LA "LIBERTAD EDUCATIVA", ESA FALACIA NEOLIBERAL

Mariano Rajoy, en su reciente visita a la Comunidad Valenciana, y aprovechando la manifestación organizada por la llamada Mesa por la Educación en Libertad, integrada por las escuelas católicas, el foro valenciano de la familia, el sindicato USO (¿qué hace este sindicato en este grupo?) y el propio PP de la Comunidad Valenciana, a favor de la escuela concertada, calificó de “ataque a la libertad educativa” la iniciativa del gobierno valenciano, formado por PSOE y Compromís, de potenciar la educación pública en detrimento de la privada concertada, revirtiendo la política educativa del anterior gobierno popular que, en 20 años, ha dejado 834 aulas menos en la pública y 95 más en la concertada.

Nuestros gestores educativos miden todos sus pasos y adoptan todas sus decisiones en función del tan recurrido informe PISA, que tantos quebraderos de cabeza da a los ministros de Educación españoles de turno. Tienen como único objetivo mejorar los resultados de estas pruebas diagnósticas, a pesar del aluvión de críticas recibidas por los especialistas en cuanto a su idoneidad y su utilidad para incidir en la mayor capacitación del alumnado (aspecto bastante cuestionable, porque, al final, tal y como ocurre con los tests de inteligencia, las pruebas PISA miden la capacidad de hacer los propios tests, centrándose en las tareas más repetitivas y sin abordar otras competencias, como la capacidad reflexiva o la relacional, tan importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ese es otro debate).

“Nos encontramos ante un círculo vicioso de segregación social que aboca a una importante merma de la equidad y la igualdad de oportunidades”

Con el excusa de los sucesivos informes PISA, el PP ha lanzado su particular ley educativa, la LOMCE, que incluye pruebas externas, rankings de centros y la aplicación de la ideología neoliberal en la educación, reduciendo la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta las particularidades socioeconómicas de cada centro y degradando la educación pública con la masificación en las aulas, el aumento de la carga de trabajo del profesorado y la reducción de las plantillas, en beneficio de los centros concertados.

Pues bien, Rajoy parece obviar que en el país que tanto se cita como el modelo a seguir, Finlandia, el 98% de los centros escolares son públicos, no existiendo el concepto de “centro concertado”, como en España, es decir, aquellos centros privados que reciben fondos públicos, pero que siguen su particular criterio empresarial y/o doctrinario en su proyecto.

Si este tipo de centros aplicaran los mismos criterios que los centros públicos, como la integración al mismo nivel que la pública de alumnado inmigrante o con dificultades de lenguaje y necesidades especiales, habría menos que objetar, pero los centros educativos concertados encuentran la manera de seleccionar a su alumnado, casi siempre según sus características socioeconómicas, mediante el pago de cuotas “voluntarias” por una serie de servicios. Con ello nos encontramos ante un círculo vicioso de segregación social, camuflado bajo el argumento de la “libertad de elección de centros por parte de las familias” que, de seguir permitiéndose, aboca a una importante merma de la equidad y la igualdad de oportunidades en nuestro sistema educativo.

Hay que desmentir la idea de que los centros privados ofrecen una mayor calidad de enseñanza. Numerosos estudios demuestran que la calidad es similar o incluso superior en los centros públicos, una vez descontados los factores socioeconómicos. Tampoco los resultados de los estudios realizados respaldan una hipotética mejor formación en valores en los centros concertados con respecto a los centros públicos.

Se debe desterrar, por tanto, la falsa idea de la mejor calidad de la enseñanza concertada, que únicamente persigue objetivos económicos, tratando a su alumnado más como clientes que como educandos. La Administración Pública debe velar con mayor énfasis por la igualdad plena en el acceso a todos los centros sostenidos con fondos públicos, revisando a la baja o incluso retirando las subvenciones a aquellos colegios que incumplan las cláusulas legales que les son de aplicación (que son casi todos). La tendencia debe ser, a medio plazo, la desaparición de los conciertos educativos, mediante la potenciación de la educación 100% pública, de calidad, integradora, inclusiva, laica y totalmente gratuita.

Artículo publicado el viernes 27 de mayo en La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2016/05/libertad-educativa-esa-falacia-neoliberal

UN ACUERDO PARA CAMBIAR ESPAÑA

Parece que por fin se materializa la tan ansiada confluencia entre las fuerzas políticas de izquierda, con el pacto entre Podemos, IU, Equo y las demás opciones que se quieran sumar a esta alternativa, ahora sí ilusionante, al bipartidismo y a su muleta, Ciudadanos. En los 50 puntos que son la base del acuerdo, hecho público, entre Podemos e IU, hay que felicitarse de que en primer lugar aparezca la consecución de un Plan Nacional de Transición Energética, con el objetivo de conseguir “la modernización económica, la eficiencia empresarial y un sistema energético totalmente descarbonizado para 2050, en consonancia con el acuerdo climático de París”, así como el de disminuir las emisiones de CO2, a través de sendos planes de Ahorro Energético y de Energías Renovables. Así mismo, como punto 8 del acuerdo, se prevé la implementación de un nuevo modelo productivo, que incluye “un plan de empleo verde que ayude a desarrollar un sector empresarial sostenible y que ponga en marcha políticas activas de formación e inserción en los nuevos nichos productivos”. El rechazo al TTIP y al CETA es otro punto a favor de este programa de 50 puntos. Es de destacar también el capítulo dedicado a la “Democracia Ambiental”, con medidas de Lucha contra el Cambio Climático, garantía del acceso al Agua como derecho humano, así como su mantenimiento en manos públicas, un Plan de Rescate Ecológico.

"Aún se está a tiempo de introducir cambios para que sea un programa realmente útil y beneficioso para la mayoría social y para el planeta"

Sin embargo, en mi opinión, se echa en falta un mayor grado de compromiso en algunos aspectos, para que sean más acordes con los postulados de la Ecología Política, único modo de revertir la situación y conseguir un verdadero cambio:

– Nada se dice del abandono del carbón de forma explícita, y el plazo del 2050 en España para “descarbonizar” la economía es un horizonte demasiado lejano (35 años), sin fijar metas a más corto plazo, como puede ser una reducción del 30% de emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, con respecto a 1990, lo que obligaría a ponerse manos a la obra desde ya, teniendo en cuenta que en 2015 hemos aumentado nuestras emisiones en un 5% con respecto a 2014. Este objetivo no es descabellado, ya que actualmente cerca del 50% de la energía producida en nuestro país es ya de origen renovable.

– La reforma tributaria pasa por alto la aplicación de una fiscalidad ambiental adecuada. Los impuestos ambientales suponen en España sólo un 4,5% de la recaudación fiscal total mientras la media de la UE-27 es del 6%. Al contrario, en España se subvenciona el impuesto al carbón, el mayor contaminante, en vez de gravar su consumo. Sería preciso introducir este tipo de gravamen para conseguir el objetivo de descarbonizar nuestra economía en el plazo deseado.

– La Renta Complementaria que preconiza este acuerdo se queda corta si queremos luchar contra la pobreza. Está demostrado que los sistemas de rentas mínimas que intentan paliar las situaciones más angustiosas de necesidad son complejos, heterogéneos y escasamente eficaces. La implantación de una Renta Básica Universal (RBU) seria una medida eficaz contra la pobreza, de sencilla aplicación y gestión, compatible con otros ingresos y sería un derecho universal por el mero hecho de ser ciudadano o ciudadana.

– El modelo de transporte no se aborda en esta declaración de intenciones, en el que se debería revisar la actual política relacionada con el AVE y los aeropuertos, muchos de ellos inactivos.

– Aunque se menciona una Política Agraria Común, basada en la agroecología, no se especifica el cambio de modelo, actualmente basado en la agricultura intensiva basada en el petróleo, hacia una agricultura y ganadería extensiva, local, ecológica y sostenible.

– En relación al bienestar animal, creo que se debe ser más valiente, y nombrar a la tauromaquia como actividad cuya subvención pública debe tender a la extinción. Una reciente encuesta revela que el 84% de los jóvenes de 16 a 24 años se avergüenza de vivir en un país en el que la matanza de toros como espectáculo sigue existiendo. Un programa realmente progresista debe tener esto en cuenta.

Siendo consciente de que este es un acuerdo de mínimos, todavía se está a tiempo de introducir cambios para que sea un programa realmente útil y beneficioso para la mayoría social y para el planeta. Ambas circunstancias son interdependientes e imprescindibles para que el tan ansiado cambio sea real y no sólo una aproximación.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:
http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2016/05/acuerdo-para-cambiar-espana

STOP AL CARBÓN

El pasado miércoles, la Comisión de Hacienda del Congreso aprobó una Proposición No de Ley (PNL) propuesta por el PSOE para bonificar hasta en un 80% el Impuesto sobre el Carbón a las empresas del sector en España, para favorecer el “carbón nacional” y, supuestamente, proteger los empleos de las cuencas mineras. Esta PNL ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, Foro Asturias (FAC) y Podemos (20 votos en total) y la abstención de PP y C’s (19 votos).

Mala noticia para los que pretendemos que se luche de forma efectiva contra el cambio climático en nuestro país. Este impuesto está concebido para aplicarse al consumo de carbón, como un tributo ambiental, al gravar una situación contaminante, aplicando la máxima de “quien contamina, paga”. Sin embargo, con el argumento de evitar la pérdida de empleos, el PSOE, FAC y Podemos deciden eximir prácticamente de este impuesto a las empresas del carbón en España, continuando con el fomento de los combustibles fósiles, y no uno cualquiera, sino el mas contaminante de todos, el carbón.

“En la clásica disyuntiva entre mantener empleos y defender el interés general en lo relacionado con el medio ambiente, éste suele ser sacrificado”

El carbón autóctono nacional es de pésima calidad, por razones geológicas, y su combustión produce menos calor por tonelada que cualquier otro carbón foráneo. Sin la política de subvenciones es prácticamente imposible mantener la industria minera, una industria en franco declive. De hecho, desde 1990, la minería del carbón en nuestro país ha recibido mas de 24.000 millones de euros en subvenciones, a pesar de que el número de trabajadores de las minas carboníferas ha ido disminuyendo cada vez más, pasando de 52.000 en la época dorada de los años 80, hasta los actuales 3.000 trabajadores.

Y no sólo eso: el fraude asociado a la recepción de las citadas subvenciones en nuestro país se eleva a 600 millones de euros, estando involucrados doce empresarios de siete compañías mineras, quienes, presuntamente, declararon extraer una cantidad mucho mayor de carbón de la realmente realizada, para cobrar así indebidamente ayudas al sector. Este supuesto fraude esta siendo investigado por un juzgado de Ponferrada.

Por otro lado, ya se sabe que el carbón es el principal responsable del aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Según el informe 'Cambio Climático en España: evidencias, emisiones y políticas' elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad, en 2015 las emisiones de CO2 aumentaron en un 5% con respecto al año anterior, alcanzándose los niveles de 1998. Para los autores del informe, este aumento de las emisiones está ligado de forma directa con la quema de carbón en las centrales térmicas para la producción de electricidad. Al mismo tiempo se verifica que, a su vez, la generación de electricidad a partir de fuentes renovables descendió un 5% el año pasado. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, España ocupa el último lugar de Europa en cuanto a reducciones de emisiones desde el año 1990 hasta el año 2013 en cuanto a toneladas, y uno de los peores en cuanto a porcentaje.

Por todo ello, es incomprensible que dos partidos que dicen apostar por un cambio en las políticas aplicadas hasta ahora, como son PSOE y Podemos, incluidas las políticas ambientales, y que pretenden gobernar nuestro país, hayan aprobado, con la complicidad de PP y C’s, una bonificación al Impuesto sobre el Carbón, en vez de iniciar de una vez por todas la tan ansiada transición ecológica de la economía. Desgraciadamente, en la clásica disyuntiva entre mantener puestos de trabajo y defender el interés general en aspectos relacionados con el medio ambiente, éste suele ser sacrificado. Las razones esgrimidas por los grupos políticos para aprobar tal PNL no pueden ser suficientes para seguir fomentando el uso del combustible fósil más contaminante, que nos aleja cada vez más del compromiso de reducir nuestras emisiones de CO2, sobre todo a escasos meses de la celebración de la Cumbre del Clima COP21 de París. Es necesario y urgente, en cambio, abordar la reconversión de las comarcas mineras, explorando otros nichos de empleo, tal y como se ha llevado a cabo en otras comarcas similares en el resto de Europa, como en Francia. Esa reconversión debe tener, como primer objetivo, garantizar el futuro de los habitantes de esas comarcas y, de paso, contribuir a disminuir las emisiones de CO2, intentando revertir los efectos del cambio climático, cuyas consecuencias ya estamos sufriendo.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2016/04/stop-al-carbon