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martes, 22 de enero de 2019

AEROPUERTO Y TURISMO SOSTENIBLE

Están los representantes del PP, del PSOE  y los empresarios de la región que no caben en sí de gozo con la apertura del aeropuerto de Corvera, bautizado como Juan de la Cierva, pionero patrio de la aviación civil (bastante cuestionado, por cierto, por su filiación franquista que podría vulnerar la Ley de Memoria Histórica), obviando que ya contábamos con un aeropuerto, el de San Javier, que cerró el año 2018 con más de 1,2 millones de pasajeros, un 6,4% más que el año anterior. Actúan como si en la Región de Murcia no hubiera existido anteriormente un lugar donde aterrizaran los británicos en busca de sol y playa hasta que el rey Felipe VI descorrió la cortina de la placa conmemorativa que quedará en las instalaciones aeroportuarias recién inauguradas, aunque no apareciera su nombre grabado en ella.
Llevados por la euforia, y como viene siendo habitual entre los dirigentes del PP, nos prometen toda clase de beneficios y riquezas con la apertura del aeropuerto, como si su traslado a sólo 40 kilómetros de San Javier, con el traslado forzoso de sus trabajadores incluido, fuera a suponer una lluvia de millones y la llegada de riadas de turistas deseosos de disfrutar del caldero, las playas y la sangría. Ya en 2011, cuando el aeropuerto estaba en plenas obras, se nos decía que el tráfico aéreo traería 2 millones de pasajeros en 2012 y 5 millones en 2022, en un ejercicio de economía ficción a la que tan aficionados son a la hora de justificar cualquier obra faraónica que se pretenda construir en la Región (sólo hay que recordar las cifras astronómicas que se manejaban a cuenta de los proyectos afortunadamente fallidos, por el alto impacto que habrían ejercido sobre los espacios donde se querían instalar, como el parque Paramount, Marina de Cope o, más recientemente, el macropuerto de El Gorguel).
Nada más inaugurarse las instalaciones aeroportuarias se nos intenta vender la moto de la creación de empleo, con el anuncio de la generación de 5.600 puestos de trabajo sólo en el primer año, así como la llegada de 800.000 turistas más. Pero claro, todo eso estará supeditado a la construcción de infraestructuras (hoteles, centros comerciales, locales comerciales) que incide en reafirmar un modelo turístico insostenible desde el punto de vista ambiental. No parece que gobierno regional tenga como objetivo conseguir un turismo sostenible en la Región de Murcia, entendido como aquel que es compatible con la correcta conservación de los espacios naturales. A pocos días de la celebración de la Feria Internacional de Turismo FITUR, el lema que parece que guía a los responsables de la política turística de la Región es "cuantos más, mejor", con la intención de que 6 millones de turistas nos visiten en este año 2019, aumentando en 300.000 el número de turistas con respecto a 2018.
Pero si no se hace una previsión de la Capacidad de Carga Turística (CCT), definida como el máximo nivel de personas que un espacio físico puede soportar antes de que el recurso ambiental se comience a deteriorar, se corre el riesgo de matar a la gallina de los huevos de oro, como ya se está verificando en destinos como las islas Baleares o Barcelona. La Región de Murcia cuenta con auténticas joyas ambientales, como los parques naturales de Calblanque, Sierra Espuña, Salinas de San Pedro del Pinatar, por citar unos cuantos. Aún podemos disfrutar de lugares no masificados, y el fenómeno de la "turismofobia" aún no ha llegado a estas tierras. Si sólo se busca el beneficio inmediato, el rendimiento económico ligado a grandes infraestructuras, y no se realiza una planificación adecuada para evitar o, al menos, minimizar el impacto social y ambiental de esa supuesta llegada masiva de turistas a la que el gobierno regional aspira, nos podemos encontrar en pocos años con una situación indeseable de turismo masivo.
El aumento del turismo en poco tiempo se relaciona con la reducción drástica de los salarios de los empleados del sector, un aumento de la carga de trabajo y de la economía sumergida, conflictos entre la población local y los turistas. Se calcula que cada millón de turistas que recibe España consume y genera 11 millones de litros de combustible, 300 millones de litros de agua, 2 millones de kilos de alimento, 25 millones de kilos de CO2 y toneladas de residuos, que ensucian playas y valiosos ecosistemas marinos y terrestres. ¿Es eso lo que queremos? Se hace necesaria una reflexión sobre el modelo turístico que debe aplicarse en la Región de Murcia, primando la calidad sobre la cantidad. Aún estamos a tiempo.
Artículo publicado hoy en eldiario.es:

lunes, 30 de diciembre de 2013

UN BALANCE DE 2013

Hoy es el día de hacer balance del año 2013 que estamos a punto de dejar atrás. En este caso, el balance es diametralmente contrario a lo que el presidente del Gobierno nos ha vendido, en una operación de marketing perfectamente preparada por sus asesores. Este segundo año de la legislatura nos ha hundido aún más en las consecuencias de la crisis, con cientos de miles de parados más que en 2012, cientos de familias que siguen siendo desahuciadas semanalmente, con el éxodo de miles de jóvenes que intentan buscarse la vida, con la bajada real de los salarios y de las pensiones y el aumento escandaloso de la brecha entre ricos y pobres, aumentando en un 13% el número de millonarios en España, superando los 400.000, mientras que tres millones de españoles viven en situación de pobreza severa, es decir, con menos de 307 euros al mes.

La presión del lobby de la energía en España, representado por la patronal UNESA, ha provocado que el coste de la energía eléctrica se haya incrementado en un 8% en 2013. Si nos remontamos a 2002, el aumento de la factura eléctrica para el consumidor en estos 11 años ha sido del 104%, nada menos. España tiene el tercer precio más caro de la UE, sólo superado por Chipre e Irlanda. Este año ha sido también el año en que en España se ha abierto la veda para la explotación del subsuelo a la búsqueda de gas, a través del método del fracking, lo que ha provocado que en muchas regiones se formaran plataformas en contra de este procedimiento causante de un impacto brutal sobre el medio ambiente.

Desde el punto de vista de los servicios públicos, continúa el ataque a la Sanidad y la Educación, con el intento de privatización de los servicios sanitarios (eufemísticamente denominada externalización), afortunadamente paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la aprobación de la LOMCE, que entra hoy en vigor. Este año, casi 600.000 estudiantes han perdido su beca para comprar libros, y 64.000 escolares deben estudiar en barracones. La introducción de la nueva ley del aborto, curiosamente llamada Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, incluyendo en su denominación toda una declaración de intenciones de corte nacional-católica, y en la que se excluye, precisamente, a la mujer embarazada de prácticamente cualquier poder de decisión, nos retrotrae a los años ochenta. A pesar de haber sido criticada por los demás países, como Francia, en boca de su ministra de los Derechos de la Mujer, el gobierno de Rajoy insiste en seguir siendo la "reserva espiritual de Occidente".

Hablando de economía, la deuda pública se aproxima peligrosamente al 100% del PIB, es decir, al billón de euros, creciendo continuamente, a pesar de los recortes.  A ello ha contribuido la aportación de 41.000 millones de euros a la banca. Los ingresos han bajado, debido principalmente al descenso de la actividad económica y a la renuncia del ejecutivo a luchar contra el fraude fiscal y la evasión de capitales, además de no incidir la presión fiscal en los que más tienen, sino en la población en general, sobre todo con al aumento del IVA, que no ha producido el efecto esperado. Aunque el crecimiento económico del país ha experimentado un leve incremento, los que creemos que la vía crecentista no es el camino para la recuperación, porque significa ahondar en las diferencias socio-económicas y en la degradación del medio ambiente, instamos a que se adopten otros indicadores de prosperidad. Como ejemplo, hay que decir que según el IDH (Índice de Desarrollo Humano), España sigue situado en el puesto 23 sobre un total de 144 países (cuando según el PIB estamos en el puesto 16). 

En relación al Índice de Felicidad, elaborado por la New Economics Foundation (NEF), encontramos varios datos esclarecedores: el índice de España es de 44,1, descendiendo al puesto 62 de un total de 151 países. Este índice resulta de la combinación de varios factores, como son el bienestar experimentado (con un índice de 6,2 sobre 10, en el puesto 42), la esperanza de vida (81,4 años) y la huella ecológica (aquí salimos malparados, ya que necesitamos 4,74 hectáreas por habitante, siendo 1,8 has. el máximo para que nuestra presencia en el planeta sea sostenible). Debido a esto, nuestra posición en el ranking de impacto de nuestro país en el planeta desciende a un vergonzante 123º puesto.

Desde el punto de vista ambiental, la aprobación de la Ley de Costas sitúa a España en una situación anterior a 1988, con la reducción de la zona de servidumbre a 20 metros frente a los 100 metros que contemplaba la anterior ley, y supone la vía abierta para seguir "enladrillando" el litoral. Además, hemos asistido a la impunidad de los causantes de la catástrofe del Prestige, la penalización del autoconsumo energético, un nuevo fracaso de la Cumbre del Clima celebrado en Varsovia, y la citada multiplicación de los proyectos de fracking en nuestro país, apoyados por el gobierno. Las emisiones totales de CO2 también han aumentado un 8,23% respecto a 2012 situándose en los 5.471.717 toneladas de CO2, debido principalmente al aumento del uso del carbón, por la disminución de la energía proveniente de las fuentes renovables, víctima de los ataques  por parte del gobierno a esas fuentes de energía.

Una de las obsesiones del gobierno Rajoy ha sido en este año evitar a toda costa las protestas callejeras, criminalizando las manifestaciones, postura que ha tenido su cénit con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que impone multas desproporcionadas a quienes se manifiesten en las inmediaciones del Congreso o se reúnan sin comunicarlo previamente a las autoridades, supuestos que recuerdan aquella frase de "la calle es mía". La actuación de la policía en estas manifestaciones ha sido objeto de crítica por parte de organizaciones como Amnistía Internacional

En el apartado de las infraestructuras, ha sido el año en el que se confirma la ineptitud de los gobernantes, pues la mayoría de las apuestas en aeropuertos y autopistas hechas por las empresas privadas, pero avaladas por el gobierno central y los diversos gobiernos autonómicos se han aseverado como auténticos fracasos. Véanse si no los aeropuertos de Ciudad Real, que no recibe oferta alguna por parte de empresas privadas tras haber costado más de 1.000 millones de euros, o el de Corvera (Murcia), para el que el gobierno de Valcárcel ha tenido que solicitar un crédito de 200 millones de euros para hacer frente al aval concedido por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además, prosigue la inversión de miles de millones de euros en el AVE, medio de transporte de poca demanda social por el elevado precio de sus billetes, además de alto impacto ambiental y poca rentabilidad. 

En cuanto a una de las lacras de nuestro país, la corrupción, comprobamos que es una cuestión pendiente en España, y que prácticamente ningún partido se libra de caer en sus redes. Desde las grandes tramas corruptas, que incluyen financiación ilegal de partidos políticos, como la trama Gürtel, pasando por la condonación de deudas a los partidos políticos por parte de los bancos, hasta las corruptelas en pequeños municipios, casi todos los partidos tienen asuntos de los que avergonzarse. La situación de quiebra técnica de los principales partidos pone de manifiesto que algo falla en el sistema de financiación y en los mecanismos de control.

La cultura ha sido otra de las damnificadas de las medidas del gobierno de Rajoy. El aumento del IVA ha sido la puntilla para la casi inexistente industria cultural española, y en 2013 hemos asistido al hecho de que ha disminuido el número de asistentes a los cines y teatros, disminuyó asimismo la venta de libros y la asistencia a conciertos y museos. Todo ello mientras el ministro Wert reclamaba en 2012 que "los músicos deben cobrar menos por sus actuaciones". De aquellos barros estos lodos. 

Si hablamos de lo puramente político, creo que hay que destacar los procedimientos poco democráticos de partidos como PP y PSOE, que acuden a la designación "a dedo" de los "sucesores" a los cargos institucionales que deberían ser elegidos por cauces democráticos, es decir, por toda la ciudadanía. Me refiero a la designación de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía y al aún incierto sucesor de Valcárcel como presidente de la Región de Murcia. En ambos casos pesa más la cercanía al poder que la opinión que pueda tener la sociedad sobre la idoneidad de las personas para ocupar tales cargos. En ambos casos se trata de personas de las cuales no se conoce empleo diferente al de cargos relacionados con sus respectivos partidos. En la otra cara de la moneda, destacaría la pionera iniciativa de EQUO de organizar unas elecciones primarias para elegir los cabezas de lista, tanto hombres como mujeres, en las que pueden participar tanto afiliados como simpatizantes y, como novedad en nuestro país, cualquier persona mayor de 16 años, aunque no tenga relación con el partido.

Este ha sido, para mi, el balance del año que estamos a punto de abandonar. Como se ve, este gobierno no sale bien parado. Esperemos que el 2014 suponga, por un lado, que esa "mayoría silenciosa", a la que Rajoy tan aficionado es a nombrar, despierte, y que la ciudadanía reaccione a ese ataque que, semanalmente desde hace dos años, estamos sufriendo. 

A pesar de todo, ¡FELIZ AÑO 2014!




jueves, 19 de diciembre de 2013

SEGUIMOS INDIGNADOS

En este final de año se acumulan las razones para elevar la indignación a la máxima potencia. Acabamos de saber que la última subasta eléctrica ha provocado que el coste de la electricidad para las familias y las empresas va a subir un 11% a partir del próximo enero, el mayor aumento experimentado en la historia reciente de España, a pesar de que el ministro Soria afirmara a la prensa hace unos días, bajo la mirada adornada de una sonrisa condescendiente del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que no subiría más allá del 2%. Paralelamente a esta noticia, nos enteramos que el 33% de las personas mayores pasa el invierno sin calefacción, que el 51% de ese colectivo vive en el umbral de la pobreza y que el 12,7% no llega a fin de mes, poniéndose de relieve la pobreza energética, una nueva forma de precariedad que se suma a las ya existentes.

El gobierno y las compañías eléctricas se han aliado para llevar a las población española a los mayores índices de pobreza que conocemos desde la posguerra, mientras las grandes empresas y los bancos continúan aumentando sus beneficios. En relación a esto, hoy leemos en la prensa que la banca española ha ganado un 98% más en los nueve primeros meses del año, con respecto al mismo periodo de 2012. Todo ello mientras el banco Novacaixagalicia es comprado por el banco venezolano Banesco por 1.000 millones de euros, tras haberle sido inyectados 9.000 millones por parte del Estado, suponiendo unas pérdidas, por tanto, de 8.000 millones para nuestros bolsillos. Como negociantes, el gobierno ha demostrado ser un auténtico desastre.

A nivel regional, la cosa no es mucho más halagüeña. Cinco días después del acto-paripé organizado por el PP murciano a mayor gloria del ínclito Valcárcel, como despedida para "celebrar" su gestión de 18 años, con la presencia de Rajoy y tras el que fueron detenidos dos manifestantes por el solo hecho de mostrarse en contra del citado acto, nos desayunamos hoy con la noticia de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cargará con un préstamo de 182 millones de euros para hacer frente a la deuda contraída por las empresas concesionarias del fallido aeropuerto de Corvera, préstamo que aumentará el déficit de las ya mermadas cuentas autonómicas. 

El triunfalismo de los gobiernos del PP, tanto central como autonómico, anunciando el final de la crisis (sic) no pueden borrar de un plumazo, aunque se repita hasta la saciedad, la situación real de la ciudadanía. Un informe de Cáritas en la región de Murcia pone de manifiesto que 114.000 personas sin recursos han hecho uso de sus servicios, calificando de "espeluznante" la cifra de murcianos atendidos.

Mientras las condiciones de vida de los españoles van en declive, las grandes empresas del IBEX 35 aumentan sus beneficios, a costa en gran medida de las condiciones cada vez más duras para los trabajadores y trabajadoras, condiciones que la OCDE pide sean aún más exigentes, con el abaratamiento de los despidos y la disminución de la capacidad de los jueces de rechazar los EREs. Con este gobierno vamos abocados al empobrecimiento mayoritario de la sociedad, puestos a merced de los poderes económicos quienes, para seguir con su posición dominante, no dudan en poner más difícil la vida a los sectores más vulnerables de la ciudadanía, extendiendo la precariedad y la pobreza. Con el agravante de la reciente Ley de Seguridad Ciudadanía en la que, entre las medidas que contempla, se incluyen artículos que pretenden amordazar la protesta ciudadana, sancionando supuestos como las reuniones y concentraciones no comunicadas, ofensas y ultrajes a España (que rezuma un poso franquista), escalar edificios (en clara alusión a los actos de Greenpeace, tras su acto de Madrid) o la colocación de tiendas de campaña en la vía pública, para evitar un nuevo 15-M.

Esperemos que los votantes del Partido Popular se percaten en masa de que este partido no trabaja por el interés general, sino por y para la oligocracia económica, bancos, compañías eléctricas, con el objetivo de que éstos consigan mejorar sus cifras de negocios, aunque sea a costa de pisotear los derechos que tantos años ha costado alcanzar.




viernes, 17 de mayo de 2013

VALCÁRCEL O EL CUENTO DE LA LECHERA

Al inquilino del Palacio de San Esteban, el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se le acaban las ideas. La realidad está haciendo añicos el cuento de hadas que, desde principios de siglo, Valcárcel y los suyos han ido contando a la sociedad murciana, desde los ya lejanos días del "Agua para todos" hasta hoy.

El gobierno regional, a falta de haber tejido una red económica basada en sectores sostenibles de futuro, se ha ido agarrando como a un clavo ardiendo a sucesivos proyectos que han demostrado su inviabilidad económica, su inutilidad social y su perjuicio ambiental. Empezaron en 2003, cuando el 2 de marzo de ese año, organizaron, junto al PP valenciano, una gran manifestación en la ciudad del Turia para exigir el trasvase del Ebro, incluido en el Plan Hidrológico Nacional del gobierno Aznar. Esa manifestación, financiada con dinero público, congregó a cientos de miles de manifestantes de las Comunidades de Valencia y Murcia. La campaña incluía vergonzantes anuncios institucionales, pagados por todos, con una clara y burda manipulación mediática. La derogación del PHN, por parte del gobierno Zapatero en 2004, hizo que se redoblaran los esfuerzos del gobierno de Valcárcel en utilizar el argumento de la falta de agua y, mediante el uso del victimismo, manipular a cientos de miles de murcian@s, llegando a insultar gravemente a la entonces ministra Narbona a la salida de una mesa redonda en 2005, a unos niveles mucho más elevados que los actuales escraches. Entonces, el PP incluso pidió que Narbona "pidiera perdón". El uso del "Agua para todos" tuvo su fin en 2012, simbolizado por la retirada de la desvencijada pancarta que adornaba la fachada del ayuntamiento de Murcia, cuando ya Rajoy subió al poder, ya que no tenía sentido para Valcárcel enfrentarse a su jefe.

El siguiente episodio del empecinamiento del gobierno regional en basar la economía exclusivamente en "proyectos estratégicos" ocurrió en 2004, con el proyecto de urbanización de Marina de Cope. Para preparar el terreno, el gobierno de Valcárcel modificó en 2005 la Ley del Suelo Regional de 2001, permitiendo construir en zonas protegidas, como es en este caso el Parque Regional de Cabo Cope-Puntas de Calnegre. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional echó para atrás esa modificación en 2012, paralizando el proyecto. 

En 2008 se inauguraron las obras del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, iniciativa privada avalada con 200 millones de euros por la Comunidad Autónoma que, como es sabido, continúa su via crucis particular, al negarse el gobierno regional a financiar con 6 millones de euros al consorcio Aeromur, concesionaria de la gestión del aeropuerto. La inviabilidad económica del proyecto y la cercanía de los aeropuertos de San Javier y Alicante hacen que penda sobre nuestras cabezas, como espada de Damocles, la ejecución del aval que el gobierno regional, ingenuamente, concedió a este consorcio. Hace ya más de dos años, advertía en una entrada anterior de lo absurdo de este proyecto. El aeropuerto de Corvera será una más de las infraestructuras fantasma surgidas con el boom inmobiliario, a pesar de la insistencia del gobierno en su viabilidad. 

En 2010, ya en plena crisis económica, ven la luz otros dos mega-proyectos urbanísticos defendidos a capa y espada por el gobierno regional. Se trata del puerto de contenedores en la playa de El Gorguel, en Cartagena, y el parque Paramount, en Alhama de Murcia. Ambos proyectos se apoyan en las eternas promesas de creación de empleo, desarrollo económico y afluencia de visitantes con las que pretenden seguir engañando a la sociedad murciana. En el caso del puerto del Gorguel, la CROEM señala una serie de supuestos beneficios económicos, sin ninguna base, sólo apoyados por cifras macroeconómicas de dudosa verosimilitud. A esta visión economicista de la cuestión habría que contraponer las opiniones de eminentes científicos que denuncian los efectos claramente perjudiciales de dicha obra. 

El caso del Parque Paramount es otro exponente más de la versión murciana del cuento de la lechera. Vinculado a la construcción del aeropuerto de Corvera, el proyecto de parque temático promete la visita de millones de turistas, según la megalomaníaca visión a la que el consejero Cruz nos tiene acostumbrados, con cifras que llegan ¡hasta los 200 millones de visitantes! (sic). A pesar de la evidencia del fracaso de este tipo de negocio en otras comunidades autónomas (véase Terra Mítica en Benidorm, Isla Mágica en Sevilla o Parque Warner en Madrid), el gobierno regional continúa apostando por este modelo en declive. El ayuntamiento de Alhama de Murcia, con los únicos votos a favor del PP, aprobó el Plan Especial del Parque, que incluye el uso de terrenos incluidos en el Parque Regional de Carrascoy-el Valle. 

El último proyecto "estrella" que tiene el apoyo explícito del gobierno regional en los últimos meses es la prospección de gas mediante la técnica de la fractura hidráulica (más conocido como fracking) en el noroeste de la región. Defendida por el diputado regional del PP Juan Guillamón, que mantiene que "prohibir el fracking sería cerrar la puerta al futuro económico", es la enésima apuesta a un solo número. Ahora ven en esta técnica peligrosa para los acuíferos y el medio ambiente la panacea, cuando hace poco más de un año ni siquiera se había oído hablar de ella por estos lares. Estas prospecciones han encontrado en la población local un fuerte rechazo, habiéndose creado recientemente la Plataforma "Cuenca del Segura Libre de Fracking" para luchar contra este tipo de explotación de los recursos naturales muy agresiva para el medio. 

El uso victimista de agua, el aeropuerto sin aviones, el Parque Paramount, la urbanización de Marina de Cope, el fracking, son cortinas de humo que ponen en evidencia la falta de ideas del gobierno regional, el fracaso verificado de un modelo que Valcárcel insiste en explotar, de forma suicida, sin ofrecer otras alternativas de futuro. Todo es un gigantesco bluff que le ha dado al PP réditos electorales, con sus sucesivas mayorías absolutas, pero que, a la hora de la verdad, sólo han traído como consecuencia un desempleo galopante, el beneficio de unos pocos y agresiones al medio ambiente. Esperemos que la población de la región despierte de este sueño al que han sido sumidos por el gobierno regional durante ya demasiado tiempo. 


No anheles impaciente el bien futuro; mira que ni el presente está seguro

(Moraleja del Cuento de la lechera de Samaniego)

lunes, 21 de febrero de 2011

A VUELTAS CON EL AEROPUERTO



El gobierno de la Región está empeñado en seguir con el modelo económico y turístico que nos ha llevado a la situación actual. España tiene una de las redes aeroportuarias más densas de Europa, con multitud de pequeños aeropuertos en poblaciones como Ciudad Real, León, Gerona, Huesca, Guadalajara, Valladolid, Vigo... Muchos de estos aeropuertos son deficitarios, como el de Ciudad Real, que aplicará un Expediente de Regulación de Empleo a 79 de sus 86 trabajadores (1), o el de Huesca, que sólo ha transportado a 197 pasajeros, a pesar de haber invertido el gobierno aragonés tres millones de euros en cuatro años, y arrastrar un déficit de 115.000 euros (2).

La sobreestimación del tráfico aéreo previsto es una técnica clásica para crear un ambiente favorable a la construcción del aeropuerto. Se prevé un tráfico de 2 millones de operaciones en 2012 y de ¡más de 5 millones de pasajeros en 2022!  en el aeropuerto de Corvera (3). ¿Qué cálculos hacen para obtener esos resultados tan optimistas, máxime cuando seguramente el precio del barril de petróleo se encarecerá hasta alcanzar los 300 dólares en 2020, repercutiendo sin duda en el precio de los billetes y en la frecuencia de los vuelos? (4).

En el caso de Murcia, aunque es de capital privado (participado por las empresas Sacyr, Cajamurcia, CAM, Grupo Fuertes, Cementos La Cruz, Grupo Monthisa e Inocsa), el aeropuerto de Corvera está avalado por el gobierno regional por un importe de 200 millones de euros, lo que significa que si las empresas concesionarias no pueden hacer frente a los préstamos, es del bolsillo del contribuyente murciano del que saldrán los fondos para sufragar tal gasto.

Además de los riesgos económicos que planean sobre tal obra, la construcción del nuevo aeropuerto en las inmediaciones de Murcia supone consecuencias negativas desde el punto de vista ambiental: Modificación del uso del suelo, contaminación acústica y atmosférica en el entorno, aumento de las vías de transporte (como la pretensión de que el AVE atraviese el Puerto de la Cadena (5), con el gran impacto ambiental que esto supondría), alteración del microclima local, etc.

A esto hay que sumar la ya consabida situación de contar con dos aeropuertos en las inmediaciones: El Aeropuerto de San Javier, a 25 minutos de Cartagena y el Aeropuerto Internacional de Alicante, recién ampliado, a 50 minutos de Murcia. Asombra el afán de nuestros gobernantes por tener un aeropuerto a las puertas de casa, a no ser que sea por vincularlo al futuro Parque Paramount, y sus ¡4 millones y medio de visitantes! (6).

Cuando la Federación de Aviación y Ambiente (AEF) sugiere sustituir los vuelos nacionales en la UE por transporte ferroviario para disminuir las emisiones de CO2, en España y en Murcia particularmente se insiste en esta política, yendo en contra de la tendencia general.

En definitiva, tanto por razones económicas como por el impacto ambiental que este tipo de infraestructuras suponen al entorno, Los Verdes de La Región de Murcia- Ecolo nos oponemos a este modelo de desarrollo.