MUNICIPIOS POR EL CLIMA

Fuente: EFE

Recién dado el pistoletazo de salida de la campaña electoral de las generales, y a pocas semanas de iniciarse la campaña para las autonómicas y municipales, es el momento de recordar que el mejor cortafuegos contra el cambio climático se construye desde los municipios, desde lo más cercano, donde la ciudadanía puede aportar su grano de arena para revertir este fenómeno que parece imparable.

En ese sentido, desde las instituciones internacionales y los organismos estatales hay intentos de consensuar medidas que puedan ser aplicadas desde los ayuntamientos. Así, la Alianza por el Clima, un organismo creado en 1990 con sede en Frankfurt, reúne a más de 1.700 poblaciones y regiones de 26 países europeos (una red a la que sólo una ciudad española, Barcelona, se sumó en 2010) con una tarea común: la de intercambiar experiencias y apoyar iniciativas encaminadas a reducir las causas del cambio climático desde una perspectiva municipal, con el objetivo de aprobar resoluciones municipales en las cuales se comprometen a reducir el 10% de las emisiones de CO2 cada 5 años, lo que equivale a la mitad de las emisiones hasta el 2030.

En octubre de 2018 se aprobó la llamada Declaración de Barcelona, por la que los municipios asociados a la red se comprometen a aplicar las medidas aprobadas en la COP21 de Paris 2015, para evitar que la temperatura global supere los 1,5ºC con respecto a 1990.

A nivel estatal, la Red Española de Ciudades por el Clima, dependiente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) creada en 2005, reúne a más de 300 corporaciones locales, número que supone el 60% de la población española. Desde este red se organiza una serie de actividades de formación, conferencias, cursos, convocatorias de premios e impulso de iniciativas, a menudo desconocidas para el gran público.

Sus objetivos son aportar soluciones y medidas que puedan implantar los Ayuntamientos para frenar el cambio climático y sus efectos, dar apoyo técnico a los Gobiernos Locales para que alcancen sus objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, promocionar las actuaciones en cambio climático de los Gobiernos Locales, colaborar en proyectos conjuntos con los municipios, actuar como foro de intercambio de experiencias y desarrollar acciones de información y sensibilización.

Pero a pesar de los buenos propósitos, no parece que estas redes estén consiguiendo el efecto deseado. Las emisiones de CO2 siguen aumentando, y no hay señales claras de que los ayuntamientos asociados apliquen medidas efectivas para que se mitiguen los efectos del cambio climático. Por ello, hace unas pocas semanas, el partido verde andaluz, EQUO-Verdes, presentó un documento en el que se recogen las 12 medidas que deberían implementarse para reducir las consecuencias y eliminar las causas del cambio climático desde el ámbito municipal.

Estas medidas pasan por parar la instalación de macrogranjas, fomentar el transporte público multimodal, un acceso fácil a la vivienda, y un aire más limpio. Se propone dar prioridad a las personas que no conducen, que quieren o deben caminar, a las bicicletas y al transporte público, y multiplicar los espacios verdes en nuestros pueblos y ciudades. El plan contempla igualmente medidas para impulsar la producción descentralizada y el autoconsumo de energía; promover un modelo 100% público del suministro de agua; fomentar nueva cultura de consumo responsable y ético y la economía circular; y recuperar la gestión directa de los servicios municipales básicos. Además, se propone  la puesta en marcha de caminos escolares (a pie o en bici), la dotación de huertos solares y agrícolas, el diseño bioclimático de los edificios, y la implantación de comedores escolares con productos ecológicos y de proximidad.

Estas medidas pueden y deberían ser aplicadas de inmediato y, en este periodo electoral, deberían ser tomadas en cuenta por la ciudadanía a la hora de elegir las opciones políticas a las que votar, para conseguir que nuestros pueblos y ciudades sean entornos más habitables y saludables, además de que se puede conseguir con ellas el principal objetivo, alejarnos del punto de no retorno de un aumento de la temperatura media capaz de cambiar el clima de un modo incompatible con la supervivencia del ser humano en nuestro planeta.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Municipios-clima_6_888971095.html

¿EL FIN DE LOS TRASVASES?

Hace unos días, el Tribunal Supremo (TS) anuló varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo, por considerar que ese plan no especifica los caudales ecológicos del río a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Aunque, como era de esperar, esta sentencia ha levantado las iras de un sector de la sociedad murciana, alicantina y almeriense, tal vez hay que recordar que el caudal ecológico es, según la IPH (Instrucción de Planificación Hidrológica) aquel caudal "que contribuye a alcanzar el buen estado o buen potencial ecológico en los ríos o en las aguas de transición y mantiene, como mínimo, la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera".

La sentencia del Tribunal Supremo que anula parte del Plan Hidrológico del Tajo le da la razón a los postulados de los ecologistas, en el sentido de que, en un contexto de cambio climático en el que nos encontramos, es del todo insostenible que se siga confiando en la política de trasvases para atender a las demandas de agua del Sureste y el Levante español, sobre todo cuando estas demandas no son para consumo de boca, sino para mantener el modelo intensivo de agricultura y el turismo de masas.

Sabido es que el trasvase extrae de la cabecera del Tajo prácticamente la mitad del agua que lleva el río en año y medio, y que tres cuartas partes de ese agua se utiliza para regadío. El cambio climático ha provocado que la cabecera reciba un 30% menos de agua en los últimos 10 años. Un estudio publicado en 2003 por la ONG ambientalista WWF ('Trasvase Tajo-Segura: Lecciones del pasado') recogió el impacto que supuso la construcción de esta obra faraónica y los impactos del uso continuado de la misma.

Así, en la cuenca donante se cita el efecto barrera para la fauna debido a los embalses y conducciones asociadas al trasvase, la reducción de caudales circulantes en el río Tajo durante todo el año, pero muy en particular en verano, el empeoramiento crítico de la calidad de las aguas del Tajo, el paso de especies piscícolas de unas cuencas a otras y la alteración de la dinámica fluvial que afecta tanto a parámetros físicos como a químicos.

Pero también afecta a la cuenca receptora, la del Segura, al producirse un incremento exponencial de las demandas de agua para agricultura y turismo, con las consabidas consecuencias fatales para el Mar Menor. Además, el trasvase también produce impactos socioeconómicos, como los desequilibrios territoriales, con el despoblamiento y envejecimiento de la población de los pueblos de la cuenca donante, largamente denunciados por los colectivos locales contrarios al trasvase.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en un alarde de simplismo y populismo, se pregunta "si en España hay agua, una reserva hídrica suficiente, ¿cuál es el problema para que todos los españoles tengamos el agua que necesitamos?". El problema de base es que, en España, el 80% del agua se utiliza para riego, los acuíferos subterráneos están sobreexplotados y la superficie de cultivos dedicados al regadío superan los 3,7 millones de hectáreas, un 22% del área cultivada total, porcentaje que se eleva al 45% en la Región de Murcia.

La superficie de regadío en nuestro país ha aumentado en más de 700.000 hectáreas desde 1986 a la actualidad, al tiempo que el fenómeno de la desertificación se ha agravado en este periodo. Según un informe del propio Ministerio de Medio Ambiente (ahora de Transición Ecológica) publicado en 2016, el 80% del suelo de nuestro país está en riesgo de desertificarse, es decir, de perder la cubierta vegetal que prevenga la erosión, sobre todo en la Región de Murcia y Almería.

Frente a esto, la solución pasa por abandonar la política de trasvases y adaptarnos a la situación de aridez y escasez de agua, con el desarrollo de técnicas cada vez más avanzadas en la depuración de aguas residuales y desalación de agua de mar, con disminución progresiva de sus costes, mediante el uso de energías renovables.

El sueño iniciado en la Segunda República, construido durante el franquismo y puesto en funcionamiento en plena Transición parece tocar a su fin. Seguir pensando en los ríos como meros canales de riego, y en las cuencas como inmensas bolsas de agua que pueden trasvasarse de un lado a otro con vasos comunicantes, es reducir la función de nuestro ecosistemas fluviales a simples sistemas puestos al servicio del ser humano, sin importar las consecuencias ecológicas que ello conlleva, cuyos principales damnificados seremos nosotros mismos.

Artículo que me publica hoy eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/fin-trasvases_6_879172075.html

OBJETIVOS INCUMPLIDOS

Fuente: EFE

Europa está cada vez más alejada de los objetivos planteados por la UE en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, uso de energías renovables y eficiencia energética. De hecho, el informe Brecha de Emisiones 2018 presentado el pasado mes de noviembre por el PNUMA indica que las emisiones volvieron a aumentar tras tres años de estabilidad. En 2011, la UE se marcó como objetivo el llamado Plan 20-20-20, es decir, que para 2020 se debería reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20% (30% si se alcanza un acuerdo internacional), además de ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética y promover las energías renovables hasta el 20% del total del "pool" energético.

Sin embargo, los datos no invitan al optimismo. En 2017, las emisiones en el conjunto de la UE no sólo no disminuyeron, sino que aumentaron en un 1,8 % respecto a 2016, según Eurostat. En el cómputo planetario, 2018 supuso un récord, ya que aumentaron en un 2,7 %, debido sobre todo a los países más industrializados, EE.UU., China y la India. Nada sorprendente, habida cuenta de las declaraciones del ínclito Donald Trump, en las que niega a existencia del cambio climático, o las del presidente de Brasil, Bolsonaro, tildando de “conspiración marxista” este fenómeno.

Una vez que los objetivos 20-20-20 no se cumplen, la UE pasó a marcarse unos nuevos objetivos con el Marco sobre Clima y Energía para 2030, en el que se pretende reducir las emisiones de GEI en un 40% en 2030, en comparación con 1990, alcanzar el 27% del consumo de energía renovable, y aumentar la eficiencia energética en un 27%. Las principales organizaciones ecologistas calificaron de “insuficientes y muy bajos” esos objetivos. En noviembre de 2018 la UE, a través de su comisario de Energía, el español Miguel Angel Arias Cañete, anunció la intención de reducir a cero las emisiones de GEI para 2050. Por muy encomiables que sean estos propósitos parecería que se están marcando objetivos cada vez más ambiciosos a medida que los datos indican lo contrario, en un ejercicio más de buenos deseos que de aplicación de medidas efectivas y, sobre todo, que vayan acompañadas de sanciones si los países miembros de la UE incumplen lo acordado.

¿Y cuál es la situación en España? En 2017, según los últimos datos disponibles, España fue el cuarto país de la UE donde más crecieron las emisiones de GEI, con un 7,4 %, sólo por detrás de Malta (+12,8 %), Estonia (+ 11,3 %) y Bulgaria (+8,3 %). El gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministerio de Transición Ecológica, hizo un intento de aportar soluciones a esta situación, proponiendo en septiembre de 2018 un impuesto sobre el diésel, en aplicación de la llamada "fiscalidad verde", herramienta útil para paliar la situación, pero ante las fuertes protestas del sector automovilístico, se rebajaron las intenciones, calificándose la medida como un simple "globo sonda". También la deseada Ley sobre Cambio Climático se ha quedado en nada tras la convocatoria de elecciones generales, pues, a pesar de haber sido aprobada en el Consejo de Ministros del 22 de febrero, no podrá ser tramitada en el Congreso, por lo que todo estará en función de la composición del nuevo gobierno surgido de las urnas el próximo de 28 de abril.

En España, actualmente, la fiscalidad verde, aplicada sobre todo a los motores de combustión, supone solamente el 5,32 % del total de la recaudación vía impositiva, con un montante de 21.382 millones de euros en 2017, cuando en el conjunto de la UE se llega al 6,1 %, queriéndose alcanzar el 10 %. Nuestro país está, por tanto, por debajo de la media de la UE. Pero no parece que se esté por la labor de aumentar esta cifra, y sobre todo por parte de la derecha española, que basa su reclamo electoral en una bajada generalizada de impuestos, usando un argumento populista, a la par que irresponsable que, además de vaciar las arcas del Estado, nos alejará aún más del objetivo de reducir nuestras emisiones.

Afortunadamente, dos son las señales que nos indican el camino. Por un lado, la reciente aprobación por parte de la UE de una nueva regulación que atañe directamente a los fabricantes de camiones, que tendrán que reducir las emisiones de CO2 de sus productos en un 15% de aquí a 2025 y un 30% en 2030. Y por otro, la movilización de la juventud europea (y parece que también española) para exigir a los políticos que actúen de manera efectiva contra el cambio climático. Esperemos que sea el inicio de un cambio de rumbo, más allá de las buenas palabras y los objetivos que nunca se cumplen.

Artículo aparecido hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Objetivos-incumplidos_6_871822813.html