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sábado, 10 de diciembre de 2016

EL AVE NO REMONTA EL VUELO

Un informe de la UE nos acaba de revelar que el uso del tren de alta velocidad en España es de los menores de Europa. A pesar de que nuestro país posee la segunda mayor red de alta velocidad operativa a nivel mundial, con 2.871 kilómetros y 1.200 kilómetros en construcción, solo por detrás de China, es la tercera más baja de toda la Unión Europea en cuanto a utilización de este medio de transporte. En España, solamente un poco más de 5 millones de personas al año utilizan el AVE, frente a los casi 40 millones de Reino Unido (pese a tener solamente 113 kilómetros de línea de alta velocidad) o los casi 30 millones de Francia, con algo más de 1.000 kilómetros. Solamente Países Bajos, con 2 millones de usuarios y sólo 120 kilómetros de líneas de alta velocidad, y Bélgica, con 4,4 millones y 209 kilómetros de línea, tienen un menor número de personas que, anualmente, usan el TAV. Pero los números no aguantan ninguna comparación, al comprobarse que en España hay unos 1.700 usuarios por cada kilómetro construido, frente a más 350.000 del Reino Unido, los 30.000 de Francia o los más de 36.000 de los Países Bajos.
“Siguen con el cuento de la lechera, prometen riqueza, desarrollo, la solución a todos los males, con proyectos faraónicos que sólo suponen depredación del territorio, graves impactos en el medio, enriquecimiento de unos pocos y despilfarro de fondos públicos”
Esto es claramente debido a que, en España, durante los años de la burbuja (y aún todavía), primaron los intereses empresariales frente a las necesidades reales de las personas. El sector empresarial vio una oportunidad de negocio con la construcción de miles de kilómetros de líneas de alta velocidad a lo largo y ancho del país, sin pensar a dónde irían esos trenes, cuál sería la demanda real y si serían rentables. Todo ello promovido por el ministerio de Fomento, a través de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), empresa pública que, a finales del 2015, sumaba unas pérdidas de 361 millones de euros a la ya abultada deuda total de 14.000 millones.
La falta de visión es muy clara en los responsables de la alta velocidad española, sobreproyectando esta infraestructura, cuyo coste se ha disparado en estos 24 años, desde que en 1992 se iniciaran estas obras faraónicas, superando los 70.000 millones de euros. Las líneas en construcción costarán, en principio, 27.000 millones, si no se produce lo que ya es habitual, el sobrecoste de las obras, a menudo asociado a escándalos de corrupción, como en la línea del AVE a Barcelona, caso descubierto en 2014, o relacionada con la más cercana línea Murcia-Alicante, en la que se adjudicaron tramos del AVE a determinadas empresas a precios claramente inflados, a cambio, presuntamente, de desvío de dinero público a empresas fantasma. A todo esto, los políticos murcianos siguen engañando a los vecinos y vecinas del municipio de Murcia, cuando ADIF ya ha admitido que “no tiene dinero para el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad”, por lo que éste llegará en superficie. La herida que divide la ciudad en dos seguirá abierta.
Los responsables políticos españoles siguen contándonos el cuento de la lechera, prometiendo riqueza, desarrollo, la solución a todos los males, con proyectos faraónicos que sólo suponen depredación del territorio, graves impactos en el medio, enriquecimiento de unos pocos y despilfarro de fondos públicos que afectan a los servicios esenciales. Mientras que, desde el gobierno central y los autonómicos, empezando por el de la Región de Murcia, se destinan ingentes cantidades de dinero a obras de dudosa rentabilidad económica y social, como es el AVE, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 el techo de gasto disminuye en 5.000 millones con respecto a 2016, lo que supondrá que se destinen menos recursos a gastos sociales, pensiones, educación o sanidad.
¿Hasta cuándo la sociedad española seguirá dando credibilidad a las vanas promesas que, año tras año, nos venden desde los gobiernos? ¿Cuándo se darán cuenta las personas que siguen apoyando al partido en el gobierno que dilapidar recursos públicos en este tipo de infraestructuras, puertos sobredimensionados, aeropuertos sin aviones, autopistas privadas deficitarias, líneas de AVE sin pasajeros, es hipotecar el futuro? Estas preguntas no dejamos de plantearlas, pero desgraciadamente las advertencias suelen caer en saco roto.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

jueves, 23 de abril de 2015

LA CARA OCULTA DE LAS MIGRACIONES AFRICANAS

Tras la tragedia acaecida estos días, con entre 700 y 900 personas fallecidas en el mar cuando intentaban llegar a las costas italianas desde Libia, llegan los análisis de las causas y las peticiones de una mayor cooperación internacional para acabar con este éxodo. Pero es significativo que, para el ministro de Asuntos Exteriores, Jose Manuel García-Margallo, la solución al “problema” pasa por “controlar la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos”, algo que “exige destinar más dinero a eso que llamamos Frontex, que es una institución comunitaria”. La UE en general reduce el asunto a una cuestión de mafias y de seguridad fronteriza, principalmente, y así nos lo transmiten los principales medios de comunicación.

Aunque las razones que motivan a las personas del continente africano a huir de sus países para buscar un futuro mejor son múltiples, desde la violación sistemática de los Derechos Humanos, a los conflictos armados, la crisis económica, la pobreza, el hambre, hasta la existencia de estados corruptos, me voy a detener en tres aspectos que no dependen de esos países, sino que son factores externos determinantes de la situación en África.

Simultáneamente a la noticia de la tragedia, nos enteramos de que Repsol ha descubierto un yacimiento de gas (y ya son tres) en Argelia, prospección que apunta a una producción de 175.000 metros cúbicos de gas al día y 90 barriles al día de gas condensado. Este es un ejemplo de cómo las compañías multinacionales, entre ellas las españolas, saquean los recursos naturales de los países africanos para su propio beneficio, privando a esos estados de los ingresos que pudieran mejorar el bienestar de sus poblaciones. Pesca ilegal, tala indiscriminada de árboles, comercio de especies, son otras caras del expolio de las riquezas naturales de Africa. Se calcula que este expolio por parte de Occidente le suponen al continente africano unas pérdidas de 44.000 millones de euros al año.

Por otro lado, organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial obligan a esos países a realizar privatizaciones, pasando esos bienes públicos a manos de transnacionales occidentales, en la mayoría de los casos. Esto, unido a la corrupción, lleva a la existencia de unas élites políticas cada vez ricas y una población cada vez más empobrecida.

El tercer fenómeno que ocurre de forma continua, aunque discreta, es el acaparamiento de tierras africanas por parte de países extranjeros, tanto europeos (Italia, Noruega, Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Francia, principalmente) como asiáticos (sobre todo China), para destinarlas al cultivo de agrocombustibles, alimentos para esos países y extracción de recursos minerales, en una suerte de neocolonialismo.

Reducir el asunto de las migraciones africanas a un problema de mafias y tráfico de personas, aunque es algo real, es ignorar la influencia de la globalización y de la desaparición de las fronteras para los capitales financieros e inversiones mundiales. Es no querer ver el intento de imposición, por parte del FMI y del Banco Mundial, de las necesidades y pautas del mercado global en Africa, mientras se yerguen muros cada vez más altos para las personas más vulnerables de este sistema generador de desigualdades y conflictos, cuyas consecuencias vemos en las costas europeas.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:



lunes, 27 de octubre de 2014

LA PODREDUMBRE DE LA DEMOCRACIA

La operación Púnica es otro eslabón más de la cadena de detenciones que se están llevando a cabo en España desde hace unos meses para acabar con la corrupción, esa lacra que se ha instalado en nuestro país desde la época de la Transición, acentuada a partir de la década de los '80 con la lluvia de millones que empezó a llegar a España a raíz de nuestra entrada en la UE. Los políticos al uso se han acostumbrado demasiado bien a un ritmo de vida alejado de lo que se considera normal. Coches oficiales, viajes a países lejanos para promocionar su ciudad o su comunidad autónoma, con tarjetas oro con los que gastar en cosas como restaurantes, mariscadas, estancias en hoteles en fin de año, reuniones de trabajo con facturas de 1.200 euros en comida de lujo, lo que quisieran, sin tener que rendir cuentas, como ha salido a la luz con la "caja fija" de la Generalitat valenciana, de la que salió una media de 577.000 euros al día entre 2006 y 2013. 

Por su parte, los sospechosos detenidos en esta operación cobraban (presuntamente), el 3 % de comisión por cada contrato de obra pública, habiéndose llevado hasta siete millones de euros en los últimos años, tal y como hacía el clan Pujol, habiendo aprendido muy bien de la trama catalana. Demasiados años de impunidad, de chulería, de sonrisas cínicas, de creerse por encima del bien y del mal, de que sus compañeros de partido cerraran los ojos (¿tal vez porque también han trincado pasta?), "confiando en la justicia" y "respetando sus decisiones, como no puede ser de otra manera". Políticos alejados de la gente, separados por cordones policiales, escoltas y pantallas de plasma.

La Región de Murcia no escapa a este ambiente corrupto. No en vano es la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de ayuntamientos tocados por la varita de las imputaciones y las condenas por las diversas variantes de corrupción (prevaricación, tráfico de influencias, cohecho). Nada menos que el 57,8 % de los ayuntamientos murcianos están afectados por casos de corrupción relacionados con la construcción entre los años 2000 y 2010, otro récord que la región tristemente ostenta. De entre los detenidos hoy en el ámbito de la operación Púnica figuran el ex-alcalde socialista de Cartagena, Jose Antonio Alonso, socio de uno de los principales imputados, David Marjaliza, otro de los empresarios arrestados en Madrid y supuestamente uno de los cabecillas de la trama; la directora general del Instituto de Turismo, Mariola Martínez, y José Fidel Saura, jefe de gabinete del consejero de Turismo e Industria, Juan Carlos Ruiz, además de Jesús Norberto Galindo, actual secretario general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. A pesar de eso, el presidente Rajoy no tiene el menor reparo en calificar a la Región de Murcia como la región que "más ha progresado" (sic). Ya sabemos en qué ha progresado, porque lo que es bienestar, niveles de desempleo, porcentaje de abandono escolar.... estamos a la cola de España. 

Esta serie de detenciones hay que debérsela en gran medida a una nueva generación de jueces (aunque muchos otros tiene mayor edad), como son Pablo Ruz (nacido sólo 8 días después de la muerte del dictador Franco), Jacobo Pin (nacido el año del 23F), instructor del caso Fabra, Mercedes Alaya o Eloy Velasco, que no vacilan en poner ante ellos a la clase política, sin sucumbir a las presiones que sin duda reciben de las más altas instancias. Han tenido que pasar 30 años para que esta generación tomara el relevo a muchos de los que iniciaron su carrera profesional en la época franquista, llegando incluso a las más altas instancias judiciales, como el Tribunal Constitucional. Los jueces tienen todavía mucho trabajo por delante, y estaremos esperando con ansia las conclusiones de los casos Gürtel, Umbra, Urdangarín, ERE, Pujol.... para hacer una limpieza de la casa. A esa casa debe entrar aire fresco, porque no es de recibo que los mismos que una y otra vez incurren en casos de corrupción sigan gobernando este país, estamos demasiado hartos de ellos.

La basura de la democracia debe ser tirada al vertedero, renovando las instituciones y haciendo que los tres poderes del estado (legislativo, ejecutivo y judicial) sean realmente independientes unos de otros, y no este remedo de democracia, en que el poder político (y por tanto ejecutivo) está metido en los órganos de control de los jueces, en las entidades financieras, creando redes clientelares en los pueblos y barrios, donde los representantes funcionan más como mafiosos, a la manera de Don Corleone, haciendo favores a cambio de votos, que como intermediarios entre la voluntad popular y las instituciones. Situaciones de juegos de poder donde las relaciones entre empresas privadas e instituciones públicas se han convertido en intercambio de prebendas para asegurarse los primeros suculentos contratos y los segundos puestos de trabajo una vez acabada su etapa pública, si no enriquecimiento personal directamente. Ya basta.