Era una noticia anunciada desde hace meses. Firmado irónicamente un día después del Día Mundial del Medio Ambiente, se materializó el pasado 6 de junio el pacto de presupuestos entre el Partido popular y Vox en la Región de Murcia. En este acuerdo, plasmado en un documento de sólo 4 páginas, se confirma la rendición del PP regional a las exigencias de la ultraderecha, sobre todo en materias sensibles como el medio ambiente o la migración.
Así, en el pacto se manifiesta el “contundente rechazo a las políticas de asentamiento y reparto de inmigrantes ilegales impuestas por el Gobierno de España”, demostrando una patente insolidaridad con otras Comunidades Autónomas, especialmente con el gobierno canario, gobernado paradójicamente por el Partido Popular. En las Islas Canarias se aglomeran más de 5.600 menores no acompañados, de los cuales 800 cuentan con protección de asilo, llegando a una situación de saturación de los recursos, principalmente en los 82 centros de acogida de las islas.comisión interadministrativa y al Consejo del Mar Menor.
En otra demostración de insolidaridad, en el pacto, la ultraderecha exige el cierre del centro de acogida de menores de Santa Cruz, en el que viven 60 menores de entre 10 y 17 años, algunos de los cuales desde hace más de 4 años, junto con 80 trabajadores, que denuncian el daño que pueden sufrir esos menores por el desarraigo al que se verán afectados. La alternativa a este cierre es la compra de viviendas por parte de la CARM para alojar a esos menores, pero es algo a lo que la ultraderecha se opone, una vez más. Asimismo, el acuerdo penaliza a las ONGs que trabajan con migrantes, al retirarles las subvenciones, en un ejercicio de falta de humanidad, al privar de atención a las personas que huyen de manera desesperada de sus países de origen.
Todo esto obedece a una motivación puramente electoralista, la de asociar inmigración y delincuencia, idea falsa alentada con prejuicios y bulos que la ultraderecha difunde. Pero los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que los españoles delinquen más que las personas extranjeras en términos absolutos. En 2022, un 74,19% de los condenados tenían nacionalidad española, frente a un 25,81% de extranjeros.
Otro punto del acuerdo basado en una falacia es el que hace referencia a las “okupaciones”. A pesar de la intención de crear un estado de alarma entre la población, lo cierto es que las llamadas “okupaciones”, es decir, el allanamiento y usurpación de inmuebles, afectan en la Región de Murcia solamente al 0,055% de las viviendas, 435 casos oficiales de un total de 780.000 viviendas en toda la región. Esa cifra, correspondiente a 2023, es, además, un 34% más baja que el año anterior. Seguir infundiendo miedo en la sociedad es el mecanismo que tiene la ultraderecha para intentar ganar poder, algo totalmente alejado de la ética que debe tener un partido político que aspira a gobernar.
Otro aspecto polémico del pacto es la “reducción de las aportaciones dirigidas a las Organizaciones Sindicales y Empresariales”, subvenciones que tachan de “parasitismo institucional” y “gasto superfluo” dirigido a “chiringuitos”, cantidades que suponen alrededor del 15% de sus ingresos, lo que podría afectar a la calidad de la atención a los trabajadores y trabajadoras con una merma, por tanto, en sus derechos. Sin embargo, el gobierno regional se arriesga a que la justicia tumbe la medida, como ya ocurrió en Castilla y León, cuando el Tribunal Superior de esa Comunidad Autónoma obligó a la Administración regional leonesa a devolver cerca de dos millones de euros a CCOO y UGT tras una denuncia de éstos.
Entre las medidas acordadas entre PP y Vox, preocupa especialmente a las entidades ambientalistas las referentes a la caza y al Mar Menor. En el primer caso, se pretende poner en práctica la gestión y la defensa de varios aspectos prohibidos actualmente por normativas estatales y europeas, como la caza de la tórtola y el arrui, o la práctica del silvestrismo, y que pretende, además, imponer actividades extraescolares con el objetivo de fomentar la caza entre los más pequeños.
En cuanto al Mar Menor, las modificaciones legislativas pactadas incluirían “sustituir un objetivo ambiental, por uno basado en la explotación de este recurso natural”, tal y como denuncia la Alianza Mar Menor (AMARME), además de excluir del ámbito de aplicación del actual ley al término municipal de Fuente Álamo, territorio por el que transita gran parte de la rambla del Albujón y donde se sitúan muchas macrogranjas de porcino. También se pretende eliminar la Comisión Interadministrativa y al Consejo del Mar Menor y otras medidas que afectarían de una forma radical a la albufera, imposibilitando su recuperación y agravando su situación ambiental.
El pacto suscrito entre PP y Vox en la Región de Murcia supone un retroceso en los derechos humanos, en los derechos de los trabajadores y en el derecho de un ente jurídico como es el Mar Menor, todo ello para asegurar la permanencia del presidente López Miras en el poder unos cuantos años más, a costa de los intereses de la mayoría. Todo un despropósito.
Artículo publicado en eldiario.es:
https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/pacto-pp-vox-entredicho_132_12429886.html
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