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viernes, 24 de julio de 2020

SPAIN IS STILL DIFFERENT

En los años 60, en una España sometida a una férrea dictadura, el entonces ministerio de Información y Turismo, comandado por Manuel Fraga, ideó un eslogan para atraer al turismo internacional -'Spain is different'- para distinguirnos del resto de Europa, esa Europa moderna y democrática, y que los turistas conocieran las bondades del país más pobre del continente, sólo por encima de Portugal.


En 2020 podemos decir que 'España es aún diferente'. En el resto de Europa se está verificando la llamada 'ola verde', con el ascenso de los partidos verdes en Francia, donde recientemente se han hecho con las alcaldías de algunas de las principales ciudades (Lyon, Marsella, Burdeos, Grenoble, Tours, Besançon, Estrasburgo…); en Alemania, donde gobiernan el estado federal más próspero, Baden-Württemberg, desde 2011, y representan el 9% del Parlamento alemán; en Austria, donde gobiernan con los conservadores desde enero, tras conseguir el 14% de los votos; en Holanda, donde en 2017 consiguieron el 9,1% de los votos y pasaron de cuatro a catorce escaños en el Parlamento… En todos los casos, se ha verificado que la opción verde es la mejor manera de frenar el ascenso de la ultraderecha en Europa, y su presencia ha obligado a los gobiernos europeos a dar un giro ecologista a sus políticas.

Sin embargo, España se resiste a seguir la estela de nuestros vecinos europeos, como se ha demostrado en las recientes elecciones autonómicas de Galicia y Euskadi, única ocasión, junto con las elecciones andaluzas de 2018, en las que un partido verde, Equo, se ha presentado en solitario a unos comicios desde aquel lejano 2011, año de la aparición del partido y fecha de las generales del 20N. En todas estas citas electorales, Equo no ha conseguido más del 1,3% de los votos, precisamente en las elecciones vascas, a pesar de haber sido el candidato mejor valorado en el debate electoral televisado por EiTB. ¿Por qué ocurre esto?

En mi opinión, varias son las razones del poco éxito (por ahora) de los partidos verdes en nuestro país. En primer lugar, el predominio de los bloques izquierda-derecha, herederos de la Transición, con el añadido de los aspectos identitarios en las comunidades “históricas” (entrecomillado, porque para mi todas las Comunidades Autónomas tienen historia), donde se contraponen la defensa de los intereses de la clase empresarial frente a los de la clase trabajadora, y donde el medio ambiente no es más que un añadido en sus programas electorales, en vez de ser el centro de las políticas que deben regir todos los aspectos (economía, fiscalidad, aspectos sociales), incluso en aquellos partidos que habían venido para cambiar este país, aunque no han tardado en asimilarse a los partidos tradicionales, pagándolo con su paulatino retroceso elección tras elección.

La existencia de altas tasas de precariedad laboral y pobreza estructural en la sociedad española ha desplazado el debate hacia la búsqueda de soluciones urgentes, a menudo sin percatarse de que esas soluciones deben incluir indefectiblemente el componente ambiental, sobre todo por la amenaza de la emergencia climática que pende como una espada de Damocles sobre nuestro futuro a medio plazo. Otra causa es el hecho de que, desde 2012, no se ha trabajado para conseguir una opción verde autónoma, sino que el partido verde se ha integrado en coaliciones, alianzas y confluencias de todo tipo cuya primera consecuencia ha sido la invisibilidad y el poco conocimiento de la población en general, confundiéndolo a veces con un grupo ecologista, en el mejor de los casos o ignorando su existencia, la mayoría de las veces.

Sin embargo, cada vez es más frecuente la preferencia de la militancia y simpatizantes de los verdes españoles hacia la conformación de una opción independiente de otras fuerzas políticas, libre para enviar sus propios mensajes de calado, basados en la ecología política, y no en la socialdemocracia ni en el liberalismo que no son eficaces para cambiar la realidad, como se demuestra después de 40 años de alternancia en el poder.

También hay que hacer autocrítica. El partido verde en España no consigue aumentar su base social, a pesar del empuje de la juventud con los movimientos Juventud por el Clima y Viernes por el Futuro, tal vez desencantados por la deriva de los partidos políticos, ni atrae a una mayoría de simpatizantes, por un lado por la falta de conocimiento de su existencia y, tal vez, por la aún escasa conciencia ecologista de la mayoría de la población.

La irrupción de Equo en el panorama de las elecciones gallegas y, sobre todo, de las vascas, a pesar de no haber conseguido el ansiado escaño, objetivo que sí ha alcanzado la extrema derecha, debe ser el primer paso para que dejemos de ser la anomalía de Europa y desterremos el dichoso eslogan, porque, desgraciadamente, 'Spain is still different'. La 'ola verde' se resiste a irrumpir en España pero, tarde o temprano, llegará.

Artículo que me publica hoy eldiario.es:


sábado, 23 de noviembre de 2019

ANTICIPÉMONOS AL COLAPSO

Foto: EFE
Que la izquierda española, tras meses de bloqueo mutuo, y después de vernos abocados a unas terceras elecciones en pocos meses, que han dado como resultado, entre otras cosas, el ascenso de la ultraderecha, se ponga de acuerdo en 24 horas, es una buena noticia, siempre y cuando ese breve documento firmado, en el que aparecen 10 puntos a desarrollar, no quede en papel mojado, y que convenzan a la mayoría de la cámara baja para que se llegue a formar Gobierno.
Sin embargo, nada más empezar a leer el documento, aparece la primera declaración de intenciones que entra en contradicción con los postulados de la Ecología Política: “Punto 1.- Consolidar el crecimiento y la creación de empleo”. Es un dogma del sistema actual considerar que el crecimiento económico, definido como capacidad productiva de un país y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto, medido con el Producto Interior Bruto (PIB), es el único medio de progreso de una sociedad. Se repite continuamente en los medios de comunicación, hasta el punto que está grabado en el subconsciente de la mayoría, que lo aceptan como si de la verdad absoluta se tratara.


lunes, 3 de junio de 2019

ESPAÑA DEBE SUBIRSE A LA OLA VERDE

Nuestro país es una anomalía en Europa. En Alemania, Francia o Bélgica, Los Verdes (Die Grünen, Europe Ecologie-Les Verts y Ecolo, respectivamente) obtienen resultados espectaculares en las elecciones europeas, y siguen demostrando ser el mejor cortafuegos a la extrema derecha frente a los partidos de corte más clásico (socialdemócratas, conservadores y la izquierda tradicional). Así, los verdes alemanes se sitúan justo detrás del partido de Merkel, muy por delante de los socialdemócratas; en Francia, EE-LV va en tercer lugar tras la ultraderecha y el macronismo, dándose la circunstancia de que la cuarta parte de la juventud francesa de entre 18 y 35 años ha elegido a la opción verde; en Bélgica obtienen un 21% de los votos, mientras que en otros países europeos los distintos partidos verdes sacan buenos resultados, un 15% en Irlanda y un 12% en el Reino Unido. El conjunto de la familia verde europea ha conseguido el 9,19% de los votos al Parlamento Europeo, con 69 diputados, 17 más que en 2014, situándose como la cuarta fuerza de la eurocámara. Se habla de la "Ola Verde" que recorre Europa, azuzada por las manifestaciones de la juventud europea que, desde hace meses, y liderada por la activista sueca Greta Thurnberg, reclama acciones directas contra el cambio climático.

Sin embargo, en nuestro país la opción verde no acaba de cuajar, a pesar de que los primeros partidos verdes en España vieron la luz en la década de los 80, y de la existencia de EQUO desde 2011, referente del Partido Verde Europeo en España, junto a ICV. Las razones hay que buscarlas, en mi opinión, en primer lugar, en la escasa conciencia ecologista de la sociedad española, tal vez porque España alberga el mayor número de especies de vertebrados y de plantas vasculares de todos los países europeos, registrando la mayor biodiversidad del continente, y aún creemos que la naturaleza no está en tan mal estado como nos lo pintan. Otra razón es la existencia de una cultura política heredada de la Transición, en la que se confrontan dos bloques antagonistas, izquierda y derecha, que tal vez sea insuficiente para responder a los retos y la complejidad que nos plantea el siglo XXI, principalmente como resultado del cambio climático. La prueba es que en el resto de Europa, esos bloques tradicionales o clásicos están en franco retroceso. La izquierda francesa atraviesa una crisis sin precedentes, habiendo obtenido solamente el 6% de los votos, mientras que los "republicanos" derechistas se quedan con poco más del 8%. En Alemania, el SPD se queda en el 15% mientras que Die Linke (los antiguos comunistas) apenas superan el 5%.
Los partidos verdes españoles se han caracterizado desde su fundación por aliarse con otros partidos del espectro de la izquierda, ya sea el PSOE, ya sea IU o, más recientemente, con Podemos, conscientes de su poca implantación social y esa escasa concienciación ecologista de la sociedad. En todo este tiempo se han perdido años preciosos, en mi opinión, para conseguir el apoyo social al que todo partido debe aspirar para tener éxito, apostando por el contrario por la estrategia de conseguir una mínima representación institucional que pueda colar las ideas ecologistas, aunque sea en un entorno político a menudo contrario a esas ideas. Pero no valen proyectos personalistas, con "lideres" mesiánicos que dicen representar a todo un movimiento, pero que, en realidad, se representan a sí mismos y lo único que pretenden es perpetuarse en esto de la política, a toda costa, aunque signifique el fin del partido. Al contrario, es necesaria la existencia de un partido verde fuerte e independiente que represente los postulados de la ecología política, que cuente con una base social suficiente como para caminar libre de ataduras.
En 2010, el aún eurodiputado de EQUO Florent Marcellesi, en su ensayo "Ecología política: génesis, teoría y praxis de la ideología verde" definía a esta ideología como   antiproductivista, proponiendo "una visión global de la sociedad, de su futuro, de las relaciones entre seres humanos, de las relaciones entre éstos y su entorno natural y de las actividades productivas humanas", más allá del mero ambientalismo al que algunos quieren limitarla. La ecología política tiene todo un conjunto de propuestas que son diferentes a los demás partidos al uso, ya que, al contrario de otras opciones políticas, tiene en cuenta los límites biofísicos del planeta, y esa premisa afecta a todos los ámbitos, desde el modelo productivo, la economía y los servicios públicos, hasta las relaciones interpersonales y la distribución del tiempo del trabajo, entre otros. España debe subirse a la "ola verde" que recorre Europa, y debe hacerlo no sólo por medio de las manifestaciones de los jóvenes en las calles, sino que se tiene que traducir en un activismo político que siente las bases de un partido verde fuerte y autónomo que dé respuesta a los retos del siglo XXI.
Articulo publicado hoy en eldiario.es:

miércoles, 28 de marzo de 2018

CUESTIONEMOS LA VERSIÓN OFICIAL SOBRE CATALUÑA

Empecemos aclarando un extremo. Cataluña no está aún en condiciones de declarar la independencia, visto que hay una fractura clara en este aspecto en la sociedad catalana, con las dos mitades enfrentadas por este tema, y la manera con la que los que desean la independencia han actuado no ha sido la más correcta. Pero parece que todo vale para desacreditar a la sociedad catalana desde los sectores más reaccionarios, desde criminalizar a los representantes de la mitad independentista del electorado, hasta utilizar la economía como argumento para desestabilizar la situación, aunque sea de modo falaz, en mi opinión. Me explico.
“Donde más es reprobable la acción del Estado en Cataluña es en el ámbito de los derechos civiles: toda Europa se pregunta si España se está convirtiendo en un país donde se conculcan las libertades y el respeto a los derechos humanos”
Las razones económicas que se suelen esgrimir desde el Gobierno, y que repiten los tertulianos televisivos a sueldo del poder establecido, para justificar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y el encarcelamiento de la cúpula de los independentistas catalanes, en una interpretación extrema del Código Penal por parte del juez Llarena, pasan por decir que “hay fuga de empresas”, que el PIB ha descendido, que hay riesgo para el empleo, que se verifica un frenazo en el consumo y otras previsiones catastrofistas. Incluso, en un uso torticero de la realidad, el Gobierno rebaja sus previsiones de crecimiento económico, para crear una sensación de inestabilidad y meter el miedo en el cuerpo a la sociedad catalana.
Pero, desde el punto de vista de la ecología política, esos argumentos son difícilmente defendibles. El crecimiento económico, expresado a través del aumento del PIB, es un pobre reflejo de la realidad, ya que sólo mide los intercambios monetarios, el valor de mercado de los bienes y servicios de un país o región, sin tener en cuenta las implicaciones sobre la calidad de vida de las personas, a menudo de forma negativa, como la degradación de las condiciones laborales necesarias para el mantenimiento de ese crecimiento, o las consecuencias indeseables para el medio ambiente. Además, está ampliamente demostrado que las ventajas de este crecimiento económico sólo alcanzan a un sector minoritario de la sociedad, normalmente a la élite económica, mientras que la mayoría sólo recoge las migajas, y sólo tras intensas campañas de presión social en la calle.
La economía ecológica, enfoque que propone modelos de producción que incluya en su desarrollo aspectos sociales y ambientales, alerta de que la acumulación de bienes materiales a través del consumo no puede ser la vía de “progreso”. Es sabido que el aumento desaforado del consumo produce un agravamiento del deterioro del ambiente planetario, como ya se denunció en 1992 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, conocida como Cumbre de la Tierra. Así, cuando desde las instituciones españolas, a través de los medios públicos, nos advierten de que “la venta de coches se resiente” y que “se enfría el mercado inmobiliario” en Cataluña, se utilizan dos indicadores cuya bonanza tiene implicaciones negativas para el medio ambiente, ya que el aumento del número de coches supone mayores niveles de contaminación atmosférica, y el aumento de las transacciones de viviendas fomenta la burbuja inmobiliaria, y ya son por todos conocidas las consecuencias nefastas para la economía que supuso este fenómeno, ya que fue el origen de la crisis en la que aún estamos inmersos.
Pero donde más es reprobable la acción del Estado en Cataluña es en el ámbito de los derechos civiles. Toda Europa se pregunta si España se está convirtiendo en un país donde se conculcan las libertades y el respeto a los derechos humanos. La represión violenta de las manifestaciones en Barcelona por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, el encarcelamiento “preventivo” en bloque de los independentistas y la emisión de la euroorden de detención de Puigdemont hecha efectiva, han motivado la intervención de eurodiputados de todas las ideologías, desde conservadores hasta liberales, miembros de la Izquierda Unitaria o Los Verdes, protestando por lo que consideran acciones propias de estados autoritarios. Hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido a trámite la demanda del expresidente Carles Puigdemont contra la vulneración de sus derechos políticos en España. Estos hechos deberían hacernos reflexionar sobre esta situación. Convendría mirar más allá de los árboles que nos pone delante el Gobierno desde ciertos medios de comunicación y que nos impiden ver el bosque en su conjunto y empezar a cuestionar la versión oficial. Nuestra imagen exterior y hasta los pilares de la propia democracia española están en juego.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

jueves, 15 de marzo de 2018

LA RENTA BÁSICA, POR LA DIGNIDAD Y LA EQUIDAD

La petición de la implantación de una Renta Básica Universal (RBU) vuelve a estar en el primer plano de la actualidad. Por un lado, a finales del mes de enero pasado, el 51% de los diputados y diputadas del Consejo de Europa votaron a favor de la propuesta de la italiana Nunzia Catalfo, del Comité de Asuntos Sociales, Sanidad y Desarrollo Sostenible, de poner en marcha una RBU para “asegurar una vida digna a los ciudadanos” europeos. Por otro lado, el pasado día 10 de marzo se inició la llamada Marcha por la Renta Básica, contra el Paro y la Precariedad Laboral, desde León, con el objetivo de llegar a Madrid el próximo día 24. Lo que se reivindica es la implantación de una RBU cuya cuantía no esté por debajo de lo que estipula la Carta Social Europea, es decir, de 684€ mensuales por persona, a percibir de forma individual, incondicional y para toda la vida de la persona.
“La Renta Básica Universal debe ser una iniciativa que  ponga en marcha  el conjunto de la UE, para lograr una cohesión en todo el continente, disminuyendo las desigualdades entre ricos y pobres”
Por contra, en España, las diferentes prestaciones (jubilación, desempleo, por hijos a cargo o por invalidez) necesitan de condiciones para acceder a ellas, son temporales y su cuantía no cubre ni de lejos las necesidades para tener una vida digna. Como ejemplo, la legislación española prevé unas prestaciones por desempleo no contributivas que requieren de una serie de condiciones: haber agotado las prestaciones contributivas, estar inscrito como demandante de empleo, debiendo aceptar cualquier trabajo, aunque conlleve condiciones laborales indignas, carecer de rentas superiores al 75% del SMI y tener responsabilidades familiares. Así, una persona que viva sola no podrá tener acceso a ese tipo de renta. Además, es limitada en el tiempo, un máximo de 18 meses, y la cuantía es ridícula, 430,27 €, cantidad que no permite cubrir las necesidades básicas.
Ya en 2016, el Comité Europeo de Derechos Sociales denunció a España por incumplir seis preceptos de la Carta Social Europea del Consejo de Europa sobre derechos de la familia y la infancia, los relativos al derecho de jóvenes e inmigrantes a recibir una protección adecuada frente a la precariedad. En 2018 aún seguimos a la cabeza en cuanto a precariedad laboral (más del 90% de los contratos son temporales) y porcentaje de población en riesgo de pobreza (casi el 30%), y los poderes públicos no son capaces de atajar esas cifras vergonzantes.
Tanto el Consejo de Europa como la Marcha Básica han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de esta herramienta que dignifique la vida de la ciudadanía, siendo un instrumento de lucha contra la pobreza. Sin embargo, la RBU no puede ser tal y como lo plantea el sector más neoliberal, que lo ve como un medio de activar el consumo, y una tentación para privatizar los servicios públicos (sanidad y educación), toda vez que la población dispondría de una renta para poder costearse, según ellos, esos servicios de forma privada. Una RBU debe, por el contrario, ser emancipatoria, es decir, que permita la adquisición de una vida digna, sin eliminar el estado del bienestar y sin contrapartidas.
La RBU debe ser apoyada, de forma paralela, por el fortalecimiento de los servicios públicos, la promoción de empleos públicos en sectores clave (educación, sanidad, empleos verdes), la lucha contra el fraude fiscal, la implementación de medidas que garanticen la vivienda como un derecho básico y un cambio en la percepción del trabajo no ya como un fin en sí mismo, sino como un medio de realización personal y de mejora de las condiciones individuales, complementario a la RBU, ya que ésta sólo subvendría a las necesidades primarias (vivienda, alimentación, suministros básicos) ofreciendo así a posibilidad de rechazar trabajos poco dignos o que supongan explotación laboral.
Según los expertos, la Renta Básica estará en la agenda política en este año 2018, siendo una alternativa muy válida para acabar con la precariedad, la pobreza y la inquietud de miles de familias que lo pasan realmente mal en nuestra sociedad. La RBU debe ser, por último, una iniciativa que se ponga en marcha en el conjunto de la UE, para conseguir una cohesión en todo el continente, disminuyendo las desigualdades entre ricos y pobres. En los próximos días se hablará de este instrumento emancipador, y deberá estar en el centro del debate político de una forma seria, sin dogmatismos ni prejuicios.
Articulo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

martes, 12 de diciembre de 2017

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

Dos estudios relativos al cambio climático aparecidos recientemente nos hacen reafirmarnos en la urgencia de abordar seriamente este problema. Uno de ellos, publicado en la revista Nature esta misma semana por dos investigadores de la Universidad de Stanford, plantea que los modelos utilizados hasta ahora por los gobiernos están subestimando el calentamiento global del futuro. Así, su modelo predice que, antes del final del siglo, la temperatura media del planeta subirá en 4ºC con una probabilidad del 93%, frente a las previsiones más optimistas que cifraban en el 62% esa probabilidad. Si el Acuerdo de París considera urgente limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales de aquí a 2030, y en la COP22 celebrada en Bonn el pasado mes de noviembre los países se comprometieron a aplicar medidas para conseguirlo, este estudio puede echar por tierra las previsiones, dejando cortas las medidas que se están planificando. Las consecuencias de este augurio son conocidas: deshielo y reducción de las capas polares; aumento del nivel de los océanos, afectando a las localidades ribereñas y acidificación de las aguas, poniendo en riesgo a especies y ecosistemas marinos; cambios extremos en el clima, como inundaciones, huracanes y sequías. En definitiva, la propia supervivencia del ser humano está en cuestión si estas previsiones se cumplieran.
“En los próximos 50 años, entre 250 y 1.000 millones de personas se verán obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a otra región o a otro país si el ser humano no frena el cambio climático, según ACNUR”
El otro estudio, o más bien la advertencia, proviene del vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana y experto en economía relativa al medio ambiente, Alejandro Guevara, quien en México D.F. alertó la pasada semana del hecho de que “las variaciones extremas en las lluvias del África Sahariana provocadas por el cambio climático incrementan hasta un 50% la probabilidad de que haya una guerra”, con las consecuencias que ello conlleva, como el aumento de las migraciones y las peticiones de asilo. Son los llamados “refugiados climáticos”, surgidos por la influencia directa de este fenómeno, categoría de refugiados ya contemplada por la ONU. Según cálculos de ACNUR, en los próximos 50 años entre 250 y 1.000 millones de personas se verán obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a otra región de su país o incluso a otro Estado si el ser humano no frena el cambio climático.
Pero no todo son malas noticias. El pasado 7 de diciembre entró en vigor la Alianza Solar Internacional (ISA en sus siglas en inglés), un grupo de 121 países ricos en recursos solares, casi todos países en desarrollo, además de Francia, cuyo objetivo es facilitar y acelerar el despliegue a gran escala de la energía solar en esos países, hasta un total de 1.000 gigavatios (1 billón de vatios), con la aportación de 1.000 millones de dólares de aquí a 2030. Esta iniciativa, surgida del Acuerdo de París en 2015, pretende generalizar el uso de la energía solar en los países participantes en la Alianza, consiguiendo su autonomía energética. Es curioso que España no participe en esto, aunque no es extraño, vista la cruzada emprendida por el gobierno de Rajoy a partir de 2012 contra este tipo de fuente renovable de energía, todo para defender los intereses de la todopoderosa patronal de la energía Unesa.
Otra iniciativa interesante proviene también de Francia. El ministro de la Transición Ecológica y Solidaria del gobierno galo, Nicolas Hulot, se reunió casi al mismo tiempo que entraba en vigor la Alianza antes citada con una veintena de representantes de países del llamado grupo de “amigos del Pacto Mundial para el Medio Ambiente” para sentar las bases de dicho pacto. Este proyecto fue presentado en septiembre pasado por el presidente Macron en la sede de la ONU junto al expresidente de la Cumbre de París, Laurent Fabius, y el exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon, con el objetivo de “contribuir a frenar el calentamiento global y el deterioro del planeta”. Consta de una treintena de artículos en los que se recogen, entre otros, los principios de precaución y de reparación por el que quien contamina paga.
Por último, otro evento relacionado con la preservación del planeta tendrá lugar este martes 12 de diciembre en París, la One Planet Summit, una jornada de trabajo en la que se estudiarán acciones concretas, desde los ámbitos públicos y privados, para revertir el cambio climático, sobre todo desde el punto de vista de su financiación. Ante la cal de los posibles efectos dañinos del cambio climático, que ya estamos padeciendo, surgen iniciativas que son la arena en clave positiva para intentar paliar esos efectos y actuar sobre las causas últimas. Esperemos que esto cale en la sociedad y sea el comienzo de un cambio de actitud de los gobiernos.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

jueves, 23 de noviembre de 2017

UNA CUMBRE ESPERANZADORA

Desgraciadamente, tenemos que seguir hablando de cambio climático. El pasado lunes dio comienzo la COP23, la Cumbre del Clima, que este año se celebra en la ciudad alemana de Bonn hasta el próximo 17 de noviembre, dos años después de la Cumbre de París, en la que la mayoría de países del mundo (salvo EEUU, que se desvinculó del acuerdo en junio pasado, y Siria, por razones obvias) se comprometieron a acometer acciones para luchar contra el cambio climático y evitar que la temperatura media de la Tierra supere en 1,5ºC los niveles de la era pre-industrial.
En esta ocasión, los participantes en la Cumbre de Bonn tienen como objetivo tratar aspectos técnicos, buscando la manera de implementar las medidas aprobadas en Paris en 2015, tarea nada fácil viendo cómo los valores de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la temperatura media del planeta no hacen más que aumentar. Así, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo dependiente de la ONU, señala que entre enero y septiembre de 2017 la temperatura media global fue 1,1ºC superior a la media de los niveles pre-industriales, mientras que la concentración atmosférica de CO2 alcanzó las 403,3 partes por millón (ppm), superando de nuevo la barrera de los 400, que se rebasó por primera vez en 2015, el año del Acuerdo de París. El año que está a punto de acabar seguramente será el segundo más cálido de la historia, sólo por detrás de 2016. Como podemos comprobar, avanzamos de forma inexorable hacia un punto de no retorno climático.
“Nuestro gobierno sigue aprobando ayudas por más de 1.000 millones de euros anuales a actividades basadas en la quema de combustibles fósiles y la producción de electricidad en las centrales térmicas de carbón ha crecido un 39%”
España está lejos de cumplir los acuerdos firmados (empieza a ser habitual que las distintas administraciones españolas firmen acuerdos que son papel mojado, y si no que se lo pregunten al alcalde de Murcia en relación al soterramiento de las vías). A pesar de que para 2020, y como miembro de la UE, España debe abandonar las ayudas dañinas para el medio ambiente, lo cierto es que nuestro gobierno sigue aprobando ayudas por valor de más de 1.000 millones de euros anuales a actividades que están basadas en la quema de combustibles fósiles (transporte, agricultura o generación de electricidad), mientras que, en lo que va de año, la producción de electricidad en las centrales térmicas que emplean carbón ha crecido un 39%.
El gobierno español sólo actúa espoleado por las veleidades independentistas de parte de los catalanes, pero no mueve un solo dedo para afrontar el mayor desafío al que nos enfrentamos, que ríete tú del “desafío soberanista”, es decir, evitar que alcancemos el fatídico aumento de la temperatura de la Tierra, con las consecuencias funestas que ello conlleva, y la actual sequía no es sino la punta del iceberg. Amén de los costes económicos que supone la restauración de la situación tras catástrofes como inundaciones, incendios o la destrucción de cosechas por falta de agua, el cambio climático afecta a la productividad laboral, sobre todo en las zonas rurales, además de causar problemas sanitarios (desnutrición, enfermedades infecciosas) en los países más pobres. Ahora, en nuestro país, empezamos a sufrir las primeras restricciones al acceso al agua potable, con un límite de 200 litros por persona y día en algunas zonas como en la mancomunidad de servicios Cabeza del Torcón, en la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, se ha comprobado que el sector de población más afectado por el cambio climático es el de las mujeres, ya que el 76% de los llamados refugiados climáticos, es decir, aquellos que deben abandonar sus lugares de residencia por causa de sequías, por la subida del mar, las olas de calor y la alteración de las estaciones, son mujeres, según se desprende de la Conferencia “Justicia climática: la perspectiva de género en la transición energética”, organizada por el Grupo Verde del Parlamento Europeo el pasado 19 de octubre. La categoría de “refugiado climático” alcanza ya a 65 millones de personas en todo el mundo, según la ONU.
La reunión que comenzó el lunes en Bonn y que reúne a 25.000 personas de todo el mundo para tratar, una vez más, el reto del cambio climático, puede suponer una de dos posibilidades: un puñado de buenas palabras sin consecuencias efectivas, o la confirmación de que los países desarrollados, responsables del 85% de la emisión de GEI, empiezan a tomarse en serio este problema. Esperemos que esta segunda opción sea la correcta.
Artículo publicado el pasado 7 de noviembre en La Crónica del Pajarito:

viernes, 4 de agosto de 2017

ECOLOGÍA, ECOLOGISMO, ECOLOGÍA POLÍTICA

En este siglo XXI, el principal reto al que se enfrenta la Humanidad, el cambio climático, sigue su implacable avance, como nos lo recuerdan diariamente los sucesivos récords de temperaturas, tanto en forma de olas de calor, como las que estamos sufriendo por estas latitudes, como olas de frío, como la soportada recientemente por los argentinos, con temperaturas por debajo de los 25ºC bajo cero, así como las inundaciones que asolan diferentes zonas del planeta e incendios forestales en diversas regiones, desde California a la península Ibérica, pasando por Australia.
Ante este reto, es evidente que las políticas implementadas por todos los países del mundo, pero sobre todo por los más industrializados, por ser responsables del 80% de las 10.000 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera cada año, deben ir encaminadas a paliar los efectos del cambio climático, tal y como se comprometieron en la Cumbre de París COP21, en diciembre de 2015, a pesar de la negativa del segundo país más emisor de Gases de Efecto Invernadero (GEI), EEUU.
“Las tres patas de la sostenibilidad, la científica, la social y la política, son modos de abordar el problema ambiental al que nos enfrentamos, todos ellos complementarios y necesarios en estos tiempos”
Para eso es necesario echar mano de las tres patas de la sostenibilidad: la ecología, el ecologismo y la ecología política, tres conceptos que suelen ser confundidos entre sí y que, sin embargo, se refieren a diferentes disciplinas o modos de abordar el problema ambiental al que nos enfrentamos, todos ellos complementarios y necesarios en estos tiempos.
La ecología es una ciencia multidisciplinar que se ha venido esbozando durante siglos (con insignes precursores como Humboldt o Darwin), que tomó carta de naturaleza a mediados del siglo XIX (con Haeckel, Forbes o Warming), y que fue plenamente desarrollada a lo largo del pasado siglo, que estudia las interacciones entre los organismos vivos entre sí, y entre éstos y su ambiente, y que determinan su distribución y abundancia. La dinámica de las poblaciones y comunidades, los factores históricos y ambientales que favorecen el mantenimiento de la biodiversidad o explican la distribución geográfica de las especies, las relaciones entre especies (competencia, depredación, mutualismo, etc.), o los flujos de materia y energía en los ecosistemas y el modo en que estos nos proporcionan bienes y servicios esenciales, son algunos de los campos de estudio de esta rama relativamente joven de la ciencia biológica. Los estudios realizados por ecólogos y ecólogas son (o deberían ser) la base sobre la que tomar decisiones políticas para la gestión del territorio y la planificación regional a medio plazo, con el fin de conseguir la conservación de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad y los procesos ecológicos que sostienen a los ecosistemas.
Por su parte, el ecologismo sería la vertiente social de la ecología, un movimiento cívico de tipo ambientalista que pretende conseguir cambios profundos en la sociedad para alcanzar la conservación de los espacios naturales, la disminución de la contaminación en todas sus vertientes y el respeto por la naturaleza. Surgido en los años ’60 con la contracultura norteamericana y el mayo francés, el ecologismo ha abanderado luchas muy importantes, a menudo de tipo sectorial (la lucha contra la energía nuclear, la caza a las ballenas, la contaminación de los ríos, el urbanismo salvaje, etc.), a través de ONGs, algunas auténticas “multinacionales” del ecologismo, implantadas en muchos países, y otras de ámbito más local. Sus acciones pretenden corregir los excesos del sistema económico actual, para evitar la degradación de la Naturaleza y, en última instancia, del propio ser humano.
Por último, la ecología política es la ideología más avanzada, a mi modo de ver, que ha surgido en el siglo XX y que se desarrolla en este siglo. Hija de los años sesenta, pero sobre todo a raíz de la aparición de la obra “Los límites del crecimiento” (encargada por el Club de Roma al MIT –Instituto Tecnológico de Massachusetts– y publicada en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo), la ecología política, basada en los estudios científicos brindados por la ecología, incorpora, además de la toma en consideración del medio ambiente, un cuestionamiento de la sociedad en su conjunto, en aspectos como las relaciones entre mujeres y hombres, la participación democrática, el equilibrio entre trabajo como medio de vida y dedicación a otras tareas (cuidados, participación ciudadana), la necesidad de una renta básica y, sobre todo, el cuestionamiento del dogma del crecimiento económico como solución a los problemas de la sociedad, todo ello en el contexto de un planeta con recursos finitos. La ecología política, a diferencia de otras ideologías, se define como “antiproductivista”, es decir, que promueve, según palabras de Florent Marcellesi, “el rechazo de la creencia basada en el crecimiento ilimitado y el aumento de la producción material y económica como principales fuente de riqueza y fines de las organizaciones humanas”. La materialización de esa ideología se concreta a través de los llamados partidos verdes, formaciones políticas que, desde los años ’80, están presentes en muchos países, tanto desarrollados, incluida España, con Equo como representante, como en países emergentes.
Estas tres patas de la sostenibilidad, la científica, la social y la política, deben ser complementarias y deberían relacionarse entre sí de un modo más cercano, en mi opinión, para alcanzar una sociedad justa y sostenible.
Artículo publicado el pasado 21 de julio en La Crónica del Pajarito:

martes, 4 de abril de 2017

LA FALTA DE AGUA, SÍNTOMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Los últimos datos parece que confirman lo que ya se sabe. Los embalses españoles se encontraban al final del mes de marzo al 59,1% de su capacidad, a pesar de las últimas precipitaciones en casi toda la península, cantidades de agua muy inferiores a los valores normales en estas fechas, con 14 puntos porcentuales por debajo de la media de los últimos cinco años. Estos datos son debidos, sin duda, entre otras cosas, al cambio climático, a pesar de la negación del origen antrópico de la aceleración de este fenómeno por parte de algunos sectores, cuyos efectos se van a traducir en la conversión de nuestro país en general y de nuestra región en particular en una zona azotada por las sequías con cada vez mayor frecuencia.
Una de las zonas afectadas es la cabecera del Tajo, los embalses de Entrepeñas y Buendía que, actualmente, sólo almacenan menos del 18% de su capacidad total. A pesar de ello, desde las instituciones de la Región de Murcia, con el “investigado” Pedro Antonio Sánchez a la cabeza, secundado por el Sindicato Central de Regantes, celebraron el pasado 31 de marzo los 38 años de existencia del trasvase Tajo-Segura, reclamando la continuidad de esta obra faraónica que, en la época de su construcción, en los años setenta del siglo pasado, tal vez tenía su razón de ser, sobre todo porque se desconocía los efectos del cambio climático y las consecuencias de los grandes trasvases, pero que, en pleno siglo XXI, está demostrando estar condenada, en mi opinión, y en la de los principales grupos ecologistas, a una creciente inoperancia.
"Cuando, desde la Región de Murcia, se afirma alegremente que en el resto de España no falta agua, se ignora a sabiendas que los embalses españoles están cada vez más secos"
Cuando, desde la Región de Murcia, se reclama “solidaridad” con las regiones secas, se olvida que las regiones “cedentes” de agua están sufriendo también los efectos del cambio climático. Cuando se apela a los regadíos como fuente de crecimiento económico y riqueza, se olvida que este crecimiento ha dado como resultado efectos colaterales indeseables, como la degradación tal vez irreversible del Mar Menor, así como el impulso de un tipo de agricultura intensiva basada en pesticidas y fertilizantes derivados del petróleo que, además de afectar a la salud, agrava las emisiones de CO2. Cuando se afirma alegremente que “en el resto de España no falta agua”, se ignora a sabiendas que los embalses españoles están cada vez más secos. Cuando se continúa reclamando desde el recién creado Círculo por el Agua, que agrupa a los regantes de Murcia, Alicante y Almería, más agua para estas provincias, se obvia que la falta de este elemento marcará el devenir del presente siglo, hablándose incluso de una futura “guerra del agua”.


Lo que está claro es que la tendencia de los últimos años nos hace pensar que el problema de la falta de agua no sólo está lejos de solucionarse, sino que aún puede agravarse. El aumento, año tras año, de la temperatura media del planeta afecta al funcionamiento general del clima, produciéndose un menor régimen pluviométrico en determinadas regiones, como la nuestra; por otro lado, la alternancia de periodos de sequía con inundaciones puede provocar la contaminación del agua, según un reciente estudio publicado en la Universidad de Kansas.
Desde la Ecología Política venimos reclamando desde hace años que se articulen medidas para luchar contra el cambio climático, pero no parece que los gobiernos sigan este consejo. Cuanto antes nos adaptemos a la nueva situación de escasez de agua, menos traumática será la transición ecológica de la economía, es decir, el paso de una economía basada en los combustibles fósiles, generadora de emisiones de CO2 y agravante del cambio climático, a una economía basada en las energías renovables, el consumo responsable y el empleo verde, que tenga en cuenta los límites biofísicos del planeta.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

domingo, 19 de febrero de 2017

LA RENTA BÁSICA A DEBATE

Las últimas cifras sobre pobreza en España son desoladoras. La brecha entre ricos y pobres se ensancha cada vez más, especialmente desde que comenzó la crisis, esa crisis que los poderosos se empeñan en decir que ha sido superada. Pero eso tal vez es cierto para el 10% de la población española, aquella que en la última década ha acumulado la mitad de la riqueza de nuestro país, es decir, medio billón de euros, y que son el sector de población que realmente defiende este gobierno, a pesar de que varios millones de españoles les siguen votando, creyendo ingenuamente que Rajoy y sus secuaces defienden sus intereses.
Según el último informe de Save The Children, Desheredados, Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España, en nuestro país, entre 2008 y 2015 la pérdida media de renta debida a la crisis fue de un 21% entre las personas más pobres, mientras que la pérdida entre las más ricas fue sólo de un 2,1%. El sector más afectado es la infancia, ya que prácticamente 2,5 millones de niños y niñas viven actualmente en España por debajo del umbral de la pobreza y el número de menores en situación de pobreza severa aumentó en 424.000 en el periodo 2008-2015.
“La renta básica universal sería el modo eficaz de superar la pobreza estructural del sistema capitalista e introduciría nuevos modos de relación con el trabajo”
Mientras el Gobierno se basa únicamente en las cifras macroeconómicas a la hora de analizar la supuesta recuperación, y la UE, en boca del responsable de los asuntos económicos, Pierre Moscovici, estima que “las cosas van bien encaminadas” refiriéndose a la situación de España, la letra pequeña de esta crisis, que parece que es ignorada por el partido en el gobierno, nos revela que las consecuencias repercuten en una amplia mayoría de la población, sobre todo en la parte más vulnerable, la infancia. La causa principal es la alta tasa de empleos precarios y temporales de los progenitores, además de la tasa de paro, aún demasiado alta: 800.000 menores viven en hogares donde ningún miembro de la familia trabaja y, entre las personas que tienen trabajo, la cuarta parte de ellos tienen trabajo temporal, por lo que no tienen asegurado el futuro.
Desde la ecología política se plantea una solución para evitar la pobreza extrema: la Renta Básica Universal (RBU), un sistema por el que toda persona, independientemente de su edad, condición social o nivel de renta, recibiría una asignación lo suficientemente elevada como para asegurar su supervivencia, según los estándares de cada país. La RBU sustituiría a una serie de subsidios y ayudas condicionadas a la situación laboral de cada persona, pero para alcanzar el nivel medio de la población sería necesario que, de forma complementaria, estas personas tuvieran un empleo, aunque tendrían la libertad de poder rechazar aquellos trabajos que atenten contra sus derechos, pues su sustento no dependería de ello. Además, la RBU daría visibilidad a los trabajos no remunerados, casi siempre hechos por las mujeres de forma injusta, como son los cuidados y la crianza (aunque tiene que venir asociado a una redefinición de los roles en la familia). Numerosos estudios avalan la viabilidad de la aplicación de esta renta, como los realizados por el profesor de Economía de la UB, Daniel Raventós, o por la Red de Renta Básica, cuyos trabajos dan argumentos muy sólidos para hacer posible esta medida, que ya se está poniendo a prueba en países como Finlandia.
Las críticas a la RBU vienen tanto de la derecha como de la izquierda del espectro político. Desde las filas conservadoras se suele argumentar que “no hay dinero para esto”, “provocará que la gente no quiera trabajar”, “alentará la ociosidad”, etc. A estos argumentos se les puede contrarrestar con otros, como que percibir una renta básica disminuiría la presión de aceptar un empleo cualesquiera que fueran las condiciones laborales ofrecidas. En segundo lugar, una renta básica estimularía con toda probabilidad el autoempleo, pues disminuiría de forma considerable los riesgos de emprender un proyecto nuevo. Además, traería consigo una presión al alza de los sueldos de quienes desempeñan trabajos incómodos y poco gratificantes.
Desde la izquierda también se critica la RBU, con argumentos como que, mediante ésta, se entrega dinero a los beneficiarios para que compren los productos y servicios siguiendo la lógica del mercado, prefiriendo que sea entregada en especie, pero, en mi opinión, este juicio minusvalora la capacidad de las personas de consumir de forma responsable. Se prefiere hablar desde la izquierda de empleo remunerado garantizado, pretendiendo que todos los trabajos se hagan a cambio de dinero, monetizando toda actividad, aunque sea voluntaria y en favor de la comunidad. También se argumenta que subiría la inflación, y que los costes de la gestión de la RBU serían mucho mayores que los actuales referidos a la Renta Mínima, razonamientos ampliamente rebatidos por los defensores de la RBU que pueden ser fácilmente consultados en la red.
La Renta Básica Universal es una medida que está siendo debatida en la actualidad, y cuyos beneficios, en mi opinión, excederían sus desventajas, siendo un modo eficaz de superar la pobreza estructural del sistema capitalista e introduciendo nuevos modos de relación con el trabajo, para alcanzar una sociedad más justa y solidaria.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

miércoles, 28 de septiembre de 2016

EQUO, UNA MIRADA RADICAL


El pasado 4 de junio se cumplieron 5 años de la fundación de EQUO, coincidiendo con las acampadas en las plazas de las principales ciudades españolas, en las que se reclamaba una democracia más participativa y un cambio de modelo en nuestro país, reflejando el hartazgo de la sociedad ante los chanchullos de la clase política y dando lugar al movimiento más potente en los últimos 30 años, lo que se conoce como el 15M. En ese acto de aparición de EQUO nos reunimos personas procedentes de más de 30 partidos verdes que andábamos dispersos y atomizados en los diversos territorios, algunos tan pequeños que no superaban el ámbito municipal o comarcal, otros con un área de actuación más amplia, como algunas comunidades autónomas. 

Conviene recordar que esa unión en torno a un solo partido no hubiera sido posible sin las acciones previas que buscaban esa unidad a partir de 2008, con el llamado Movimiento de Hondarribia, donde los partidos verdes del norte de España (Aragón, Asturias, Euskadi, Navarra y Segovia) realizaron una serie de reuniones para alcanzar la tan ansiada confluencia, formándose la Coordinadora Verde, que tuvo como primeros co-portavoces a Florent Marcellesi y Sonia Ortiga, y como primera actividad de cara a la sociedad, la organización y celebración de las primeras Univerdes (Huesca 2009 y Beire 2010). A ese germen inicial se fueron sumando otros partidos verdes de todo el estado. La iniciativa de Juan López de Uralde de crear un partido verde de ámbito estatal, EQUO, fue la guinda que faltaba para que cristalizara la unión, a partir del trabajo ímprobo de los firmantes de la Declaración de Hondarribia. A este primer impulso se han ido sumando personas que, desde el compromiso y con un trabajo a menudo callado, han ido construyendo en estos años el partido en todo el territorio.

En el ADN, tanto de EQUO como antes de los partidos verdes, y creo que ahí radica la diferencia con otras fuerzas autodenominadas “de cambio”, está la visión anti-productivista de la sociedad, es decir, que se huye de la búsqueda del crecimiento económico -traducido en el aumento del PIB y del consumo- como remedio a la crisis, constituyendo la base de la Ecología Política, la más novedosa y rompedora de las ideologías de los últimos 50 años. La asunción de la existencia del pico del petróleo y del agotamiento de los recursos en un planeta finito son otras de las premisas que deben marcar las propuestas políticas de un partido verde, junto con la defensa de la democracia radical y de los derechos humanos.

Aplicando la radicalidad democrática que nos caracteriza, hemos elegido la confluencia con otras fuerzas políticas como herramienta para alcanzar las instituciones, con un cierto éxito. Como se suele argumentar, seguramente no se habría llegado a tener representación en el Congreso o en el Parlamento vasco si hubiéramos elegido otra vía. Sin embargo, nuestra posición subordinada en la coalición hace que suframos un cierto desasosiego y frustración al comprobar que nuestros compañeros de viaje a menudo no comparten la visión que, desde un partido verde, se tiene del mundo. Así, según el responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, España podría crecer, muy por encima del 4%, hasta un 4,5% del PIB en el mejor de los escenarios, de modo que el crecimiento de España superaría al de los años en los que se infló la burbuja inmobiliaria en España durante los Gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. 

Por otro lado, es palpable la ambigüedad en la posición, tanto de Podemos como de IU, con respecto a la minería del carbón, principal causante de las emisiones de CO2 de nuestro país. Ambas formaciones apoyan la protección de la actividad minera, utilizando además carbón nacional, menos eficiente y más contaminante, en un intento de ganar votos entre el sector minero de las cuencas del norte de España. También la apelación a un aumento del consumo interno como modo de crear riqueza es un mensaje que los líderes de Podemos han repetido a menudo.

Estos son sólo tres ejemplos de la situación, al menos incómoda, a la que debe enfrentarse EQUO en su viaje conjunto con Podemos e IU. La postura a veces claramente contraria a los postulados de la Ecología Política de la coalición Unidos Podemos deja a EQUO en una posición de debilidad, pues se ve incapaz de imponer sus criterios, más allá de una nota de protesta, y deja al descubierto la posición subordinada del partido verde frente a sus compañeros de viaje. Para evitar eso, se debe hacer hincapié en una estrategia de comunicación potente donde la sociedad perciba las posturas y propuestas de EQUO, aunque choquen con el posicionamiento oficial de la coalición. Sólo así se pondrán sobre la mesa los temas que nos interesan.

Tal vez se puede argumentar que debemos ceder en algunos aspectos para conseguir alcanzar el poder y, una vez conseguido, aplicar las medidas oportunas. Sin embargo, yo abogo por una vuelta a las raíces de EQUO, es decir, por volver a las premisas iniciales que ilusionaron a tantas personas y que movieron a la creación de ese espacio huérfano en el panorama político español durante muchos años, el espacio verde. Esas premisas que se basan en una economía en beneficio del planeta, de las personas, de terceros países que son presa de la explotación por parte del primer mundo, una economía que cuestione el dogma del crecimiento y del aumento del PIB, que asuma el agotamiento de los recursos naturales y el cambio climático y que proponga acciones para revertirlos. Apuesto por un EQUO más radical, para que sí me represente, al contrario del famoso lema del 15M.

Artículo aparecido hoy en el blog "Verdes y Libertarias":



martes, 2 de agosto de 2016

LA ECOLOGÍA POLÍTICA, MOTOR DE CAMBIO


Vivimos en unos tiempos convulsos, tal y como suele ocurrir cada cierto tiempo, sobre todo desde comienzos del siglo XX. De forma cíclica se alternan periodos de prosperidad, en los que se respira una cierta sensación de seguridad, con lapsos de tiempo en los que parece que la tierra se hunde a nuestro alrededor. Cierto es que en el llamado “primer mundo”, en el que nos encontramos, los problemas son nimios en comparación con otras regiones del mundo donde la gente vive sumida en una crisis continua y donde su propia supervivencia está en juego día tras día.
La nueva ideología propone la reducción del consumo total de materias primas, energías y ocupación del territorio y persigue el “buen vivir” antes que el “tener más”
En el siglo XX, el mundo occidental pasó por estos ciclos, con los primeros 13 años del siglo, los “felices 20” o los llamados “Treinta gloriosos” (el tiempo comprendido entre 1945 y 1975) como periodos de relativa paz, de cierta prosperidad y positivismo tecnológico, intercalados con las dos guerras mundiales y la crisis desencadenada en 1929 y desarrollada en los años 30 como periodos en los que se tambalearon los cimientos de la civilización. A partir de la segunda mitad del siglo XX se desarrolla lo que Varoufakis denomina el “Plan Global”, una estrategia puesta en marcha por EEUU para dar salida en el resto del mundo a todos los productos excedentes de la industria norteamericana, y el inicio del esquema Producción-Consumo-Generación de Residuos, rápidamente adoptado por muchos países y base del capitalismo tal y como lo conocemos. Este sistema productivo es como una gigantesca máquina que devora cantidades ingentes de materias primas y combustibles fósiles, que obliga a consumir los productos de forma continua como si no hubiera un mañana para mantener el sistema insaciable, con ayuda de técnicas publicitarias y los grandes medios de comunicación.
Este plan chocó en pocos años con la dura realidad, los límites biofísicos del planeta. En 1972, un grupo de expertos agrupados en el llamado Club de Roma redactaron un informe, “Los límites del crecimiento”, en el que ya se advertía que, «en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial (población y producto per capita) no son sostenibles». Unos años antes, en la década de los 50, el físico Marlon K. Hubbert predijo el declive de la producción de petróleo, a partir de un momento determinado, llamado “pico del petróleo” (“peak oil” en inglés), momento en el que la obtención de crudo sería cada vez más difícil y caro. Hubbert acertó en lo que respecta al petróleo de EEUU, fijando en 1970 el pico del petróleo norteamericano, momento que coincide, aproximadamente, con la primera gran crisis del petróleo.
La Agencia Internacional de la Energía fijó en 2006 el “pico del petróleo” a nivel mundial, lo que significa que desde ese año, el petróleo extraído lo es con un mayor coste y es de peor calidad. No es casualidad que ese año se inicia de forma masiva la extracción de crudo por medio de la técnica de la fracturación hidráulica, más conocido como fracking, técnica que produce no pocos efectos perjudiciales en el medio ambiente, como la contaminación del agua y del suelo, la inducción de terremotos y la ocupación de tierras, con su repercusión en la fauna y flora.
A esto se suma el cambio climático, fenómeno acelerado por la acción humana, principalmente las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la quema de combustibles fósiles, emisiones que han aumentado de forma exponencial en las últimas décadas, a pesar de las buenas intenciones reflejadas en las sucesivas cumbres del clima, como la última de ellas celebrada en París en diciembre pasado.
La solución a la grave crisis ecológica descrita, que lleva aparejada otros aspectos de la crisis, como la social, la financiera e incluso la política, sólo puede venir de la ideología más joven y la que mejor sabido leer la situación: la ecología política. Frente a la economía lineal imperante basada en la producción, el consumo desenfrenado y la generación de residuos, la ecología política propone una economía circular, con la aplicación de la regla de las 3R (reducción, reutilización y reciclaje) y un consumo responsable. Frente al uso de combustibles fósiles generadores de gases de efecto invernadero, desde la ecología política se promueven las energías renovables. Frente al crecimiento económico como dogma de fe para crear riqueza, medido con un indicador imperfecto como es el PIB –cuando se sabe que esta riqueza sólo llega a una minoría de la población, produciendo además degradación ambiental y merma de los derechos sociales– y al productivismo entendido como búsqueda del beneficio económico a toda costa, en detrimento de otros aspectos, la ecología política es más partidaria de un cierto decrecimiento, es decir, la reducción del consumo total de materias primas, energías y ocupación del territorio y es antiproductivista, pues persigue el “buen vivir” antes que el “tener más”.
La ecología política es el camino, por tanto, para llegar a una sociedad que no ponga en peligro el futuro de las nuevas generaciones y del planeta, y debe ser la base de un programa de gobierno de cambio, justo con otros pueblos y respetuoso con la Naturaleza.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito: