martes, 20 de marzo de 2012

LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL, UN DERECHO

Las condiciones económicas han ido empeorando en los últimos años, aumentando de forma vertiginosa las bolsas de pobreza en nuestro país. En España hay más de 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. El porcentaje de hogares españoles que están por debajo del umbral de la pobreza es del 22%. Además, uno de cada cinco hogares está en "situación de riesgo" (ver enlace). 

Esta situación hace que, además del drama humano que supone, las arcas públicas dediquen ingentes cantidades de dinero a subvenciones (prestaciones por desempleo, fondos para el fomento del empleo, pensiones no contributivas...) que ascienden a más de 60.000 millones de euros anuales, con el inconveniente de que estas ayudas son temporales, sujetas a ciertas condiciones, incompatibles con un empleo remunerado y generador de conflictos psicológicos. Frente a esta política de "parches", cada vez son más numerosas las voces que reclaman la implantación de la Renta Básica Universal (RBU), un ingreso mínimo, según Ramón Soriano (catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla), incondicionado para los ciudadanos y residentes de pleno derecho, compatible con otros derechos, que tienen la finalidad de garantizar su derecho a la subsistencia y su libertad real, satisfaciendo sus necesidades más elementales.

Incondicionado, porque no sería necesario cumplir ningún requisito previo, como la búsqueda de empleo; compatible con otros derechos, porque el sujeto podría recibir otras ayudas, en función de sus características personales y podría recibir un salario por un empleo sin dejar de percibir esta renta; garante de su subsistencia, porque permitiría a la persona tener sus necesidades básicas cubiertas; garante de su libertad real, porque solamente con esas necesidades cubiertas, la persona puede atender a otros aspectos de la vida (pública y privada), como la formación personal, la elección de un trabajo acorde a sus motivaciones e intereses o la participación en actividades de índole política. Además, esta renta sería una manera de dignificar a las personas, ya que la cuantía establecida como renta ascendería a una cantidad fija, independientemente de su situación económica de partida (universal), igualándose en derechos con toda la población. Es decir, sería una renta que se percibiría por el mero hecho de ser ciudadano/a, como un derecho más, incuestionable y no sujeto a los vaivenes políticos del gobierno de turno. 

Los argumentos contrarios a la RBU van desde la insosteniblidad de las cuentas públicas, en el caso de implantarse, a que fomentaría la vagancia y que el trabajo ya no sería la medida de todas las cosas en esta sociedad. El primer argumento se puede rebatir diciendo que esos fondos serían suficientes por dos razones: la primera es que la RBU sustituiría a muchas de las subvenciones individuales actuales (subsidio del paro, pensiones no contributivas...) e irían complementadas con aumento de ingresos provenientes, según varios autores, de diversos impuestos (Tasa Tobin, tasas al uso de la energía) y del afloramiento de la economía sumergida. Resulta curioso cómo los gobiernos apelan a la inviabilidad de estas políticas en época de crisis, pero sacan dinero de debajo de las piedras cuando se trata de socorrer a los bancos, ascendiendo hasta los 115.000 millones las ayudas públicas a la banca desde que se creó el FROB (ver enlace).

En cuanto a que la RBU fomentaría la vagancia, hay que decir que, si bien habría un pequeño porcentaje de personas (no muy diferente al actual) que no buscaría activamente empleo, la inmensa mayoría, para complementar ingresos (pues la RBU, no lo olvidemos, solamente subviene a las necesidades básicas), por ambición personal y por los beneficios personales que ello conlleva, ocuparía empleos remunerados, pero con una ventaja: ya no sería urgente aceptar cualquier empleo para asegurar la subsistencia, por muy precario, desprotegido o peligroso que éste fuera. También se fomentaría el reparto del trabajo, llegando a cotas muy cercanas al pleno empleo. La implantación de la RBU daría importancia a otros tipos de trabajo, el no remunerado y voluntario, que tantos beneficios aporta a la sociedad (trabajo comunitario, trabajo asociativo, trabajo doméstico...).

En España, la propuesta política de una Renta Básica Universal no es nueva. Diferentes iniciativas parlamentarias y propuestas electorales ya abogan por esta forma de ver la política social, pero han contado con el bloqueo de las fuerzas mayoritarias. EQUO, en su programa electoral para 2011, ya proponía una renta de 500 euros mensuales (ver enlace). EQUO Andalucía también tiene esa propuesta de cara a las elecciones del próximo 25 de marzo (ver enlace). La Renta Básica Universal será la solución en un futuro más o menos cercano, en un mundo en el que el empleo, tal y como lo conocíamos hasta ahora, está abocado a cambiar para siempre, y una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía se hace necesaria, incorporando esta renta como un derecho pleno adquirido por las personas, como lo fue el sufragio universal, la libertad de expresión, la libertad de reunión o la educación, por decir unos cuantos.

Más información:

Soriano, R. 2012. Por una Renta Básica Universal. Un mínimo para todos. Edit. Almuzara. 
Iglesias, J. 1998. El derecho a la renta básica. Los libros de la catarata.
http://florentmarcellesi.wordpress.com/2010/06/01/crisis-ecologia-y-renta-basica/
http://ramiropinto.es/a2/articulos/renta-basica/



viernes, 9 de marzo de 2012

DIVERSIDAD VS. UNIFORMIDAD

Vivimos en la era de las concentraciones y de la uniformidad. Concentración del poder económico, mediante fusiones de cajas y bancos; a las fusiones ya realizadas en años anteriores, se suman toda una miríada de integraciones de unos bancos en otros que reducirán el mercado bancario a unas pocas macroentidades financieras en España (ver enlace). 

Concentración del poder mediático, en la que una decena de grandes empresas copan la gran mayoría de la prensa nacional (Prisa, Vocento, Zeta, por citar a las más importantes) (ver enlace). El negocio audiovisual, con el control informativo que ello supone, sobre todo en las cadenas generalistas privadas (excluyendo los canales temáticos de ocio) está controlado por unas pocas empresas (Mediapro, Planeta, Mediaset,...) como lo demuestra la compra de Cuatro por parte de Tele 5 o la fusión de Antena 3 y La Sexta (ver enlace). 

También es patente que, desde el punto de vista político, hay un intento de uniformizar el panorama, tanto desde la derecha como desde la izquierda. En la derecha está claro que hay un bloque monolítico (por lo menos en apariencia), con un partido que integra desde los sectores más liberales siguiendo la tradición europea hasta las facciones más retrógadas y reaccionarias, herederas del franquismo. Sector éste que vive sus horas dulces, haciendo valer sus tesis e impregnando a otros poderes, como el judicial, tal y como puede verse en la reciente inhabilitación del juez Garzón o en la negativa a investigar los crímenes del régimen franquista, o en lo económico, con la recién aprobada reforma laboral que nos retrotrae a la década de los '70 en cuanto a derechos de los trabajadores se refiere. Pero desde la izquierda también se apela a esa uniformidad, bien desde la petición al voto útil por parte del PSOE y su negativa a modificar la ley electoral cuando tuvo ocasión, bien desde IU, que pretende ser la única fuerza que se oponga al neoliberalismo, como si solamente hubiera un modo de hacer las cosas, que son las que propugna el PCE, partido que domina a la coalición, llegando a la descalificación de otras opciones políticas que pudieran hacerle sombra, a menudo sin argumentos de peso.

Sin embargo, la sociedad es mucho más plural, variada y diversa que como nos la quieren pintar los partidos tradicionales. Al igual que un ecosistema con un gran índice de biodiversidad es de una mayor riqueza y es más resistente a los cambios en las condiciones ambientales, un sistema político que permita la representación de todas las sensibilidades sería más ventajoso para la sociedad en su conjunto, pues permite la discusión, la búsqueda de consensos y la negociación, frente al "monocultivo" de las mayorías absolutas que no describen a la sociedad, sino que son una falsificación, una deformación de la realidad, como vista a través de una lente aberrante que es el sistema electoral actual, tal y como denuncia el último informe de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) que analiza las elecciones del 20 N.


Para conseguir que la representatividad de la sociedad española en el parlamento sea más fiel a la realidad, es necesario que cambien las reglas del juego, y que éstas sean iguales para todos. Para empezar, cambios en la ley electoral, que sea más proporcional y justa, no sobrevalorando votos en unas zonas mientras se infravaloran en otras; también cambios en las normas que limitan la presencia de algunos partidos políticos, sobre todo cuando son de reciente creación, en los medios de comunicación públicos. Basta ver cómo en los espacios electorales de la radio y televisión públicas dedicados a las sucesivas elecciones se informa solamente de tres o cuatro partidos políticos, mientras que se marginan a otros que también están en liza, condicionando y manipulando así la decisión de los electores. 


También debería cambiar la actitud de determinados partidos políticos que utilizan la descalificación como arma, no aplicando para sí mismos lo que reclaman para otros, es decir, el juego limpio, la confrontación de ideas y no de dogmas y prejuicios. Frente al pensamiento único, diversidad de ideas; frente al clientelismo en los medios de comunicación públicos, igualdad de trato para todas las propuestas políticas; frente a una ley electoral parcial e injusta, una reforma efectiva que asegure la igualdad de oportunidades. Entremos de una vez por todas en el siglo XXI.



viernes, 2 de marzo de 2012

EMPLEO ¿A CUALQUIER PRECIO?

Esta época de crisis económica, ecológica y social que Europa en general y España en particular está sufriendo, en la que millones de personas buscan desesperadamente un empleo, y en la que la pobreza alcanza a más del 21 % de la población de nuestro país, es el terreno abonado para que ciertas iniciativas empresariales y determinadas propuestas de nuestros representantes políticos encuentren poca resistencia entre la ciudadanía. Con el argumento de la creación de puestos de trabajo, por muy degradadas que sean las condiciones laborales o por muy peligrosas o dañinas que sean las actividades económicas a desarrollar, alentados por alcaldes y presidentes autonómicos sin visión de futuro, y promovidos por empresarios sin escrúpulos, toda una serie de proyectos han visto la luz, algunos en avanzado estado de implantación.

Un ejemplo lo encontramos con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, cuya instalación está decidida en el pueblo conquense de Villar de Cañas, un núcleo de apenas 500 habitantes. Como en "Bienvenido Mr. Marshall", esta pequeña localidad espera recibir 2,4 millones de euros anuales durante 60 años por parte de Enresa, la empresa pública encargada de la construcción del ATC (ver enlace). Esta lluvia de millones caerá, sí, pero a costa de poner en peligro no solamente a los habitantes de Villar de Cañas sino a toda la comarca, en el caso de un accidente radiactivo. EQUO, junto a otros colectivos, se manifestó en contra de esta instalación, un auténtico basurero radiactivo (ver enlace).

El proyecto más disparatado que se pretende instalar en España es la ciudad del juego por parte del magnate de los casinos Sheldon Adelson, la decimosexta fortuna del mundo. Este macroproyecto, cuya ubicación se la disputan tanto Alcorcón como Barcelona, tiene una serie de condicionantes exigidos por el promotor americano, algunas de clara ilegalidad: modificación del Estatuto de los Trabajadores, reducción de las cuotas a la Seguridad Social, expropiación de suelo en manos privadas, cambio de emplazamiento de viviendas protegidas de la zona, cambios en la Ley de Extranjería, permiso de entrada a los menores de edad en sus casinos, la anulación de la Ley anti tabaco y de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales en el interior del complejoetc. Lo más grave de esto es que los responsables políticos, como la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, y presidente de Cataluña, Artur Mas, ven con buenos ojos estas exigencias del magnate, con la excusa de que "se crearían más de 200.000 puestos de trabajo", demostrándose una vez más que la ley no es igual para todos. EQUO, a través de nota de prensa, considera "escandaloso" este proyecto, al sobrepasar el límite de lo legal, vulnerando derechos, gozando de privilegios fiscales y saltándose la normativa de protección del territorio (ver enlace).

A nivel regional se utilizan los mismos argumentos, los de la creación de empleo, para fomentar proyectos insostenibles, aunque ello suponga la degradación de un espacio natural, como en los casos del macropuerto de El Gorguel y el macrocomplejo turístico de Marina de Cope. Pero hay argumentos suficientes para demostrar que tanto uno (Plataforma "Salvemos El Gorguel") como otro ("Salvar Marina de Cope") son insostenibles ambientalmente y que el manido argumento del empleo no puede ser suficiente. El otro proyecto estrella del gobierno regional, el Parque Paramount, un modelo de negocio que ha demostrado ser deficitario en otras regiones donde se han implantado (Terra Mítica, Parque Warner...) también tiene el beneplácito de las poblaciones locales, que esperan de él que sea la panacea. 


La promesa de puestos de trabajo, más optimista de lo que seguramente se crearían en realidad, sobre todo en lo que se refiere a puestos indirectos, no puede ser el único criterio para el desarrollo de una región, de un país, sin tener en mente qué territorio queremos, qué futuro deseamos para las generaciones venideras. Una visión cortoplacista, como la que tienen nuestros gobernantes, supone hipotecarse en las próximas décadas siguiendo un modelo económico que ha demostrado ser nefasto para la economía y el medio ambiente. No permitamos que nuestros hijos y nietos nos lo echen en cara más adelante.