LA CRISIS DE LA VIVIENDA, UN GRAVE PROBLEMA SOCIAL

Todos estamos de acuerdo en que uno de los problemas más importantes que sufrimos es la gran dificultad para acceder a una vivienda digna. Los alquileres han alcanzado en el mes de marzo pasado su máximo histórico, siendo la cuantía media de un alquiler en España, según el portal Idealista, de 12,7 euros por metro cuadrado, cifra que se dispara a 20,7 euros en Barcelona, 18,9 euros en Madrid o 17,1 euros en San Sebastián. Murcia se mantiene aún por debajo de la media, con un precio medio de 8,3 euros por metro cuadrado, pero también los sueldos son más bajos que la media española, por lo que tampoco es fácil alquilar una vivienda en nuestra región.

Hay dos datos demoledores que reflejan la situación. El precio de los alquileres ha subido más del 66% en la última década, mientras que los sueldos sólo han aumentado un 3,4% en ese tiempo Si tenemos en cuenta que el sueldo medio en España en 2024 es de 1.920 euros, en 12 mensualidades, según un informe de Adecco Group, se supera con creces la cantidad que se debería destinar a la vivienda, que es un 30% del salario mensual, siendo imposible para una sola persona vivir de alquiler sin compartir gastos. Este problema se acentúa en la gente joven, cuyo sueldo medio ronda los 1.000 euros, eso en el mejor de los casos, ya que casi el 28% de los menores de 25 años está en paro. Sólo el 16,3% de las personas entre 16 y 29 años ha logrado emanciparse, y la edad media a la que se van de casa supera los 30 años, una edad muy por encima de nuestros vecinos europeos.

A pesar de que los desahucios han disminuido en un 30% en 2023, debido principalmente a la aplicación de las medidas para hacer frente al Covid-19, aprobadas en 2020, que incluía la paralización de los desahucios a familias vulnerables, medidas que se prorrogarán hasta 2025, el año pasado se produjeron casi 27.000 lanzamientos, causando verdaderos dramas a miles de familias. Tres cuartas partes de esos desahucios son debidos al impago del alquiler, otro 20% derivaron de ejecuciones por no pagar la hipoteca y 1.723 a otro tipo de causas.

¿A qué es debido ese aumento desorbitado del precio de los alquileres? Según los expertos, se debe a varios factores: la bajada en un 30% de la oferta de pisos y casas en alquiler frente al aumento de la demanda, por la dificultad de acceder a una vivienda en propiedad; el hecho de que los fondos buitre copan el mercado del alquiler, adquiriendo viviendas propiedad de los bancos y subiendo sin escrúpulos los alquileres; la especulación inmobiliaria, no solamente de fondos de inversión, sino también de particulares; la escasez de viviendas de alquiler social (en España solo el 2,5% del parque es de alquiler social, tres veces menos que la media europea); la proliferación de pisos turísticos, que disparan los precios del alquiler de las viviendas cercanas a esos pisos, sobre todo en zonas vacacionales como Canarias y Baleares, donde el 4% de las viviendas son para turistas.

Sin embargo, los diferentes gobiernos, tanto central como autonómicos y municipales, sólo inciden en un tipo de solución a este grave problema, el aumento de la oferta de viviendas de nueva construcción, alimentando ese monstruo que es la burbuja inmobiliaria que tan nefastas consecuencias tuvo en el pasado reciente de nuestro país y que solo favorecería a las empresas constructoras. En un país con 3,8 millones de viviendas vacías, el 14% del total, es un contrasentido seguir aumentado el parque de viviendas, medida que no ha sido capaz de regular el mercado. Durante el “boom” inmobiliario de la primera década de este siglo, se construyeron medio millón de viviendas nuevas cada año, y ese aumento brutal de la oferta no supuso la rebaja de los precios, sino todo lo contrario. 

¿Qué medidas se proponen para paliar el problema de la vivienda en España? Básicamente son, entre otras, ampliar el parque de vivienda social y subsidiada para ofrecer más opciones asequibles a quienes más lo necesitan; implementar medidas que controlen los precios del alquiler y protejan a los inquilinos de desalojos injustificados; fomentar la construcción de viviendas asequibles mediante incentivos fiscales y subvenciones para desarrolladores que se comprometan con este objetivo; promover el cohousing, modalidad sostenible de autogestión habitacional formada por viviendas privadas y una dotación importante de servicios comunes, planeada y gestionada por sus residentes.

Frente a la aplicación de medidas puramente mercantilistas, promovidas por los partidos de la derecha, que no ayudan a reducir el precio de este bien de primera necesidad, se deben implementar medidas que conviertan el acceso a la vivienda en un verdadero derecho el cual, lejos de ser objeto de especulación para beneficio de unos pocos, debe ser protegido por los poderes públicos para garantizar lo que sanciona el articulo 47 de la Constitución, es decir, promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

Articulo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/crisis-vivienda-grave-problema-social_132_11299170.html

UN PACTO CONTRA LA MAYORÍA

Se confirmó el pacto entre PP de la Región de Murcia y Vox, algo que, aunque López Miras lo negaba una y otra vez, estaba cantado que, tarde o temprano, se alcanzaría ese acuerdo entre la derecha extrema y la extrema derecha de la región, a imagen de otras Comunidades Autónomas, para facilitar el acuerdo estatal entre Núñez Feijóo y Abascal.

Este pacto va acompañado por una serie de 30 medidas de gobierno que, en su mayoría, van en contra de la mayoría social de la Región de Murcia. Si repasamos ese acuerdo, comprobamos que el PP se ha plegado a la agenda ultra de Vox. Así, en la primera medida se apuesta por un Plan Hidrológico Nacional, recuperando el 'agua para todos', una idea que en 2004 ya fue desechada por la mayoría de los informes técnicos, siendo inviable tanto desde el punto de vista ambiental como económico, y que ningún gobierno, ni siquiera el de Mariano Rajoy, sacó del cajón. El avance del cambio climático en los últimos años hace aún más difícil la implementación de este hipotético plan que, además, sólo apuesta por más infraestructuras, única solución que la derecha y la ultraderecha ponen sobre la mesa, sin tener en cuenta la disminución de los caudales. Esta medida va acompañada por el apoyo a la agroindustria, insistiendo en el concepto de “agricultura de precisión”, término eufemístico para referirse a la agricultura intensiva cuya primera víctima es el Mar Menor.

El Mar Menor, precisamente, es también objeto de este acuerdo, hablando de su “recuperación”, pero sin incidir en el origen de su degradación, gran parte de la cual proviene de la actividad agrícola, sino haciendo referencia solamente a la construcción de nuevas infraestructuras, sin cambio alguno en el modelo agropecuario, lo que no solucionaría el problema. Antelo, futuro vicepresidente, por su parte, ya ha anunciado que su propósito es derogar la Ley del Mar Menor.

En lo social, se habla de las familias, pero ya sabemos que el modelo de familia para la derecha y ultraderecha es la tradicional, en su imaginario no entran otros modelos familiares, como las monomarentales (ya que la inmensa mayoría están formadas por una madre y uno o varios hijos e hijas) o parejas del mismo sexo (con o sin hijos). En cuanto a la violencia de género, se evita hablar de violencia machista, y se equipara la violencia contra las mujeres a la sufrida por niños y mayores, siguiendo la habitual jerga ultra de “violencia intrafamiliar”; aquí el PP ha hecho suyo el negacionismo de la violencia machista, en una concesión más al ideario de Vox.

En cuanto a la política de vivienda, no se habla en absoluto de aumentar el parque de vivienda social en alquiler, sino solamente de ayudas a la compra, dejando en manos de constructoras y promotoras privadas este aspecto que debería ser prioritario para el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. La política educativa continúa la ya llevada a cabo por los sucesivos gobiernos regionales, ya que detrás del habitual “derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos”, ya sabemos que se esconde la potenciación de la enseñanza privada y concertada frente a la pública, y cuando se habla de “garantizar la neutralidad ideológica del currículo escolar”, ya ha amenazado Vox con el retorno del “pin parental”, que fue suspendido de forma cautelar en 2020 por el TSJ de Murcia al considerar como “perjuicio identificable” la posibilidad de no realización por los alumnos de una actividad obligatoria y evaluable “por no autorizarlo sus padres.”.

Dentro de la agenda ultra, se incluye en el acuerdo entre PP y Vox la “okupación”, aspecto del que dicen que “se ha extendido bajo el amparo de las políticas de izquierda”, poniendo en primer plano un problema menor cuyo principal origen es la escasez de viviendas dignas y los desahucios, más de 1.300 al año en nuestra Región, y ahondando en la confusión entre ocupación y allanamiento de morada.

Otro aspecto polémico del pacto es la modificación de la Ley de Participación Institucional, que afecta a las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, con el argumento de garantizar “un uso más eficiente de los fondos públicos”, en un intento de menoscabar los derechos de los trabajadores.

El último punto pretende defender los intereses del lobby de cazadores y pescadores, sobre todo de los primeros, cuya actividad ha provocado recientemente la muerte de un lince ibérico en Lorca y que provoca la contaminación de los suelos con el plomo de los proyectiles de caza, cuyo nivel alcanza niveles elevados y perjudica tanto a la fauna salvaje como al ser humano, cuando ese metal tóxico nos llega a través de los alimentos.

En definitiva, con este acuerdo, el PP y Vox van en contra de los intereses de la mayoría, introduciendo medidas que sólo benefician a unos pocos y a los lobbies del agronegocio, la caza y la educación privada.

Articulo publicado el 7 de septiembre en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/pacto-mayoria_132_10492011.html

LA VIVIENDA, UN DERECHO HUMANO

"La banca viola los derechos humanos. Derecho a vivienda ¡¡¡ya!!!" H.J.

La Ley de la Vivienda que el gobierno central acaba de aprobar ha vuelto a provocar que la oposición saque la artillería pesada, apelando a un supuesto ataque a la propiedad privada, como si esta ley supusiera que se fueran a expropiar los pisos de los probos propietarios para repartirlos entre la gente de forma gratuita. En algunas Comunidades Autónomas, como la Región de Murcia, el presidente López Miras ha llegado a declararse insumiso a la ley, tachándola de “comunista”, apelativo que funciona como un cajón de sastre y que es usado por el gobierno regional para oponerse a todo aquello que vaya en contra de su ideología, ya sea la nueva ley educativa o la reciente ILP por el Mar Menor.

Pero la realidad es que la Ley de la Vivienda no apunta, como dice López Miras, a las personas que tienen un par de pisitos conseguidos “con lo que se ha ganado con el sudor de su frente, su sacrificio y con su trabajo”, sino que va dirigida a los grandes tenedores de viviendas, es decir, a aquellos que poseen más de 10 bienes inmuebles, muchos de ellos fondos buitre y bancos. En la Región de Murcia hay casi 11.500 propietarios de más de 10 viviendas, verdaderos destinatarios de esta ley. De ellos, 9.596 tienen entre 11 y 25 bienes, 1.300 tienen entre 25 y 50 y hay 600 propietarios que tienen... ¡más de 50 inmuebles urbanos cada uno!

En la otra parte de la balanza, en España hay 3,4 millones de viviendas vacías, 129.000 en la Región de Murcia, dándose el caso de que nuestra región ocupa el tercer puesto en porcentaje de viviendas vacías con respecto al total (16,6%), sólo por detrás de Galicia y La Rioja. La ciudad de Murcia encabeza el ranking regional del número de viviendas desocupadas, con más de 33.000, seguida de Cartagena y Torre Pacheco, con la circunstancia de que esta última localidad lidera el ranking en términos relativos, con una vivienda vacía por cada 4,8 habitantes. Esta gran cantidad de inmuebles vacíos son el resultado de la burbuja inmobiliaria de la primera década del siglo, fenómeno especialmente sangrante en la Región de Murcia, siendo las entidades financieras la propietarias mayoritarias de esas viviendas. Además, en la región se ejecutan más del 10% de los desahucios que se realizan en España, verificándose que la vivienda (o más bien la falta de ella) es un problema de primera magnitud al que esta ley pretende dar respuesta.

Los organismos internacionales estiman que el coste de la vivienda no debe superar el 30% de los ingresos mensuales. Para un sueldo medio en España de 1.700 €, eso supone que un alquiler no debería superar los 510 € al mes de media, cifra muy por debajo de lo que se suele cobrar. Si hablamos de la Región de Murcia, cuyo sueldo medio es de 1.400 €, la cuantía media de los alquileres debería ser, como máximo, de 420 € algo ilusorio para la mayoría. Y si nos referimos a sueldos más bajos, algo habitual, conseguir pagar un alquiler se convierte en una odisea, si no en una misión imposible para muchos bolsillos.

La vivienda no es un artículo de lujo, es un bien de primera necesidad y un derecho señalado en el artículo 47 de la Constitución, por lo que es una inmoralidad especular con ella y buscar el beneficio rápido. Conseguir que la gente joven pueda alquilar pisos para independizarse sin tener la necesidad de juntarse 4 personas en la misma vivienda, o que una familia con bajos ingresos pueda vivir en un piso sin tener que elegir entre comer o pagar el alquiler es una obligación de cualquier gobierno. La oposición de los partidos de la derecha a esta ley constituye un ataque a la dignidad de las personas y al cumplimiento de un derecho fundamental recogido en a Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que, en su artículo 25, incluye el derecho universal a una vivienda, digna y adecuada. Cualquier intento de facilitar la vida a las familias y garantizar el acceso a la vivienda debe ser bienvenido, en vez de defender los intereses de los que más tienen en nombre de la “libertad de mercado”, que suele ser sinónimo de “libertad de abusar de los más vulnerables”.  

Artículo aparecido en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/vivienda-derecho-humano_132_8446848.html