LO QUE EL CARBÓN ESCONDE

Estos días, los mineros asturianos y castellano-leoneses están inmersos en una serie de actos reivindicativos para mantener la actividad extractiva del carbón y sus puestos de trabajo, motivados por la reducción en un 64% de las subvenciones que las empresas del sector reciben del gobierno. Este sector ha recibido más de 24.000 millones de euros en ayudas desde 1990,  de los que 5.492 fueron ayudas directas a las empresas mineras, agrupadas en la patronal Carbunión, presidida por Victorino Alonso (ver enlace). Más allá de las legítimas reivindicaciones de los trabajadores, hay que tener en cuenta algunos datos para comprobar si sigue siendo económicamente rentable y ambientalmente sostenible el mantenimiento de esta actividad extractiva. Según esos datos, la respuesta es negativa.

Desde el punto de vista laboral, es patente la disminución año tras año en el número de personas que se dedican a la minería del carbón, pasando de 95.000 mineros en 1990 a  8.000 empleos directos en la actualidad, debido principalmente a la disminución en la cantidad y calidad del mineral extraído, ya que la producción española pasó de 31,88 millones de toneladas en 1998 a 9,45 millones en 2009, según datos del ministerio de Industria (ver enlace). Esto ha supuesto el despoblamiento de las comarcas carboníferas, pues la única base de subsistencia de esas zonas gira en torno a la minería del carbón.

Además se están realizando actividades mineras en explotaciones a cielo abierto violando las leyes e incumpliendo sentencias, como las realizadas por la empresa Coto Minero del Cantábrico, S.A., propiedad del citado Victorino Alonso. En 2005 se emitió una sentencia por la que se declaraba ilegal la explotación de carbón a cielo abierto en El Feixolín, en activo desde 1995 sin licencia ambiental ni urbanística. El Feixolín es un monte del valle de Laciana, al norte de León, declarado Reserva de la Biosfera, Lugar de Interés Comunitario (LIC) dentro de la Red Natura 2000, Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), Área de Especial Protección del Oso Pardo Cantábrico y Área de Conservación del Urogallo Cantábrico (ver enlace). 


A pesar de que la empresa ha sido multada por el ayuntamiento de Villablino con 129 millones de euros por este hecho, en octubre de 2011 un juez le rebajó la sanción a 800.000 euros (ver enlace). Otras minas a cielo abierto relacionadas con la citada empresa están rodeadas de irregularidades, como en Fonfría y Nueva Julia, tal y como denuncia la Plataforma Ambiental Filón Verde, muchas de ellas con implicaciones políticas (ver enlace). Además, España ha recibido una condena por parte de la UE por la minería a cielo abierto en la comarca de Laciana (ver enlace). Las personas de la zona que se han posicionado en contra de la minería a cielo abierto han sufrido amenazas y agresiones, y se ha prendido fuego intencionadamente a zonas de montaña adyacentes a dichas minas (ver enlace).

Más allá de las implicaciones político-empresariales que rodean a la minería del carbón, hay un hecho incontestable: esta actividad es la responsable del aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera de nuestro país. La aprobación del decreto de ayudas al sector del carbón que realizó el gobierno socialista en febrero de 2011, y que expira este año, ha provocado que se superara en un 29% las emisiones de CO2 permitidas por el protocolo de Kyoto (ver enlace), frente al 21% de exceso del año anterior, además de incumplir la normativa y los reglamentos europeos que prohiben el reflote de sectores económicos en declive y carentes de rentabilidad. Las leyes de la Unión Europea para la liberalización del mercado energético no permiten proteccionismos en el mercado salvo excepciones con una importante motivación social, como es la lucha contra el Cambio Climático para el caso de las ayudas públicas a las energías renovables (ver enlace).


El impacto de la minería del carbón sobre el medio ambiente y la salud humana es múltiple, yendo desde la emisión de metano y otros gases de efecto invernadero, desmontes y transformación del paisaje, con efectos sobre la fauna y flora, en el caso de las minas a cielo abierto, modificación de la capa freática por el bombeo de aguas subterráneas, contaminación de aguas superficiales, en el caso de minas bajo tierra (ver enlace), además de una mayor incidencia de casos de cáncer y de enfermedades pulmonares (ver enlace). 


Pero a los trabajadores del carbón hay que darles alternativas, y éstas deben venir de la mano de la economía verde, que puede suponer un auténtico motor para las comarcas afectadas. El mes pasado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe, Empleo verdes para un desarrollo sostenible; el caso español (ver enlace), en el que se analiza la aportación actual y futura de los empleos verdes, aquellos que ayudan a reducir el consumo de energía, materias primas y agua mediante estrategias de eficiencia, a descarbonizar la economía y a reducir las emisiones de gases efecto invernadero, a disminuir o evitar por completo todas las formas de desechos y de contaminación, y a proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad. Pues bien, actualmente en España se cifran en 500.000 los puestos de trabajo que pueden calificarse de verdes, contribuyendo en unos 25.000 millones de euros anuales a la economía. Es necesario y urgente que el sector del carbón, industria contaminante y de baja rentabilidad, sea la primera que realice la transición hacia una economía baja en carbono, en sectores como las energías renovables, el eco-turismo, la gestión de residuos o la restauración de espacios degradados, acompañada de una formación adecuada y líneas de financiación de proyectos alternativos generadores de empleo, como se propone en la comarca de El Bierzo (ver enlace).

Hay que apostar por el cambio en el modelo productivo y de generación de energía, pasando de fuentes contaminantes, poco eficientes y aceleradoras del cambio climático a fuentes de energía renovables y al fomento de otros sectores alternativos que den vida a las comarcas afectadas y que les permitan tener un futuro próspero a corto plazo. 

MALOS TIEMPOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Sin embargo, poco hay que celebrar, a tenor de los datos que nos anuncian que la situación es cada vez más difícil. A nivel mundial, el cambio climático sigue su curso implacable, como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que el Ártico sufre ya los efectos del aumento de la temperatura media planetaria (ver enlace), además de toda una serie de consecuencias globales que afectan ya a aspectos como la biodiversidad, el número y frecuencia de inundaciones, sequías o la disminución de la productividad marina, entre otras (ver enlace). Como es sabido, aunque no asumido por los principales partidos políticos, este cambio climático es acelerado e inducido por el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2 derivado del uso de combustibles fósiles, que supone el 70% del origen de estas emisiones. A escala planetaria, el aumento en estas emisiones de CO2 ha sido patente, principalmente por la actividad económica de China, EE.UU., Rusia e India, superándose a día de hoy en un 45% los niveles de 1990, base a la que habría que llegar según el protocolo de Kyoto (ver enlace). 

En España también se ha superado el nivel de emisiones de CO2 con respecto a 2011, según WWF. Así, si en febrero del año pasado se alcanzó la cifra de casi 4,3 millones de toneladas de CO2, en febrero del presente año esa cifra llegó hasta casi las 7 millones de toneladas, siendo un 38,28% superior. Y todo ello a pesar del aumento de la potencia energética de origen eólico. 

Pero no sólo el clima y sus consecuencias están siendo claramente perjudicados. En nuestro país, el gobierno central, ayudado por las distintas administraciones autonómicas y municipales, está empeñado en seguir una política de acoso y derribo a los espacios naturales, principalmente costeros (ver enlace). Son de triste actualidad los intentos por parte de diversos ayuntamientos de construir en espacios de alta riqueza ecológica, como Valdevaqueros en Tarifa (aquí puedes firmar para su salvación), Marina de Cope en Águilas (aquí puedes firmar), Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor, la playa de Es Trenc en Mallorca (firma aquí), el medio marino del monte Jaizkibel, en Gipuzkoa, Agua Amarga en Almería, la cala de El Gorguel en Cartagena, etc. Además, el PP de Almería aboga por abrir el hotel de El Algarrobico, en Carboneras, a pesar de contar con una sentencia que declara nula la licencia concedida a la empresa constructora del hotel.

Desde el punto de vista de la política energética tampoco es un año favorable, pues el ministerio encabezado por Jose Manuel Soria eliminó, en enero y por decreto, todas las primas para nuevas instalaciones fotovoltaicas, energías renovables, cogeneración y residuos (ver enlace), a pesar de que España es puntera en este tipo de industria no contaminante. También las intenciones del gobierno vasco de utilizar el polémico método del fracking para extraer gas es una decisión deplorable.  En cuanto al conflicto del carbón, hay voces que denuncian una trama político-sindical que azuza la protesta por la reducción en un 63% en las ayudas a las empresas del carbón, industria que está abocada al cierre por la escasez del material extraíble (ver enlace). En vez de buscar soluciones que pasen por una transición desde una actividad altamente contaminante y que emplea a cada vez menos personas hacia una economía baja en carbono, como propone Florent Macellesi en un reciente artículo firmado al alimón con el concejal verde de Villablino, los hay que siguen pensando en las mismas soluciones de siempre.

Precisamente, el lema de este año en el Día Mundial del Medio Ambiente es "Economía verde, ¿te incluye a tí?". Ese lema incluye dos partes: en la primera se aboga por la Economía Verde, aquella que es baja en carbono, que aprovecha de forma eficiente los recursos y es socialmente inclusiva, según el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). Numerosos estudios avalan la tesis de que la economía verde es una fuente de empleo muy importante, como la OIT (Organización Internacional del Trabajo), quien en un reciente informe cifra en hasta 60 millones de empleos los que podrían generarse en los próximos 20 años (ver enlace). La segunda parte del lema de este año pretende involucrar a la población en general en la consecución de los objetivos para mejorar las condiciones ambientales del entorno inmediato. 

El medio ambiente, un aspecto primordial que la mayoría de las administraciones sacrifican en nombre de la "salida de la crisis", debería ser precisamente la piedra angular de todas las políticas, pues no puede hipotecarse el futuro por aplicar soluciones cortoplacistas, que se ha demostrado que crean más problemas de los que se quieren resolver.

EDUCACIÓN: LA ASIGNATURA PENDIENTE

Por si no fueran pocos los recortes que el gobierno de Rajoy, a través de su ministro Wert, presentó en el Congreso el pasado miércoles para ahorrarse 3.000 millones de euros, el Plan de Estabilidad presentado a Bruselas por el ejecutivo prevé una reducción del peso de la inversión pública en Educación de aquí al 2015, pasando del 4,9% actual al 3,9% del PIB (ver enlace). De esta manera, retrocederemos a la cola absoluta de Europa en inversión en educación (ver enlace). Ya hoy estamos muy lejos de los países del norte de Europa que, como Dinamarca (7,8% del PIB), Islandia (7,6%) o Finlandia (6,2%), lideran este ránking. Para este gobierno, el dinero destinado a la educación pública no es una inversión, sino un gasto que hay que disminuir, aún a costa de hipotecar el futuro de cientos de miles de jóvenes.

La educación ha sido y es el comodín de los sucesivos gobiernos, siendo una de las primeras leyes que se modifican cuando los partidos de uno y otro signo ascienden al poder, sin tener en cuenta que, por su condición de leyes orgánicas y, por tanto, justo por debajo en importancia que la Constitución, deberían ser leyes que perduraran al menos una generación. En Francia, por ejemplo, algunas de las leyes vigentes que regulan la educación datan de 1959 (como la ley Debré que regula la relación entre el Estado y la Enseñanza libre) e incluso del siglo XIX, como la Ley Ferry (en referencia a Jules Ferry, político de la IIIª República e impulsor de la educación como uno de los pilares de la República) de 1886 que proclama la laicidad de la enseñanza y la organización de la enseñanza primaria.

En España, sin embargo, desde la transición se han sucedido nada menos que 4 leyes orgánicas que han regulado este aspecto tan importante para una sociedad. Hasta 1990 el sistema educativo seguía la Ley General de Educación de Villar Palasí de 1970. En 1990, en el gobierno de Felipe González, se aprueba la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Con Aznar se aprueba en 2002 la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que no llegó a aplicarse por la llegada a la Moncloa de Rodríguez Zapatero, quien en 2006 aprueba la Ley Orgánica de Educación (LOE), ley que está actualmente vigente. Esta actitud de los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP, es más revanchista que madurada y pensada para lograr que las cifras que rodean a la educación española mejoren. En España, por ejemplo, la tasa de abandono escolar tras la educación obligatoria es del 28,4%, más del doble de la media europea.

Las sucesivas leyes educativas han pecado de no ir acompañadas de una financiación suficiente que lleve a la práctica los buenos propósitos que todos los preámbulos pretenden. Además han carecido del consenso necesario para que una ley de este calibre tuviera la vigencia mínima que éstas necesitan, pasando tanto alumnos como, sobre todo, profesores, por diferentes currículos, planes de estudios, desaparición de asignaturas, sustitución de materias por otras con contenidos similares... Tampoco se ha tenido en cuenta la opinión de los profesionales de la educación, que hemos sido los convidados de piedra en esta historia. Siempre ha imperado el parecer de l@s sucesiv@s ministr@s del ramo que, salvo excepciones, han provenido de ámbitos totalmente ajenos al mundo educativo y han sido asesorados por personas que tampoco han vivido la realidad de las aulas desde dentro.

Pero nada de esto es tan grave como el ataque que está perpetrando el actual gobierno contra la educación pública, ataque que no tiene precedentes en los 35 años de la reciente democracia española. Este gobierno no es consciente, y si lo es, tiene más delito aún, de las consecuencias que estos recortes tendrán sobre el futuro de los jóvenes españoles, sobre todo los más desfavorecidos. Los recortes en 3.000 millones de euros tendrán consecuencias a corto plazo, como más alumnos por clase, disminución de la oferta educativa de los centros, aumento de las tasas universitarias, reducción o desaparición de programas educativos, supresión de apoyos educativos, etc., como muy bien explica José Roberto Barrilado, del Foro Ciudadano de la Región de Murcia, en un reciente artículo (ver enlace). Pero también tendrán consecuencias a largo plazo, como una mayor depauperación de los niveles educativos y la merma de la igualdad de oportunidades, base de un sistema que quiera llamarse democrático.

Frente a esta política del tijeretazo, es necesario aplicar toda una serie de medidas como las que propone EQUO, como son:

- Establecimiento de una educación pública de calidad, laica y que promueva la igualdad de oportunidades.

- Aumento hasta el 7% del PIB de la inversión pública en Educación, y en ningún caso por debajo del 5,5%.

- Reducción progresiva de la concertación de la enseñanza privada hasta su desaparición.

- Apuesta decidida por una Formación Profesional de calidad y que cuente con una financiación suficiente.

- Aumento del prestigio de los docentes e instituciones educativas públicas.

EQUO Región de Murcia, con su integración en la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, apoya decididamente la convocatoria de la huelga del próximo 22 de mayo en contra de las medidas del gobierno para el desmantelamiento de nuestro sistema educativo público (ver enlace).

Nunca hasta ahora un partido en el gobierno había hecho un uso tan flagrante de su mayoría absoluta en el Congreso para arremeter contra una de las bases del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad. Este asalto ha puesto de acuerdo a sindicatos, padres y madres de alumn@s, estudiantes y personas defensoras de lo público para levantarse en contra de estas medidas. Por ello, la huelga del próximo 22 de mayo es algo que nadie consciente de la importancia de la Educación debe dejar de hacer.

¡POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, HAZ HUELGA EL 22 DE MAYO!