jueves, 19 de diciembre de 2013

SEGUIMOS INDIGNADOS

En este final de año se acumulan las razones para elevar la indignación a la máxima potencia. Acabamos de saber que la última subasta eléctrica ha provocado que el coste de la electricidad para las familias y las empresas va a subir un 11% a partir del próximo enero, el mayor aumento experimentado en la historia reciente de España, a pesar de que el ministro Soria afirmara a la prensa hace unos días, bajo la mirada adornada de una sonrisa condescendiente del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que no subiría más allá del 2%. Paralelamente a esta noticia, nos enteramos que el 33% de las personas mayores pasa el invierno sin calefacción, que el 51% de ese colectivo vive en el umbral de la pobreza y que el 12,7% no llega a fin de mes, poniéndose de relieve la pobreza energética, una nueva forma de precariedad que se suma a las ya existentes.

El gobierno y las compañías eléctricas se han aliado para llevar a las población española a los mayores índices de pobreza que conocemos desde la posguerra, mientras las grandes empresas y los bancos continúan aumentando sus beneficios. En relación a esto, hoy leemos en la prensa que la banca española ha ganado un 98% más en los nueve primeros meses del año, con respecto al mismo periodo de 2012. Todo ello mientras el banco Novacaixagalicia es comprado por el banco venezolano Banesco por 1.000 millones de euros, tras haberle sido inyectados 9.000 millones por parte del Estado, suponiendo unas pérdidas, por tanto, de 8.000 millones para nuestros bolsillos. Como negociantes, el gobierno ha demostrado ser un auténtico desastre.

A nivel regional, la cosa no es mucho más halagüeña. Cinco días después del acto-paripé organizado por el PP murciano a mayor gloria del ínclito Valcárcel, como despedida para "celebrar" su gestión de 18 años, con la presencia de Rajoy y tras el que fueron detenidos dos manifestantes por el solo hecho de mostrarse en contra del citado acto, nos desayunamos hoy con la noticia de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cargará con un préstamo de 182 millones de euros para hacer frente a la deuda contraída por las empresas concesionarias del fallido aeropuerto de Corvera, préstamo que aumentará el déficit de las ya mermadas cuentas autonómicas. 

El triunfalismo de los gobiernos del PP, tanto central como autonómico, anunciando el final de la crisis (sic) no pueden borrar de un plumazo, aunque se repita hasta la saciedad, la situación real de la ciudadanía. Un informe de Cáritas en la región de Murcia pone de manifiesto que 114.000 personas sin recursos han hecho uso de sus servicios, calificando de "espeluznante" la cifra de murcianos atendidos.

Mientras las condiciones de vida de los españoles van en declive, las grandes empresas del IBEX 35 aumentan sus beneficios, a costa en gran medida de las condiciones cada vez más duras para los trabajadores y trabajadoras, condiciones que la OCDE pide sean aún más exigentes, con el abaratamiento de los despidos y la disminución de la capacidad de los jueces de rechazar los EREs. Con este gobierno vamos abocados al empobrecimiento mayoritario de la sociedad, puestos a merced de los poderes económicos quienes, para seguir con su posición dominante, no dudan en poner más difícil la vida a los sectores más vulnerables de la ciudadanía, extendiendo la precariedad y la pobreza. Con el agravante de la reciente Ley de Seguridad Ciudadanía en la que, entre las medidas que contempla, se incluyen artículos que pretenden amordazar la protesta ciudadana, sancionando supuestos como las reuniones y concentraciones no comunicadas, ofensas y ultrajes a España (que rezuma un poso franquista), escalar edificios (en clara alusión a los actos de Greenpeace, tras su acto de Madrid) o la colocación de tiendas de campaña en la vía pública, para evitar un nuevo 15-M.

Esperemos que los votantes del Partido Popular se percaten en masa de que este partido no trabaja por el interés general, sino por y para la oligocracia económica, bancos, compañías eléctricas, con el objetivo de que éstos consigan mejorar sus cifras de negocios, aunque sea a costa de pisotear los derechos que tantos años ha costado alcanzar.




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