EDUCACIÓN: LA ASIGNATURA PENDIENTE

Por si no fueran pocos los recortes que el gobierno de Rajoy, a través de su ministro Wert, presentó en el Congreso el pasado miércoles para ahorrarse 3.000 millones de euros, el Plan de Estabilidad presentado a Bruselas por el ejecutivo prevé una reducción del peso de la inversión pública en Educación de aquí al 2015, pasando del 4,9% actual al 3,9% del PIB (ver enlace). De esta manera, retrocederemos a la cola absoluta de Europa en inversión en educación (ver enlace). Ya hoy estamos muy lejos de los países del norte de Europa que, como Dinamarca (7,8% del PIB), Islandia (7,6%) o Finlandia (6,2%), lideran este ránking. Para este gobierno, el dinero destinado a la educación pública no es una inversión, sino un gasto que hay que disminuir, aún a costa de hipotecar el futuro de cientos de miles de jóvenes.

La educación ha sido y es el comodín de los sucesivos gobiernos, siendo una de las primeras leyes que se modifican cuando los partidos de uno y otro signo ascienden al poder, sin tener en cuenta que, por su condición de leyes orgánicas y, por tanto, justo por debajo en importancia que la Constitución, deberían ser leyes que perduraran al menos una generación. En Francia, por ejemplo, algunas de las leyes vigentes que regulan la educación datan de 1959 (como la ley Debré que regula la relación entre el Estado y la Enseñanza libre) e incluso del siglo XIX, como la Ley Ferry (en referencia a Jules Ferry, político de la IIIª República e impulsor de la educación como uno de los pilares de la República) de 1886 que proclama la laicidad de la enseñanza y la organización de la enseñanza primaria.

En España, sin embargo, desde la transición se han sucedido nada menos que 4 leyes orgánicas que han regulado este aspecto tan importante para una sociedad. Hasta 1990 el sistema educativo seguía la Ley General de Educación de Villar Palasí de 1970. En 1990, en el gobierno de Felipe González, se aprueba la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Con Aznar se aprueba en 2002 la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que no llegó a aplicarse por la llegada a la Moncloa de Rodríguez Zapatero, quien en 2006 aprueba la Ley Orgánica de Educación (LOE), ley que está actualmente vigente. Esta actitud de los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP, es más revanchista que madurada y pensada para lograr que las cifras que rodean a la educación española mejoren. En España, por ejemplo, la tasa de abandono escolar tras la educación obligatoria es del 28,4%, más del doble de la media europea.

Las sucesivas leyes educativas han pecado de no ir acompañadas de una financiación suficiente que lleve a la práctica los buenos propósitos que todos los preámbulos pretenden. Además han carecido del consenso necesario para que una ley de este calibre tuviera la vigencia mínima que éstas necesitan, pasando tanto alumnos como, sobre todo, profesores, por diferentes currículos, planes de estudios, desaparición de asignaturas, sustitución de materias por otras con contenidos similares... Tampoco se ha tenido en cuenta la opinión de los profesionales de la educación, que hemos sido los convidados de piedra en esta historia. Siempre ha imperado el parecer de l@s sucesiv@s ministr@s del ramo que, salvo excepciones, han provenido de ámbitos totalmente ajenos al mundo educativo y han sido asesorados por personas que tampoco han vivido la realidad de las aulas desde dentro.

Pero nada de esto es tan grave como el ataque que está perpetrando el actual gobierno contra la educación pública, ataque que no tiene precedentes en los 35 años de la reciente democracia española. Este gobierno no es consciente, y si lo es, tiene más delito aún, de las consecuencias que estos recortes tendrán sobre el futuro de los jóvenes españoles, sobre todo los más desfavorecidos. Los recortes en 3.000 millones de euros tendrán consecuencias a corto plazo, como más alumnos por clase, disminución de la oferta educativa de los centros, aumento de las tasas universitarias, reducción o desaparición de programas educativos, supresión de apoyos educativos, etc., como muy bien explica José Roberto Barrilado, del Foro Ciudadano de la Región de Murcia, en un reciente artículo (ver enlace). Pero también tendrán consecuencias a largo plazo, como una mayor depauperación de los niveles educativos y la merma de la igualdad de oportunidades, base de un sistema que quiera llamarse democrático.

Frente a esta política del tijeretazo, es necesario aplicar toda una serie de medidas como las que propone EQUO, como son:

- Establecimiento de una educación pública de calidad, laica y que promueva la igualdad de oportunidades.

- Aumento hasta el 7% del PIB de la inversión pública en Educación, y en ningún caso por debajo del 5,5%.

- Reducción progresiva de la concertación de la enseñanza privada hasta su desaparición.

- Apuesta decidida por una Formación Profesional de calidad y que cuente con una financiación suficiente.

- Aumento del prestigio de los docentes e instituciones educativas públicas.

EQUO Región de Murcia, con su integración en la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, apoya decididamente la convocatoria de la huelga del próximo 22 de mayo en contra de las medidas del gobierno para el desmantelamiento de nuestro sistema educativo público (ver enlace).

Nunca hasta ahora un partido en el gobierno había hecho un uso tan flagrante de su mayoría absoluta en el Congreso para arremeter contra una de las bases del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad. Este asalto ha puesto de acuerdo a sindicatos, padres y madres de alumn@s, estudiantes y personas defensoras de lo público para levantarse en contra de estas medidas. Por ello, la huelga del próximo 22 de mayo es algo que nadie consciente de la importancia de la Educación debe dejar de hacer.

¡POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, HAZ HUELGA EL 22 DE MAYO!

¿CRECIMIENTO? ¿PARA QUÉ?

Los gobiernos occidentales insisten en el mantra de que hay que "recuperar la senda del crecimiento". Para ellos, inmersos en el sistema capitalista, si no hay crecimiento no hay desarrollo ni creación de empleo. Este sistema, tal y como está estructurado, exige una huida hacia adelante, con la obligatoriedad de un crecimiento ilimitado (es decir, del aumento del intercambio de bienes y servicios, expresado en el aumento del PIB), sin el cual llegaríamos al colapso de la economía. Sin embargo, el PIB es un índice perverso, porque no expresa de forma adecuada el bienestar de la sociedad ni tiene en cuenta los límites finitos de nuestro planeta. Por ejemplo, el mayor consumo de gasolina o la compra de coches hace aumentar el PIB, aunque ello signifique atascos y más contaminación. También un mayor índice de delincuencia hace aumentar el PIB, porque los gobiernos deben gastar más en seguridad. El PIB no tiene en cuenta la desigual distribución de la riqueza o la degradación del medio ambiente. Es decir, que el bienestar de una sociedad puede ir en retroceso a pesar del aumento del PIB. Por ello, otros índices de desarrollo se han implementado, como el IDH (Indice de Desarrollo Humano) o el IFP (Indice de Felicidad Planetaria), que se ajustan más a la realidad (ver entrada anterior). 

El crecimiento per se produce una serie de efectos perjudiciales sobre los ecosistemas que los economistas clásicos suelen obviar. El crecimiento aumenta la huella ecológica, es decir, la superficie necesaria para subvenir a las necesidades  y para asimilar los residuos producidos por cada población determinada de acuerdo a su modo de vida  específico, de forma indefinida. Además, produce el aumento de las emisiones de CO2, acelerando el cambio climático. Así, España acaba de agotar el presupuesto ecológico correspondiente a 2012 y a partir de hoy ya inicia su deuda ecológica, emitiendo más CO2 del que puede absorber y superando su biocapacidad (ver enlace). A nivel mundial, el crecimiento global de las economías desarrolladas provoca un aumento de las desigualdades -con el incremento en los índices de mortalidad, delincuencia, problemas psicológicos...- (ver enlace) y el agotamiento de los recursos naturales, que hipotecan nuestro futuro. En un planeta finito, son mayores los inconvenientes provocados por el crecimiento que las ventajas que nos puede aportar, como se ha visto en los últimos decenios.

A partir de la década de los '70, cuando se vieron los primeros síntomas de que el sistema económico imperante en Occidente nos llevaba a un callejón sin salida, toda una serie de economistas empezaron a cuestionar el dogma del crecimiento. En 1972, el Club de Roma publicó la obra conjunta Los límites del crecimiento, en el que ya se advertía que, «en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial (población y producto per cápita) no son sostenibles». Ese mismo año, Herman Daly (1938) propone la teoría de la economía del estado estacionario, en el que, alcanzado un estado óptimo de la economía, no es necesario un crecimiento anual. Sin embargo, Nicholas Georgescu-Roetgen (1906-1994) cuestionó este extremo, considerando que, debido a las leyes de la termodinámica, no se podía mantener este estado, y que "durante el uso de materiales, siempre hay una parte que se degrada y que es imposible de recuperar, ni con los métodos más futuristas de reciclado". También anticipó el cambio climático e introdujo factores inmateriales, como la alegría, en los flujos económicos. Sus teorías dieron lugar  al concepto de decrecimiento, debida a Serge Latouche (1940). A partir de 2002, el decrecimiento, corriente de pensamiento económico, político y social que aboga por la disminución gradual y controlada de la producción (por lo menos en los países más industrializados), para no sobrepasar los límites del planeta, tiene cada vez más adeptos. En 2008, Christian Kerschner cree que ambos puntos de vista (estado estacionario y decrecimiento) pueden ser compatibles.

Estas alternativas a la economía ortodoxa, desde la óptica de la llamada economía ecológica, que ningún gobierno actual tiene en cuenta, son, sin embargo, las únicas que pueden asegurar un futuro próspero a la humanidad. Pero aquí la prosperidad no significa opulencia ni acopio de bienes materiales, alentado por campañas institucionales de incitación al consumo (o más bien al consumismo), como bien explica Tim Jackson (1957) en su libro Prosperidad sin crecimiento. En palabras de Jackson: "La prosperidad tiene que ver con nuestra capacidad de florecimiento (físico, psicológico y social) (...) que depende fundamentalmente de nuestra capacidad para participar significativamente en la vida de la sociedad". En este ensayo se dice que, según diferentes estudios (Worldwatch Institute, PNUD), no hay un aumento real en la esperanza de vida, en la mortalidad infantil o en los niveles educativos a partir de unos ingresos netos per capita de 15.000 dólares anuales (unos 11.500 euros). 

En los países más desarrollados es urgente realizar esa transición hacia una economía baja en carbono, que frene y revierta el cambio climático, tal y como demanda la Comisión de Medio Ambiente de la UE, para conseguir la reducción de las emisiones de CO2 en un 40% en 2030 y un 80% en 2050 (ver enlace), una economía capaz de crear de empleo, al tiempo que cambia la posición de las personas en el sistema productivo, pasando de ser meros peones del proceso ideado por las cúpulas para alcanzar determinadas metas macroeconómicas, que han demostrado ser perjudiciales para nuestro planeta, a ser verdaderos protagonistas en la toma de decisiones y en la construcción de una sociedad ambientalmente sostenible y socialmente justa. Para ello es necesario acometer una serie de reformas a nivel internacional, como son, entre otros:

- Reforma fiscal verde, de modo que "el que más contamina, más paga".
- Inversión en una economía verde, con el desarrollo de sectores como las energías renovables, la rehabilitación de las viviendas con criterios bioclimáticos, el reciclaje y la gestión de residuos, la agricultura ecológica, la ganadería no intensiva, etc.
- Reparto del trabajo para que más personas puedan trabajar y para disponer de más tiempo para otras actividades social y personalmente más útiles (ver entrada anterior). 
- Disminución de las diferencias de renta entre los diferentes sectores de la sociedad, con el incremento de la fiscalidad a las grandes fortunas.
- Introducción de una Renta Básica Universal (ver entrada anterior). 
- Desmantelamiento de la cultura consumista, fuente de ansiedad y que impulsa a las personas a la búsqueda incesante de la "novedad" vacía de contenido, además de ser una actividad depredadora de los recursos naturales.
- Aumento de la resiliencia, término que se refiere a la capacidad de una sociedad de recuperarse ante situaciones de crisis. Esto se puede conseguir incrementando la participación de las personas en la vida comunitaria y aumentando la cohesión social, reduciendo la movilidad geográfica de los trabajadores, es decir, todo lo contrario de lo que pretende el actual gobierno español con su reforma laboral.

Hay que rechazar la dictadura del PIB como medida de una economía, como la actual, que es perjudicial para el planeta, al tiempo que los gobiernos deben iniciar la transición hacia una economía baja en carbono. Nuestros descendientes lo agradecerán.

EVA JOLY, CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE FRANCIA

Eva Joly, candidata a la presidencia de la República francesa por Europe Ecologie-Les Verts (EELV) en las próximas elecciones a dos vueltas que tendrán lugar entre el 22 de abril y el 6 de mayo de 2012, es aún una desconocida para el gran público en nuestro país.

De origen noruego, pues nació en Oslo en 1943, a los 18 años se establece en Francia para trabajar, adquiriendo la nacionalidad francesa por causa de matrimonio. En 1980 inicia su carrera judicial, especializándose en asuntos financieros. En 1995 saltaría a los medios de comunicación por ser la jueza instructora del asunto Elf, un caso de corrupción en la que mandatarios de esta compañía petrolífera francesa con grandes intereses en África desviaron fondos para sobornar a jefes de estado, colocar a presidentes africanos (como a Paul Biya de Camerún), financiar a guerrillas (en Angola o el Congo) e involucrarse en la política francesa, quedando salpicado (aunque absuelto) el mismísimo Roland Dumas (entonces ministro de Asuntos Exteriores). 

En la primera década del presente siglo, Eva Joly se compromete de lleno en la lucha contra la corrupción, tanto en Francia como en su país de origen, así como en Islandia, país con el que colabora en la investigación de las responsabilidades de su clase política en la crisis financiera, como así se demostró (ver enlace). En 2003 redacta la llamada Declaración de París, documento en el que se denuncia y se apela a la lucha contra la corrupción y que fue firmado por una quincena de figuras internacionales y ONGs, entre ellas Baltasar Garzón, el argentino Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz 1980), el juez italiano Antonio di Pietro o el escritor nigeriano y Premio Nobel de Literatura de 1986 Wole  Soyinka. En 2005 crea el Corruption Hunter Network, la Red de Cazadores de la Corrupción, un club de jueces y fiscales que persigue esta plaga allá donde se presente. Entre los asuntos investigados se encuentra una posible evasión de impuestos por parte de Berlusconi.

En 2008 se une a las filas del partido verde francés Europe Ecologia-Les Verts, con el que consigue un puesto como eurodiputada en 2009. En 2010 anuncia su intención de presentarse como candidata a la presidencia de la República francesa, puesto para el cual se organizaron unas elecciones primarias en el seno del partido ecologista, junto con otras candidaturas, la más famosa de las cuales sería la del ex-presentador de televisión Nicolas Hulot. El 12 de julio de 2011 Eva Joly se convertiría en la candidata oficial a la presidencia de la República por EELV al ganar las elecciones primarias por un 58,16% de los votos.

Las francesas y los franceses tienen la oportunidad de elegir a la candidata que mejor representa los ideales de la Ecología Política, para conseguir, tal y como reza su programa político, "reducir nuestra huella ecológica, proteger el bien común y responder a las necesidades humanas fundamentales".

En mayo sabremos si eso habrá sido así....