CONTRA LOS ABUSOS POLICIALES

Desde que se iniciaron las masivas protestas ciudadanas y las manifestaciones en 2010, ya sea convocadas por movimientos independientes como el 15-M o por los sindicatos mayoritarios, estamos asistiendo con preocupación a la deriva violenta de los que, en teoría, deberían mantener el orden. Y no me refiero, precisamente, a los manifestantes que, en un 99%, han llenado las calles de forma pacífica en todo el país, sino a la cada vez más desprestigiada policía española.

Todos recordamos el desalojo de la plaza Catalunya el 27 de mayo de 2011, cuando se levantó de forma violenta la acampada del 15-M, en la que resultaron heridas leves 120 personas, hecho que fue denunciado por organismos como Amnistía Internacional. Recientemente se ha reabierto la causa por el desalojo, que había sido archivada provisionalmente por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Barcelona que consideró "razonablemente proporcionada" la actuación de los Mossos d'Esquadra. Los sucesivos altercados acaecidos durante este año y el pasado entre manifestantes y policías ponen de manifiesto que las autoridades competentes (ministerio del Interior, diversas Consejerías del ramo y delegaciones del gobierno, sobre todo la de Madrid) no son capaces de gestionar con eficacia los conflictos, dejando en evidencia los métodos a menudo propios de otros tiempos o de otros regímenes de infausto recuerdo.

Un caso también muy criticado fue el que ocurrió el pasado mes de junio, cuando un grupo de desahuciados se encerró en la catedral de la Almudena para protestar por su situación, y el arzobispo de Madrid Rouco Varela pidió policías para desalojar el templo. Este gesto dice bastante poco de la supuesta solidaridad y empatía que un alto representante de la iglesia católica debería tener para con las personas que pasan por un drama en sus vidas.

En Murcia también ha habido episodios en los que la policía se ha extralimitado en sus funciones, como cuando, el mes de junio pasado, el alcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara acudía a declarar como imputado por el caso Umbra a los juzgados, unos manifestantes fueron agredidos por parte de unos miembros de la policía. Estos hechos fueron denunciados y admitidos a trámite por el juzgado. 

Pero la gota que ha colmado el vaso de la indignación ante la brutalidad policial ha ocurrido durante la huelga general del pasado 14 de noviembre, en el que se han registrado multitud de incidentes entre policías y manifestantes, algunos de gravedad, como el niño de 13 años de Tarragona con una brecha en la cabeza o la mujer herida en el ojo en Barcelona, con pérdida parcial de visión. En ambos casos, el conseller de Interior, Felip Puig, resta importancia a los hechos, negándose a dimitir. En Murcia, a la carga realizada a miembros del PAH cuando realizaban un recorrido por el centro, hay que sumar la agresión a otro grupo, con resultado de varias personas contusionadas y una más con heridas graves en nariz y pómulo, necesitando ésta de intervención quirúrgica.

Estos hechos tan graves deben hacer reflexionar a las instituciones sobre el papel de los cuerpos de seguridad del Estado en un país democrático. Una cosa es detener a aquell@s que ponen en peligro la integridad física de personas y cosas, y otra muy distinta utilizar la fuerza, a menudo de forma indiscriminada, para ocasionar daños a transeúntes y manifestantes, con evidente exceso de celo. Especialmente denunciable es el hecho de que los miembros de las fuerzas de seguridad públicas actúen sin la placa de identificación bien visible, como lo exige la legislación vigente, dejando a la ciudadanía en indefensión ante un abuso de autoridad. Hay que exigir que aquellos que están para hacer cumplir la ley, la cumplan a su vez. 

La única preocupación del gobierno ante las manifestaciones es la "degradación de la marca España". Tal vez lo que debería preocuparles es la mala imagen que la policía española está dando en todo el mundo, reflejada en los principales medios de comunicación internacionales (ver aquí y aquí). Y también la desafección que muchos ciudadanos tienen hacia un cuerpo que, en teoría, y tal y como recoge la Constitución en su artículo 104, está para garantizar la seguridad ciudadana y no para contribuir a su degradación.

OBJETOS PRESUNTAMENTE INÚTILES

Un estudio reciente muestra que en Europa, un teléfono móvil tiene una vida "útil" de un año y medio, cuando podrían aguantar perfectamente 10 años, según la Agencia para el Medio Ambiente y el Control de la Energía (ADEME en sus siglas francesas). Del mismo modo, el 40% de los electrodomésticos son reemplazados estando aún en buen estado y pudiendo ser reparados. Mientras que en 1985, un ordenador personal era utilizado durante 11 años, actualmente a los tres años suele ser sustituido por el modelo más reciente. 

Se habla mucho de la obsolescencia programada, de la responsabilidad de los fabricantes a la hora de sacar al mercado sus productos, que están "programados" para fallar al cabo de un cierto tiempo. Los fabricantes contribuyen a esto, además, haciendo incompatibles los componentes del nuevo modelo con los anteriores, al tiempo que las reparaciones son cada vez más difíciles (e incluso imposibles). Siendo todo esto cierto, el sistema no sería viable si no existiera también una obsolescencia psicológica del consumidor, quien, con la ayuda de la publicidad, siente la necesidad, a menudo inducida, de cambiar su modelo de móvil, de ordenador, de televisor, de coche, etc. mucho antes de que éstos acaben su ciclo de vida útil.

Sólo hay que ver cómo se producen colas interminables para adquirir el último modelo de móvil de cuarta o quinta generación o la última versión del sistema operativo más vendido, o cómo se lanzan al mercado últimas versiones de aparatos tecnológicos cuando el 90 % de los usuarios no le han sacado todo el partido a los modelos anteriores. Se trata más de una cuestión de estátus, de situarse las personas en un determinado nivel con respecto a los demás, por el mero hecho de poseer tal o cual aparato que tu vecin@ no tiene. 

Sólo en España se generan cerca de 200.000 toneladas de basura electrónica al año, ascendiendo esa cifra a 7,4 millones de toneladas/año en toda Europa (con un previsión de que se duplique esa cifra de aquí a 2020) y a 50 millones de toneladas anuales en todo el mundo, según la ONU. Esa chatarra tecnológica va a parar a países asiáticos como China e India, aumentando de forma vertiginosa la cantidad de basura que es llevada a África (a Ghana y Nigeria, sobre todo) como "donaciones solidarias", aunque lo cierto es que el 75% es pura chatarra contaminante por metales pesados. 

Capítulo aparte merece el asunto de los vehículos a motor. La bajada en las ventas de coches en España durante el año 2012, que ha descendido en un 36,8% en septiembre con respecto al mismo mes del año anterior, ha hecho que el gobierno español, espoleado por la industria automovilística, ponga en marcha nuevamente el llamado Plan de Incentivos al Vehículo Eficiente (Plan PIVE), que consiste en una ayuda de 2.000 euros -mil aportados por el Ejecutivo y los otros mil como mínimo por las marcas- para la adquisición de un automóvil catalogado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) con las etiquetas A ó B de eficiencia energética con un precio máximo de 25.000 euros antes de IVA. Lo que parecería una medida encaminada a mejorar la eficiencia de los coches de más de 10 años de antigüedad es, en realidad, una ayuda al sector del automóvil con dinero público, sector que constituye un auténtico lobby en nuestro país. 

Esta ayuda podría ser incluso un brindis al sol, toda vez que un estudio realizado por un investigador del CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos), dependiente de la Universidad de Zaragoza, asegura que para que compense desde el punto de vista energético la adquisición de un nuevo coche amparándose en este plan, el vehículo sustituido debería tener unos 20 años. Si se hace antes, la energía utilizada para producir los componentes del vehículo es mayor que la que se ahorraría. Esto sería diferente si se sustituyeran por vehículos eléctricos.

¿Qué se puede hacer para paliar todos estos problemas? 

- REDUCIR: En primer lugar, no dejarse llevar por los cebos publicitarios, y seguir utilizando los móviles, ordenadores, electrodomésticos, etc. más tiempo del que "recomiendan" los fabricantes, sin ceder a las modas o promesas de mejores prestaciones, a menudo superfluas. Utilizar menos el vehículo privado, alargando su vida útil.

-REUTILIZAR/RECICLAR: Por ejemplo, instalando un sistema operativo libre (Linux) a tu ordenador antiguo para volver a ponerlo a funcionar, o cederlo a empresas que reparan los ordenadores para donarlos a ONGs que, a su vez, son llevados a países en desarrollo (como Bipbip o Nuevas Tecnologías para África). Llevar los pequeños electrodomésticos a  los puntos limpios que casi todos los ayuntamientos tienen distribuidos por la ciudad. En el caso de los móviles, también hay iniciativas como la campaña "Dona tu móvil" de Cruz Roja o Eurekamovil de Amnistía Internacional. En Murcia, hay entidades sin ánimo de lucro y empresas de economía social que reciben todo tipo de objetos que ya no se utilizan para darles una segunda oportunidad a la vez que se fomenta el empleo a personas en riesgo de exclusión social (como Traperos de Emaús).

- RECONCEPTUALIZAR/REEVALUAR: Es decir, redefinir nuestro papel como consumidores, siendo conscientes de las consecuencias de nuestros actos, como por ejemplo la conexión entre el uso de teléfonos móviles, ordenadores y la extracción del coltán (mineral utilizado en estos aparatos) en el Congo, con la explotación humana y la guerra como resultados aún visibles, por citar un caso sangrante. 

Pensémoslo dos veces antes de decidirnos a deshacernos de objetos presuntamente inútiles y démosles una segunda oportunidad. El planeta y sus habitantes reconocerán el gesto.

MALOS TIEMPOS PARA LA LÍRICA (EN EDUCACIÓN)

Como dije en la entrada anterior, pasaré a comentar lo que entre todo el profesorado que impartimos enseñanzas artísticas y, sobre todo, la materia de Música, es un clamor: la drástica disminución de las enseñanzas musicales en el sistema público, que pasan a ser las mayores damnificadas por esta reforma. Con este anteproyecto de la LOMCE, en la etapa secundaria este tipo de enseñanzas retroceden prácticamente al status que tenía en el antiguo B.U.P., cuando se impartía en un solo curso. Ahora lo harán en dos (2º y 3º de E.S.O.), perdiendo su presencia en 4º y en Bachillerato, niveles en los que, actualmente, la Música es materia optativa. Para colmo, la recién introducida modalidad del Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza desaparece del currículo, privando a miles de jóvenes de una vía de acceso y de preparación a otros estudios posteriores como puedan ser los Grados de Música, Historia y Ciencias de la Música, Artes Escénicas, Grado en Artes Visuales y Danza, y Grado en Composición de Músicas Contemporáneas, además del Grado en Educación Primaria, especialidad de Música.

Sin embargo, numerosos estudios demuestran que las enseñanzas musicales durante la infancia y la adolescencia facilitan el aprendizaje de otras materias, principalmente las Matemáticas y la Lengua, que casualmente son las materias que el ministerio quiere fomentar. Todas estas disciplinas, la Música, la Lengua y las Matemáticas, comparten como característica común el uso de un lenguaje abstracto para representar magnitudes y conceptos (duración y altura del sonido, ideas y pensamientos, cantidades y figuras geométricas) a través de símbolos específicos; en todos los casos se activan las mismas partes del cerebro. Además, son muchos los estudios que ponen de manifiesto que el estudio práctico de la música en edades tempranas permiten compensar la pérdida cognitiva propia de la vejez, al crearse conexiones alternativas en el cerebro.

Pero el equipo ministerial obvia estas ventajas evidentes, dejando la educación musical en secundaria en manos de la enseñanza privada, básicamente, solamente accesible a un sector de población que puede permitirse el pagar mensualmente una cantidad nada despreciable para que sus hijos disfruten de este tipo de enseñanza. La música, para este gobierno, es un privilegio que está reservado a una élite, como ha ocurrido en épocas pasadas, al restringir el acceso a su aprendizaje y al aumentar el IVA a los productos musicales y a las entradas a conciertos. Todo lo contrario que otros países como Suiza, que han aprobado hoy en referéndum, con un aplastante 72,7 por ciento, una modificación constitucional que pretende reforzar la formación musical en la educación básica.

Para abundar aún más en lo absurdo del asunto, el propio ministro Wert, en junio pasado, anunció que se reduciría el número de materias optativas porque "distraen la atención de las materias instrumentales". A pesar de ello, se introducen nuevas materias como Orientación Profesional e Iniciativa Emprendedora en la E.S.O., una manera más, a mi juicio, de introducir la ideología neoliberal en las mentes de los jóvenes, con contenidos como Mercado laboral o Economía financiera. 

Pero lo más sangrante es que, en esta época de recortes en educación y de eliminación de materias que todos los expertos consideran fundamentales para la formación integral del alumnado, se siga manteniendo la Religión en la escuela pública, desde la etapa infantil hasta el Bachillerato. La escuela debe educar sin dogmas ni creencias, que no están basadas en criterios científicos, tal y como proclama en su manifiesto el Observatorio de la Laicidad; el mantenimiento de la Religión en el currículo en la escuela pública es algo que nuestros vecinos del norte ven con asombro e incredulidad. Su pervivencia en todas las etapas educativas, ocupando un tiempo considerable en la ya  pesada carga horaria de nuestros escolares, impide que l@s alumn@s reciban la educación adecuada en otros ámbitos como el musical, tan necesario, como hemos visto, para aumentar las capacidades de los jóvenes en áreas instrumentales, además de permitir que la población vaya adquiriendo una cultura y unos hábitos musicales aún bastante mejorables en nuestro país..