Se acaba de aprobar en Bonn el borrador del acuerdo sobre cambio climático, que servirá de documento de trabajo de cara a la Cumbre del Clima COP21 de Paris, a celebrar el próximo mes de diciembre. A lo largo de la pasada semana, y como último encuentro previo, han estado reunidos en la ciudad alemana los representantes de 195 países, en el marco de la reunión preparatoria de la citada cumbre de París. El objetivo de este documento es facilitar las negociaciones de la COP21, en vista a conseguir un consenso en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2020, para evitar la cifra fatídica del aumento en 2º C de la temperatura media del planeta con respecto a los niveles pre-industriales. Sabido es que sobrepasar esta cifra supondrá una serie de consecuencias nefastas (olas de calor, cambios de régimen de lluvias, sequías, aumento del nivel del mar, problemas de abastecimiento de agua, aumento de la frecuencia de los incendios, etc.) con costes económicos y sociales difíciles de cuantificar, pero seguramente enormes. Y no se trata de los típicos anuncios catastrofistas propios de ecologistas trasnochados, sino de previsiones de carácter científico avaladas por estudios serios realizados por miles de investigadores del clima en todo el mundo.
Sin embargo, como viene siendo habitual en estas reuniones, y tal y como denuncian las ONGs que, por cierto, han sido excluidas de las conversaciones, están surgiendo dificultades que ponen en peligro la consecución de un acuerdo. En primer lugar, el texto pone el énfasis más en la aplicación de medidas voluntarias encaminadas a reducir las emisiones, a menudo puestas en marcha por multinacionales, en una suerte de “lavado verde”, que en compromisos de obligado cumplimiento por parte de los estados. En segundo lugar está el tema de la financiación de las medidas de lucha contra el cambio climático, que deberá ser aportada sobre todo por los países ricos, principales responsables del aumento de la temperatura global. En este sentido, no se llegó a un acuerdo sobre si el objetivo establecido para 2020 —invertir 100.000 millones de dólares anuales en acciones climáticas, sobre todo en transferencia de tecnología y en indemnizaciones por el impacto del cambio climático a los países más vulnerables— debería posponerse a fechas posteriores a 2020.
Otra de las críticas que ha recibido la redacción de este documento es la ausencia de referencias explícitas a la justicia climática y a la seguridad alimentaria. El primer concepto se refiere a la necesidad de resarcir a los países que más sufren las consecuencias del cambio climático sin haberlas generado, en África y América Latina, principalmente, como el ahondamiento de las desigualdades sociales, que afectan también a las poblaciones más desfavorecidas de los países ricos. La seguridad alimentaria garantiza que todas las personas tienen acceso a los alimentos en calidad y cantidad suficientes como para atender a sus necesidades biológicas. Desligar estas dos cuestiones de la búsqueda de soluciones globales al cambio climático es abordar de forma parcial el problema.
Ante la falta de voluntad real de afrontar este reto, es hora de que, como ciudadanos, presionemos a los gobiernos para que en la Cumbre del Clima COP21 se decida aplicar las medidas efectivas para reducir las emisiones de CO2. Para ello, el próximo 29 de noviembre (el día antes del comienzo de la cumbre) hay organizadas más de 1.000 Marchas por el Clima en todo el mundo, incluida Murcia, para impulsar un acuerdo climático. Estamos ante una de las últimas oportunidades de revertir este fenómeno, el cambio climático, que supone uno de los grandes retos del siglo XXI. Aprovechémosla.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:
http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2015/10/ultima-oportunidad
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