domingo, 24 de diciembre de 2017

ESPAÑA APUESTA POR LA SOBREPESCA

Hace unos días los países miembros de la UE, tras muchas horas de negociación, llegaron a un acuerdo para fijar las cuotas de pesca para el año 2018, los llamados Totales Admisibles de Capturas (TAC). Una vez más, España, a través de la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha preferido continuar con la sobreexplotación de los mares antes que garantizar las reservas pesqueras para el futuro. Lo que la ministra denomina “mejoras sustanciales” en la cuota de capturas supone, en realidad, mantener la presión sobre las especies comerciales, como la merluza, el jurel, el rape, el gallo, el lenguado, el atún rojo o la caballa, entre otras, poniendo en peligro su conservación.
“España defiende esta postura insostenible sin tener en cuenta que, de seguir con estas prácticas, además de esquilmar los mares y modificar los ecosistemas, los empleos que se dice defender se verán afectados negativamente”
Frente a la propuesta de la UE de rebajar las cuotas, siguiendo las advertencias de los informes técnicos que así lo aconsejan, debido a la situación de insostenibilidad en la que se encuentran muchas de las especies, el Gobierno español insiste en aumentar las capturas. Así, los expertos recomendaban una reducción en un 30% en la captura de merluza del caladero sur. Sin embargo, España ha conseguido que esa reducción se rebajara al 12%, incrementando la presión sobre esa especie. La negociación del Gobierno español, que ha cedido a las presiones del lobby de la pesca, Cepesca, asociación empresarial que agrupa a pescadores y armadores españoles, supone un aumento de 6.000 toneladas en la cantidad pescada para la flota de Gran Sol, el Golfo de Vizcaya y del Golfo de Cádiz. España es el país europeo con porcentajes más altos de sobrepesca, pescando un 38% por encima de la cantidad recomendada por los científicos para el mantenimiento óptimo de los caladeros, entre 2001 y 2017, es decir, casi un millón de toneladas de pescado de más, según un informe del Observatorio Corporativo Europeo (Corporate Europe Observatory).
El propio Ministerio de Pesca admite que el Mediterráneo está esquilmado. El 93% de las variedades objeto de pesca en este caladero están en mal estado, pero se sigue aumentando su captura, llevados por la búsqueda de beneficios inmediatos. Esta situación puede traer consecuencias contrarias a las que se quiere conseguir al defender este nivel de capturas. Los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca indican que, entre 2011 y 2016, a pesar del aumento de las capturas, la flota ha ido disminuyendo año tras año, sobre todo en la flota artesanal, es decir, en la mayoría del sector pesquero. Greenpeace denunció, ya en 2013, en su informe Empleo a bordo, que se habían destruido más de 50.000 empleos en los 20 años anteriores y que, de no cambiar, en los próximos años se perderían otros 14.000 más. La flota industrial, que es la que recibe mayoritariamente subsidios por parte de las instituciones, es la máxima responsable del agotamiento de los mares. En todo el mundo se reparten anualmente 30.000 millones de dólares en subvenciones a la pesca, el 70% de las cuales van a parar a países ricos (entre ellos España, que ha recibido 1.100 millones de euros) y a prácticas insostenibles e incluso ilegales.
El Gobierno español vuelve a utilizar el argumento de la creación de puestos de trabajo para defender esta postura insostenible de mantenimiento de la sobrepesca, sin tener en consideración que, de seguir con estas prácticas, además de esquilmar los mares y modificar los ecosistemas, los empleos que se dice defender se verán afectados negativamente. La solución debe venir por la aplicación de criterios de pesca sostenible, es decir, aquella que garantiza el mantenimiento de la diversidad y disponibilidad de los recursos pesqueros. Estas prácticas, resumidas en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, pasan por aplicar el principio de precaución cuando falte información científica fiable sobre el estado de las pesquerías, declarar reservas marinas como parte integrante del plan de ordenación, no operar en áreas ni en hábitats sensibles, proteger áreas importantes como las zonas de reproducción y de alevinaje, promover la pesca artesanal, minimizando los descartes y evitando el uso de métodos destructivos como el arrastre de fondo o el uso de explosivos y venenos y, en resumen, mantener las poblaciones de todas las especies objetivo en un nivel saludable, así como operar de manera social y económicamente justa y responsable. Sólo así se garantizará que dispongamos de pescado en nuestros platos en el futuro.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

martes, 12 de diciembre de 2017

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

Dos estudios relativos al cambio climático aparecidos recientemente nos hacen reafirmarnos en la urgencia de abordar seriamente este problema. Uno de ellos, publicado en la revista Nature esta misma semana por dos investigadores de la Universidad de Stanford, plantea que los modelos utilizados hasta ahora por los gobiernos están subestimando el calentamiento global del futuro. Así, su modelo predice que, antes del final del siglo, la temperatura media del planeta subirá en 4ºC con una probabilidad del 93%, frente a las previsiones más optimistas que cifraban en el 62% esa probabilidad. Si el Acuerdo de París considera urgente limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales de aquí a 2030, y en la COP22 celebrada en Bonn el pasado mes de noviembre los países se comprometieron a aplicar medidas para conseguirlo, este estudio puede echar por tierra las previsiones, dejando cortas las medidas que se están planificando. Las consecuencias de este augurio son conocidas: deshielo y reducción de las capas polares; aumento del nivel de los océanos, afectando a las localidades ribereñas y acidificación de las aguas, poniendo en riesgo a especies y ecosistemas marinos; cambios extremos en el clima, como inundaciones, huracanes y sequías. En definitiva, la propia supervivencia del ser humano está en cuestión si estas previsiones se cumplieran.
“En los próximos 50 años, entre 250 y 1.000 millones de personas se verán obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a otra región o a otro país si el ser humano no frena el cambio climático, según ACNUR”
El otro estudio, o más bien la advertencia, proviene del vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana y experto en economía relativa al medio ambiente, Alejandro Guevara, quien en México D.F. alertó la pasada semana del hecho de que “las variaciones extremas en las lluvias del África Sahariana provocadas por el cambio climático incrementan hasta un 50% la probabilidad de que haya una guerra”, con las consecuencias que ello conlleva, como el aumento de las migraciones y las peticiones de asilo. Son los llamados “refugiados climáticos”, surgidos por la influencia directa de este fenómeno, categoría de refugiados ya contemplada por la ONU. Según cálculos de ACNUR, en los próximos 50 años entre 250 y 1.000 millones de personas se verán obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a otra región de su país o incluso a otro Estado si el ser humano no frena el cambio climático.
Pero no todo son malas noticias. El pasado 7 de diciembre entró en vigor la Alianza Solar Internacional (ISA en sus siglas en inglés), un grupo de 121 países ricos en recursos solares, casi todos países en desarrollo, además de Francia, cuyo objetivo es facilitar y acelerar el despliegue a gran escala de la energía solar en esos países, hasta un total de 1.000 gigavatios (1 billón de vatios), con la aportación de 1.000 millones de dólares de aquí a 2030. Esta iniciativa, surgida del Acuerdo de París en 2015, pretende generalizar el uso de la energía solar en los países participantes en la Alianza, consiguiendo su autonomía energética. Es curioso que España no participe en esto, aunque no es extraño, vista la cruzada emprendida por el gobierno de Rajoy a partir de 2012 contra este tipo de fuente renovable de energía, todo para defender los intereses de la todopoderosa patronal de la energía Unesa.
Otra iniciativa interesante proviene también de Francia. El ministro de la Transición Ecológica y Solidaria del gobierno galo, Nicolas Hulot, se reunió casi al mismo tiempo que entraba en vigor la Alianza antes citada con una veintena de representantes de países del llamado grupo de “amigos del Pacto Mundial para el Medio Ambiente” para sentar las bases de dicho pacto. Este proyecto fue presentado en septiembre pasado por el presidente Macron en la sede de la ONU junto al expresidente de la Cumbre de París, Laurent Fabius, y el exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon, con el objetivo de “contribuir a frenar el calentamiento global y el deterioro del planeta”. Consta de una treintena de artículos en los que se recogen, entre otros, los principios de precaución y de reparación por el que quien contamina paga.
Por último, otro evento relacionado con la preservación del planeta tendrá lugar este martes 12 de diciembre en París, la One Planet Summit, una jornada de trabajo en la que se estudiarán acciones concretas, desde los ámbitos públicos y privados, para revertir el cambio climático, sobre todo desde el punto de vista de su financiación. Ante la cal de los posibles efectos dañinos del cambio climático, que ya estamos padeciendo, surgen iniciativas que son la arena en clave positiva para intentar paliar esos efectos y actuar sobre las causas últimas. Esperemos que esto cale en la sociedad y sea el comienzo de un cambio de actitud de los gobiernos.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

martes, 28 de noviembre de 2017

PALABRAS VANAS, RUIDO DE CAMPANAS

Fuente: CARM
Los grandes problemas que sufre la Región de Murcia, el paro, la pobreza, el estado del Mar Menor, el asunto del agua, el AVE y el soterramiento a su paso por Murcia, la contaminación atmosférica, entre otros, no encuentran con el PP la solución que merecemos, sino todo lo contrario. El partido que gobierna la región y el ayuntamiento de Murcia desde hace más de 20 años sólo ha actuado a golpe de declaraciones grandilocuentes y promesas largas veces incumplidas, si no directamente a base de mentiras que no se creen ni ellos.
“Las declaraciones falsarias y promesas de los gobiernos del PP llegan al paroxismo cuando se trata del medio ambiente”
Basta con repasar las hemerotecas para comprobar cómo los sucesivos presidentes regionales y sus consejeros, así como los alcaldes, han abusado de los anuncios estrella que no han llevado a ninguna parte. Así, en relación al desempleo en nuestra región, mientras el portavoz Víctor Martínez se jactaba en agosto pasado de ser la región donde “más baja el paro y más empleos se generan”, lo cierto es que, tanto en septiembre como en octubre, el desempleo aumentó en más de 3.000 personas, situándose en el 18,11% la tasa de paro en la Región de Murcia, casi dos puntos por encima de la tasa nacional. La pobreza se ha enquistado en un 28% de la población, limitándose el gobierno de López Miras a presentar a bombo y platillo, hace ya un mes, con la presencia del vicesecretario nacional de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, la llamada “ruta social”, sin medidas concretas sobre la mesa.
La serie de declaraciones falsarias y promesas lanzadas al aire por parte de los gobiernos del PP llega al paroxismo cuando se trata del medio ambiente. El Mar Menor sigue esperando la aplicación de medidas de urgencia anunciadas ya en 2016, a través de la anterior consejera de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, como la colocación de “filtros verdes”, así como la aprobación del Plan de Gestión Integral del Mar Menor, que debería haberse aprobado en 2012. En cuanto al problema de escasez hídrica, mientras López Miras asegura a los regantes que vendrá “el agua que nos merecemos”, nada se hace para cambiar el modelo agrícola imperante, ni para reducir las miles de hectáreas de regadío ilegal, al tiempo que se ha aprobado por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la construcción de una red de sondeos en el entorno del Mar Menor y del acuífero del campo de Cartagena, para la extracción de agua, situación que podría agravar el estado ya agónico de la laguna. A todo esto, se ha sabido que en Murcia se paga hasta 6,6 veces más cara el agua que en otras regiones.
“El objetivo del PP murciano es que el AVE llegue a Murcia de cualquier manera, aunque sea en superficie, en 2018, para presentarlo como un logro propio en las elecciones del año siguiente”
¿Y qué decir del soterramiento de las vías del AVE que no se sepa ya? Tanto el alcalde Ballesta como el presidente regional acumulan una gran cantidad de declaraciones sobre este tema, la inmensa mayoría de las cuales han sido dichas para salir del paso, siendo conscientes, creo yo, de que no se van a cumplir, habiendo colmado la paciencia de los vecinos y vecinas de las barriadas del sur de Murcia. De decir en mayo que estaría “siempre al lado de los vecinos y en la defensa de sus intereses”, Ballesta ha pasado a afirmar a comienzos de esta mes que “buscaría a otros interlocutores”, acusando además a la Plataforma Pro-Soterramiento de los actos vandálicos que se llevaron a cabo en fechas recientes. El objetivo del PP murciano es, claramente, que el AVE llegue a Murcia de cualquier manera, aunque sea en superficie, en 2018, para poder presentarlo como un logro propio de cara a las elecciones del año siguiente, aunque eso suponga ponerse en contra a cientos de miles de vecinos.
Por último, los picos de contaminación atmosférica que ha sufrido la ciudad de Murcia, agravados por la sequía y el cambio climático, son también el resultado de años de inacción por parte del consistorio. Se ha sabido que Murcia registra más del doble del valor límite diario de contaminación por ozono, con las consecuencias nefastas para el sistema respiratorio. Sin una política decidida en materia de movilidad sostenible, sin una apuesta clara por el fomento de la bicicleta, más allá del sistema de alquiler público, sin carriles bici suficientes que atraviesen el casco urbano y conecten con las pedanías, sin la mejora del transporte público urbano, y sólo con tímidas iniciativas en favor del vehículo eléctrico, como la promesa de la colocación de unos pocos puntos de recarga y la implantación del sistema Muving de alquiler de motos eléctricas, aún estamos lejos de conseguir revertir la situación.
Por el uso y el abuso, por parte de nuestros gobernantes, de anuncios, al final, se quedan en nada, se les podría decir aquello de “palabras vanas, ruido de campanas”.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito: