Se confirmó el pacto entre PP de la Región de Murcia y Vox, algo que, aunque López Miras lo negaba una y otra vez, estaba cantado que, tarde o temprano, se alcanzaría ese acuerdo entre la derecha extrema y la extrema derecha de la región, a imagen de otras Comunidades Autónomas, para facilitar el acuerdo estatal entre Núñez Feijóo y Abascal.
Este pacto va acompañado por una serie de 30 medidas de gobierno que, en su mayoría, van en contra de la mayoría social de la Región de Murcia. Si repasamos ese acuerdo, comprobamos que el PP se ha plegado a la agenda ultra de Vox. Así, en la primera medida se apuesta por un Plan Hidrológico Nacional, recuperando el 'agua para todos', una idea que en 2004 ya fue desechada por la mayoría de los informes técnicos, siendo inviable tanto desde el punto de vista ambiental como económico, y que ningún gobierno, ni siquiera el de Mariano Rajoy, sacó del cajón. El avance del cambio climático en los últimos años hace aún más difícil la implementación de este hipotético plan que, además, sólo apuesta por más infraestructuras, única solución que la derecha y la ultraderecha ponen sobre la mesa, sin tener en cuenta la disminución de los caudales. Esta medida va acompañada por el apoyo a la agroindustria, insistiendo en el concepto de “agricultura de precisión”, término eufemístico para referirse a la agricultura intensiva cuya primera víctima es el Mar Menor.
El Mar Menor, precisamente, es también objeto de este acuerdo, hablando de su “recuperación”, pero sin incidir en el origen de su degradación, gran parte de la cual proviene de la actividad agrícola, sino haciendo referencia solamente a la construcción de nuevas infraestructuras, sin cambio alguno en el modelo agropecuario, lo que no solucionaría el problema. Antelo, futuro vicepresidente, por su parte, ya ha anunciado que su propósito es derogar la Ley del Mar Menor.
En lo social, se habla de las familias, pero ya sabemos que el modelo de familia para la derecha y ultraderecha es la tradicional, en su imaginario no entran otros modelos familiares, como las monomarentales (ya que la inmensa mayoría están formadas por una madre y uno o varios hijos e hijas) o parejas del mismo sexo (con o sin hijos). En cuanto a la violencia de género, se evita hablar de violencia machista, y se equipara la violencia contra las mujeres a la sufrida por niños y mayores, siguiendo la habitual jerga ultra de “violencia intrafamiliar”; aquí el PP ha hecho suyo el negacionismo de la violencia machista, en una concesión más al ideario de Vox.
En cuanto a la política de vivienda, no se habla en absoluto de aumentar el parque de vivienda social en alquiler, sino solamente de ayudas a la compra, dejando en manos de constructoras y promotoras privadas este aspecto que debería ser prioritario para el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. La política educativa continúa la ya llevada a cabo por los sucesivos gobiernos regionales, ya que detrás del habitual “derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos”, ya sabemos que se esconde la potenciación de la enseñanza privada y concertada frente a la pública, y cuando se habla de “garantizar la neutralidad ideológica del currículo escolar”, ya ha amenazado Vox con el retorno del “pin parental”, que fue suspendido de forma cautelar en 2020 por el TSJ de Murcia al considerar como “perjuicio identificable” la posibilidad de no realización por los alumnos de una actividad obligatoria y evaluable “por no autorizarlo sus padres.”.
Dentro de la agenda ultra, se incluye en el acuerdo entre PP y Vox la “okupación”, aspecto del que dicen que “se ha extendido bajo el amparo de las políticas de izquierda”, poniendo en primer plano un problema menor cuyo principal origen es la escasez de viviendas dignas y los desahucios, más de 1.300 al año en nuestra Región, y ahondando en la confusión entre ocupación y allanamiento de morada.
Otro aspecto polémico del pacto es la modificación de la Ley de Participación Institucional, que afecta a las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, con el argumento de garantizar “un uso más eficiente de los fondos públicos”, en un intento de menoscabar los derechos de los trabajadores.
El último punto pretende defender los intereses del lobby de cazadores y pescadores, sobre todo de los primeros, cuya actividad ha provocado recientemente la muerte de un lince ibérico en Lorca y que provoca la contaminación de los suelos con el plomo de los proyectiles de caza, cuyo nivel alcanza niveles elevados y perjudica tanto a la fauna salvaje como al ser humano, cuando ese metal tóxico nos llega a través de los alimentos.
En definitiva, con este acuerdo, el PP y Vox van en contra de los intereses de la mayoría, introduciendo medidas que sólo benefician a unos pocos y a los lobbies del agronegocio, la caza y la educación privada.
Articulo publicado el 7 de septiembre en eldiario.es:
https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/pacto-mayoria_132_10492011.html
