, ya que la ratio de ocupación es ligeramente superior a 50 viajeros al día por millón de euros invertidos, siendo necesario que esa ratio estuviera por encima de los 100 viajeros/día, por lo que la inversión mereció la calificación de “inadecuada” en un estudio realizado el año pasado por la revista 'Carril Bus', publicación de tirada nacional especializada en transporte de viajeros.

Otras ciudades españolas van en la dirección correcta en cuanto al transporte público se refiere, como Bilbao o Gijón, las mejor valoradas por los usuarios. En Madrid se está actuando de manera efectiva contra la contaminación, limitándose tanto la velocidad en ciertas vías como la entrada al centro de la ciudad de coches que usan combustible tipo diesel, e incluso se está estudiando que el transporte público sea gratuito en días de altos niveles de polución atmosférica. En su contra se encuentra la mala valoración del metro madrileño, debido a los retrasos y las aglomeraciones.

Un transporte público realmente eficaz y sostenible proporciona toda una serie de ventajas a las ciudades y sus habitantes: dinamiza la economía, al reducirse los costes asociados a la congestión del tráfico; es una fuente de creación de empleo; reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, luchando de forma práctica contra el cambio climático; mejora la salud de la ciudadanía, al aumentar la calidad del aire; garantiza la cohesión social, permitiendo la participación del conjunto de la sociedad en actividades sociales, culturales y económicas, independientemente de sus condiciones socio-económicas. En definitiva, hace las ciudades más habitables y garantizan una calidad de vida adecuada. Es responsabilidad de los gobiernos locales conseguir esos objetivos.

Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2016/02/por-un-transporte-publico-eficaz-y-sostenible

UNA CIUDAD PARA LAS PERSONAS

Recién acabadas las elecciones autonómicas y municipales, con la consecución de un cierto cambio en las instituciones, la pérdida de la mayoría absoluta del PP y de algunos ayuntamientos en los que gobernaba el Partido Popular, formación que nos ha traído, tras 20 años de gobierno, a un estado catastrófico en lo ambiental y social que no se recordaba en la historia de esta región (uso y abuso de los espacios naturales para el beneficio de unos pocos, niveles de pobreza insostenibles, proliferación de infraestructuras caras e innecesarias, degradación de la sanidad y la educación, etc.), es hora de ponerse a trabajar para conseguir la ciudad que queremos, parafraseando el título del famoso manifiesto. Entre los retos a los que se enfrentan las ayuntamientos en este nuevo ciclo está el que los núcleos urbanos estén pensados por y para las personas, a diferencia de lo que caracteriza a las ciudades en la actualidad.

¿Y qué significa este axioma? En primer lugar, una ciudad donde la transparencia sea evidente, donde sus cargos públicos rindan cuentas de forma periódica, y no sólo cada cuatro años, y donde los contratos públicos se hagan con luz y taquígrafos, pensando en el bien común. Una ciudad descentralizada, donde los barrios tengan el protagonismo que se merecen, donde la opinión de los vecinos y vecinas cuente, en la que se habiliten cauces de participación ciudadana eficaces.

En segundo lugar, una ciudad sostenible, caracterizada por ser compacta y diversa, no extensa y segregada, que sea espacio de encuentro, fuente de empleos verdes, favorecedora de la economía de proximidad, que ponga en valor su patrimonio cultural y natural. Abierta a su entorno, no encerrada en sí misma, donde la naturaleza se integre en sus calles, a través de huertos urbanos, jardines con plantas autóctonas, y las calles se integren en el entorno natural, huertas, acequias, playas, montes. Una ciudad que fomente la economía circular, aquella que se basa en las premisas de reducir el consumo, reciclar y reutilizar, frente a la economía lineal basada en producir, consumir y eliminar los residuos. Bancos de tiempo, trueque, mercados de segunda mano, consumo colaborativo, monedas sociales, deben ser aspectos habituales en una ciudad ecológicamente sostenible.

Una ciudad para las personas debe apostar por la cohesión social, reduciendo las desigualdades, garantizando el acceso a los servicios públicos (vivienda, agua, luz), haciendo de ella un espacio para la educación, reduciendo la exposición a agentes contaminantes. Debe ser un espacio donde lo peatonal sea la norma, donde las bicicletas dominen la calzada, donde el transporte público sea eficiente y asequible, y el transporte privado sea la excepción. En una ciudad sostenible, la búsqueda de la armonía y el buen vivir de sus habitantes debe ser lo prioritario, y no la consecución de intereses privados basados en la especulación urbanística que sólo benefician a unos pocos.

Estos son los retos a los que nos enfrentamos como ciudadanos, como habitantes de las ciudades, pues sólo con la participación del mayor número de personas posible, como integrantes de la sociedad civil, se harán realidad estos objetivos. Pongámonos manos a la obra.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

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EL AGUA, UN MOTIVO PARA LA CELEBRACIÓN

El domingo 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, coincidiendo con las elecciones andaluzas. Esta conmemoración instaurada por la ONU, que se viene celebrando desde 1993, tiene como lema “Agua y Desarrollo Sostenible”, y quiere fomentar, entre otras cosas, el crecimiento económico como solución a todos los problemas. Ya desde la Cumbre de Río de 1992 se resaltó el oxímoron (es decir, la combinación de dos palabras o expresiones de significado opuesto) que suponen los dos términos, pues el desarrollo económico suele estar reñido con la sostenibilidad ambiental. Está claro que en los países en vías de desarrollo, donde el acceso al agua es un privilegio y donde a duras penas se sobrevive con unos pocos dólares diarios, la mejora de las condiciones de vida es algo deseable y esta puede venir de la mano de un cierto crecimiento económico.

Sin embargo, en los países desarrollados, entre los que se incluye España, en los que la pobreza es un drama que está aumentando cada vez más, que se pone de manifiesto, entre otros, con los cortes de agua en los hogares que no pueden hacer frente a los pagos, apelar al crecimiento económico como motor del bienestar se ha demostrado como algo falaz y, en cierto modo, tramposo.

El gobierno saca pecho declarando que somos el país que más crece de la zona euro, llegando a una previsión de crecimiento del PIB para 2015 a una tasa del 2%. Pero ese aumento de riqueza sólo se ha verificado en el aumento de los beneficios de las empresas del IBEX-35 que, en conjunto, ganaron más de 32.000 millones de euros en 2014, un 42% más que el año anterior, mientras que la precariedad laboral campa a sus anchas, todo ello aras de la sacrosanta competitividad empresarial. En el reverso oscuro de ese crecimiento, encontramos, además, la degradación de los espacios naturales, las amenazas ambientales provocadas por la búsqueda desesperada de combustibles fósiles y el agravamiento del cambio climático debido al aumento de los gases de efecto invernadero.

En relación al agua, además de los cortes de suministro, que atentan contra los más elementales derechos humanos, nos encontramos con la privatización del servicio municipal en muchas ciudades, sustrayendo a la ciudadanía el control de este servicio, y dejando a las empresas privadas que hagan y deshagan a su antojo, primando la búsqueda de beneficios particulares al interés general.

En el Día Mundial del Agua, asistiremos seguramente a una serie de discursos hipócritas y buenas palabras, pero dudo que desde los poderes públicos que nos gobiernan actualmente se den los pasos adecuados para solucionar los problemas de la ciudadanía en relación al acceso justo a este bien básico. Sólo con la remunicipalización del servicio de aguas se garantiza el acceso al agua para el conjunto de la ciudadanía. Sólo con el abandono del dogma del crecimiento se asegura una relación entre ser humano y naturaleza que no suponga la destrucción sistemática de ésta última. Sólo con el reconocimiento de los servicios que nos prestan los ecosistemas, especialmente los ligados al agua, iniciaremos el camino hacia el buen vivir.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

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EN FRANCO RETROCESO

Las últimas decisiones del gobierno del PP nos están demostrando que van a "morir matando". Todas las encuestas nos dicen que el Partido Popular va a perder la mayoría absoluta en las próximas elecciones generales, y parece que Rajoy y sus secuaces, al grito de "Santiago y cierra España", se han empeñado en tomar una serie de decisiones que nos retrotraen a los años más oscuros del tardofranquismo. 

Por un lado. tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley "Mordaza", que restringe de facto derechos como el de reunión y manifestación, siempre que los motivos que se esgrimen para realizarlas sean contrarios a su ideario, con multas que pueden alcanzar los 600.000 euros. Es una ley también llamada "antiGreenpeace", al hacer referencia a la acción realizada por 16 activistas y un fotoperiodista que se descolgaron en la central nuclear de Cofrentes en 2011, y por la que la fiscalía pedía tres años de cárcel para cada uno de ellos y 360.000 euros de multa para la organización ecologista (como se sabe, al final, el sentido común de los jueces hizo que resultaran absueltos). Filmar a la policía también se merece la máxima sanción, aunque esas filmaciones, en una época como la actual en que los móviles son los nuevos testigos de la actualidad, sirvan para demostrar que, a menudo, la versión policial dista mucho de la realidad. Ese es un derecho reclamado por los colectivos de periodistas y avalado por alguna sentencia.

Por otro, el control sobre la televisión pública y sus periodistas está llegando a límites que no se recordaban desde la época de Suárez como director general del ente. Los profesionales han denunciado "el régimen de provocación y miedo" instaurado por el PP, con el despido fulminante de personas no afines, la elaboración de listas negras y clasificaciones ideológicas de los trabajadores de los Servicios Informativos. 

El desarrollo de la LOMCE, con fines claramente ideológicos, al dar relevancia a la materia de Religión en las aulas, en detrimento de otras que desarrollan la creatividad y favorecen la adquisición de conocimientos en otras áreas, como son la educación musical y la educación plástica, tal y como han demostrado numerosos estudios científicos y han asegurado figuras destacadas, como Fernando Palacios, Eduard Punset o Plácido Domingo. La Filosofía también está relegada a una presencia meramente testimonial con esta reforma educativa. En vez de formar a individuos críticos y con la capacidad reflexiva bien desarrollada, se prefiere crear personas que sirvan de mano de obra acrítica, con unas nociones básicas de "educación financiera", donde se manejen términos como "competitividad", "empleabilidad" o "espíritu emprendedor", dogmas del catecismo neoliberal con que quieren imbuir al alumnado. En cuanto a la promoción (aún más) de la religión católica en las aulas, va en contra de las características de una sociedad moderna, justo ahora que, tras la matanza de 12 periodistas del semanario satírico "Charlie Hebdo" y otras cinco personas más, el presidente francés Hollande ha declarado que "las religiones no tienen cabida en la escuela", reafirmando al laicismo como el medio más eficaz de luchar contra los fundamentalismos.

Pero la gota que colma el vaso es la reciente reforma del Código Penal, sólo avalada por la bancada popular en el Congreso, con el voto en contra de prácticamente toda la oposición en bloque. Entre otras cosas, introduce la "prisión revisable permanente", un eufemismo para referirse a la cadena perpetua. Pues bien, a pesar de que más de 60 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades públicas se han declarado en contra de esta norma, afirmando que esta reforma "pisotea la dignidad humana", y que organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional se han manifestado también en contra de la reforma, tachándola de "cruel e inhumana", el PP prosigue en su empeño de imponer a la sociedad su ideología.

El gobierno de Rajoy tiene metida entre ceja y ceja continuar con su particular cruzada contra el pueblo español, viendo enemigos a su alrededor, ya sean profesores rebeldes, personas desahuciadas, defensores de los derechos humanos y ambientales, denunciantes de los casos de corrupción en la que están inmersos o simples asociaciones de vecinos. El PP quiere arrastrar en su caída, vaticinada por las encuestas, a toda la sociedad, a los medios de comunicación, al sistema judicial, al sistema educativo, en los últimos estertores de su paso por el poder. Pero, afortunadamente, y como siempre ha ocurrido, se sabrá salir de este trance y seremos capaces de devolver a la sociedad los derechos arrebatados.

LA PODREDUMBRE DE LA DEMOCRACIA

La operación Púnica es otro eslabón más de la cadena de detenciones que se están llevando a cabo en España desde hace unos meses para acabar con la corrupción, esa lacra que se ha instalado en nuestro país desde la época de la Transición, acentuada a partir de la década de los '80 con la lluvia de millones que empezó a llegar a España a raíz de nuestra entrada en la UE. Los políticos al uso se han acostumbrado demasiado bien a un ritmo de vida alejado de lo que se considera normal. Coches oficiales, viajes a países lejanos para promocionar su ciudad o su comunidad autónoma, con tarjetas oro con los que gastar en cosas como restaurantes, mariscadas, estancias en hoteles en fin de año, reuniones de trabajo con facturas de 1.200 euros en comida de lujo, lo que quisieran, sin tener que rendir cuentas, como ha salido a la luz con la "caja fija" de la Generalitat valenciana, de la que salió una media de 577.000 euros al día entre 2006 y 2013. 

Por su parte, los sospechosos detenidos en esta operación cobraban (presuntamente), el 3 % de comisión por cada contrato de obra pública, habiéndose llevado hasta siete millones de euros en los últimos años, tal y como hacía el clan Pujol, habiendo aprendido muy bien de la trama catalana. Demasiados años de impunidad, de chulería, de sonrisas cínicas, de creerse por encima del bien y del mal, de que sus compañeros de partido cerraran los ojos (¿tal vez porque también han trincado pasta?), "confiando en la justicia" y "respetando sus decisiones, como no puede ser de otra manera". Políticos alejados de la gente, separados por cordones policiales, escoltas y pantallas de plasma.

La Región de Murcia no escapa a este ambiente corrupto. No en vano es la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de ayuntamientos tocados por la varita de las imputaciones y las condenas por las diversas variantes de corrupción (prevaricación, tráfico de influencias, cohecho). Nada menos que el 57,8 % de los ayuntamientos murcianos están afectados por casos de corrupción relacionados con la construcción entre los años 2000 y 2010, otro récord que la región tristemente ostenta. De entre los detenidos hoy en el ámbito de la operación Púnica figuran el ex-alcalde socialista de Cartagena, Jose Antonio Alonso, socio de uno de los principales imputados, David Marjaliza, otro de los empresarios arrestados en Madrid y supuestamente uno de los cabecillas de la trama; la directora general del Instituto de Turismo, Mariola Martínez, y José Fidel Saura, jefe de gabinete del consejero de Turismo e Industria, Juan Carlos Ruiz, además de Jesús Norberto Galindo, actual secretario general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. A pesar de eso, el presidente Rajoy no tiene el menor reparo en calificar a la Región de Murcia como la región que "más ha progresado" (sic). Ya sabemos en qué ha progresado, porque lo que es bienestar, niveles de desempleo, porcentaje de abandono escolar.... estamos a la cola de España. 

Esta serie de detenciones hay que debérsela en gran medida a una nueva generación de jueces (aunque muchos otros tiene mayor edad), como son Pablo Ruz (nacido sólo 8 días después de la muerte del dictador Franco), Jacobo Pin (nacido el año del 23F), instructor del caso Fabra, Mercedes Alaya o Eloy Velasco, que no vacilan en poner ante ellos a la clase política, sin sucumbir a las presiones que sin duda reciben de las más altas instancias. Han tenido que pasar 30 años para que esta generación tomara el relevo a muchos de los que iniciaron su carrera profesional en la época franquista, llegando incluso a las más altas instancias judiciales, como el Tribunal Constitucional. Los jueces tienen todavía mucho trabajo por delante, y estaremos esperando con ansia las conclusiones de los casos Gürtel, Umbra, Urdangarín, ERE, Pujol.... para hacer una limpieza de la casa. A esa casa debe entrar aire fresco, porque no es de recibo que los mismos que una y otra vez incurren en casos de corrupción sigan gobernando este país, estamos demasiado hartos de ellos.

La basura de la democracia debe ser tirada al vertedero, renovando las instituciones y haciendo que los tres poderes del estado (legislativo, ejecutivo y judicial) sean realmente independientes unos de otros, y no este remedo de democracia, en que el poder político (y por tanto ejecutivo) está metido en los órganos de control de los jueces, en las entidades financieras, creando redes clientelares en los pueblos y barrios, donde los representantes funcionan más como mafiosos, a la manera de Don Corleone, haciendo favores a cambio de votos, que como intermediarios entre la voluntad popular y las instituciones. Situaciones de juegos de poder donde las relaciones entre empresas privadas e instituciones públicas se han convertido en intercambio de prebendas para asegurarse los primeros suculentos contratos y los segundos puestos de trabajo una vez acabada su etapa pública, si no enriquecimiento personal directamente. Ya basta.

EL "POLÍTICO", UN CONCEPTO A EXTINGUIR

Con los movimientos políticos y sociales que desde hace unos años, y sobre todo desde el 15M, se han puesto en marcha, los viejos clichés están condenados a desaparecer. Es cierto que algunos partidos, los herederos de la Transición, mantienen el sistema meritocrático en su seno, convirtiendo la política en una profesión, como se ve en el propio concepto de "carrera política", un camino plagado de fases, que suele empezar en la etapa universitaria, como representante del alumnado, siguiendo por la afiliación a las juventudes de ese partido, la escalada en los cargos internos, pasando por concejal/a, jefe de filas de la agrupación local, diputado y, en algunos casos, ostentando altos cargos (consejerías, direcciones generales, ministerios) para terminar como eurodiputad@, en el mejor de los casos. Hace años hice un repaso a las carreras políticas de nuestros próceres, algunas de las cuales han durado más de 35 años.

La exigencia de la ciudadanía de un mayor grado de participación en la cosa pública, más allá de depositar el voto en las urnas cada cuatro años, firmar peticiones y realizar manifestaciones o acciones de calle, sumado al desprestigio que tienen los representantes públicos (a menudo ganado a pulso) por la práctica habitual de las "puertas giratorias" o retiros dorados a instituciones privadas (como los conocidos casos de Felipe González, Acebes, Zaplana, etc.) y públicas (como Zapatero y Fernández de la Vega en el Consejo de Estado o el reciente nombramiento de Ruiz Gallardón como miembro del Consejo Consultivo de la CAM), con sueldos desorbitados a cambio de unas pocas reuniones mensuales, hace que la profesión de político deba dejar de serlo como tal y que pase a ser una actividad realizada por cualquier ciudadan@ en cualquier momento de su vida, a la manera de la democracia ateniense, pero ampliada a todas las capas de la sociedad y adaptada al siglo XXI. La corrupción, tan extendida en nuestra sociedad, y sobre todo entre la clase política, es una razón de más para que el sistema representativo vaya pasando a la historia y sea sustituido por una democracia participativa que refleje de forma fidedigna la voluntad de la gente en cualquier momento.

¿Se imaginan que entre tod@s pudiéramos decidir cómo se van a distribuir las diferentes partidas presupuestarias en nuestro ayuntamiento? Ya hay muchas experiencias en el ámbito municipal de presupuestos participativos, sólo hace falta ponerlos en práctica en un mayor número de ayuntamientos. A nivel autonómico y estatal, la participación ciudadana puede mejorarse con la incorporación de referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos, así como referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea, aplicando los principios del gobierno abierto, que incluyen la transparencia, la rendición de cuentas y el fomento de la participación de colectivos sociales y ciudadan@s en general interesad@s en la toma de decisiones y en el diseño de los proyectos de interés general. 

Las TICs pueden jugar un papel muy importante en la toma de decisiones, con la condición de que se reduzca en gran medida la brecha digital en la población (un estudio reciente revela que el 27 % de los españoles entre 16 y 74 años nunca se ha conectado a Internet). También es necesario favorecer el acceso de las mujeres a la vida pública, ya que está demostrada la menor participación femenina en partidos, asociaciones y otros colectivos sociales, así como en listas electorales. En algunos partidos, como EQUO, se reparten escrupulosamente los distintos cargos (portavoces, miembros de órganos internos, listas electorales...), respetando la paridad por género en un riguroso fifty-fifty. Pero en la vida cotidiana aún es difícil que las mujeres participen en igualdad de condiciones que los hombres en los asuntos públicos.

La tendencia cada vez más marcada de ampliar el ámbito de actuación de la ciudadanía, una vez vencidas las resistencias citadas, debe tener como corolario la cada vez menor importancia de los llamados "políticos", esa clase que suele "deberse a sus electores" y que suele decir que tienen "vocación de servicio", dos frases hechas que, a fuerza de ser repetidas, no van más allá de ser meros clichés vacíos de contenido. Es hora de que la ciudadanía tengamos voz y seamos los verdaderos protagonistas de la acción política, entendida como capacidad de decisión en los asuntos públicos, y que la figura del "político" sea una función realizada por tod@s por un tiempo limitado y de forma no profesional.

¿POR QUÉ VOTAR A EQUO?

El próximo 25 de mayo, más de 400 millones de europeos vamos a elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, 751 eurodiputad@s que legislarán para la UE durante los próximos 5 años. De ellos, 54 corresponden a España, el 7,2% del total de eurodiputad@s en esta Europa de los 28. Como saben, en el Parlamento Europeo se reparten diversos partidos del espectro político, dominado actualmente por populares y socialdemócratas, quienes, junto con los liberales (tercera fuerza política) son los principales responsables, por acción u omisión, de la actual situación de crisis en el continente.

Actualmente el cuarto grupo en importancia por el número de parlamentari@s en el Parlamento Europeo lo constituyen Los Verdes Europeos/Alianza Libre Europea (Greens/EFA en sus siglas en inglés), que cuentan con 58 eurodiputad@s provenientes de 12 países, entre ellos España, con un solo eurodiputado de ICV. Durante los últimos 10 años (pues el Partido Verde Europeo -PVE- fue creado en 2004 por la fusión de 32 partidos verdes diseminados por Europa), el Grupo Verde ha hecho aportaciones importantes para la UE. Como muestra, en la última legislatura 2009-2014 se ha conseguido que la política pesquera sea más sostenible; se ha contribuido a que el BCE esté controlado por el Parlamento europeo; se ha facilitado el camino para flexibilizar las aportaciones de los países miembros a la UE en función del alcance de la crisis; su mayor contribución ha sido la negociación de la Directiva sobre Eficiencia Energética; han luchado para que se dedique el 85% de los fondos de investigación sobre energía en las EE.RR., etc., tal y como se puede leer en este documento. 

La última incorporación al PVE ha sido EQUO, hace justo un año, unión aprobada en Madrid durante la celebración del 18º Consejo del Partido Verde Europeo. Pero EQUO no es un recién llegado, pues su creación en junio de 2011 responde a la fusión de 35 partidos verdes de ámbito autonómico e incluso local (el 95% del total de partidos verdes españoles) que estábamos diseminados por el territorio nacional, pequeños partidos que, sin embargo, han estado ahí para defender la sostenibilidad y la democracia radical desde comienzos de los años 80.

Para estas elecciones europeas, EQUO se presenta en la coalición Primavera Europea, junto con otras 7 fuerzas políticas (Compromís, Chunta Aragonesista -CHA-, Partido Castellano, Por Un Mundo Más Justo -PUM+J-, Democracia Participativa, Caballas y Socialistas Independientes de Extremadura -SIEX-), además de estar apoyada por formaciones como Socialistas por Tenerife (SxTf), Demos + y Electores de Alhaurín (EdA).

En el espectro político español de izquierdas existen partidos que tienen muchos objetivos en común con EQUO, ya sean partidos tradicionales que arrastran mecanismos anquilosados en su forma de funcionamiento interno, ya sean formaciones de corte más personalista que han surgido desde hace unos pocos meses. Estos objetivos son, entre otros, la lucha contra el austericidio, la rebelión contra las políticas impuestas por la troika, la auditoría de la deuda, la exigencia de una mayor transparencia en las instituciones europeas y de una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, la desaparición de los paraísos fiscales, el afianzamiento de los derechos sociales y políticos, etc. Sin embargo, todas esas opciones políticas obvian en sus propuestas un aspecto crucial: la inclusión de forma transversal del componente ecológico. Aunque es cierto que en sus respectivos programas electorales se pueden leer propuestas de corte ambientalista, éstas suelen aparecer de forma inconexa y aislada del resto de puntos programáticos.

En el siglo XXI, si hay un fenómeno que no puede ser ignorado y cuyas consecuencias se hacen cada vez más patentes, como lo demuestra un estudio encargado por el gobierno de EE.UU., ése es el cambio climático. Los países ricos, entre los que nos encontramos los países europeos, que sólo suponen el 20%, aproximadamente, de la población mundial, somos responsables del 80% de las emisiones de CO2 y de la generación de residuos, contribuyendo más que nadie al calentamiento global y al cambio climático, fenómenos ambos que no conocen fronteras, y cuyos efectos sufren mayoritariamente los países del sur y, dentro de los países europeos, las capas más vulnerables de la sociedad.

Frente a la izquierda tradicional (aunque esté revestida de un halo de post-modernidad mediáticamente promocionada por ciertos grupos de comunicación), que tiene al productivismo y al crecimiento como dogmas, cuando son las verdaderas fuentes de las desigualdades sociales, y que ignora el cambio climático como hecho tangible y científicamente verificado, EQUO, en su programa electoral, sí que tiene en cuenta estos fenómenos y, por tanto, integra en todas sus propuestas los aspectos ecológicos, pues es el único modo de combatir la crisis, que no es sólo económica y social, sino también política y ecológica. Así, el programa de reformas económicas está basado en el Green New Deal, ese Nuevo Acuerdo Verde encaminado a crear hasta 20 millones de puestos de trabajo en Europa, en sectores como las energías renovables, la rehabilitación energética de las viviendas, la gestión sostenible de los residuos, la movilidad sostenible o la agricultura ecológica, entre otros, además de promover una fiscalidad verde, unos incentivos fiscales para proyectos sostenibles y un nuevo instrumento de medida de la riqueza diferente al PIB, índice que falsifica la realidad, como ya puse de manifiesto hace algunos años en esta entrada. 

Como partidos que creen que debemos ser responsables para con las generaciones futuras, a las que tenemos que dejar un planeta en las mejores condiciones posibles, el Partido Verde Europeo y EQUO proponen una transición ecológica de la economía, para conseguir una Europa independiente desde el punto de vista energético, respetuosa con terceros países del sur, útil socialmente y sostenible desde el punto de vista ambiental. En una época en la que hemos alcanzado el pico del petróleo, la promoción de las energías renovables para conseguir el 100% de la producción energética renovable de Europa en unos años, el abandono de la energía nuclear y de la minería del carbón, el rechazo al fracking, son políticas perfectamente viables para ser independientes energéticamente hablando. La importación de combustibles fósiles nos cuestan a los europeos cientos de miles de millones de euros al año (45.000 millones solamente en España).

Además, la propuesta de radicalidad democrática que incluye en su programa no son meras palabras, ya que EQUO es pionera en la elección de sus candidat@s a estas elecciones por primarias abiertas, en las que salió elegido Florent Marcellesi, y el PVE es el único partido de ámbito europeo que ha elegido a sus dos candidatos a presidir la Comisión Europea (Ska Keller y José Bové) por primarias igualmente abiertas a toda la ciudadanía europea mayor de 16 años. Se puede decir que, en materia de democracia participativa, lo que se dice en EQUO se hace.

Gobierno abierto, políticas de migración que primen los derechos humanos, inicio de un proceso constituyente europeo desde abajo, refuerzo del papel del Parlamento Europeo frente a las troika, control de los lobbies, igualdad entre hombres y mujeres, derechos de las minorías, derechos de los animales, derechos digitales, soberanía alimentaria, economía del Bien Común, renta básica, reparto del trabajo, apoyo a políticas públicas a la educación y la sanidad, laicidad... son muchas las propuestas que desde el trabajo de miles de personas en red y la experiencia en los movimientos sociales han sido aportadas a este programa electoral.

Por todo ello, creo que votar a EQUO es la mejor opción para que esta Europa de los mercados y de las grandes multinacionales se transforme en la Europa de las personas y en la Europa sostenible, multicultural, pacifista, democrática y solidaria.

¡VOTA EQUO EL 25 DE MAYO!

EL MODELO ESCANDINAVO

Hoy hemos sabido que en Suecia, en el ayuntamiento de Gotemburgo, se va a probar una jornada laboral de 6 horas al día para, por un lado, aumentar la productividad y, por otro, permitir crear nuevos puestos de trabajo, siguiendo la lógica aplastante del reparto del trabajo, una de las medidas que desde EQUO se plantea desde hace años. Y eso que en el país escandinavo la tasa de desempleo es sólo del 8%. Mientras, en España, se aumenta la carga horaria semanal de los empleados públicos, haciendo que miles de contratados sean despedidos, engrosando la ya sangrante tasa de paro de nuestro país.

Siguiendo con las comparaciones, Finlandia, como es sabido, encabeza un año más la lista de resultados del informe PISA. Si comparamos los sistemas educativos del país nórdico y del suelo patrio, comprobamos que en Finlandia los niños no acuden al colegio hasta los 7 años, que la educación es gratuita desde preescolar hasta la universidad incluyendo las clases, el comedor, los libros y hasta el material escolar, aunque si alguien lo pierde está obligado a pagárselo. En total, suman 608 horas lectivas en primaria, frente a las 875 horas de España, con deberes en casa que no son excesivos, y no como aquí, donde l@s alumn@s realizan entre 1 y 2 horas diarias de trabajo extra. Allí, el 98% de la educación es pública, y ser maestr@ es uno de las profesiones más respetadas y valoradas.

Dinamarca es considerado uno de los países más felices del mundo. Y eso es debido a un sistema fiscal muy estricto, con unos impuestos muy altos: las rentas más altas en Dinamarca pagan el 59% en impuestos, mientras que en España, recientemente, un comité de "expertos" aconsejaban no sobrepasar el 50%, al tiempo que proponían bajar el Impuesto de Sociedades del 30 al 20%, cuando se sabe que las grandes fortunas utilizan ese medio para no tener que pagar impuestos debidos a la renta, además de mantener las famosas SICAV, las sociedades de inversión de capital variable, que tributan al 1% y que son el modo más común de los más ricos para no tributar lo que debieran. Dinamarca es uno de los países menos corruptos del mundo, y pocas personas tienen la tentación de evadir impuestos, por las contraprestaciones que conlleva estar de buenas con Hacienda.

A cambio de esa presión fiscal, los daneses tienen uno de los sistemas de protección social más avanzados del mundo, con servicios como educación gratuita de alta calidad (colegios, universidades, etc.), subsidio del Estado para la educación (subsidio mensual para todos los estudiantes mayores de edad: 5.384 coronas danesas/725 euros), servicio médico gratuito de alta calidad, estancia gratuita en hospitales, también en los partos; no hay peajes en las autovias, subsidio de vivienda para personas con salarios bajos, permiso por maternidad de 1 año (6 meses con salario completo), etc. 

Aunque estos países también tendrán sus sombras, lo cierto es que el grado de protección social que disfruta la ciudadanía escandinava debería hacer reflexionar a los dirigentes políticos del sur de Europa en general, y de España en particular, que se encaminan hacia derroteros totalmente opuestos a los países nórdicos. En nuestro país se tiende a aumentar el tiempo del trabajo, a destinar cada vez menos recursos a sanidad y educación, a rebajar los impuestos a los que más tienen, a denostar a los empleados públicos, sobre todo al sector docente. En España falta una cultura del bien común, falta una conciencia colectiva de que es necesario contribuir al estado para recibir algo a cambio.

Aprendamos de lo mejor de los países europeos. Basta con mirar a nuestro alrededor y no mirarnos la punta de los zapatos, creyendo que nuestras soluciones son las mejores, porque desde luego, los resultados por ahora dejan mucho que desear.

POR EL ACCESO GARANTIZADO AL AGUA Y A LA ENERGÍA

Con el tema “Agua y Energía” se conmemora el día 22 de marzo el Día Mundial del Agua, ligando dos de los aspectos que están marcando en gran medida no sólo el futuro inmediato de la Humanidad, sino los acontecimientos que en la actualidad están sucediendo a nivel planetario. En los países en vías de desarrollo el acceso al agua es casi un privilegio. Se calcula que unas 900 millones de personas en el mundo carecen de agua potable y que otras 2.600 millones viven sin instalaciones sanitarias adecuadas, lo que es fuente de enfermedades. Otros datos escalofriantes nos recuerdan que más del 80% del agua usada en el planeta por el ser humano no recibe un tratamiento de depuración posterior. Desde el punto de vista energético, alrededor de 1.200 millones de personas, lo que equivale casi a la población de la India, no tienen acceso a la electricidad; 2.800 millones utilizan leña u otro tipo de biomasa para cocinar y caldear sus viviendas. La escasez de agua ligada al cambio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles, que está llevando a la búsqueda desesperada de petróleo en regiones aún vírgenes como el Amazonas o el Ártico, o en el fondo del mar, como lo demuestran las prospecciones en el golfo de Valencia o frente a las costas canarias, pueden precipitar los conflictos internacionales y las catástrofes ambientales en los próximos años. 

Pero no sólo en el llamado Tercer Mundo el acceso al agua y a la energía es cada vez más difícil. Desde los sectores más neoliberales se insiste en considerar estos bienes comunes como mercancías susceptibles de ser objeto de especulación, para obtener pingües beneficios a costa de privar, en muchos casos, a los sectores más vulnerables de la población, del acceso de estos dos auténticos derechos fundamentales. El dictado de la política energética al gobierno por parte de la patronal UNESA, marginando a las energías renovables, y la privatización del servicio de abastecimiento de agua a los ciudadanos, con la excusa de la crisis, está llevando al empobrecimiento acelerado de la población. Esto se hace patente en dos fenómenos que hace unos años parecía algo impensable, la pobreza energética y el aumento exponencial de los cortes de agua, permitiendo desde los poderes públicos que se atente contra estos derechos reconocidos por las Naciones Unidas. 

Las subidas arbitrarias en las tarifas de agua y de luz sufridas por los consumidores en estos últimos años, por parte de las empresas privadas con la connivencia de las administraciones (central, autonómicas y municipales), demuestran que el bienestar de la ciudadanía pasa a un segundo plano cuando de lo que se trata es de aumentar los beneficios particulares frente a los intereses generales.

En este Día Mundial del Agua es nuestro deber reivindicar el acceso público y garantizado al agua y a la energía, dos bienes fundamentales que nunca debieron dejarse en manos de la iniciativa privada para que negociaran con ellas.

Artículo aparecido hoy en el diario La Opinión de Murcia

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/03/22/acceso-garantizado-agua-energia/545655.html