jueves, 26 de enero de 2017

LOS TRANSGÉNICOS Y AGROQUÍMICOS EN ENTREDICHO

Recientemente he visto un documental muy recomendable, Semillas transgénicas, los pueblos fumigados, realizado por el argentino Cristian Weidmann y el murciano Vicente Cerdán. Este documental nos relata la lucha de una región, las Malvinas Argentinas, en Córdoba, contra la construcción de una planta de procesado de semillas transgénicas, la que iba a ser la más grande de América Latina. Esta zona, rodeada de plantaciones de soja transgénica, sufre altísimas tasas de cáncer y malformaciones en recién nacidos, debido a la utilización masiva, por parte de la multinacional Monsanto, de agroquímicos como el glisofato, principal componente del herbicida denominado Roundup. La lucha de estas familias afectadas por los efectos letales de los herbicidas dio su fruto, al conseguir paralizar la construcción de la planta.
“España es el único país de la UE donde se cultivan transgénicos a una escala importante”
Este episodio, que podría pensarse que es de ámbito local y circunscrito a un país concreto, Argentina, debe hacernos reflexionar sobre el alcance de estas multinacionales, la presencia de los cultivos transgénicos en nuestro país, así como sobre el uso de herbicidas y pesticidas que conllevan efectos perjudiciales para nuestra salud. España es el único país de la UE donde se cultivan transgénicos a una escala importante; el propio Ministerio de Agricultura estima en más de 130.000 las hectáreas dedicadas en nuestro país al cultivo de maíz MON810 (la propia denominación de esta variedad de maíz denota el origen de las semillas, Monsanto), siendo Aragón, Cataluña y Extremadura las tres CCAA donde más se cultiva esta planta, sumando las tres casi la mitad de la producción de maíz trangénico en España. En la Región de Murcia, en 2014 había unas 15 hectáreas destinadas al cultivo de maíz genéticamente modificado. Sin embargo, en países de nuestro entorno como Francia está prohibido su cultivo.
En cuanto al uso del herbicida con glisofato, utilizado para matar las “malas hierbas” en parques y jardines de nuestras ciudades, más de 150 municipios españoles, entre ellos Totana y Santomera, se han declarado libres de este herbicida. El glisofato es uno de los productos fitosanitarios más cancerígenos que existen, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, organismo dependiente de la OMS, pero, a pesar de ello, organizaciones como la Unión de Pequeños Agricultores de la Región de Murcia rechazaron el pasado mes de abril que este herbicida sea eliminado del mercado. En contrapartida, se acaba de presentar a la Comisión Europea una iniciativa ciudadana para que se prohiba el glifosato en la UE. Para ello, serán necesarias un millón de firmas de, al menos, siete países a favor de su propuesta para obligar a Bruselas a reaccionar en un plazo de tres meses tras la entrega de las firmas. La UE prorrogó el uso de este herbicida en Europa hasta el año 2018, ante la falta de consenso sobre su toxicidad.
“Un efecto colateral del uso de fitosanitarios es la desaparición de abejas y otros insectos polinizadores, envenenados por estos productos”
El uso de semillas transgénicas reduce la biodiversidad y las variedades de plantas tradicionales, afectando a la soberanía alimentaria por obligar al sector agrícola a comprar una y otra vez semillas patentadas, en lugar de obtener sus propias semillas a partir de sus cosechas; desde el punto de vista de la salud, está comprobado que los alimentos transgénicos provocan la aparición de nuevas alergias y, según ciertos estudios, pueden afectar a la fertilidad. Además, estas plantas modificadas genéticamente son cada vez más resistentes a antibióticos y plaguicidas, por lo que se usan en ellos cada vez más cantidad de productos químicos que afectan a la salud. Un efecto colateral del uso de productos fitosanitarios es la desaparición de abejas y otros insectos polinizadores, envenenados por estos productos, lo que supondrá un grave problema para la dispersión del polen de forma natural en un futuro próximo.
Sería deseable que los cultivos de variedades transgénicas desaparecieran de nuestros campos, así como ir eliminando paulatinamente el glisofato y otras sustancias fitosanitarias en cultivos, parques y jardines, declarando la mayor parte del territorio libre de este tipo de productos, por el riesgo para la salud pública que suponen. Las autoridades sanitarias de nuestro país deberían pensar más en la salud de la ciudadanía que en mantener un sistema que sólo favorece a unas pocas multinacionales.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

martes, 10 de enero de 2017

CIUDAD SALUDABLE VS. CIUDAD CONTAMINADA

Estas últimas semanas hemos asistido a la confrontación de dos visiones de la ciudad, una de ellas que tiene a las personas como centro de atención, al cuidado de la salud pública como prioridad y a la humanización de las calles como objetivo. La otra visión, más conservadora, desdeña la salud de la ciudadanía, adora al coche como tótem icónico que perpetúa la posesión de este tipo de vehículo como muestra de status y tiende a la deshumanización de la ciudad.
Me refiero, por un lado, a las medidas establecidas por el Ayuntamiento de Madrid durante las festividades navideñas para minimizar el efecto de la contaminación atmosférica. Como saben, estas medidas incluían la restricción del tráfico rodado en la llamada “almendra central”, es decir, el área incluida en el interior de la M30, para el 50% de los vehículos en determinados días, dependiendo de la matrícula, además de la prohibición de aparcar en ciertas zonas y la limitación de velocidad a 70 km/h en la M30. Frente a la asunción de medidas valientes para reducir la contaminación por parte del consistorio madrileño, el sector conservador prefiere mantener los niveles elevados de NO2 y partículas en la atmósfera, tildando de un modo irresponsable nada menos que de “ideológicas” las decisiones tomadas, cuando es conocido que la contaminación atmosférica mata anualmente a 7.000 personas en España, según la OMS. Los madrileños, sin embargo, han podido comprobar cómo la boina de contaminación ha disminuido en estos días tras la puesta en marcha de estas medidas.
“Pretender cargar las culpas a las bicicletas del aumento de fallecimientos en carretera es como matar moscas a cañonazos, cuando el colectivo ciclista es otra víctima más de la proliferación de automóviles”
Los altos niveles de contaminación atmosférica no son exclusivos de Madrid, sino que otras ciudades españolas, entre ellas Murcia, presentan altas tasas de NO2, ozono y partículas sólidas, provenientes de la combustión de los motores de automóviles, principalmente. En nuestra región, a pesar de que varios informes, como los realizados por Ecologistas en Acción y por el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia, alertan del alto grado de ozono en la atmósfera detectada en 2016 (por encima incluso que los niveles de 2014 y 2015) hemos podido ver cómo el alcalde de la capital ha negado este extremo, asegurando que Murcia «nunca en la historia ha tenido episodios de contaminación que hayan requerido de ningún tipo de medidas extraordinarias». El alcalde Ballesta prefiere cerrar los ojos al problema antes que implementar medidas para paliar los efectos de la contaminación.
Hay otro dato que pone de relieve que hay un determinado sector de la sociedad española que no quiere que tengamos una ciudad más amable y humana. En este caso, el lobby del automóvil, representado por el RACE, propone que, para disminuir la siniestralidad en las carreteras españolas, se haga extensivo el carné por puntos a los ciclistas y se les obligue a la posesión de un seguro y de una matrícula. Esta propuesta es totalmente irracional. Pretender cargar las culpas a las bicicletas del aumento de fallecimientos en carretera es como matar moscas a cañonazos, cuando el colectivo ciclista es otra víctima más de la proliferación de automóviles. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el RACE intenta una vez más quitarse de en medio a las bicicletas, esos artilugios que entorpecen el tráfico e impiden que los coches circulen a sus anchas por las calles, dificultando el uso de este medio de transporte ecológico mediante la burocratización y un coste económico para sacar la bici a la calle.
Como se puede comprobar, la consecución de una ciudad para las personas, a través de la pacificación del tráfico, por medio de la generalización del uso del transporte público y la bicicleta y la disminución de la densidad de automóviles es una batalla difícil, por la cerrazón de una parte de la sociedad española, convencida de que la ciudad sigue siendo territorio de los coches, aunque eso suponga altos niveles de contaminación y aumento de la siniestralidad. Un último argumento tal vez pueda persuadirles de que la disminución del uso de los coches y la peatonalización del centro de las ciudades es positivo: en todas las localidades donde se ha generalizado la peatonalización de las calles, el comercio de cercanía ha visto aumentadas sus ventas.
Devolvamos las calles a los peatones y ciclistas, y veremos mejorada la calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades y pueblos.
Artículo aparecido en La Crónica del Pajarito:

sábado, 10 de diciembre de 2016

EL AVE NO REMONTA EL VUELO

Un informe de la UE nos acaba de revelar que el uso del tren de alta velocidad en España es de los menores de Europa. A pesar de que nuestro país posee la segunda mayor red de alta velocidad operativa a nivel mundial, con 2.871 kilómetros y 1.200 kilómetros en construcción, solo por detrás de China, es la tercera más baja de toda la Unión Europea en cuanto a utilización de este medio de transporte. En España, solamente un poco más de 5 millones de personas al año utilizan el AVE, frente a los casi 40 millones de Reino Unido (pese a tener solamente 113 kilómetros de línea de alta velocidad) o los casi 30 millones de Francia, con algo más de 1.000 kilómetros. Solamente Países Bajos, con 2 millones de usuarios y sólo 120 kilómetros de líneas de alta velocidad, y Bélgica, con 4,4 millones y 209 kilómetros de línea, tienen un menor número de personas que, anualmente, usan el TAV. Pero los números no aguantan ninguna comparación, al comprobarse que en España hay unos 1.700 usuarios por cada kilómetro construido, frente a más 350.000 del Reino Unido, los 30.000 de Francia o los más de 36.000 de los Países Bajos.
“Siguen con el cuento de la lechera, prometen riqueza, desarrollo, la solución a todos los males, con proyectos faraónicos que sólo suponen depredación del territorio, graves impactos en el medio, enriquecimiento de unos pocos y despilfarro de fondos públicos”
Esto es claramente debido a que, en España, durante los años de la burbuja (y aún todavía), primaron los intereses empresariales frente a las necesidades reales de las personas. El sector empresarial vio una oportunidad de negocio con la construcción de miles de kilómetros de líneas de alta velocidad a lo largo y ancho del país, sin pensar a dónde irían esos trenes, cuál sería la demanda real y si serían rentables. Todo ello promovido por el ministerio de Fomento, a través de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), empresa pública que, a finales del 2015, sumaba unas pérdidas de 361 millones de euros a la ya abultada deuda total de 14.000 millones.
La falta de visión es muy clara en los responsables de la alta velocidad española, sobreproyectando esta infraestructura, cuyo coste se ha disparado en estos 24 años, desde que en 1992 se iniciaran estas obras faraónicas, superando los 70.000 millones de euros. Las líneas en construcción costarán, en principio, 27.000 millones, si no se produce lo que ya es habitual, el sobrecoste de las obras, a menudo asociado a escándalos de corrupción, como en la línea del AVE a Barcelona, caso descubierto en 2014, o relacionada con la más cercana línea Murcia-Alicante, en la que se adjudicaron tramos del AVE a determinadas empresas a precios claramente inflados, a cambio, presuntamente, de desvío de dinero público a empresas fantasma. A todo esto, los políticos murcianos siguen engañando a los vecinos y vecinas del municipio de Murcia, cuando ADIF ya ha admitido que “no tiene dinero para el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad”, por lo que éste llegará en superficie. La herida que divide la ciudad en dos seguirá abierta.
Los responsables políticos españoles siguen contándonos el cuento de la lechera, prometiendo riqueza, desarrollo, la solución a todos los males, con proyectos faraónicos que sólo suponen depredación del territorio, graves impactos en el medio, enriquecimiento de unos pocos y despilfarro de fondos públicos que afectan a los servicios esenciales. Mientras que, desde el gobierno central y los autonómicos, empezando por el de la Región de Murcia, se destinan ingentes cantidades de dinero a obras de dudosa rentabilidad económica y social, como es el AVE, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 el techo de gasto disminuye en 5.000 millones con respecto a 2016, lo que supondrá que se destinen menos recursos a gastos sociales, pensiones, educación o sanidad.
¿Hasta cuándo la sociedad española seguirá dando credibilidad a las vanas promesas que, año tras año, nos venden desde los gobiernos? ¿Cuándo se darán cuenta las personas que siguen apoyando al partido en el gobierno que dilapidar recursos públicos en este tipo de infraestructuras, puertos sobredimensionados, aeropuertos sin aviones, autopistas privadas deficitarias, líneas de AVE sin pasajeros, es hipotecar el futuro? Estas preguntas no dejamos de plantearlas, pero desgraciadamente las advertencias suelen caer en saco roto.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito: