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lunes, 15 de abril de 2019

MUNICIPIOS POR EL CLIMA

Fuente: EFE
Recién dado el pistoletazo de salida de la campaña electoral de las generales, y a pocas semanas de iniciarse la campaña para las autonómicas y municipales, es el momento de recordar que el mejor cortafuegos contra el cambio climático se construye desde los municipios, desde lo más cercano, donde la ciudadanía puede aportar su grano de arena para revertir este fenómeno que parece imparable.

En ese sentido, desde las instituciones internacionales y los organismos estatales hay intentos de consensuar medidas que puedan ser aplicadas desde los ayuntamientos. Así, la Alianza por el Clima, un organismo creado en 1990 con sede en Frankfurt, reúne a más de 1.700 poblaciones y regiones de 26 países europeos (una red a la que sólo una ciudad española, Barcelona, se sumó en 2010) con una tarea común: la de intercambiar experiencias y apoyar iniciativas encaminadas a reducir las causas del cambio climático desde una perspectiva municipal, con el objetivo de aprobar resoluciones municipales en las cuales se comprometen a reducir el 10% de las emisiones de CO2 cada 5 años, lo que equivale a la mitad de las emisiones hasta el 2030.
En octubre de 2018 se aprobó la llamada Declaración de Barcelona, por la que los municipios asociados a la red se comprometen a aplicar las medidas aprobadas en la COP21 de Paris 2015, para evitar que la temperatura global supere los 1,5ºC con respecto a 1990.
A nivel estatal, la Red Española de Ciudades por el Clima, dependiente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) creada en 2005, reúne a más de 300 corporaciones locales, número que supone el 60% de la población española. Desde este red se organiza una serie de actividades de formación, conferencias, cursos, convocatorias de premios e impulso de iniciativas, a menudo desconocidas para el gran público.
Sus objetivos son aportar soluciones y medidas que puedan implantar los Ayuntamientos para frenar el cambio climático y sus efectos, dar apoyo técnico a los Gobiernos Locales para que alcancen sus objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, promocionar las actuaciones en cambio climático de los Gobiernos Locales, colaborar en proyectos conjuntos con los municipios, actuar como foro de intercambio de experiencias y desarrollar acciones de información y sensibilización.
Pero a pesar de los buenos propósitos, no parece que estas redes estén consiguiendo el efecto deseado. Las emisiones de CO2 siguen aumentando, y no hay señales claras de que los ayuntamientos asociados apliquen medidas efectivas para que se mitiguen los efectos del cambio climático. Por ello, hace unas pocas semanas, el partido verde andaluz, EQUO-Verdes, presentó un documento en el que se recogen las 12 medidas que deberían implementarse para reducir las consecuencias y eliminar las causas del cambio climático desde el ámbito municipal.
Estas medidas pasan por parar la instalación de macrogranjas, fomentar el transporte público multimodal, un acceso fácil a la vivienda, y un aire más limpio. Se propone dar prioridad a las personas que no conducen, que quieren o deben caminar, a las bicicletas y al transporte público, y multiplicar los espacios verdes en nuestros pueblos y ciudades. El plan contempla igualmente medidas para impulsar la producción descentralizada y el autoconsumo de energía; promover un modelo 100% público del suministro de agua; fomentar nueva cultura de consumo responsable y ético y la economía circular; y recuperar la gestión directa de los servicios municipales básicos. Además, se propone  la puesta en marcha de caminos escolares (a pie o en bici), la dotación de huertos solares y agrícolas, el diseño bioclimático de los edificios, y la implantación de comedores escolares con productos ecológicos y de proximidad.
Estas medidas pueden y deberían ser aplicadas de inmediato y, en este periodo electoral, deberían ser tomadas en cuenta por la ciudadanía a la hora de elegir las opciones políticas a las que votar, para conseguir que nuestros pueblos y ciudades sean entornos más habitables y saludables, además de que se puede conseguir con ellas el principal objetivo, alejarnos del punto de no retorno de un aumento de la temperatura media capaz de cambiar el clima de un modo incompatible con la supervivencia del ser humano en nuestro planeta.
Artículo publicado hoy en eldiario.es:


martes, 28 de noviembre de 2017

PALABRAS VANAS, RUIDO DE CAMPANAS

Fuente: CARM
Los grandes problemas que sufre la Región de Murcia, el paro, la pobreza, el estado del Mar Menor, el asunto del agua, el AVE y el soterramiento a su paso por Murcia, la contaminación atmosférica, entre otros, no encuentran con el PP la solución que merecemos, sino todo lo contrario. El partido que gobierna la región y el ayuntamiento de Murcia desde hace más de 20 años sólo ha actuado a golpe de declaraciones grandilocuentes y promesas largas veces incumplidas, si no directamente a base de mentiras que no se creen ni ellos.
“Las declaraciones falsarias y promesas de los gobiernos del PP llegan al paroxismo cuando se trata del medio ambiente”
Basta con repasar las hemerotecas para comprobar cómo los sucesivos presidentes regionales y sus consejeros, así como los alcaldes, han abusado de los anuncios estrella que no han llevado a ninguna parte. Así, en relación al desempleo en nuestra región, mientras el portavoz Víctor Martínez se jactaba en agosto pasado de ser la región donde “más baja el paro y más empleos se generan”, lo cierto es que, tanto en septiembre como en octubre, el desempleo aumentó en más de 3.000 personas, situándose en el 18,11% la tasa de paro en la Región de Murcia, casi dos puntos por encima de la tasa nacional. La pobreza se ha enquistado en un 28% de la población, limitándose el gobierno de López Miras a presentar a bombo y platillo, hace ya un mes, con la presencia del vicesecretario nacional de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, la llamada “ruta social”, sin medidas concretas sobre la mesa.
La serie de declaraciones falsarias y promesas lanzadas al aire por parte de los gobiernos del PP llega al paroxismo cuando se trata del medio ambiente. El Mar Menor sigue esperando la aplicación de medidas de urgencia anunciadas ya en 2016, a través de la anterior consejera de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, como la colocación de “filtros verdes”, así como la aprobación del Plan de Gestión Integral del Mar Menor, que debería haberse aprobado en 2012. En cuanto al problema de escasez hídrica, mientras López Miras asegura a los regantes que vendrá “el agua que nos merecemos”, nada se hace para cambiar el modelo agrícola imperante, ni para reducir las miles de hectáreas de regadío ilegal, al tiempo que se ha aprobado por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la construcción de una red de sondeos en el entorno del Mar Menor y del acuífero del campo de Cartagena, para la extracción de agua, situación que podría agravar el estado ya agónico de la laguna. A todo esto, se ha sabido que en Murcia se paga hasta 6,6 veces más cara el agua que en otras regiones.
“El objetivo del PP murciano es que el AVE llegue a Murcia de cualquier manera, aunque sea en superficie, en 2018, para presentarlo como un logro propio en las elecciones del año siguiente”
¿Y qué decir del soterramiento de las vías del AVE que no se sepa ya? Tanto el alcalde Ballesta como el presidente regional acumulan una gran cantidad de declaraciones sobre este tema, la inmensa mayoría de las cuales han sido dichas para salir del paso, siendo conscientes, creo yo, de que no se van a cumplir, habiendo colmado la paciencia de los vecinos y vecinas de las barriadas del sur de Murcia. De decir en mayo que estaría “siempre al lado de los vecinos y en la defensa de sus intereses”, Ballesta ha pasado a afirmar a comienzos de esta mes que “buscaría a otros interlocutores”, acusando además a la Plataforma Pro-Soterramiento de los actos vandálicos que se llevaron a cabo en fechas recientes. El objetivo del PP murciano es, claramente, que el AVE llegue a Murcia de cualquier manera, aunque sea en superficie, en 2018, para poder presentarlo como un logro propio de cara a las elecciones del año siguiente, aunque eso suponga ponerse en contra a cientos de miles de vecinos.
Por último, los picos de contaminación atmosférica que ha sufrido la ciudad de Murcia, agravados por la sequía y el cambio climático, son también el resultado de años de inacción por parte del consistorio. Se ha sabido que Murcia registra más del doble del valor límite diario de contaminación por ozono, con las consecuencias nefastas para el sistema respiratorio. Sin una política decidida en materia de movilidad sostenible, sin una apuesta clara por el fomento de la bicicleta, más allá del sistema de alquiler público, sin carriles bici suficientes que atraviesen el casco urbano y conecten con las pedanías, sin la mejora del transporte público urbano, y sólo con tímidas iniciativas en favor del vehículo eléctrico, como la promesa de la colocación de unos pocos puntos de recarga y la implantación del sistema Muving de alquiler de motos eléctricas, aún estamos lejos de conseguir revertir la situación.
Por el uso y el abuso, por parte de nuestros gobernantes, de anuncios, al final, se quedan en nada, se les podría decir aquello de “palabras vanas, ruido de campanas”.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

martes, 10 de enero de 2017

CIUDAD SALUDABLE VS. CIUDAD CONTAMINADA

Estas últimas semanas hemos asistido a la confrontación de dos visiones de la ciudad, una de ellas que tiene a las personas como centro de atención, al cuidado de la salud pública como prioridad y a la humanización de las calles como objetivo. La otra visión, más conservadora, desdeña la salud de la ciudadanía, adora al coche como tótem icónico que perpetúa la posesión de este tipo de vehículo como muestra de status y tiende a la deshumanización de la ciudad.
Me refiero, por un lado, a las medidas establecidas por el Ayuntamiento de Madrid durante las festividades navideñas para minimizar el efecto de la contaminación atmosférica. Como saben, estas medidas incluían la restricción del tráfico rodado en la llamada “almendra central”, es decir, el área incluida en el interior de la M30, para el 50% de los vehículos en determinados días, dependiendo de la matrícula, además de la prohibición de aparcar en ciertas zonas y la limitación de velocidad a 70 km/h en la M30. Frente a la asunción de medidas valientes para reducir la contaminación por parte del consistorio madrileño, el sector conservador prefiere mantener los niveles elevados de NO2 y partículas en la atmósfera, tildando de un modo irresponsable nada menos que de “ideológicas” las decisiones tomadas, cuando es conocido que la contaminación atmosférica mata anualmente a 7.000 personas en España, según la OMS. Los madrileños, sin embargo, han podido comprobar cómo la boina de contaminación ha disminuido en estos días tras la puesta en marcha de estas medidas.
“Pretender cargar las culpas a las bicicletas del aumento de fallecimientos en carretera es como matar moscas a cañonazos, cuando el colectivo ciclista es otra víctima más de la proliferación de automóviles”
Los altos niveles de contaminación atmosférica no son exclusivos de Madrid, sino que otras ciudades españolas, entre ellas Murcia, presentan altas tasas de NO2, ozono y partículas sólidas, provenientes de la combustión de los motores de automóviles, principalmente. En nuestra región, a pesar de que varios informes, como los realizados por Ecologistas en Acción y por el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia, alertan del alto grado de ozono en la atmósfera detectada en 2016 (por encima incluso que los niveles de 2014 y 2015) hemos podido ver cómo el alcalde de la capital ha negado este extremo, asegurando que Murcia «nunca en la historia ha tenido episodios de contaminación que hayan requerido de ningún tipo de medidas extraordinarias». El alcalde Ballesta prefiere cerrar los ojos al problema antes que implementar medidas para paliar los efectos de la contaminación.
Hay otro dato que pone de relieve que hay un determinado sector de la sociedad española que no quiere que tengamos una ciudad más amable y humana. En este caso, el lobby del automóvil, representado por el RACE, propone que, para disminuir la siniestralidad en las carreteras españolas, se haga extensivo el carné por puntos a los ciclistas y se les obligue a la posesión de un seguro y de una matrícula. Esta propuesta es totalmente irracional. Pretender cargar las culpas a las bicicletas del aumento de fallecimientos en carretera es como matar moscas a cañonazos, cuando el colectivo ciclista es otra víctima más de la proliferación de automóviles. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el RACE intenta una vez más quitarse de en medio a las bicicletas, esos artilugios que entorpecen el tráfico e impiden que los coches circulen a sus anchas por las calles, dificultando el uso de este medio de transporte ecológico mediante la burocratización y un coste económico para sacar la bici a la calle.
Como se puede comprobar, la consecución de una ciudad para las personas, a través de la pacificación del tráfico, por medio de la generalización del uso del transporte público y la bicicleta y la disminución de la densidad de automóviles es una batalla difícil, por la cerrazón de una parte de la sociedad española, convencida de que la ciudad sigue siendo territorio de los coches, aunque eso suponga altos niveles de contaminación y aumento de la siniestralidad. Un último argumento tal vez pueda persuadirles de que la disminución del uso de los coches y la peatonalización del centro de las ciudades es positivo: en todas las localidades donde se ha generalizado la peatonalización de las calles, el comercio de cercanía ha visto aumentadas sus ventas.
Devolvamos las calles a los peatones y ciclistas, y veremos mejorada la calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades y pueblos.
Artículo aparecido en La Crónica del Pajarito:

sábado, 10 de diciembre de 2016

EL AVE NO REMONTA EL VUELO

Un informe de la UE nos acaba de revelar que el uso del tren de alta velocidad en España es de los menores de Europa. A pesar de que nuestro país posee la segunda mayor red de alta velocidad operativa a nivel mundial, con 2.871 kilómetros y 1.200 kilómetros en construcción, solo por detrás de China, es la tercera más baja de toda la Unión Europea en cuanto a utilización de este medio de transporte. En España, solamente un poco más de 5 millones de personas al año utilizan el AVE, frente a los casi 40 millones de Reino Unido (pese a tener solamente 113 kilómetros de línea de alta velocidad) o los casi 30 millones de Francia, con algo más de 1.000 kilómetros. Solamente Países Bajos, con 2 millones de usuarios y sólo 120 kilómetros de líneas de alta velocidad, y Bélgica, con 4,4 millones y 209 kilómetros de línea, tienen un menor número de personas que, anualmente, usan el TAV. Pero los números no aguantan ninguna comparación, al comprobarse que en España hay unos 1.700 usuarios por cada kilómetro construido, frente a más 350.000 del Reino Unido, los 30.000 de Francia o los más de 36.000 de los Países Bajos.
“Siguen con el cuento de la lechera, prometen riqueza, desarrollo, la solución a todos los males, con proyectos faraónicos que sólo suponen depredación del territorio, graves impactos en el medio, enriquecimiento de unos pocos y despilfarro de fondos públicos”
Esto es claramente debido a que, en España, durante los años de la burbuja (y aún todavía), primaron los intereses empresariales frente a las necesidades reales de las personas. El sector empresarial vio una oportunidad de negocio con la construcción de miles de kilómetros de líneas de alta velocidad a lo largo y ancho del país, sin pensar a dónde irían esos trenes, cuál sería la demanda real y si serían rentables. Todo ello promovido por el ministerio de Fomento, a través de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), empresa pública que, a finales del 2015, sumaba unas pérdidas de 361 millones de euros a la ya abultada deuda total de 14.000 millones.
La falta de visión es muy clara en los responsables de la alta velocidad española, sobreproyectando esta infraestructura, cuyo coste se ha disparado en estos 24 años, desde que en 1992 se iniciaran estas obras faraónicas, superando los 70.000 millones de euros. Las líneas en construcción costarán, en principio, 27.000 millones, si no se produce lo que ya es habitual, el sobrecoste de las obras, a menudo asociado a escándalos de corrupción, como en la línea del AVE a Barcelona, caso descubierto en 2014, o relacionada con la más cercana línea Murcia-Alicante, en la que se adjudicaron tramos del AVE a determinadas empresas a precios claramente inflados, a cambio, presuntamente, de desvío de dinero público a empresas fantasma. A todo esto, los políticos murcianos siguen engañando a los vecinos y vecinas del municipio de Murcia, cuando ADIF ya ha admitido que “no tiene dinero para el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad”, por lo que éste llegará en superficie. La herida que divide la ciudad en dos seguirá abierta.
Los responsables políticos españoles siguen contándonos el cuento de la lechera, prometiendo riqueza, desarrollo, la solución a todos los males, con proyectos faraónicos que sólo suponen depredación del territorio, graves impactos en el medio, enriquecimiento de unos pocos y despilfarro de fondos públicos que afectan a los servicios esenciales. Mientras que, desde el gobierno central y los autonómicos, empezando por el de la Región de Murcia, se destinan ingentes cantidades de dinero a obras de dudosa rentabilidad económica y social, como es el AVE, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 el techo de gasto disminuye en 5.000 millones con respecto a 2016, lo que supondrá que se destinen menos recursos a gastos sociales, pensiones, educación o sanidad.
¿Hasta cuándo la sociedad española seguirá dando credibilidad a las vanas promesas que, año tras año, nos venden desde los gobiernos? ¿Cuándo se darán cuenta las personas que siguen apoyando al partido en el gobierno que dilapidar recursos públicos en este tipo de infraestructuras, puertos sobredimensionados, aeropuertos sin aviones, autopistas privadas deficitarias, líneas de AVE sin pasajeros, es hipotecar el futuro? Estas preguntas no dejamos de plantearlas, pero desgraciadamente las advertencias suelen caer en saco roto.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

miércoles, 3 de febrero de 2016

POR UN TRANSPORTE PÚBLICO EFICAZ Y SOSTENIBLE

Hace unos días, la OCU hizo público un estudio sobre el grado de satisfacción de los usuarios del transporte público en las principales ciudades españolas, desprendiéndose de dicho estudio que Murcia está en el Top 5 de las peor valoradas, junto a Palma de Mallorca, Vigo, Albacete y Zaragoza, siendo además la única ciudad que suspende, con una valoración de 44 puntos sobre 100. Las razones por las que el servicio de bus urbano en la capital murciana genera ese grado de insatisfacción en la ciudadanía (entre la que me incluyo como usuario habitual de este medio de transporte) son debidas, principalmente, a su escasa frecuencia (especialmente en horas valle, aunque también en hora punta), al deficiente diseño de la red, con una insuficiente cobertura en las diferentes líneas y paradas (sobre todo en las líneas hacia las pedanías), así como a su impuntualidad.

Estos resultados no difieren mucho (por no decir nada) con respecto al mismo estudio realizado hace justo un año por la misma organización, lo que demuestra que poco o nada se ha hecho para remediar la situación. Muchas ciudades españolas y sus habitantes siguen teniendo al transporte privado (sobre todo el automóvil) como principal medio de movilidad. La prueba la encontramos en el hecho de que, según un estudio de la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (Atuc), los españoles gastan 18 veces más en su coche que en transporte público urbano. Esto se traduce en una excesiva dependencia del vehículo privado para desplazamientos urbanos, la congestión del tráfico y la creciente y elevada contaminación de las ciudades, tal y como se percibe a diario en las calles de Murcia.
Aunque en los últimos tiempos en la ciudad de Murcia se han dado pasos importantes para ir cambiando los hábitos de la población en cuanto a movilidad, como la instalación del servicio de alquiler de bicicletas Muybici, tras años de reivindicaciones por parte de asociaciones ciclistas y movilizaciones como las Masas Críticas, aún estamos lejos de las ciudades europeas que apuestan realmente por conseguir un medio ambiente urbano saludable mediante la promoción del transporte público, como Copenhage, Viena o Estocolmo. El tranvía en Murcia no soluciona los problemas de transporte, al estar limitado a la zona norte de la ciudad y ser demasiado costoso para las arcas públicas (nos cuesta 11 millones de euros al año), además de no cubrir el mínimo necesario de viajeros como para ser rentable, ya que la ratio de ocupación es ligeramente superior a 50 viajeros al día por millón de euros invertidos, siendo necesario que esa ratio estuviera por encima de los 100 viajeros/día, por lo que la inversión mereció la calificación de “inadecuada” en un estudio realizado el año pasado por la revista 'Carril Bus', publicación de tirada nacional especializada en transporte de viajeros.
Otras ciudades españolas van en la dirección correcta en cuanto al transporte público se refiere, como Bilbao o Gijón, las mejor valoradas por los usuarios. En Madrid se está actuando de manera efectiva contra la contaminación, limitándose tanto la velocidad en ciertas vías como la entrada al centro de la ciudad de coches que usan combustible tipo diesel, e incluso se está estudiando que el transporte público sea gratuito en días de altos niveles de polución atmosférica. En su contra se encuentra la mala valoración del metro madrileño, debido a los retrasos y las aglomeraciones.
Un transporte público realmente eficaz y sostenible proporciona toda una serie de ventajas a las ciudades y sus habitantes: dinamiza la economía, al reducirse los costes asociados a la congestión del tráfico; es una fuente de creación de empleo; reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, luchando de forma práctica contra el cambio climático; mejora la salud de la ciudadanía, al aumentar la calidad del aire; garantiza la cohesión social, permitiendo la participación del conjunto de la sociedad en actividades sociales, culturales y económicas, independientemente de sus condiciones socio-económicas. En definitiva, hace las ciudades más habitables y garantizan una calidad de vida adecuada. Es responsabilidad de los gobiernos locales conseguir esos objetivos.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito: