miércoles, 8 de mayo de 2019

EL ASESINO SILENCIOSO

Hace unos días, la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES son sus siglas en inglés), organismo dependiente de la ONU, que agrupa a 132 países, se reunió en París para analizar el estado de los ecosistemas mundiales y su biodiversidad, y sus conclusiones no pueden ser más claras, a la vez que preocupantes.
Se calcula que existen unas 30 millones de especies animales y vegetales distintas en el mundo. De todas ellas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) cifra en un millón las que se encuentran en peligro de extinción y en 17.000 las amenazadas. Para el 2020 la diversidad de especies se puede haber reducido en un 33%. Además, muchas de esas especies habrán desaparecido sin que ni siquiera hayan sido descubiertas por la ciencia.
Especialmente alarmante es la desaparición de los insectos, y de entre ellos, las abejas, responsables de la polinización de las plantas, muchas de ellas comestibles, por lo que se pone en riesgo la alimentación de la especie humana en las próximas décadas. Un ejemplo cercano en nuestras ciudades es la escasez de gorriones; se calcula que 30 millones de ejemplares han desaparecido en los últimos 10 años en España, debido principalmente al uso masivo de insecticidas tóxicos, como el glifosato que se usa en nuestros parques y jardines, el aumento de la contaminación del aire, los niveles de ruido y la reducción de espacios donde construir nidos.
Algunos expertos hablan ya de la 'sexta extinción', habiendo ocurrido las cinco últimas en el periodo que va desde hace 440 y 65 millones de años, la última de las cuales hizo desaparecer a los dinosaurios. Esta sexta extinción tiene un solo responsable, el ser humano y nuestro modo de vida.
La directora del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU, Cristiana Pașca Palmer, se refiere a este problema como "el asesino silencioso", porque, a diferencia del cambio climático, cuyos efectos percibimos día a día (récords de temperatura, inundaciones, sequías, desertificación, …) la pérdida de biodiversidad, es decir, de la variedad de especies, su diversidad genética y sus hábitats, no es advertida por nosotros, ya que estamos cada vez más alejados de la naturaleza.
Las causas de este descenso brutal en la biodiversidad son conocidas. En primer lugar, la pérdida de hábitats, por la transformación de los paisajes naturales y el cambio en los usos del suelo para su aprovechamiento económico, principalmente por la agricultura y la construcción. En la Región de Murcia, esto se ha puesto de manifiesto con el aumento de los regadíos de forma exponencial, a menudo de forma ilegal, como se ha visto recientemente con la denuncia de la CHS, que ha descubierto más de 3.600 has. de superficie ilegal de regadíos, aunque los colectivos ecologistas cifran en cerca de 20.000 las hectáreas roturadas de ese modo.
La introducción de especies invasoras es otra causa de la pérdida de biodiversidad, ya que desplazan a las especies autóctonas. En Europa, una de cada tres especies está en peligro crítico de extinción por esta amenaza. En nuestra región, especies acuáticas exóticas como el cangrejo azul, la gambusia, la babosa negra, el cangrejo rojo, el mejillón cebra o el galápago de Florida (surgido de individuos domésticos provenientes de tiendas de animales) amenazan a las especies del río Segura y el Mar Menor, además de otras como el mosquito tigre, especialmente molesto, o el arrui, competidor de la cabra montés, modifican la diversidad en montes y riberas.
Otra actividad humana que amenaza a la biodiversidad es la caza. La introducción de especies cinegéticas en el medio procedentes de granjas, la muerte de aves rapaces protegidas por disparos, la acumulación de plomo venenoso en los campos provenientes de perdigones o la colocación ilegal de cebos envenenados en los cotos de caza son algunas de las causas que producen la pérdida de biodiversidad. La contaminación en sus diversas vertientes (atmosférica, acuática, lumínica y acústica) también contribuye a este mal, junto al cambio climático, ya que el aumento de la temperatura media de los mares y el planeta en general trae como consecuencia el desplazamiento de las especies a latitudes donde antes no estaban presentes, sustituyendo a las especies autóctonas y modificando los ecosistemas.
Ahora que la juventud en el mundo está movilizada por el clima, es el momento idóneo para que la sociedad también se haga eco de la denuncia del colectivo científico que, desde París, nos alerta de esta gran amenaza que es la pérdida de biodiversidad, el segundo problema más importante a nivel global tras el cambio climático.
Artículo aparecido ayer en eldiario.es:

lunes, 15 de abril de 2019

MUNICIPIOS POR EL CLIMA

Fuente: EFE
Recién dado el pistoletazo de salida de la campaña electoral de las generales, y a pocas semanas de iniciarse la campaña para las autonómicas y municipales, es el momento de recordar que el mejor cortafuegos contra el cambio climático se construye desde los municipios, desde lo más cercano, donde la ciudadanía puede aportar su grano de arena para revertir este fenómeno que parece imparable.

En ese sentido, desde las instituciones internacionales y los organismos estatales hay intentos de consensuar medidas que puedan ser aplicadas desde los ayuntamientos. Así, la Alianza por el Clima, un organismo creado en 1990 con sede en Frankfurt, reúne a más de 1.700 poblaciones y regiones de 26 países europeos (una red a la que sólo una ciudad española, Barcelona, se sumó en 2010) con una tarea común: la de intercambiar experiencias y apoyar iniciativas encaminadas a reducir las causas del cambio climático desde una perspectiva municipal, con el objetivo de aprobar resoluciones municipales en las cuales se comprometen a reducir el 10% de las emisiones de CO2 cada 5 años, lo que equivale a la mitad de las emisiones hasta el 2030.
En octubre de 2018 se aprobó la llamada Declaración de Barcelona, por la que los municipios asociados a la red se comprometen a aplicar las medidas aprobadas en la COP21 de Paris 2015, para evitar que la temperatura global supere los 1,5ºC con respecto a 1990.
A nivel estatal, la Red Española de Ciudades por el Clima, dependiente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) creada en 2005, reúne a más de 300 corporaciones locales, número que supone el 60% de la población española. Desde este red se organiza una serie de actividades de formación, conferencias, cursos, convocatorias de premios e impulso de iniciativas, a menudo desconocidas para el gran público.
Sus objetivos son aportar soluciones y medidas que puedan implantar los Ayuntamientos para frenar el cambio climático y sus efectos, dar apoyo técnico a los Gobiernos Locales para que alcancen sus objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, promocionar las actuaciones en cambio climático de los Gobiernos Locales, colaborar en proyectos conjuntos con los municipios, actuar como foro de intercambio de experiencias y desarrollar acciones de información y sensibilización.
Pero a pesar de los buenos propósitos, no parece que estas redes estén consiguiendo el efecto deseado. Las emisiones de CO2 siguen aumentando, y no hay señales claras de que los ayuntamientos asociados apliquen medidas efectivas para que se mitiguen los efectos del cambio climático. Por ello, hace unas pocas semanas, el partido verde andaluz, EQUO-Verdes, presentó un documento en el que se recogen las 12 medidas que deberían implementarse para reducir las consecuencias y eliminar las causas del cambio climático desde el ámbito municipal.
Estas medidas pasan por parar la instalación de macrogranjas, fomentar el transporte público multimodal, un acceso fácil a la vivienda, y un aire más limpio. Se propone dar prioridad a las personas que no conducen, que quieren o deben caminar, a las bicicletas y al transporte público, y multiplicar los espacios verdes en nuestros pueblos y ciudades. El plan contempla igualmente medidas para impulsar la producción descentralizada y el autoconsumo de energía; promover un modelo 100% público del suministro de agua; fomentar nueva cultura de consumo responsable y ético y la economía circular; y recuperar la gestión directa de los servicios municipales básicos. Además, se propone  la puesta en marcha de caminos escolares (a pie o en bici), la dotación de huertos solares y agrícolas, el diseño bioclimático de los edificios, y la implantación de comedores escolares con productos ecológicos y de proximidad.
Estas medidas pueden y deberían ser aplicadas de inmediato y, en este periodo electoral, deberían ser tomadas en cuenta por la ciudadanía a la hora de elegir las opciones políticas a las que votar, para conseguir que nuestros pueblos y ciudades sean entornos más habitables y saludables, además de que se puede conseguir con ellas el principal objetivo, alejarnos del punto de no retorno de un aumento de la temperatura media capaz de cambiar el clima de un modo incompatible con la supervivencia del ser humano en nuestro planeta.
Artículo publicado hoy en eldiario.es:


lunes, 18 de marzo de 2019

¿EL FIN DE LOS TRASVASES?

Hace unos días, el Tribunal Supremo (TS) anuló varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo, por considerar que ese plan no especifica los caudales ecológicos del río a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Aunque, como era de esperar, esta sentencia ha levantado las iras de un sector de la sociedad murciana, alicantina y almeriense, tal vez hay que recordar que el caudal ecológico es, según la IPH (Instrucción de Planificación Hidrológica) aquel caudal "que contribuye a alcanzar el buen estado o buen potencial ecológico en los ríos o en las aguas de transición y mantiene, como mínimo, la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera".

La sentencia del Tribunal Supremo que anula parte del Plan Hidrológico del Tajo le da la razón a los postulados de los ecologistas, en el sentido de que, en un contexto de cambio climático en el que nos encontramos, es del todo insostenible que se siga confiando en la política de trasvases para atender a las demandas de agua del Sureste y el Levante español, sobre todo cuando estas demandas no son para consumo de boca, sino para mantener el modelo intensivo de agricultura y el turismo de masas.
Sabido es que el trasvase extrae de la cabecera del Tajo prácticamente la mitad del agua que lleva el río en año y medio, y que tres cuartas partes de ese agua se utiliza para regadío. El cambio climático ha provocado que la cabecera reciba un 30% menos de agua en los últimos 10 años. Un estudio publicado en 2003 por la ONG ambientalista WWF ('Trasvase Tajo-Segura: Lecciones del pasado') recogió el impacto que supuso la construcción de esta obra faraónica y los impactos del uso continuado de la misma.
Así, en la cuenca donante se cita el efecto barrera para la fauna debido a los embalses y conducciones asociadas al trasvase, la reducción de caudales circulantes en el río Tajo durante todo el año, pero muy en particular en verano, el empeoramiento crítico de la calidad de las aguas del Tajo, el paso de especies piscícolas de unas cuencas a otras y la alteración de la dinámica fluvial que afecta tanto a parámetros físicos como a químicos.
Pero también afecta a la cuenca receptora, la del Segura, al producirse un incremento exponencial de las demandas de agua para agricultura y turismo, con las consabidas consecuencias fatales para el Mar Menor. Además, el trasvase también produce impactos socioeconómicos, como los desequilibrios territoriales, con el despoblamiento y envejecimiento de la población de los pueblos de la cuenca donante, largamente denunciados por los colectivos locales contrarios al trasvase.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en un alarde de simplismo y populismo, se pregunta "si en España hay agua, una reserva hídrica suficiente, ¿cuál es el problema para que todos los españoles tengamos el agua que necesitamos?". El problema de base es que, en España, el 80% del agua se utiliza para riego, los acuíferos subterráneos están sobreexplotados y la superficie de cultivos dedicados al regadío superan los 3,7 millones de hectáreas, un 22% del área cultivada total, porcentaje que se eleva al 45% en la Región de Murcia.
La superficie de regadío en nuestro país ha aumentado en más de 700.000 hectáreas desde 1986 a la actualidad, al tiempo que el fenómeno de la desertificación se ha agravado en este periodo. Según un informe del propio Ministerio de Medio Ambiente (ahora de Transición Ecológica) publicado en 2016, el 80% del suelo de nuestro país está en riesgo de desertificarse, es decir, de perder la cubierta vegetal que prevenga la erosión, sobre todo en la Región de Murcia y Almería.
Frente a esto, la solución pasa por abandonar la política de trasvases y adaptarnos a la situación de aridez y escasez de agua, con el desarrollo de técnicas cada vez más avanzadas en la depuración de aguas residuales y desalación de agua de mar, con disminución progresiva de sus costes, mediante el uso de energías renovables.
El sueño iniciado en la Segunda República, construido durante el franquismo y puesto en funcionamiento en plena Transición parece tocar a su fin. Seguir pensando en los ríos como meros canales de riego, y en las cuencas como inmensas bolsas de agua que pueden trasvasarse de un lado a otro con vasos comunicantes, es reducir la función de nuestro ecosistemas fluviales a simples sistemas puestos al servicio del ser humano, sin importar las consecuencias ecológicas que ello conlleva, cuyos principales damnificados seremos nosotros mismos.
Artículo que me publica hoy eldiario.es:


lunes, 25 de febrero de 2019

OBJETIVOS INCUMPLIDOS

Fuente: EFE
Europa está cada vez más alejada de los objetivos planteados por la UE en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, uso de energías renovables y eficiencia energética. De hecho, el informe Brecha de Emisiones 2018 presentado el pasado mes de noviembre por el PNUMA indica que las emisiones volvieron a aumentar tras tres años de estabilidad. En 2011, la UE se marcó como objetivo el llamado Plan 20-20-20, es decir, que para 2020 se debería reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20% (30% si se alcanza un acuerdo internacional), además de ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética y promover las energías renovables hasta el 20% del total del "pool" energético.

Sin embargo, los datos no invitan al optimismo. En 2017, las emisiones en el conjunto de la UE no sólo no disminuyeron, sino que aumentaron en un 1,8 % respecto a 2016, según Eurostat. En el cómputo planetario, 2018 supuso un récord, ya que aumentaron en un 2,7 %, debido sobre todo a los países más industrializados, EE.UU., China y la India. Nada sorprendente, habida cuenta de las declaraciones del ínclito Donald Trump, en las que niega a existencia del cambio climático, o las del presidente de Brasil, Bolsonaro, tildando de “conspiración marxista” este fenómeno.
Una vez que los objetivos 20-20-20 no se cumplen, la UE pasó a marcarse unos nuevos objetivos con el Marco sobre Clima y Energía para 2030, en el que se pretende reducir las emisiones de GEI en un 40% en 2030, en comparación con 1990, alcanzar el 27% del consumo de energía renovable, y aumentar la eficiencia energética en un 27%. Las principales organizaciones ecologistas calificaron de “insuficientes y muy bajos” esos objetivos. En noviembre de 2018 la UE, a través de su comisario de Energía, el español Miguel Angel Arias Cañete, anunció la intención de reducir a cero las emisiones de GEI para 2050. Por muy encomiables que sean estos propósitos parecería que se están marcando objetivos cada vez más ambiciosos a medida que los datos indican lo contrario, en un ejercicio más de buenos deseos que de aplicación de medidas efectivas y, sobre todo, que vayan acompañadas de sanciones si los países miembros de la UE incumplen lo acordado.
¿Y cuál es la situación en España? En 2017, según los últimos datos disponibles, España fue el cuarto país de la UE donde más crecieron las emisiones de GEI, con un 7,4 %, sólo por detrás de Malta (+12,8 %), Estonia (+ 11,3 %) y Bulgaria (+8,3 %). El gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministerio de Transición Ecológica, hizo un intento de aportar soluciones a esta situación, proponiendo en septiembre de 2018 un impuesto sobre el diésel, en aplicación de la llamada "fiscalidad verde", herramienta útil para paliar la situación, pero ante las fuertes protestas del sector automovilístico, se rebajaron las intenciones, calificándose la medida como un simple "globo sonda". También la deseada Ley sobre Cambio Climático se ha quedado en nada tras la convocatoria de elecciones generales, pues, a pesar de haber sido aprobada en el Consejo de Ministros del 22 de febrero, no podrá ser tramitada en el Congreso, por lo que todo estará en función de la composición del nuevo gobierno surgido de las urnas el próximo de 28 de abril.
En España, actualmente, la fiscalidad verde, aplicada sobre todo a los motores de combustión, supone solamente el 5,32 % del total de la recaudación vía impositiva, con un montante de 21.382 millones de euros en 2017, cuando en el conjunto de la UE se llega al 6,1 %, queriéndose alcanzar el 10 %. Nuestro país está, por tanto, por debajo de la media de la UE. Pero no parece que se esté por la labor de aumentar esta cifra, y sobre todo por parte de la derecha española, que basa su reclamo electoral en una bajada generalizada de impuestos, usando un argumento populista, a la par que irresponsable que, además de vaciar las arcas del Estado, nos alejará aún más del objetivo de reducir nuestras emisiones.
Afortunadamente, dos son las señales que nos indican el camino. Por un lado, la reciente aprobación por parte de la UE de una nueva regulación que atañe directamente a los fabricantes de camiones, que tendrán que reducir las emisiones de CO2 de sus productos en un 15% de aquí a 2025 y un 30% en 2030. Y por otro, la movilización de la juventud europea (y parece que también española) para exigir a los políticos que actúen de manera efectiva contra el cambio climático. Esperemos que sea el inicio de un cambio de rumbo, más allá de las buenas palabras y los objetivos que nunca se cumplen.
Artículo aparecido hoy en eldiario.es:

HUELGA POR EL CLIMA

Fuente: EFE
Mientras en España seguimos mirando nuestro ombligo, hablando sobre Venezuela, Cataluña, la última salida del tiesto del líder de la oposición o la desunión de la izquierda, en el resto de Europa la sociedad se moviliza por el reto más importante del siglo XXI, el cambio climático. La comparecencia de la joven activista sueca de 16 años Greta Thunberg en el transcurso de la Cumbre por el Clima de Katowice (Polonia) el pasado mes de diciembre, junto a su determinación a la hora de plantarse todos los viernes del año desde el pasado mes de agosto frente al Parlamento sueco para llamar la atención sobre el cambio climático han provocado que miles de jóvenes de toda Europa hayan iniciado una serie de manifestaciones en Bélgica primero, seguida de otras convocatorias en Francia, Suiza, Alemania, Holanda y Reino Unido.

Las manifestaciones multitudinarias en Bruselas, llegando a más de 70.000 jóvenes el pasado día 27 de enero, coordinadas por tres mujeres de entre 17 y 19 años, repitiéndose casi a diario en Bélgica, se han extendido no sólo a Europa, sino a todo el mundo, de París a Sidney, pasando por Bangkok, movilizando a cientos de miles de personas para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, en España no se ha extendido este movimiento juvenil, y es necesario preguntarse el porqué.
2018 ha sido el cuarto año más cálido desde 1880, según el Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), sólo por detrás de 2016, 2017 y 2015, y los datos prevén que, debido al fenómeno de El Niño, los efectos del cambio climático se acentúen, pudiendo ser el presente año 2019 el más caliente de la serie histórica, según un estudio reciente publicado en la revista Geophysical Research Letters.
En las agendas de las principales organizaciones sindicales y en los medios de comunicación españoles no se habla prácticamente nada de este movimiento capitaneado por la juventud europea. Pareciera que no nos incumbe, que lo del cambio climático sigue siendo una quimera para muchos, un tema secundario que aparece en las secciones de ciencia de la prensa escrita y digital, sin apenas repercusión en nuestras vidas.
Pero la juventud europea nos está dando una lección. Para el próximo 15 de marzo hay prevista una huelga mundial por el clima, organizada por jóvenes cansados de que los adultos sólo hablemos pero no actuemos para cambiar la situación. El manifiesto que acompaña a la convocatoria de huelga advierte que “los dirigentes del mundo deber demostrar su compromiso por una transición ecológica equitativa entre ricos y pobres”, y dan de plazo hasta el 15 de marzo para que “se presente un plan a la altura de las exigencias del IPCC” (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático), invitando “a todos y todas a abandonar las aulas para ir a su encuentro y comprobar si los adultos han hecho los deberes”.
Los organizadores del evento exhortan a la juventud a “tomar a los adultos de la mano y decirles de ir con vosotros, decirles que os necesitamos para tener simplemente la oportunidad de sobrevivír al futuro”.
Como decía la joven activista sueca, los políticos “les han ignorado en el pasado y les volverán a ignorar. Nos hemos quedado sin excusas y nos estamos quedando sin tiempo. Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando, les guste o no. El verdadero poder pertenece a la gente”.
Ojalá que ese empuje de la juventud europea impregne a la española.
Artículo aparecido el 9/2/2019 en eldiario.es:

martes, 22 de enero de 2019

AEROPUERTO Y TURISMO SOSTENIBLE

Están los representantes del PP, del PSOE  y los empresarios de la región que no caben en sí de gozo con la apertura del aeropuerto de Corvera, bautizado como Juan de la Cierva, pionero patrio de la aviación civil (bastante cuestionado, por cierto, por su filiación franquista que podría vulnerar la Ley de Memoria Histórica), obviando que ya contábamos con un aeropuerto, el de San Javier, que cerró el año 2018 con más de 1,2 millones de pasajeros, un 6,4% más que el año anterior. Actúan como si en la Región de Murcia no hubiera existido anteriormente un lugar donde aterrizaran los británicos en busca de sol y playa hasta que el rey Felipe VI descorrió la cortina de la placa conmemorativa que quedará en las instalaciones aeroportuarias recién inauguradas, aunque no apareciera su nombre grabado en ella.
Llevados por la euforia, y como viene siendo habitual entre los dirigentes del PP, nos prometen toda clase de beneficios y riquezas con la apertura del aeropuerto, como si su traslado a sólo 40 kilómetros de San Javier, con el traslado forzoso de sus trabajadores incluido, fuera a suponer una lluvia de millones y la llegada de riadas de turistas deseosos de disfrutar del caldero, las playas y la sangría. Ya en 2011, cuando el aeropuerto estaba en plenas obras, se nos decía que el tráfico aéreo traería 2 millones de pasajeros en 2012 y 5 millones en 2022, en un ejercicio de economía ficción a la que tan aficionados son a la hora de justificar cualquier obra faraónica que se pretenda construir en la Región (sólo hay que recordar las cifras astronómicas que se manejaban a cuenta de los proyectos afortunadamente fallidos, por el alto impacto que habrían ejercido sobre los espacios donde se querían instalar, como el parque Paramount, Marina de Cope o, más recientemente, el macropuerto de El Gorguel).
Nada más inaugurarse las instalaciones aeroportuarias se nos intenta vender la moto de la creación de empleo, con el anuncio de la generación de 5.600 puestos de trabajo sólo en el primer año, así como la llegada de 800.000 turistas más. Pero claro, todo eso estará supeditado a la construcción de infraestructuras (hoteles, centros comerciales, locales comerciales) que incide en reafirmar un modelo turístico insostenible desde el punto de vista ambiental. No parece que gobierno regional tenga como objetivo conseguir un turismo sostenible en la Región de Murcia, entendido como aquel que es compatible con la correcta conservación de los espacios naturales. A pocos días de la celebración de la Feria Internacional de Turismo FITUR, el lema que parece que guía a los responsables de la política turística de la Región es "cuantos más, mejor", con la intención de que 6 millones de turistas nos visiten en este año 2019, aumentando en 300.000 el número de turistas con respecto a 2018.
Pero si no se hace una previsión de la Capacidad de Carga Turística (CCT), definida como el máximo nivel de personas que un espacio físico puede soportar antes de que el recurso ambiental se comience a deteriorar, se corre el riesgo de matar a la gallina de los huevos de oro, como ya se está verificando en destinos como las islas Baleares o Barcelona. La Región de Murcia cuenta con auténticas joyas ambientales, como los parques naturales de Calblanque, Sierra Espuña, Salinas de San Pedro del Pinatar, por citar unos cuantos. Aún podemos disfrutar de lugares no masificados, y el fenómeno de la "turismofobia" aún no ha llegado a estas tierras. Si sólo se busca el beneficio inmediato, el rendimiento económico ligado a grandes infraestructuras, y no se realiza una planificación adecuada para evitar o, al menos, minimizar el impacto social y ambiental de esa supuesta llegada masiva de turistas a la que el gobierno regional aspira, nos podemos encontrar en pocos años con una situación indeseable de turismo masivo.
El aumento del turismo en poco tiempo se relaciona con la reducción drástica de los salarios de los empleados del sector, un aumento de la carga de trabajo y de la economía sumergida, conflictos entre la población local y los turistas. Se calcula que cada millón de turistas que recibe España consume y genera 11 millones de litros de combustible, 300 millones de litros de agua, 2 millones de kilos de alimento, 25 millones de kilos de CO2 y toneladas de residuos, que ensucian playas y valiosos ecosistemas marinos y terrestres. ¿Es eso lo que queremos? Se hace necesaria una reflexión sobre el modelo turístico que debe aplicarse en la Región de Murcia, primando la calidad sobre la cantidad. Aún estamos a tiempo.
Artículo publicado hoy en eldiario.es: