DECRECIMIENTO

En las últimas horas de la COP28 de Dubai, en la que no parece que los cerca de 200 países que acuden a esta cumbre vayan a presentar un documento que comprometa a la comunidad internacional a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a corto plazo, asistiremos previsiblemente a un nuevo fracaso.

Si en la COP21 de Paris de 2015 se firmó el Acuerdo por el que para el año 2030 se alcanzarían las cero emisiones, al tiempo que se limitaría el aumento de la temperatura media del planeta para no sobrepasar los 2ºC por encima de la temperatura de la era pre-industrial, a sólo 6 años de esa fecha se han rebajado sensiblemente los objetivos marcados entonces. Ahora se mira al horizonte del año 2050 para conseguir la neutralidad en las emisiones, con la etapa intermedia de 2030 con la reducción en un 43% de esas emisiones.

Sin embargo, los datos contradicen una y otra vez lo que las sucesivas cumbres del clima marcan como meta. Así, el año 2023 será el año más cálido desde que se tienen registros, y se prevé que en 2024 superemos la fatídica cifra de 1,5ºC por encima de la temperatura de era pre-industrial, lo que podría suponer el punto de no retorno del cambio climático. Además, este año marcará un récord en las emisiones de gases, alcanzándose las 40.900 millones de toneladas, según datos del nuevo informe anual publicado por Global Carbon Project, en el marco de la COP28. Esto demuestra la gran hipocresía de los principales países industrializados que, cumbre tras cumbre, prometen mucho y hacen poco para solucionar este gran problema.

Pero desde las instituciones españolas, a través de las declaraciones de la ministra Teresa Ribera, se está empezando a escuchar la palabra mágica que se han negado a pronunciar durante décadas y que sólo unos cuantos visionarios se atrevían a hacerlo: Decrecimiento. Preguntada en la COP28 sobre este asunto, la ministra de Transición Ecológica aseveró que “para que crezca el bienestar no es necesario medir el crecimiento sobre la base de un mayor consumo de materias primas”. Es decir, que medir la riqueza de un país basándonos en el aumento del PIB no es garantía de bienestar, ni social ni ambiental.

El concepto de decrecimiento fue popularizado a principios de este siglo por el economista francés Serge Latouche (1940) quien, en una serie de obras, desde Faut-il refuser le développement? (1986) (¿Hay que rechazar el desarrollo?) hasta libros más específicos como La apuesta por el decrecimiento: ¿cómo salir del imaginario dominante? (2009) o Pequeño tratado de decrecimiento sereno (2009) nos plantea las claves para cambiar el paradigma imperante en la economía occidental, el de que solamente con el crecimiento económico ilimitado se pueden mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Latouche se basó en otros economistas anteriores, como el rumano Nicholas Georgescu-Roegen, o en pensadores como el austriaco Ivan Illich, además del Informe del Club de Roma Los límites del crecimiento (1972), que ya cuestionaban este aspecto.

En el concepto de decrecimiento se incluyen medidas que ya están sobre la mesa en los programas políticos, como la reducción del tiempo del trabajo, la apuesta por las energías renovables, la movilidad sostenible, el cambio en el modelo productivo, la relocalización de la economía, es decir, que la producción vuelva a los países de origen y no a terceros países donde los costes laborales para las empresas son menores, pero que implican costes ambientales por el transporte y, a menudo, abusos en las condiciones de trabajo. También la producción llamada de 'kilómetro cero', o sea, que minimiza la distancia entre productores y consumidores, fomentando la agricultura ecológica, es otra medida que se podría calificar como decrecentista y que cada vez más los gobiernos, sobre todo los de signo progresista, incluyen en sus programas.

¿Qué implicaría en la Región de Murcia la aplicación de los principios decrecentistas? En primer lugar, la transformación del modelo agrícola y ganadero desde el actual, demandante de productos fitosanitarios contaminantes y de cantidades ingentes de agua, y productor de residuos con consecuencias indeseadas como la destrucción del Mar Menor, hacia un modelo sostenible y ecológico. En segundo lugar, la descarbonización de la industria, con energías verdes como fuente. También la aplicación de un Plan de Movilidad Regional que reduzca la necesidad de usar el transporte privado con una red eficiente de transporte público para disminuir la contaminación o la transformación del modelo turístico hacia uno que sea responsable y sostenible son otros ejemplos de implementación de este tipo de medidas.

Lo que hace unos años era una palabra tabú, por el error de interpretación interesada de determinados sectores sociales, se está convirtiendo en la única forma de abordar el futuro inmediato, con la espada de Damocles de la emergencia climática en el horizonte. Que la clase política en el poder la empiece a usar sin tapujos es una buena noticia.

Articulo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/decrecimiento_132_10759764.html

UN PACTO CONTRA LA MAYORÍA

Se confirmó el pacto entre PP de la Región de Murcia y Vox, algo que, aunque López Miras lo negaba una y otra vez, estaba cantado que, tarde o temprano, se alcanzaría ese acuerdo entre la derecha extrema y la extrema derecha de la región, a imagen de otras Comunidades Autónomas, para facilitar el acuerdo estatal entre Núñez Feijóo y Abascal.

Este pacto va acompañado por una serie de 30 medidas de gobierno que, en su mayoría, van en contra de la mayoría social de la Región de Murcia. Si repasamos ese acuerdo, comprobamos que el PP se ha plegado a la agenda ultra de Vox. Así, en la primera medida se apuesta por un Plan Hidrológico Nacional, recuperando el 'agua para todos', una idea que en 2004 ya fue desechada por la mayoría de los informes técnicos, siendo inviable tanto desde el punto de vista ambiental como económico, y que ningún gobierno, ni siquiera el de Mariano Rajoy, sacó del cajón. El avance del cambio climático en los últimos años hace aún más difícil la implementación de este hipotético plan que, además, sólo apuesta por más infraestructuras, única solución que la derecha y la ultraderecha ponen sobre la mesa, sin tener en cuenta la disminución de los caudales. Esta medida va acompañada por el apoyo a la agroindustria, insistiendo en el concepto de “agricultura de precisión”, término eufemístico para referirse a la agricultura intensiva cuya primera víctima es el Mar Menor.

El Mar Menor, precisamente, es también objeto de este acuerdo, hablando de su “recuperación”, pero sin incidir en el origen de su degradación, gran parte de la cual proviene de la actividad agrícola, sino haciendo referencia solamente a la construcción de nuevas infraestructuras, sin cambio alguno en el modelo agropecuario, lo que no solucionaría el problema. Antelo, futuro vicepresidente, por su parte, ya ha anunciado que su propósito es derogar la Ley del Mar Menor.

En lo social, se habla de las familias, pero ya sabemos que el modelo de familia para la derecha y ultraderecha es la tradicional, en su imaginario no entran otros modelos familiares, como las monomarentales (ya que la inmensa mayoría están formadas por una madre y uno o varios hijos e hijas) o parejas del mismo sexo (con o sin hijos). En cuanto a la violencia de género, se evita hablar de violencia machista, y se equipara la violencia contra las mujeres a la sufrida por niños y mayores, siguiendo la habitual jerga ultra de “violencia intrafamiliar”; aquí el PP ha hecho suyo el negacionismo de la violencia machista, en una concesión más al ideario de Vox.

En cuanto a la política de vivienda, no se habla en absoluto de aumentar el parque de vivienda social en alquiler, sino solamente de ayudas a la compra, dejando en manos de constructoras y promotoras privadas este aspecto que debería ser prioritario para el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. La política educativa continúa la ya llevada a cabo por los sucesivos gobiernos regionales, ya que detrás del habitual “derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos”, ya sabemos que se esconde la potenciación de la enseñanza privada y concertada frente a la pública, y cuando se habla de “garantizar la neutralidad ideológica del currículo escolar”, ya ha amenazado Vox con el retorno del “pin parental”, que fue suspendido de forma cautelar en 2020 por el TSJ de Murcia al considerar como “perjuicio identificable” la posibilidad de no realización por los alumnos de una actividad obligatoria y evaluable “por no autorizarlo sus padres.”.

Dentro de la agenda ultra, se incluye en el acuerdo entre PP y Vox la “okupación”, aspecto del que dicen que “se ha extendido bajo el amparo de las políticas de izquierda”, poniendo en primer plano un problema menor cuyo principal origen es la escasez de viviendas dignas y los desahucios, más de 1.300 al año en nuestra Región, y ahondando en la confusión entre ocupación y allanamiento de morada.

Otro aspecto polémico del pacto es la modificación de la Ley de Participación Institucional, que afecta a las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, con el argumento de garantizar “un uso más eficiente de los fondos públicos”, en un intento de menoscabar los derechos de los trabajadores.

El último punto pretende defender los intereses del lobby de cazadores y pescadores, sobre todo de los primeros, cuya actividad ha provocado recientemente la muerte de un lince ibérico en Lorca y que provoca la contaminación de los suelos con el plomo de los proyectiles de caza, cuyo nivel alcanza niveles elevados y perjudica tanto a la fauna salvaje como al ser humano, cuando ese metal tóxico nos llega a través de los alimentos.

En definitiva, con este acuerdo, el PP y Vox van en contra de los intereses de la mayoría, introduciendo medidas que sólo benefician a unos pocos y a los lobbies del agronegocio, la caza y la educación privada.

Articulo publicado el 7 de septiembre en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/pacto-mayoria_132_10492011.html

SR. LÓPEZ MIRAS, DEDÍQUESE A GOBERNAR

López Miras ha decidido dedicarse a la política nacional, tal y como hace su referente, Isabel Díaz Ayuso, dejando el gobierno de la Región de Murcia en un segundo plano, a pesar de los graves problemas que padecemos, tal vez para intentar hacernos olvidar su pacto de Gobierno con la ultraderecha, con dos consejeros, el de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, y de Interior y Emergencias, este último con rango de vicepresidente, en la persona de José Ángel Antelo, como peaje para que Vox apoye la investidura fallida de Feijóo. No se pierde una, el hombre, acudiendo a todas las citas convocadas por su jefe de filas, con el único objetivo de acosar al gobierno de funciones, ya sea a cuenta de la amnistía o la inmigración.

En relación a este último tema, es palmaria la hipocresía y doble vara de medir del Partido Popular, dependiendo del lugar de origen de la inmigración; así, se les abre las puertas de par en par, sin escatimar en medios y recursos, si huyen de países en conflicto del este de Europa, algo que es necesario y plausible, pero si provienen de países del sur, de África, se les pone todo tipo de trabas, llegando a negar la acogida de 100 inmigrantes en Cartagena, desplazados desde Canarias para aliviar la presión poblacional en las islas, todo ello alentado por las declaraciones racistas de Vox, como las realizadas por Antelo, asociando inmigración con yihadismo y delincuencia, palabras que han sido duramente criticadas por cuatro asociaciones de la Región, que no descartan llevarlas ante la Fiscalía, por constituir un posible delito de odio.

Otros graves problemas que sufre la Región de Murcia, mientras el presidente se dedica a alarmar continuamente con la ruptura de España en cuanto le ponen un micrófono delante, están relacionados con el déficit en las cuentas reflejadas en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y del resto de cuentas anuales del sector público de la Región de Murcia de 2020 del Tribunal de Cuentas, en el que se revela que el SMS acabó 2020 con un déficit de 2.000 millones de euros, además de lo que se ha calificado como “pozo sin fondo”, las pérdidas de la desaladora de Escombreras, que alcanzan 20 millones de euros.

La contaminación atmosférica es otra de las lacras que padecemos, sobre todo en la ciudad de Murcia, situación que ha alcanzado la categoría de “crónica”, con repetidos episodios de altos niveles de partículas PM10, ozono y óxido de nitrógeno, cuya inhalación puede provocar problemas como ictus e infartos de miocardio. Este problema se extiende a otros municipios de la Región, como Cartagena o Alcantarilla. Ante eso, el ahora alcalde de Murcia se dedicó a denostar el Plan de Movilidad de la anterior corporación, hasta que, una vez en el poder, no ha tenido más remedio que continuar con él.

A todo esto se suman los ya habituales problemas estructurales: estamos a la cola en en cuanto a tasas de pobreza y exclusión social según el informe de la Plataforma de Infancia, con más del 30% de pobreza, cifra que se dispara entre los adolescentes de 13 a 18 años, con una tasa del 34,9%; somos la cuarta Comunidad Autónoma en brecha salarial entre mujeres y hombres, con un 20,6%, cuando la media nacional se sitúa en el 18,7%; las asociaciones que se ocupan de la salud mental denuncian las largas listas de espera para acceder a los recursos por parte de los pacientes; la Región de Murcia sigue teniendo la segunda ratio de denuncias por violencia de género más alta del país, con 25,7 denuncias por cada 10.000 mujeres; Murcia es la comunidad con peores datos en educación pública, según el informe 'Socieducación 2023’, con más del 17% de tasa de abandono escolar. Y acabamos de saber que, según el INE, el 86,7% de los municipios de la Región se situaron en 2021 entre el 25% de las poblaciones españolas con menor renta (por debajo de 10.987 euros), registrando el 13,3% restante una renta media-baja. Y así podríamos seguir con los principales indicadores (paro, brecha digital, pensiones, número de consultorios médicos, número de viviendas sociales, etc.) que nos sitúan a la cola del país.

¿Y a qué se dedica mientras tanto el presidente López Miras? Pues a viajar adonde le indique Feijóo, ya sea a una manifestación en Madrid contra la consecución de un Gobierno progresista, o a Barcelona contra la amnistía, o bien a protestar contra el gobierno por la falta de “colaboración” en el reparto de inmigrantes, o a amenazar con recurrir ante el TC la amnistía “al minuto siguiente” de que sea aprobada, todos ellos problemas que no repercuten en la calidad de vida de los murcianos y murcianas, solo a servir a los intereses de su partido, cuando para la mayoría social de la región cuestiones como la amnistía no son de vital importancia. La sociedad murciana no se merece tener un presidente que obvie los graves problemas de la Región de Murcia, dedicándose a trabajar solamente por y para evitar la consecución de un Gobierno progresista. Que por nadie pase.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/lopez-miras-dediquese-gobernar_132_10647118.html

INUNDACIONES ¿EVITABLES?

Archivo | Los efectos de la gota fría de 2019 en Los Alcázares. EFE

Esta semana se cumple un año desde las inundaciones en Javalí Viejo, con la desgracia de un fallecimiento y cuantiosos daños materiales en casas y enseres. Pero no es la primera vez que esto ha ocurrido en la Región de Murcia. La localidad costera de Los Alcázares se inunda cada cierto tiempo, seis veces entre los años 2000 y 2020, cada vez que una Depresión Aislada a Niveles Altos, fenómeno más conocido como DANA, azota la Región. La ciudad de Murcia, la huerta, Molina de Segura, la vega del Guadalentín, el campo de Cartagena, muchas son las zonas de la Región en las que se declara la alerta naranja o roja cada vez que se avecina una tormenta, circunstancia que ocurre de una forma cada vez más frecuente.

Varias son las razones de las consecuencias a menudo catastróficas de estos fenómenos. Por un lado, la tendencia, acentuada en este siglo con el boom inmobiliario, de construir en zonas inundables, es decir, en zonas muchas veces secas pero que en algún momento de los registros históricos los niveles del agua han alcanzado determinadas cotas. Normalmente estas zonas se sitúan junto a ramblas. Se calcula que, en España, más de un millón de viviendas están construidas en zonas inundables, lo que constituye el 4,3% del total, muchas de ellas en áreas costeras, donde la densidad de población es muy alta, sobre todo en los periodos estivales. Curiosamente, Murcia es la ciudad española con más viviendas construidas en estas zonas, más de 60.000, casi el 30% del total, una cifra disparatada. En el conjunto de la región, esta cifra alcanza el 17%, muy por encima de la media nacional. La zona del Mar Menor, como la ciudad de Murcia, también está afectada por inundaciones periódicas, por su conexión con el campo de Cartagena y las ramblas asociadas (sobre todo la rambla del Albujón), al igual que la zona de Lorca y otras.

Según los expertos, otra causa de la acentuación de los daños debidos a las inundaciones es el crecimiento de la agricultura intensiva, con la falta de conservación de los suelos naturales, que provocan el aumento de la escorrentía y de la velocidad del flujo del agua, multiplicando los efectos devastadores de las lluvias intensas. Esto se asocia a la pérdida de la vegetación natural que existía dentro de los paisajes agrarios tradicionales, que frenaban el flujo del agua. A esto se suma la mayor impermeabilización de los suelos merced al desarrollo urbanístico y la construcción de viales y autovías, a menudo de forma desordenada, que impide el drenaje natural y que constituyen barreras artificiales a la salida del agua.

Paradójicamente, las instituciones locales y autonómicas sólo plantean como solución la construcción de infraestructuras y obras hidráulicas para paliar los efectos de las inundaciones, pero a menudo estas obras lo único que hacen es crear una falsa sensación de seguridad que anima a seguir construyendo en zonas inundables, además de que hay que poner en duda la eficacia de tales obras. Se les ha hurtado a los ríos y ramblas su espacio natural, con diques, edificaciones en sus riberas y demás construcciones que, llegado el caso de grandes precipitaciones, no hacen sino reclamar su espacio perdido.

Por último, pero no menos importante, el cambio climático juega un papel nada despreciable en esto, ya que se han disparado los episodios de tormentas y DANA, fenómenos que antes se circunscribían al final del verano, con las famosas 'gotas frías', pero que, debido al calentamiento del Mediterráneo, se producen más a menudo y con efectos más dañinos.

¿Qué plantean los expertos para reducir los daños de las inundaciones? En primer lugar, respetar las zonas inundables, mediante la aprobación de planes urbanísticos que prohíban construcciones en estas áreas, adaptándose a la Cartografía de Zonas Inundables realizada por el MITECO, llegando incluso a la eliminación de viviendas e infraestructuras en zonas de alto riesgo. En segundo lugar, devolver a ríos, ramblas y cauces su espacio natural, con la renaturalización de sus riberas. Otras medidas son recuperar la vegetación natural en los espacios agrarios, en linderos y límites de las parcelas, a la vez que se recuperan las redes de drenaje, respetando sus trazados originales, e implantar Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible, con suelos filtrantes, jardines inundables y estanques, preferibles a los tanques de tormentas, muy caros y con poca capacidad de acumulación de agua.

La adaptación a los ciclos naturales y a las condiciones que nos impone la Naturaleza en su conjunto es la mejor manera de evitar los daños, agravados por la emergencia climática, que las inundaciones provocan cada año con enormes pérdidas económicas y, lo que es peor, con víctimas personales.

Articulo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/inundaciones-evitables_132_10553404.html

LA NATURALEZA NOS ADVIERTE

Un cámara graba un termómetro urbano
en la localidad valenciana de Xátiva. EFE

El tema del verano son las sucesivas olas de calor que asolan nuestro país. No hay cadena de televisión que no trate este asunto en tertulias, noticias, conexiones a las ciudades más calurosas, con las sufridas reporteras y reporteros bajo un sol de justicia a las tres de la tarde, junto a la playa o en una plaza sin sombra, para relatarnos lo que ya sabemos, que se están alcanzando récords de temperatura nunca vistos, con noches tropicales y días infernales. Hace unos días se alcanzó el récord de temperatura en 17 provincias de España, desde los 46,8ºC en Valencia, a los más de 38ºC en Soria o los más de 37ºC en Teruel, la provincia más fría tradicionalmente, donde rara vez se sobrepasan los 32ºC.

Incendios brutales en Hawai, con 53 víctimas mortales, o en Grecia; millones de hectáreas quemadas en Canadá, con la emisión asociada de 280 millones de toneladas de carbono a la atmósfera, agravando aún más el efecto invernadero; inundaciones en Eslovenia, en Noruega, en Corea del Sur, en EE.UU., también con víctimas, son algunos de los ejemplos de cómo el cambio climático acentúa los fenómenos extremos. La temperatura de los mares ha ascendido 3ºC en los últimos años, convirtiendo al Mediterráneo casi como un mar tropical, con lo que ello conlleva, vientos huracanados y fuertes tormentas, y afectando a los océanos, con la pérdida de la biodiversidad, acidificación de las aguas, y, en última instancia, disminución de las pesquerías. 

La comunidad científica lleva décadas advirtiendo de todas estas consecuencias, pero los gobiernos siguen haciendo oídos sordos a lo que la Naturaleza nos dice, sobre todo aquellos en los que participa la extrema derecha, que denomina “fanatismo climático” a lo que no es sino la confirmación de las previsiones hechas por la ciencia, gobiernos que, desgraciadamente, están surgiendo en nuestro país en algunas comunidades autónomas, con la única incógnita de lo que pueda pasar en la Región de Murcia. Todavía se pueden leer en las redes frases como “en verano es normal que haga calor”, provenientes de personas negacionistas cercanas a la ultraderecha que, en un ejercicio de ignorancia y mala fe, no tienen empacho en demostrarlas públicamente.

Ya se está comprobando que el cambio climático afecta al turismo, sobre todo en el sur de Europa, como en España. Además de la proliferación de algas y carabelas portuguesas, que dificultan el baño en las aguas mediterráneas, se está verificando un aumento de las reservas de viajes a países del norte de Europa, Reino Unido, irlanda, o países escandinavos, para huir de las cada vez más frecuentes olas de calor veraniegas de los países más meridionales.

Desgraciadamente, a pesar de que en 2015 la Cumbre del Clima de Paris advirtió del riesgo de alcanzar el punto de no retorno climático si superamos en 1,5ºC la temperatura media planetaria con respecto al periodo pre-industrial, todos los datos nos indican que nos acercamos a esa peligrosa cifra, con consecuencias que estamos sufriendo ya. El próximo mes de diciembre se celebrará la COP28 en los Emiratos Árabes Unidos, de la que pocos resultados se esperan, como de costumbre. 

El enésimo llamamiento de la comunidad científica a que los gobiernos actúen para frenar la emergencia climática debe ser tenido en cuenta de una forma radical y urgente. Nuestro futuro depende de ello.

Artículo publicado el 12 de agosto en el diario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/naturaleza-advierte_132_10441228.html

LA DERIVA CONSERVADORA DE LA SOCIEDAD

Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Ya lo decía Trump: “Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos”. Pues eso ha pasado en el país en general y, en la Región de Murcia, en particular. A pesar de las huelgas de sanitarios en Madrid, de las listas de espera, del menosprecio a la educación pública, de la degradación del Mar Menor, de la condena a Pedro Antonio Sánchez por corrupción, del juicio a Valcárcel por el caso de la desaladora de Escombreras, de la amenaza a Doñana, la derecha y la ultraderecha han aumentado en votos en prácticamente todos los territorios. La clave puede estar en que la estrategia de las derechas de olvidarse de los problemas más cercanos a la ciudadanía y centrarse en ETA, Bildu, el “sanchismo” o la Ley del “Sí es sí”, aunque votes en Soria o en Murcia, les ha funcionado. En toda España, y la Región de Murcia no es una excepción, el auge de la ultraderecha es un hecho, siguiendo la estela de lo que ocurre en el resto de Europa. El negacionismo climático, la negación del hecho de la violencia machista, el rechazo a la inmigración (aunque sea un fenómeno necesario para mantener las pensiones públicas) ha calado en cierto sector del electorado, aunque la ultraderecha no haya propuesto nada en positivo, limitándose a proclamar que revertirán todo lo aprobado por los gobiernos de izquierda, aunque hayan sido medidas que favorezcan a la mayoría. Ciudadanos desaparece del panorama político, a fuerza de querer parecerse a los partidos de la derecha y ultraderecha, prefiriendo sus antiguos votantes a los originales frente a la copia.

El socialismo sigue sin levantar cabeza en la Región de Murcia, al tiempo que ha bajado considerablemente en el resto del país. Por el contrario, continúa su caída, tras cerca de 30 años sin gobernar, salvo el espejismo de 2 años en el ayuntamiento de Murcia. Sucesivos lideres regionales sin carisma, propuestas vagas, intentando nadar y guardar la ropa, como con el tema del trasvase y la agricultura intensiva y contaminante, condenan al PSOE regional a otros 4 años, hasta 2027, en la oposición. En cuanto a los partidos a la izquierda del PSOE, se ha verificado que la división ha lastrado, hasta cierto punto, el resultado. Desde que en 2015 se iniciara el cisma en la izquierda no se consiguen resultados realmente positivos, y la debacle es palmaria en esta cita electoral. Resentimientos personales, una excesiva confianza en las fuerzas de la izquierda más clásica, y, por qué no decirlo, algo de soberbia, han expulsado a Podemos de los principales ayuntamientos de la región, manteniendo sus dos diputados regionales, muy por debajo de sus expectativas. En relación a otras fuerzas políticas, está por llegar la alternativa verde en la Región, tal y como ocurre en los principales países europeos, a pesar de problemas ambientales como la contaminación atmosférica, la contaminación de suelos, el tema del Mar Menor, y la necesidad imperiosa de llevar a cabo una transición ecológica de la economía para hacer frente a la emergencia climática por la que atravesamos.

La decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, para evitar la debacle del Partido Socialista, tal y como ha ocurrido en países de nuestro entorno, como Francia o Italia, obliga a intentar de forma urgente lo que hasta ahora no se había conseguido, la unidad de la izquierda, a imagen de la coalición NUPES en Francia, opción que aún no se ha ensayado, en torno a la plataforma Sumar de Yolanda Díaz, siempre y cuando algunas de las fuerzas políticas de izquierda se convenzan de que la división, al menos en esta cita electoral, y también en nuestra Región, no ha conseguido su objetivo, que es transformar la sociedad hacia un modelo más sostenible, justo y con futuro para las siguientes generaciones.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/deriva-conservadora-sociedad_132_10251757.html?fbclid=IwAR2FP36A1e9BF7HerG8e9JOKB_IuBWYQJMt2RyV-MoEjiIDa-0WtLdQQK3I

32 HORAS LABORALES DE 4 DÍAS, UNA REALIDAD POSIBLE

Foto EFE

Un nuevo avance social se perfila en el horizonte, la semana laboral de 32 horas distribuidas en 4 días, sin que afecte a los salarios. Esta innovación espanta a las grandes empresas, a las organizaciones patronales y a los partidos de la derecha, pero ya estamos acostumbrados a que todos los avances en materia laboral provoquen el rechazo en esos sectores de la sociedad. Esto ya ocurrió en 1919, cuando lo habitual eran las jornadas de 12 a 14 horas diarias, sin días de descanso, lo que se traducía en semanas de 100 horas laborables. Una huelga de 44 días llevada a cabo por los trabajadores del sector eléctrico catalán forzó al gobierno de entonces, encabezado por Antonio Maura, a aprobar la jornada de 8 horas, con dos días de descanso. 104 años después, seguimos con el mismo régimen laboral, al menos en teoría, porque no son raras en nuestro país las jornadas de 10 y 12 horas, sobre todo en sectores económicos como la hostelería.

La propuesta de reducir el tiempo de trabajo constituye una mejora considerable en las condiciones laborales y colma el deseo de la sociedad desde hace décadas, que el trabajo no ocupe la mayor parte del día o, dicho de otro modo, que pasemos de vivir para trabajar a trabajar para vivir, dedicando un tiempo diario al desarrollo de otras capacidades personales (leer, acudir a museos, hacer deporte, aprender música o baile, etc.), a los cuidados y la crianza o incluso a lo que Paul Lafargue llamaba en 1883 el “derecho a la pereza”.

Ya se están llevando a cabo experiencias piloto sobre la disminución de las horas trabajadas sin reducción salarial, como en el Ayuntamiento de Valencia, en el ámbito público, y en algunas empresas privadas, sobre todo en el sector tecnológico, aunque también en otros sectores como la hostelería o el marketing, no sólo en España, sino en otros países como Portugal o Gran Bretaña. En todos los casos, el resultado ha sido positivo, porque se ha verificado un aumento de la productividad y un incremento de los ingresos de hasta un 30%. El viejo concepto de que cuanto más tiempo esté la persona empleada anclada delante del ordenador o en su puesto de trabajo, más rendirá está pasando a la historia. Está comprobado que disminuyendo el tiempo trabajado se reduce el estrés, se reducen considerablemente las bajas por enfermedad así como el número de empleados que abandonan la empresa, aumentando la motivación y siendo, además, un polo de atracción del talento aquellas empresas que adoptan este régimen laboral.

Con la semana de 32 horas se tiende a aprovechar más el tiempo, sin pérdidas por agotamiento físico o psíquico. Además, permite una mayor conciliación, dedicando un tiempo más prolongado a labores domésticas compartidas y a la crianza de los hijos e hijas, en un tiempo donde el envejecimiento de la población es evidente. Además, se reducen los gastos energéticos de las empresas. A esto se le suma que si una empresa aumenta su productividad, podrá contratar a más gente cualificada, lo que contribuiría a la disminución de la tasa de desempleo.

El Gobierno ha iniciado un programa de ayudas a las pymes de hasta 200.000 € por empresa para animarlas a adoptar la semana de 32 horas, con el requisito de que esta reducción afecte al menos al 25% de la plantilla, sólo a personas trabajadoras con contrato indefinido a tiempo completo en el momento de inicio del proyecto, y que se mantenga este régimen laboral durante dos años. Tarde o temprano, y a la vista de las ventajas que la semana de 32 horas han supuesto tanto a las empresas como a los trabajadores y trabajadoras que lo han puesto en práctica, esto será una realidad, y las reticencias de los agoreros que siempre se resisten a los cambios desaparecerán, porque la sociedad debe avanzar en este siglo XXI en la búsqueda de la mejora de las condiciones laborales sin merma en los resultados empresariales.

En la Región de Murcia no son pocas las voces que reclaman una semana laboral de 32 horas en 4 días -desde algún partido político, de cara a las elecciones autonómicas del 28M, hasta los sindicatos- sobre todo desde la pandemia, donde se ha demostrado que no es necesaria la presencia prolongada de los trabajadores y trabajadoras en la sede de la empresa, sino que el trabajo sea de calidad, lo que se garantizaría con un horario más racional aportado por este nuevo régimen laboral.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/32-horas-laborales-cuatro-dias-realidad-posible_132_10186199.html

UNA VISIÓN MIOPE

Fotografía de archivo de una mujer durante una manifestación en la que
muestra dos tubos de ensayo con agua del mar Menor analizada en
fosfatosy nitratos. EFE/Marcial Guillén

La voracidad de la agroindustria, apoyada por los gobiernos del PP y Vox, está poniendo en peligro dos de las joyas ambientales de nuestro país: el Parque Nacional de Doñana y el Mar Menor. La consecución de beneficios rápidos con la superproducción de frutas y hortalizas debido a la obtención de varias cosechas al año, fuera de los ciclos naturales de las plantas, la mayoría destinada a la exportación, sustentada por mano de obra barata, precaria y, a menudo, migrante, produce efectos colaterales indeseables, tanto sociales como ambientales. La desecación de Doñana y la contaminación del Mar Menor son los más visibles.

Aunque estos dos humedales son los más mediáticos, el Fondo Mundial para la Naturaleza señala otros dos puntos negros en nuestra península: las Tablas de Daimiel (en Castilla La Mancha) y el acuífero de Arenales en Castilla y León. En el primer caso, se calcula que más de 50.000 hectáreas se cultivan con agua extraída ilegalmente, siendo 25.000 las hectáreas regadas de forma ilegal en las inmediaciones del acuífero de Arenales. Pero no son los únicos. La Albufera de Valencia, el delta del Ebro o la Albufera de Mallorca son también espacios amenazados por la presión turística, la agricultura intensiva y el cambio climático.

El pasado 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales. Se estima que el 35% de los humedales del planeta se han perdido desde 1970, siendo la situación dramática en España, donde entre el 60 y el 70% de estos ecosistemas han desaparecido. Por eso es incomprensible a la par que indignante que los gobiernos del PP de la Región de Murcia y de Andalucía, apoyados por Vox, prefieran apoyar a una minoría, el sector agroindustrial, frente al interés general, con la conservación del patrimonio natural de todos.

A pesar de las advertencias de la Comisión Europea, los regantes del entorno de Doñana siguen exigiendo que se legalicen cientos de hectáreas ilegales de regadío, petición que recogen la derecha y la ultraderecha. Con un tono victimista, pasan de contravenir la ley a ser los “perjudicados”, en un giro surrealista de la situación. Otro tanto ocurre en la Región de Murcia, donde tanto el presidente López Miras como Vox pugnan por llevarse los votos de los agricultores, negando la responsabilidad de la actividad agrícola en la degradación del Mar Menor y tirando balones fuera, achacándole exclusivamente al gobierno central la situación de la laguna costera, a pesar de sus 28 años de gobierno en la Región.

A la expansión de los regadíos se suma la sequía, consecuencia directa de la emergencia climática por la que atravesamos, con un 21% menos de precipitaciones de lo esperado en esta época del año y un 27% del territorio español en estado de alerta por la escasez de agua. Pero esto no desalienta a los regantes quienes, ciegos y sordos ante los datos objetivos, siguen demandando agua, a pesar de que los embalses de uso consuntivo (es decir, aquellos cuyo fin es el consumo humano y la agricultura) se encuentran hoy al 42,4%, según los datos del último informe semanal del Boletín Hidrológico, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El último informe del IPCC, publicado el 20 de abril, alerta sobre la posible evolución del cambio climático, con probables aumentos del nivel del mar, escasez de agua y alimentos para la mitad de la población mundial, al tiempo que, una vez más, subraya la urgencia de emprender acciones más ambiciosas para hacer frente a este reto. Pero los gobiernos autonómicos, sobre todo los gobernados por la derecha y ultraderecha (Andalucía, Región de Murcia y Castilla y León) siguen negando la mayor. Esperemos que la sociedad abra los ojos, y dé la espalda a los que, desde una visión miope, sólo defienden los intereses de unos pocos en detrimento de la mayoría.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/vision-miope_132_10144936.html

UNA JUVENTUD LUCHADORA

Greenpeace alerta de "burbuja" en el sector
energético del carbón de China EFE

En la década de los 70, cuando los que ya tenemos unos años no éramos más que unos niños, imaginábamos el siglo XXI como una época de esplendor, con las enfermedades vencidas por los avances tecnológicos, y en la que los conflictos entre las naciones serían algo del pasado. Soñábamos con países lejanos, que veíamos en la televisión y en los libros ilustrados, como lugares inalcanzables con paisajes vírgenes de ensueño. Recién ocurrida la conquista de la Luna, como culminación de otros hitos, como el ascenso a las montañas más altas y la bajada a las simas marinas más profundas, pensábamos que no podríamos más que mejorar las condiciones en nuestro planeta. Hasta en las artes se respiraba cierto optimismo, reflejándose en músicas de inspiración espacial de sonidos imposibles y alucinatorios.

Mientras tanto, al comienzo de esa década, un grupo de economistas, científicos y ex-políticos, reunidos bajo el nombre del Club de Roma, nos advertían en la obra conjunta 'Los límites del crecimiento' del riesgo de colapso de la civilización por los efectos colaterales del crecimiento económico ilimitado. Justo después ocurrió la primera gran crisis económica, en 1973, a la que siguió el ascenso del neoliberalismo, que se puso en práctica en los años 70 y 80 en los EE.UU. de Reagan, el Reino Unido de Thatcher y en el Chile de Pinochet, entre otros, con la denominada por la periodista Naomi Klein 'doctrina del shock'. Poco a poco, a medida que nos íbamos acercando a este siglo XXI, la juventud nos dábamos cuenta de que ese mundo idealizado estaba aún lejos.

A partir del año 2000, las grandes corporaciones energéticas, tecnológicas y financieras mundiales han ido dictando cada vez más a los gobiernos las políticas que deben poner en práctica con un único objetivo, aumentar exponencialmente sus beneficios, a costa del empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, de la degradación del medio ambiente y de la pérdida de la biodiversidad. Esta circunstancia ha traído consigo, además, el fenómeno más amenazador para el futuro, la crisis climática, verificada con el incremento, año tras año, de la temperatura media del planeta y la mayor frecuencia de fenómenos extremos como olas de calor, olas de frío, inundaciones e incendios, con graves consecuencias para la salud y la economía.

Ahora, cerca de cumplirse el primer cuarto de este siglo, a pesar de las advertencias de científicos y activistas, y tras 27 cumbres del clima auspiciadas por la ONU, no parece que las cosas vayan a mejorar a corto plazo. Como muestra, solo hay que poner sobre la mesa los últimos datos. En el año 2022 se verifica que la Tierra ha vuelto a superar en 1°C la temperatura media preindustrial por octavo año consecutivo, y que el pasado año fue el quinto más cálido a escala global, con temperaturas elevadas nunca vistas en algunas zonas, y el segundo en Europa, que también tuvo su verano más caluroso de la historia. En España, el 2022 ha sido el más cálido desde que se tienen registros, con una temperatura media 0,7ºC por encima de la temperatura de 2020, anterior récord. El Observatorio de Sostenibilidad, en su informe Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España 1990-2022, es tajante: en 2022 las emisiones de gases de invernadero aumentaron un 5,7% respecto al año anterior.

A nivel internacional, las señales no vaticinan nada bueno. El presidente Biden ha pasado de ser abanderado de la lucha contra el cambio climático, recién inaugurada su presidencia, a anunciar el llamado Proyecto Willow, la extracción de 600 millones de barriles de petróleo en los próximos 30 años en una área protegida de Alaska, que producirá cerca de 250 millones de toneladas métricas de CO2 a la atmósfera. Por su parte, China, el segundo país del mundo que más CO2 emite tras EE.UU., ha intensificado la producción de carbón, con la autorización de construir 168 nuevas centrales de térmicas de carbón en 82 emplazamientos distintos, según un reciente informe del CREA (Centre for Research on Energy and Clear Air), con una capacidad de producción de 106 GW, que equivale aproximadamente al 71% de toda la capacidad de Europa (Reino Unido incluido) para producir carbón en un año.

Con este panorama, la juventud actual se enfrenta a un futuro menos halagüeño que hace 40 años, con perspectiva de trabajos precarios, nulo acceso a la vivienda asequible, altas tasas de suicidio y poca capacidad de ser tenidos en cuenta por sus mayores a la hora de tomar decisiones. Así, es difícil soñar con un mundo futuro al que llegar con ilusión. Sin embargo, un amplio sector de la juventud de hoy se rebela claramente contra esta situación, luchando desde organizaciones que reclaman a la generación de sus padres y madres que hagamos algo para asegurarles un futuro digno, como Juventud por el Clima, Extinction Rebellion, asociaciones de jóvenes feministas, y otras. Esta nueva generación lucha también para recuperar esa ilusión que los niños, niñas y jóvenes de hace 30 y 40 años teníamos. No les defraudemos.  

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/juventud-luchadora_132_10048025.html

EL VALOR DE LOS RÍOS

Foto: CHS

A pesar de faltar aún casi 100 días para las elecciones autonómicas y municipales, los partidos políticos ya están inmersos en la campaña electoral, con intervenciones en mítines y declaraciones públicas que se irán acentuando a medida que nos aproximemos al 28 de mayo.

Entre ellos está el PP de la Región de Murcia, con López Miras a la cabeza, cuyo discurso se limita al único tema que le da votos, el tema del agua, con el tono victimista al que nos tiene acostumbrados, calificando de “ataque a los murcianos” el recorte del trasvase Tajo-Segura, a pesar de la disminución de los caudales prevista en los próximos años debida al cambio climático. Pero los datos catastróficos que definen la situación de la Región son obviados por el Gobierno regional, conscientes de que no pueden (o no quieren) ofrecer soluciones que mejoren la vida de los murcianos y murcianas y que su sola mención le restaría votos.

Así, nuestra Región lidera el ranking en abandono escolar temprano, junto a Andalucía. Somos la comunidad con la tasa de mujeres víctimas de violencia de género más alta del país, con 28,5 denunciantes de maltrato por cada 10.000 murcianas. La tasa de pobreza alcanza el 34%, sólo superados por Andalucía y Extremadura. El 40,6% de la infancia de la Región de Murcia está en riesgo de pobreza y exclusión, el tercer porcentaje más alto por comunidades autónomas junto a Extremadura, solo inferior al de Canarias (47,4%) y Andalucía (43%), según la Plataforma de Infancia. La Región de Murcia lidera el consumo de psicofármacos, casi un 50% más que la media nacional. Y así podríamos seguir…

Sin embargo, el Gobierno regional solamente se refiere al tema del agua, con una insistencia tal que ha convencido a mucha gente de que es la solución a todos los problemas de la Región de Murcia, siendo este asunto una de las principales preocupaciones de los encuestados, según la última encuesta del CEMOP, que incluso titula 'El agua en el punto de mira' el barómetro de invierno 2023. Para el 14,8% de los encuestados el agua es el principal problema de la región, por encima de la subida de precios (6,7%), la sanidad (6,6%) o la situación del Mar Menor (4,4%). Es curioso que, en el otoño de 2021, el Mar Menor era la máxima preocupación para el 22,5% de los murcianos y murcianas, mientras que el agua sólo preocupaba al 3,3%.

Por su parte, la ultraderecha, la versión acentuada del PP, y posible socio de los populares en un hipotético gobierno, afirmó en el reciente mitin celebrado en Murcia que el agua debe llegar “como sea, con trasvases, embalses e interconexión entre cuencas”. Tanto el PP como Vox vuelven a caer en el mismo error, el de considerar a los ríos como meras tuberías, y a los ecosistemas fluviales como sistemas al servicio de las empresas, aunque ello suponga su muerte, tal y como está sucediendo con el Mar Menor.

Mientras que el Gobierno regional insiste en ignorar la situación de los ríos españoles, agravada por el paulatino aumento de la temperatura media del planeta, otras organizaciones luchan por recuperar los espacios fluviales, como el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) cuyo fin es el de revertir la actual tendencia de degradación a la que se están viendo sometidos estos ecosistemas. denunciando el actual modelo de gestión del agua que pone en el «mercado» la práctica totalidad de los caudales que circulan por los ríos, desecando sus cauces y generando graves daños en los ecosistemas. Además, desde la UE se ha realizado el proyecto AMBER (Adaptive Management of Barriers in European Rivers), un catálogo de las barreras artificiales (presas, azudes, embalses, canales) que segmentan los ríos europeos, afectando a la biodiversidad y al correcto funcionamiento de los ecosistemas fluviales. Complementando esta iniciativa, se han creado los llamados #Dambusters (caza-presas), colectivo que pretende eliminar, en conjunción con las Confederaciones Hidrográficas, esas barreras, para acercar lo más posible los ríos a su estado inicial.

El Gobierno regional va en dirección opuesta a las directrices de la Unión Europea, marcadas por la Directiva Marco Europea del Agua, cuyos objetivos son la protección y mejora de las masas de agua superficiales y subterráneas y de sus ecosistemas asociados, la reducción progresiva de la contaminación, el garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado y el paliar los efectos de sequías e inundaciones. Concebir los ríos como simples tuberías sin vida destinados a miles de hectáreas de regadío es hipotecar nuestro futuro y atentar contra el bien común que constituyen los ecosistemas fluviales.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/rios_132_9966982.html

UNA HUIDA HACIA DELANTE

El pasado 11 de enero se llevó a cabo una manifestación en Madrid, convocada por los regantes del Levante, para protestar por la subida del caudal ecológico del Tajo que, según ellos, perjudicará a su actividad económica, la agricultura intensiva, al suponer una merma en los caudales del trasvase Tajo-Segura. A esta convocatoria, a la que asistieron 12.000 personas, según la organización, y 4.000, según la policía local, en la sempiterna guerra de cifras a la que asistimos cada vez que se realiza una manifestación, acudieron políticos de uno y otro signo, desde el alcalde socialista de Murcia, Jose Antonio Serrano, la consellera de Agricultura y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Isaura Navarro y el diputado de Compromís Joan Baldoví, hasta el jefe de filas de la ultraderecha, Abascal, pasando por el presidente de la CARM, López Miras, más preocupados todos ellos en no perder los votos que están en juego en las próximas elecciones de mayo que en afrontar con seriedad el problema del agua al que nos enfrentamos y que afecta ya al modelo económico imperante.

Precisamente, de lo que se trata es de tener una visión a medio y largo plazo de las condiciones hídricas que tendremos en los próximos años, y que gran parte del espectro político parece ignorar, aunque esto varía según el territorio del que se trate, pues el discurso es diferente si el partido en cuestión, ya sea el PSOE o el PP, tiene su ámbito de actuación en la cuenca cedente o la cuenca receptora del agua. Sólo hay que comprobar lo que Núñez Feijóo declaró a comienzos del mes de noviembre pasado en Castilla-La Mancha, admitiendo que la cuenca cedente, la del Tajo, tiene “que tener prioridades para el agua” y que hay que “disminuir los consumos de agua allá donde reciben agua de otras cuencas”, en clara alusión a la cuenca del Segura, mientras que López Miras exige que no se recorte el trasvase.

Pero lo que unos y otros no tienen en cuenta es la situación de emergencia climática a la que nos enfrentamos, que ningún plan ni ley consigue paliar ni frenar. Así, un informe de la AEMET advierte de que en 2022 se recogieron un 16% menos de precipitaciones que el año anterior, siendo el sexto más seco desde el año 1961, además de que este otoño ha sido el tercero menos lluvioso del siglo XXI, hablándose de riesgo de una sequía de larga duración, por lo que no parece que las condiciones hidrológicas vayan a mejorar en los años sucesivos, sino todo lo contrario.

Ya en 2003, en la época del proyecto de trasvase del Ebro a través del Plan Hidrológico Nacional (PHN) del gobierno de Aznar, expertos de EE.UU., México e Israel rechazaron en el Parlamento Europeo la viabilidad del PHN español, advirtiendo de que la política trasvasista ha fracasado en los países donde se llevaron a cabo. Toda una serie de estudios científicos y tesis doctorales coinciden en que un trasvase como el del Ebro sería difícilmente aceptable hoy día, desde el punto de vista científico, ambiental y económico. En cuanto al trasvase Tajo-Segura, los estudios certifican que la evaporación media anual del Tajo es muy superior a la precipitación media anual. Por tanto, las aportaciones o escorrentías que se producen con estas precipitaciones también son reducidas, todo ello agravado por el cambio climático. Lo del caudal ecológico, a diferencia de lo que afirma López Miras, no es una “decisión politica”, sino una exigencia de la Ley de Aguas de 2001, cuyo artículo 59 afirma que “se aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones”, sobre otros usos como el agrario o industrial, además del propio mantenimiento del ecosistema.

Tal vez se conseguiría la supervivencia del campo, si en vez de atender a las exigencias del 'lobby' agroindustrial e ignorar las advertencias del colectivo científico, el gobierno regional -presente o futuro- se anticipara a la situación de emergencia climática y la más que previsible escasez de agua diseñando un modelo económico adaptado a esa situación a medio plazo y evitando la sobreexplotación que ponga en peligro los ecosistemas asociados y permita la atención sostenible de los usos mediante una transición ecológica y justa de la agricultura. Sin embargo, la clase política regional, además de acusar de ser 'antimurciano' a todo aquel o aquella que ponga en duda la viabilidad de los trasvases, está empeñada en su huida hacia adelante, en una visión cortoplacista, reeditando el famoso eslogan de 'Agua para todos', y dejando para las generaciones futuras la resolución del problema. 

Articulo publicado en eldiario.es:

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