Esta pregunta se la hace todo el espectro de la izquierda, desde la socialdemocracia del PSOE hasta los partidos a su izquierda de ámbito estatal, desde Sumar a Podemos e IU, pasando por Verdes Equo y los partidos nacionalistas (ERC, BNG, Bildu, Compromís o CHA, por citar algunos), y también en toda Europa, donde los partidos de izquierda están en retroceso frente al auge de la extrema derecha.
Pero, en primer lugar, hay que definir qué se entiende por clase obrera. Según la definición más extendida, se trata del conjunto de trabajadores que, al no poseer medios de producción propios, venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, principalmente en el sector industrial, manufacturero o de servicios. Aquí se incluirían también a los empleados del sector público (profesores, médicos, bomberos, policías y otros funcionarios del Estado, de las autonomías o de los ayuntamientos). Según esta definición, a comienzos de 2026, en España, el 85,33% de las personas con empleo son asalariadas, más de 19 millones. Sin embargo, según una encuesta reciente del CIS, sólo entre el 10 y el 16% de la población asalariada se “autopercibe” como clase obrera. Por el contrario, el 60% se autodefine como “clase media”. La identificación como clase obrera ha descendido casi 40 puntos desde 2001, cuando el 50% afirmaba pertenecer a esa clase social.
La izquierda, tradicionalmente, ha destacado por la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Gracias a las luchas ejercidas por los partidos de izquierda en Europa desde comienzos del siglo XX se han conquistado derechos como el voto femenino, las vacaciones pagadas, la reducción de la jornada laboral, el divorcio, la prestación por desempleo y, más recientemente, el derecho al aborto, el matrimonio igualitario, la actualización de las pensiones según el IPC o el aumento del SMI, entre otros, siempre con la abierta oposición de los sectores más conservadores de la sociedad, aunque después hayan disfrutado de esos avances sociales.
Entonces, ¿por qué la clase trabajadora vota a partidos que, en la teoría y en la práctica, proponen medidas que van en contra de sus propios intereses? La clave está en el predominio del relato por parte de los partidos ultraconservadores. La derecha y la ultraderecha han demonizado las luchas que definen un cambio profundo de la sociedad, como el feminismo, que tachan de “radical”, el ecologismo, para ellos “fanatismo climático”, los derechos de los colectivos LGTBQ+, el sindicalismo de clase, además de achacar a la inmigración todos los males de Europa, obviando los beneficios que este fenómeno aporta a una sociedad cada vez más envejecida. La derecha concibe una Europa monolitica, anclada en tiempos pasados, con una religión única, una visión tradicionalista fuertemente nacionalista e idealizada de un pasado ascendido a categoría de mito que muchos no han vivido.
Este auge de la extrema derecha es particularmente perceptible en la Región de Murcia, considerado como el “laboratorio” político de esta subida, ya que desde 2019 Vox es el segundo partido más votado tras el PP, y las últimas encuestas reflejan el “sorpasso” al PSOE, con casi el 28% de los votos, espoleados por los acontecimientos ocurridos en Torre Pacheco el pasado mes de julio. Este auge de Vox en la región ha hipotecado las políticas de López Miras, que depende directamente de la ultraderecha para aprobar los presupuestos.
Por otro lado, no se han solucionado los principales problemas de la mayoría, a pesar de que llevamos 8 años de gobierno progresista, aunque con bastantes dificultades a la hora de implementar medidas por su situación de minoría en el Congreso. La vivienda, la precariedad laboral, el coste de la vida o el acceso a la sanidad pública son los principales problemas reales de la sociedad española, que afectan sobre todo a la juventud. Los menores de 35 años, la llamada generación Z, son los principales damnificados por estos problemas, y se percibe un acercamiento mayoritario de este sector a los cantos de sirena de la ultraderecha, con sus mensajes simples y directos con argumentos a menudo falaces.
Capítulo aparte lo constituye el problema ficticio de la inmigración, ya que son mayores los beneficios que aporta este fenómeno que los supuestos perjuicios tan cacareados por la ultraderecha. Así, los inmigrantes ocupan puestos de trabajo con alta demanda de mano de obra como la agricultura, la construcción, la hostelería y el cuidado de personas mayores; contribuyen al mantenimiento del sistema de pensiones, constituyen una buena parte de los trabajadores autónomos, ayudan a combatir el envejecimiento demográfico, fomentan un ambiente multicultural. Además, de forma contraria a la creencia popular, estudios indican que no hay una relación directa entre el aumento de la inmigración y el incremento de la delincuencia, la cual está más vinculada a la precariedad económica.
Si la clase trabajadora no percibe en el día a día la mejora de su situación, muchos se vuelcan hacia opciones políticas que prometen esas mejoras, aunque cuando gobiernan junto al PP su acción de gobierno se centra en bajar los impuestos (sobre todo a los ricos), favorecer la sanidad y educación privadas, restringir la protección del medio ambiente con la simplificación administrativa para proyectos en espacios naturales, el apoyo a la caza, además de la famosa “prioridad nacional”, medida presumiblemente inconstitucional.
La falta de soluciones a corto plazo, los problemas relacionados con la corrupción, la desunión de los partidos progresistas son otros ingredientes que provocan la desafección de los potenciales votantes de izquierdas, cuyo principal consecuencia es la abstención. El reto de los partidos de izquierda es volver a ilusionar con la aplicación de medidas valientes que favorezcan a la mayoría social y que se dejen a un lado las rencillas y batallas de egos. Sólo así se volverá a captar el voto perdido por una clase social, la clase trabajadora, que ha perdido su referencia a la izquierda.
Artículo publicado hoy en eldiario.es:
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