EL PACTO DE LA VERGÜENZA A LA MURCIANA

López Miras se ha plegado a las exigencias de Vox, haciendo suyos los postulados ultras, todo para seguir agarrándose al poder, aunque ello ponga en riesgo la concesión de ayudas europeas por valor de miles de millones de euros, la mayoría destinadas a la lucha contra el cambio climático, a través de medidas como la restauración ecológica de los ríos, la rehabilitación de casas para que sean más eficientes desde el punto de vista energético, el fomento del transporte sostenible o la recuperación del litoral, muy ligado en nuestro región con el Mar Menor.

En una muestra más de su irresponsabilidad, el Partido Popular de la Región de Murcia, a través de su presidente, ha afirmado que “rechazan el Pacto Verde Europeo”. Pero, ¿sabe el PP en qué consiste este pacto? Aprobado en 2019, pretende poner a Europa a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, con un objetivo claro, alcanzar la neutralidad climática para 2050, es decir, reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Además, se quiere implementar la economía circular, aquella que minimiza la producción de residuos y que aspira a reducir la obsolescencia programada, es decir, a prolongar la vida útil de los aparatos que usamos, entre otras medidas.

El aspecto del Pacto Verde que irrita a la ultraderecha es el relativo a la agricultura y ganadería. El acuerdo europeo pretende favorecer una gestión sostenible de los cultivos y un mayor bienestar animal, así como producir más con menos, mediante la reducción en el uso de fertilizantes y plaguicidas, así como de antibióticos y otros medicamentos veterinarios y la adopción de postulados ecológicos en las explotaciones agrarias, con el fin de reducir su impacto sobre la biodiversidad, garantizando que los alimentos sean saludables y asequibles. La agricultura es responsable del 10,3% de las emisiones de GEI de la Unión Europea y casi el 70% de sus emisiones proceden del sector de las actividades ganaderas. La Estrategia “De la Granja a la Mesa” intenta mejorar estos datos por medio de las medidas citadas, además de reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y luchar contra el fraude alimentario en la cadena de suministro.

La Región de Murcia tiene mucha responsabilidad en las emisiones de gases, ya que contamos con dos millones y medio de cabezas de ganado porcino, más que habitantes tiene la región, generando el 20% de los residuos de porcino de toda España, con cinco millones y medio de toneladas anuales de purines y estiércol que contaminan el suelo y las aguas subterráneas. La pretendida construcción de plantas de biogás proyectadas en la región no son ajenas al efecto llamada para la proliferación de estas macrogranjas de porcino, ya que sus residuos serían la materia prima para esas plantas. 

El PP murciano está en contra de las medidas que el propio Partido Popular Europeo apoya. El grupo conservador en el Parlamento Europeo “ha defendido la ambición climática de reducir en torno al 55% las emisiones de CO2 para 2030 y ha abogado por la innovación”, tal y como aparece en su página web. López Miras y los suyos, fagocitados por la ultraderecha, demuestran ser tan anti-europeos como Vox y no tener escrúpulos de estar contra los intereses de la mayoría de murcianos y murcianas, defendiendo que se mantenga el modelo agrícola y ganadero intensivo, causante de residuos contaminantes que envenenan el suelo y los acuíferos, no aplicando medidas que mejoren el transporte público que reduzcan así la contaminación atmosférica.

Esto no es sino una estrategia, una vez más, para atacar al gobierno central, ya que firmando este acuerdo de presupuestos autonómicos con la ultraderecha, tal y como han hecho en la Comunidad Valenciana, quieren dejar en evidencia que no se está logrando, por ahora, el acuerdo para aprobar los PGE en el Congreso, haciéndonos creer que, ellos sí, son buenos gestores al conseguir esos presupuestos, aunque ello suponga ir en dirección contraria a lo que se está intentando hacer en Europa. Declararse abiertamente en contra del Pacto Verde supone retrasar la transición ecológica de la economía, seguir dependiendo de terceros países que nos suministran energía y poner en riesgo los empleos del futuro. 

Articulo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/pacto-verguenza-murciana_132_12177303.html

EL PP Y LA ADOPCIÓN DEL NEGACIONISMO

Las sucesivas borrascas que atraviesan la península, asociadas a lluvias intensas y a la bajada de las temperaturas, han hecho resucitar los argumentos “cuñados” en las redes sociales, algunos de ellos a cargo de conocidas estrellas mediáticas, por el que se cuestiona sin sonrojo la existencia del cambio climático, como si las condiciones meteorológicas de una zona concreta en un periodo concreto (en este caso, la Península Ibérica y en este mes de marzo) fueran representativas de la situación planetaria. Sin embargo, la Organización Meteorológica Mundial confirma que 2024 fue el año más cálido jamás registrado, al superar en cerca de 1,55°C los niveles preindustriales. Si echamos un vistazo a la gráfica de la evolución de la variación de la temperatura media con respecto a 1950, se comprueba que esta curva se hace cada vez más pronunciada, alejándonos de la media de año en año. Además, los últimos siete años han sido los más cálidos desde que se tienen registros.

El cambio climático se refiere a la variación global del clima, a un cambio en los patrones climáticos por los cuales se producen olas de frío cuando no toca, incendios a gran escala. aumento de las precipitaciones masivas, como las DANA que asolan nuestro país, tal y como ha desvelado el Informe de Riesgos Climáticos de la Región de Murcia, coordinado por el catedrático en Geografía Física de la UMU, Carmelo Conesa García. Este informa revela que el cambio climático dará lugar a un incremento en la magnitud e intensificación de la fuerza de las lluvias y a una relativa mayor frecuencia de estas DANAs.

Otros signos palpables de las consecuencias de este fenómeno global son el retroceso y la desaparición de los glaciares, como ya está ocurriendo en los Pirineos, el aumento de la temperatura del Mediterráneo, cuya consecuencia primera es la intensificación de las lluvias torrenciales, o el aumento de casos de enfermedades tropicales como el dengue o el virus del Nilo, como se ha comprobado recientemente en Tarragona o Sevilla, entre otros.

La ultraderecha continua negando la existencia del cambio climático, calificándolo de “fanatismo climático”. Pero lo más grave es que el Partido Popular se ha sumado a esta postura, a través del pacto alcanzado entre el PP valenciano de Mazón y Vox para aprobar sus presupuestos. Para ello, el presidente valenciano no tiene empacho en hablar de una “agenda ambientalista mal concebída” en Europa, de la aplicación de un “pacto verde radical” o en eliminar todas las partidas destinadas a Agenda 2030 y Desarrollo Sostenible. Eso sin hablar de otros temas como la inmigración o la memoria histórica, asumiendo como propio el ideario xenófobo y negacionista de la ultraderecha, todo ello con el beneplácito de Génova, tal y como ha afirmado su portavoz Borja Sémper, al admitir que están de acuerdo con ese pacto, todo en aras de la “estabilidad” en el gobierno, aunque eso implique una deriva reaccionaria.

Pero lo más grave en relación a nuestra región es que el PP espera que esos pactos se reediten en otras Comunidades Autónomas como Aragón o Murcia. En la Región de Murcia planea, por tanto, la amenaza de ese pacto entre PP y Vox que incluirían los mismos puntos que el pacto valenciano en relación al Pacto Verde, la inmigración y la memoria histórica, retrocediendo en la lucha contra la contaminación atmosférica, problema muy grave que sufrimos los murcianos y murcianas, la recuperación del Mar Menor, el reconocímiento de los derechos de los inmigrantes o  la transmisión veraz de la historia reciente, sin dogmatismos ni falsedades. 

La adopción por parte de la derecha española de los postulados de la ultraderecha es una muy mala noticia que confirmaría el retroceso en materias como la lucha contra el cambio climático y los derechos sociales. Sólo queda que la sociedad civil reaccione y no permita, de una manera democrática, esta involución. 

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/pp-adopcion-negacionismo_132_12142220.html?fbclid=IwY2xjawJHcodleHRuA2FlbQIxMQABHS8SoBiEDYr4N9FLS5Dq0_50zquXD5z_B5ffmoGp06y934GZRz43Ch6vwg_aem_KoxF8ohV236Vxyto9F3_9Q

LA PROPOSICIÓN DE REFORMA DE LA LEY DEL MAR MENOR DE VOX, UN DESPROPÓSITO

El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional ha registrado la proposición de ley para reformar la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, ya que considera que, según su criterio, no se adecúa a su manera de “proteger” la albufera más grande del Mediterráneo Occidental. Su propuesta de reforma, sin embargo, choca con lo que los grupos ecologistas y la oposición en la Asamblea Regional estiman que debe ser la forma más efectiva de conservar este espacio natural tan singular. Pasemos a analizar su proposición de ley.

El partido de ultraderecha, para empezar, ya propone modificar el artículo 1, por el que quiere sustituir el objeto de dicha ley, que en la ley de 2020 es “la protección, recuperación, desarrollo y revalorización de la riqueza biológica, ambiental, económica, social y cultural del Mar Menor (…) para que su ejercicio se realice de manera integral y sostenible”, por el de “hacerla compatible con el interés general y la viabilidad de la vida económica y social de la comarca”. Es decir, que el objetivo ya no es ambiental sino, también y sobre todo, económico, y ya sabemos que, para la derecha y ultraderecha, cuando ambos aspectos se ponen en balanza, lo ambiental es sacrificado ante lo mercantilista.

El artículo 3, dedicado a los fines de la ley, está totalmente amputado, eliminando toda referencia, con su habitual discurso negacionista, a la prevención de la contaminación, la conservación del ecosistema, la restauración de humedales, la investigación y la lucha contra el cambio climático, la erosión del suelo y la desertificación en el entorno del Mar Menor. En su lugar, Vox pretende básicamente promover el actual modelo productivo y garantizar los aprovechamientos “ya sean urbanísticos, agrícolas, ganaderos, pesqueros, industriales, portuarios, recreativos o de cualquier otro tipo que se desarrollen en el Mar Menor y su cuenca vertiente”.

Se pretende eliminar el Consejo del Mar Menor. Este órgano consultivo, formado por representantes de las distintas administraciones, el Comité Científico y organizaciones de la sociedad civil, contemplado en la ley de 2020, tiene como funciones “la toma de conocimiento del estado ecológico del Mar Menor y su evolución, así como la valoración de las distintas actuaciones necesarias para la mejora progresiva del mismo”. Su eliminación disminuiría el control que las administraciones y la sociedad civil pueden ejercer sobre las actividades de la laguna y su entorno.

Se elimina el plazo de tres años dispuesto en la ley de 2020 (aunque claramente incumplido), para redactar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, por lo que éste podría demorarse en el tiempo sin plazo para su diseño e implementación. Además, en la propuesta de Vox, se eliminan de nuevo las referencias a la “mitigación y adaptación al cambio climático” como uno de los objetivos del Plan de Ordenación. Y de nuevo se hace hincapié en la construcción de infraestructuras en vez de aplicar medidas preventivas en origen.

En cuanto a la adopción de medidas adicionales en el programa de actuación (artículo 54), la propuesta del partido de ultraderecha elimina la prohibición de cultivos sensibles a la lixiviación de nutrientes, por lo que se facilita la filtración de contaminantes provenientes de la agricultura a las aguas subterráneas y su posterior vertido al Mar Menor. Además, la monitorización de nutrientes a tiempo real sólo se haría si “se generan valores robustos y hayan sido verificados por organismos públicos de investigación”, permitiendo así la filtración difusa de nutrientes al subsuelo, aunque sea a concentraciones más bajas pero de forma continua.

La proposición de ley no prohíbe taxativamente la construcción y ampliación de puertos deportivos, como se contempla en la ley vigente, ya que se permitirían ambas si existieran estudios técnicos que justifiquen que su implantación “no afecta de forma significativa ni el ecosistema ni la dinámica litoral del Mar Menor en su conjunto”, estudios que, hechos “ad hoc”, abren la puerta a aumentar la presión sobre la laguna costera con más puertos y puntos de amarre, con la contaminación asociada por vertidos de combustibles.

En cuanto al capítulo de infracciones graves, ya no se contemplaría como tal el no estar inscrita la explotación agrícola en el Registro de Explotaciones Agrarias de la CARM, no disponer de operador agroambiental o no presentar la información o documentación en el tiempo y forma establecidos legalmente. Tampoco Vox considera infracción muy grave el incumplimiento de la orden de restitución de cultivos o de las órdenes de restablecimiento de la legalidad, es decir, que se abre la mano a las ampliaciones ilegales de cultivos de regadío, que quedarían impunes. También se reducirían las cuantías de las sanciones, pasando del 20 al 50% el porcentaje de reducción del importe de las sanciones si se cumplen una serie de condiciones, ni se suspendería la actividad agrícola o la posibilidad de recibir ayudas a pesar de infringir gravemente la legalidad. Además, Vox quiere eliminar las entidades inspectoras de explotaciones colaboradoras con la administración (ECARM), garantes del cumplimiento de la legalidad.

La proposición de ley del partido ultraderechista supondría todo un despropósito y una vulneración de los derechos del Mar Menor, ya que sería un ataque directo al espacio natural y a su conservación para las generaciones futuras. Esperemos que sus socios de gobierno, empezando por López Miras, no permitan este atropello y que, tal y como ha anunciado, no apoyen nada que suponga la más mínima desprotección del Mar Menor. Veremos.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/proposicion-reforma-ley-mar-menor-vox-desproposito_132_11212488.html

UN PACTO CONTRA LA MAYORÍA

Se confirmó el pacto entre PP de la Región de Murcia y Vox, algo que, aunque López Miras lo negaba una y otra vez, estaba cantado que, tarde o temprano, se alcanzaría ese acuerdo entre la derecha extrema y la extrema derecha de la región, a imagen de otras Comunidades Autónomas, para facilitar el acuerdo estatal entre Núñez Feijóo y Abascal.

Este pacto va acompañado por una serie de 30 medidas de gobierno que, en su mayoría, van en contra de la mayoría social de la Región de Murcia. Si repasamos ese acuerdo, comprobamos que el PP se ha plegado a la agenda ultra de Vox. Así, en la primera medida se apuesta por un Plan Hidrológico Nacional, recuperando el 'agua para todos', una idea que en 2004 ya fue desechada por la mayoría de los informes técnicos, siendo inviable tanto desde el punto de vista ambiental como económico, y que ningún gobierno, ni siquiera el de Mariano Rajoy, sacó del cajón. El avance del cambio climático en los últimos años hace aún más difícil la implementación de este hipotético plan que, además, sólo apuesta por más infraestructuras, única solución que la derecha y la ultraderecha ponen sobre la mesa, sin tener en cuenta la disminución de los caudales. Esta medida va acompañada por el apoyo a la agroindustria, insistiendo en el concepto de “agricultura de precisión”, término eufemístico para referirse a la agricultura intensiva cuya primera víctima es el Mar Menor.

El Mar Menor, precisamente, es también objeto de este acuerdo, hablando de su “recuperación”, pero sin incidir en el origen de su degradación, gran parte de la cual proviene de la actividad agrícola, sino haciendo referencia solamente a la construcción de nuevas infraestructuras, sin cambio alguno en el modelo agropecuario, lo que no solucionaría el problema. Antelo, futuro vicepresidente, por su parte, ya ha anunciado que su propósito es derogar la Ley del Mar Menor.

En lo social, se habla de las familias, pero ya sabemos que el modelo de familia para la derecha y ultraderecha es la tradicional, en su imaginario no entran otros modelos familiares, como las monomarentales (ya que la inmensa mayoría están formadas por una madre y uno o varios hijos e hijas) o parejas del mismo sexo (con o sin hijos). En cuanto a la violencia de género, se evita hablar de violencia machista, y se equipara la violencia contra las mujeres a la sufrida por niños y mayores, siguiendo la habitual jerga ultra de “violencia intrafamiliar”; aquí el PP ha hecho suyo el negacionismo de la violencia machista, en una concesión más al ideario de Vox.

En cuanto a la política de vivienda, no se habla en absoluto de aumentar el parque de vivienda social en alquiler, sino solamente de ayudas a la compra, dejando en manos de constructoras y promotoras privadas este aspecto que debería ser prioritario para el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. La política educativa continúa la ya llevada a cabo por los sucesivos gobiernos regionales, ya que detrás del habitual “derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos”, ya sabemos que se esconde la potenciación de la enseñanza privada y concertada frente a la pública, y cuando se habla de “garantizar la neutralidad ideológica del currículo escolar”, ya ha amenazado Vox con el retorno del “pin parental”, que fue suspendido de forma cautelar en 2020 por el TSJ de Murcia al considerar como “perjuicio identificable” la posibilidad de no realización por los alumnos de una actividad obligatoria y evaluable “por no autorizarlo sus padres.”.

Dentro de la agenda ultra, se incluye en el acuerdo entre PP y Vox la “okupación”, aspecto del que dicen que “se ha extendido bajo el amparo de las políticas de izquierda”, poniendo en primer plano un problema menor cuyo principal origen es la escasez de viviendas dignas y los desahucios, más de 1.300 al año en nuestra Región, y ahondando en la confusión entre ocupación y allanamiento de morada.

Otro aspecto polémico del pacto es la modificación de la Ley de Participación Institucional, que afecta a las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, con el argumento de garantizar “un uso más eficiente de los fondos públicos”, en un intento de menoscabar los derechos de los trabajadores.

El último punto pretende defender los intereses del lobby de cazadores y pescadores, sobre todo de los primeros, cuya actividad ha provocado recientemente la muerte de un lince ibérico en Lorca y que provoca la contaminación de los suelos con el plomo de los proyectiles de caza, cuyo nivel alcanza niveles elevados y perjudica tanto a la fauna salvaje como al ser humano, cuando ese metal tóxico nos llega a través de los alimentos.

En definitiva, con este acuerdo, el PP y Vox van en contra de los intereses de la mayoría, introduciendo medidas que sólo benefician a unos pocos y a los lobbies del agronegocio, la caza y la educación privada.

Articulo publicado el 7 de septiembre en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/pacto-mayoria_132_10492011.html