Las últimas cifras sobre pobreza en España son desoladoras. La brecha entre ricos y pobres se ensancha cada vez más, especialmente desde que comenzó la crisis, esa crisis que los poderosos se empeñan en decir que ha sido superada. Pero eso tal vez es cierto para el 10% de la población española, aquella que en la última década ha acumulado la mitad de la riqueza de nuestro país, es decir, medio billón de euros, y que son el sector de población que realmente defiende este gobierno, a pesar de que varios millones de españoles les siguen votando, creyendo ingenuamente que Rajoy y sus secuaces defienden sus intereses.
Según el último informe de Save The Children, Desheredados, Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España, en nuestro país, entre 2008 y 2015 la pérdida media de renta debida a la crisis fue de un 21% entre las personas más pobres, mientras que la pérdida entre las más ricas fue sólo de un 2,1%. El sector más afectado es la infancia, ya que prácticamente 2,5 millones de niños y niñas viven actualmente en España por debajo del umbral de la pobreza y el número de menores en situación de pobreza severa aumentó en 424.000 en el periodo 2008-2015.
“La renta básica universal sería el modo eficaz de superar la pobreza estructural del sistema capitalista e introduciría nuevos modos de relación con el trabajo”
Mientras el Gobierno se basa únicamente en las cifras macroeconómicas a la hora de analizar la supuesta recuperación, y la UE, en boca del responsable de los asuntos económicos, Pierre Moscovici, estima que “las cosas van bien encaminadas” refiriéndose a la situación de España, la letra pequeña de esta crisis, que parece que es ignorada por el partido en el gobierno, nos revela que las consecuencias repercuten en una amplia mayoría de la población, sobre todo en la parte más vulnerable, la infancia. La causa principal es la alta tasa de empleos precarios y temporales de los progenitores, además de la tasa de paro, aún demasiado alta: 800.000 menores viven en hogares donde ningún miembro de la familia trabaja y, entre las personas que tienen trabajo, la cuarta parte de ellos tienen trabajo temporal, por lo que no tienen asegurado el futuro.
Desde la ecología política se plantea una solución para evitar la pobreza extrema: la Renta Básica Universal (RBU), un sistema por el que toda persona, independientemente de su edad, condición social o nivel de renta, recibiría una asignación lo suficientemente elevada como para asegurar su supervivencia, según los estándares de cada país. La RBU sustituiría a una serie de subsidios y ayudas condicionadas a la situación laboral de cada persona, pero para alcanzar el nivel medio de la población sería necesario que, de forma complementaria, estas personas tuvieran un empleo, aunque tendrían la libertad de poder rechazar aquellos trabajos que atenten contra sus derechos, pues su sustento no dependería de ello. Además, la RBU daría visibilidad a los trabajos no remunerados, casi siempre hechos por las mujeres de forma injusta, como son los cuidados y la crianza (aunque tiene que venir asociado a una redefinición de los roles en la familia). Numerosos estudios avalan la viabilidad de la aplicación de esta renta, como los realizados por el profesor de Economía de la UB, Daniel Raventós, o por la Red de Renta Básica, cuyos trabajos dan argumentos muy sólidos para hacer posible esta medida, que ya se está poniendo a prueba en países como Finlandia.
Las críticas a la RBU vienen tanto de la derecha como de la izquierda del espectro político. Desde las filas conservadoras se suele argumentar que “no hay dinero para esto”, “provocará que la gente no quiera trabajar”, “alentará la ociosidad”, etc. A estos argumentos se les puede contrarrestar con otros, como que percibir una renta básica disminuiría la presión de aceptar un empleo cualesquiera que fueran las condiciones laborales ofrecidas. En segundo lugar, una renta básica estimularía con toda probabilidad el autoempleo, pues disminuiría de forma considerable los riesgos de emprender un proyecto nuevo. Además, traería consigo una presión al alza de los sueldos de quienes desempeñan trabajos incómodos y poco gratificantes.
Desde la izquierda también se critica la RBU, con argumentos como que, mediante ésta, se entrega dinero a los beneficiarios para que compren los productos y servicios siguiendo la lógica del mercado, prefiriendo que sea entregada en especie, pero, en mi opinión, este juicio minusvalora la capacidad de las personas de consumir de forma responsable. Se prefiere hablar desde la izquierda de empleo remunerado garantizado, pretendiendo que todos los trabajos se hagan a cambio de dinero, monetizando toda actividad, aunque sea voluntaria y en favor de la comunidad. También se argumenta que subiría la inflación, y que los costes de la gestión de la RBU serían mucho mayores que los actuales referidos a la Renta Mínima, razonamientos ampliamente rebatidos por los defensores de la RBU que pueden ser fácilmente consultados en la red.
La Renta Básica Universal es una medida que está siendo debatida en la actualidad, y cuyos beneficios, en mi opinión, excederían sus desventajas, siendo un modo eficaz de superar la pobreza estructural del sistema capitalista e introduciendo nuevos modos de relación con el trabajo, para alcanzar una sociedad más justa y solidaria.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:
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