LA HUERTA SE MUERE

Las últimas noticias referentes al grado de deterioro que ha alcanzado el patrimonio histórico de la huerta de Murcia ponen en evidencia hasta qué punto el ayuntamiento de Murcia está de espaldas a este singular ecosistema y a los valores ambientales, culturales y sociales que representa. Basta pasearse por las inmediaciones del casco urbano para comprobar cómo la fiebre urbanizadora, alentada por el consistorio, ha degradado gran parte de este patrimonio natural e histórico.

Molino del Batán (siglo XVIII)

Molino del Batán (siglo XVIII)

Como muestra, tres ejemplos: el molino del Batán, catalogado como Bien de Interés Cultural por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. La torre, de origen islámico (siglo XIII), es anexa al edificio principal (molino harinero), que data del siglo XVIII y, como puede verse, se encuentra en un estado lamentable, con escombros a su alrededor y en un estado semi-ruinoso.

Las acequias de la huerta están siendo objeto de entubamientos, por lo que se pierde un ecosistema muy específico, que alberga una fauna y flora singulares. Considerar las acequias y azarbes como meros canales de riego es despreciar la importancia ambiental de estas infraestructuras tradicionales.

Acequia

Misma acequia entubada

Otro patrimonio histórico de la huerta que es objeto de un abandono manifiesto es el de los castillos árabes, (Monteagudo, Castillejo, Larache), algunos de propiedad privada, fortalezas fronterizas entre los reinos cristiano y musulmán hasta el siglo XIII y, posteriormente, entre los reinos de Aragón y Castilla hasta finales del siglo XV, siendo abandonados tras la unión entre ellos bajo el reinado de los Reyes Católicos. Mientras que cualquier otra comunidad estaría orgullosa de este patrimonio, siendo objeto de restauración y puesta en valor, desde la Región de Murcia se deja que se degrade, con lo que la población murciana en general desconoce su propia historia y su patrimonio.

Castillejo de Monteagudo

Patio del castillo

Es evidente en estas fotografías cómo las diferentes administraciones públicas han ido dejando que este patrimonio se fuera deteriorando con los años.

Además de estos casos puntuales, lo más grave es que, desde el ayuntamiento de Murcia, se ha fomentado la urbanización (a menudo ilegal) de la huerta. Cuando en 2001 se aprobó el PGOU del municipio, se pensó en duplicar en 2025 la superficie edificada y se planificaron 120.000 viviendas nuevas, de ellas 30.000 en pedanías del Campo de Murcia, donde se ubicarían 14 campos de golf (ver enlace). Según la Confederación Hidrográfica del Segura, de las 13.026 hectáreas de huerta que había en 1995, ahora sólo quedan 7.000 (ver enlace). La mayoría de estas edificaciones ilegales regularizan su situación con el pago de una multa, dejándose el camino abierto a la ocupación residencial de un territorio caracterizados por la fertilidad de su tierra.

Hay que destacar la labor realizada por la Asociación de Defensa de la Huerta (HUERMUR) que, desde distintas instancias, trabaja incansablemente en favor de este patrimonio natural, paisajístico, histórico y etnográfico y para que sea considerado por las administraciones públicas como un valor que merece ser conservado.

Es necesario que se elabore un Plan Integral de Protección de la Huerta de Murcia, para que los siglos de historia y patrimonio, los usos tradicionales y los conocimientos transmitidos de padres a hijos no se pierdan, y para que las generaciones futuras puedan disfrutar de los valores que nuestros antepasados han conocido, y que la sociedad actual parece no valorar, más allá de las demostraciones folclóricas durante una semana al año.

EL REPARTO DEL TRABAJO, UNA ALTERNATIVA AL PARO

Desde hace unos años se nos hace creer, por parte de la CEOE y de determinados gobiernos autonómicos, que trabajar más horas es mejor para la creación de empleo. Ya en 2009 Díaz Ferrán, anterior presidente de la CEOE e imputado por un delito fiscal, nos decía que “es imposible estar trabajando 38 horas y pensar que se va a salir de la crisis”; se debe “trabajar más y, desgraciadamente, ganar menos” (ver enlace). En los últimos meses, y por razones parecidas, los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Galicia y de Castilla-León han aumentado en 2 horas semanales los horarios de trabajo de los funcionarios, sin que se experimentara una subida de salario proporcional. Además, en virtud del artículo 4 del R.D 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (primera ley aprobada por el nuevo gobierno y convalidada el pasado 11 de enero en el Congreso con los votos a favor de PP, CiU y UPN), "la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos". Estas medidas ya se están poniendo en práctica en ciertos ayuntamientos de la región, como Cartagena. Para un gobierno que hace gala de que su prioridad es la lucha contra el paro, estas medidas lo único que conseguirán es que más personas, que actualmente tienen un contrato temporal en la administración, vayan a engrosar las listas de desemplead@s.

En el sector privado, España es uno de los países donde se acumula el mayor número de horas de trabajo semanales (41,6 horas/semana) de toda Europa, según Eurostat, junto a países como Grecia (43,7) o Reino Unido (42,7). Y esos tres países soportan una tasa de paro bastante elevada: España el 23%, Grecia el 18,8% y Reino Unido el 8,3% (que aunque es bastante más baja, es la tasa más alta desde 1995). En el otro lado del espectro encontramos a Dinamarca (39,1 horas/semana), Holanda (40,9 horas/semana), Italia (40,5) o Finlandia (40,3). Estos países tienen una tasa de paro bastante más baja que España: 7,8%, 4,9%, 8,6% y 7,5%, respectivamente. Estas cifras tienen que ver con distintos factores, como son el mayor nivel académico de sus poblaciones en edad escolar, según el informe PISA, pues existe una correlación entre el nivel académico de una población y la tasa de paro (ver enlace); o la existencia de la burbuja inmobiliaria que lanzó al mercado de trabajo en el sector de la construcción a millones de personas en España que se quedaron en el paro tras el pinchazo. También tiene que ver con el mayor porcentaje de contratos a tiempo parcial. Mientras que en España ese porcentaje era solamente del 12,8% en 2010, la media europea era del 19%, destacando Holanda con un 48,9% (ver enlace). 


Pero, frente a la pretensión del gobierno y de la CEOE de que las empresas dispongan de un determinado número de horas de trabajo sin aumentar de forma proporcional el salario (ver enlace), desde diferentes organismos europeos, como el New Economics Foundation (nef), se apuesta por el reparto del trabajo, por el que se debería disminuir paulatinamente la jornada laboral hasta llegar a las 21 horas semanales. Esta novedosa concepción del reparto del trabajo trae consigo toda una serie de ventajas, como bien dice Florent Marcellesi, experto en Ecología Política y miembro de la Comisión Gestora de EQUO en un artículo. Las ventajas se pueden resumir en que:

- Protege los recursos del planeta, al dedicarse menos dinero al consumismo y a actividades perjudiciales para el medio ambiente, al tiempo que se favorece otro modelo productivo más sostenible.
- Aumenta el bienestar general, al poder las personas dedicar más tiempo a otras actividades como el cuidado parental, el reparto de tareas en el hogar, las relaciones interpersonales o la participación en actividades locales y no productivistas.
- Permite la redistribución de la riqueza, pues en vez de que casi la cuarta parte de la población española no tenga acceso a un empleo remunerado, por lo que no cotizan, no tributan y, por tanto, son un gasto para el Estado, el reparto del trabajo permite que más personas estén en el mercado de trabajo.

Por supuesto, para poder implementar una jornada más reducida y, por tanto, el reparto del trabajo, es necesario que toda una serie de aspectos de la sociedad española cambien, como son:


- La facilitación al acceso generalizado a la vivienda, por el descenso del precio de las casas, actualmente inflados por la burbuja inmobiliaria y por el afán especulativo de unos pocos. También por medio de la promoción pública del alquiler, a precios asequibles.
- Una potenciación real de los transportes públicos, tren convencional para los largos recorridos y autobús para las ciudades. En éstas, fomento del uso de la bicicleta. Sólo con esas medidas puede prescindirse del vehículo privado, sujeto a todo tipo de gastos y al consumo de combustible.
- El acceso a la cultura de forma sencilla y casi gratuita.
- Y, lo que tal vez es lo más difícil, un cambio en la mentalidad de la gente, conformándonos con menos, y adoptando hábitos de consumo colaborativo, con lo que nuestras necesidades materiales descenderían de forma radical.

DE PROFESIÓN, POLÍTICO

Recién inaugurada la legislatura, cabe recordar que la clase política es la tercera preocupación de los españoles, detrás del paro y la economía (ver enlace). Además de los sueldos y los privilegios que todo el mundo considera excesivos, como dietas de 1.800 euros al mes para manutención, si el/la diputad@ o senador/a es elegid@ por una provincia que no es Madrid (aunque eso es otra trampa, porque muchos tienen casa en la capital aunque son colocados en listas de otras circunscripciones), viajes gratis en tren o avión, plan de pensiones privado, gastos de representación, poder compatibilizar varios sueldos públicos, diversos gádgets tecnológicos o no tener control sobre el absentismo laboral (ver enlace), a eso se suma la extraordinaria longevidad "profesional" de muchos representantes públicos.

El récord lo ostenta Alfonso Guerra (PSOE), que es diputado desde la primera legislatura de 1977, siendo vicepresidente del gobierno entre 1982 y 1991. Aún continúa como diputado. En el mismo partido, nombres como Manuel Chaves, diputado desde 1977, ministro entre 1986 y 1990, presidente de Andalucía entre 1990 y 2009, de nuevo ministro entre 2009 y 2011; José Bono, diputado desde 1979, presidente de Castilla-La Mancha entre 1983 y 2004, ministro de Defensa (2004-2006) y Presidente del Congreso (2008-2011); Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario de Estado (1988), ministro (1992-1996), diversos cargos de partido (1996-2004) y nuevamente ministro (2004-2011); Joaquín Almunia, sindicalista entre 1976 y 1979, diputado (1979-2004), ministro (1982-1991), comisario europeo y vicepresidente de la Comisión Europea (2004 a la actualidad); José Luis Rodríguez Zapatero, diputado desde 1986 (a los 26 años), líder de la oposición (2000-2004) y presidente del gobierno (2004-2011); Jesús Caldera, diputado desde 1982, a los 25 años, ministro entre 2004 y 2008 y, desde 2008 a la actualidad, presidente del think tank socialista Fundación Ideas; menos conocido es Francisco Fernández Marugán, diputado desde 1982...

En el PP también hay cargos públicos eternos, empezando por Manuel Fraga, ministro franquista entre 1962 y 1969, embajador (1969-1975), ministro en el primer gobierno post-franquista (1975-1976), diputado, eurodiputado, presidente de Galicia y senador, habiéndose jubilado en 2011 a los 88 años. Otros cargos cuasi-vitalicios son Jaime Mayor Oreja, en la política profesional desde 1977, aunque electo a partir de 1979, siendo delegado del Gobierno en el País Vasco (1982), parlamentario vasco, ministro del Interior y actualmente eurodiputado; Esperanza Aguirre, subdirectora general de 1976 a 1982, concejala en Madrid de 1983 a 1996, ministra entre 1996 y 1999, presidenta del Senado entre 1999 y 2002 y desde 2003 presidenta de Madrid; Mariano Rajoy, diputado autonómico gallego en 1981, concejal en 1983, diputado en 1986, ministro entre 1996 y 2004, jefe de la oposición entre 2004 y 2011 y actualmente presidente del gobierno; más joven pero toda una vida dedicada a la cosa pública es Alberto Ruiz-Gallardón, concejal en Madrid en 1983 (a los 25 años), diputado en 1987, presidente de la Comunidad de Madrid en 1995, alcalde de Madrid (2003-2011) y actualmente ministro de Justicia....

En otros partidos destacan por sus años con cargos públicos Josep Antoni Durán i Lleida (CiU) teniente de alcalde de Lleida entre 1979 y 1980, director general en la Generalitat, diputado en 1982, eurodiputado, parlamentario autonómico, conseller... hasta hoy; Cayo Lara, alcalde entre 1987 y 1999, coordinador de IU de Castilla-La Mancha entre 2000 y 2008, coordinador general desde 2008 y actualmente diputado; Gaspar Llamazares, coordinador de IU en Asturias a partir de 1988, diputado regional en 1991, diputado en Cortes desde 2004 hasta la actualidad... Rosa Díez, de UPyD, fue diputada foral de Vizcaya con el PSOE (1979-1983), vicepresidenta de sus Juntas Generales (1983-1987), parlamentaria del Parlamento vasco (1986-1999), consejera del gobierno vasco (1991-1998), eurodiputada (1999-2007); una vez fuera del PSOE, y habiendo creado UPyD, a partir de 2008 y hasta la actualidad es diputada en el Congreso.

En clave regional, en Murcia tenemos casos también de cargos longevos, comenzando con el propio Ramón Luis Valcárcel, en cargos internos del PP regional desde 1982, concejal entre 1983 y 1995, presidente de la comunidad desde 1995 hasta la actualidad; Miguel Ángel Cámara, en cargos internos del PP entre 1983 y 1987, concejal (1987-1995) y alcalde de Murcia desde ese año; Pilar Barreiro, diputada regional (1991-1995), alcaldesa de Cartagena desde 1995 y diputada desde 2008...

Aunque estos cargos electos aducirán que han sido elegidos democráticamente, la verdad es que el sistema de listas cerradas, el de la meritocracia en los partidos y la no limitación en el tiempo de los cargos públicos hace que se haya creado una casta que, en muchos casos, se cree mejor que el resto (sólo hay que leer las declaraciones de Durán i Lleida con respecto diversos temas) que al final no son capaces de hacer otra cosa en la vida, al haber perdido las habilidades de sus antiguas profesiones, si es que han tenido alguna, al margen de los puestos orgánicos de los partidos. A este respecto es muy ilustrativo el reportaje realizado por el programa Salvados en septiembre 2011.


Ante esto, es necesario exigir la limitación a un tiempo determinado de todos los cargos públicos para, por un lado, favorecer la participación ciudadana en la gestión pública y la renovación, y por otro, evitar la profesionalización de la política. A esto debe acompañarse la reforma del sistema de financiación de los partidos políticos, a menudo envueltos en turbios asuntos de corrupción y de opacidad de las cuentas.