jueves, 30 de julio de 2015

UNA LEY CONTRA LOS MONTES

Aprovechamiento. Desarrollo económico. Inversiones. Esas son las ideas que el PP tiene en mente siempre que piensa en medio ambiente. Y esto se ha visto claramente en la reciente aprobación en el Congreso de la Ley de Montes, que incluye una enmienda en el artículo 50 de dicha ley, por la que se permitirá construir en un terreno forestal incendiado sin que pasen 30 años, como hasta ahora, cuando concurran "razones imperiosas de interés público de primer orden", según el Gobierno, dejando al arbitrio de las comunidades autónomas el cambio de uso del suelo. Justo cuando llega el verano, y los incendios comienzan a hacer estragos en nuestros montes, el Gobierno se descuelga con esta ley que abre la puerta a la especulación urbanística y a la utilización de la quema de montes, por parte de personas sin escrúpulos, como medio de conseguir que se construya o se roturen tierras en zonas donde los valores naturales son incompatibles con esos usos, práctica que no era inusual años atrás, y que una modificación de la ley de 2003 impidió en 2006.
Con esta ley, más de 27 millones de hectáreas de bosque y matorral son susceptibles de tener usos urbanísticos y otros aprovechamientos económicos, primando los intereses privados al interés general, que debe ser la conservación de nuestros espacios naturales para las generaciones futuras, por más que el PP considere este concepto como “rancio”, según dijo el diputado e ingeniero de montes Manuel Torres.
Otra cuestión que esta ley deja en suspenso es la obligatoriedad de realizar planes de gestión de los espacios naturales, dejando en mera voluntariedad ese trámite imprescindible para la ordenación del territorio. La retirada de atribuciones a los guardas forestales, como las de vigilar, investigar y llevar a los tribunales los delitos ambientales, es otra de las tropelías que la nueva ley de montes introduce, dejando a este cuerpo como meros “auxiliares” que limitarán su actuación al ámbito de las infracciones administrativas, según denuncian los propios guardas forestales. Esta retirada de autoridad será muy negativa para los espacios que se quieren conservar y proteger, pues evitará que se pueda actuar de forma diligente por parte de las personas que están en contacto directo con los montes.
Prosigue así la cruzada que, tanto el anterior ministro del ramo, Miguel Ángel Arias Cañete, como la actual, Isabel García Tejerina, están llevando a cabo contra el medio ambiente, empezando con la Ley de Costas de 2012, que aumenta la presión urbanística sobre el litoral, siguiendo con la Ley de Parques Nacionales de 2014, que permite la caza en esos espacios protegidos hasta 2020, y terminando (por ahora) con esta polémica Ley de Montes.
La idea que tienen el Gobierno y un cierto sector de empresarios según la cual el medio ambiente está al servicio de la actividad económica está claramente obsoleta. Cuando se entienda que los ecosistemas (montes, ríos, costas, humedales…) nos brindan servicios y que no son meros recursos de los cuales se pueden obtener beneficios económicos, habremos avanzado mucho en nuestra relación con la naturaleza. Pero, por ahora, no parece que se haya entendido demasiado.
Artículo publicado en La Crónica del Pajarito:

sábado, 4 de julio de 2015

EUROPA ARDE


En Europa estamos sufriendo el efecto de una serie de olas de calor, de norte a sur y de este a oeste. En el Reino Unido se han alcanzado las temperaturas más altas en un mes de julio, por encima de los 36ºC; en Francia, 51 departamentos (los equivalentes a nuestras provincias), casi la mitad del territorio galo, están en alerta naranja, con temperaturas cercanas a los 40ºC. Lo mismo ocurre en Alemania, Suiza y otros países europeos, así hasta 16. En España estamos surfeando sobre estas sucesivas olas de calor, que afectan de forma negativa a la salud y la economía, pues obligan a un mayor consumo de energía eléctrica. En estos últimos días ha aumentado en un 8% la demanda de electricidad en los hogares españoles, debido a los aires acondicionados, principalmente, incrementando nuestra dependencia a los combustibles fósiles y nuestra deuda externa (España gasta 45.000 millones de euros anuales en importar petróleo).

Un reciente estudio elaborado por climatólogos de la universidad de Stanford, fruto de sus observaciones de los patrones climáticos desde 1979 en diversas zonas del mundo, ha llegado a la conclusión de que estas olas de calor “pueden deberse al rápido calentamiento del Ártico, lo que provoca alteraciones en la corriente en chorro en las capas superiores de las masas de aire y contribuye a un clima más extremo”. La pérdida de hielo marino y de la cubierta de nieve en primavera en el Ártico estaría relacionada, según este estudio, con estos episodios de calores extremos en todo el hemisferio norte. De nuevo el cambio climático hace de las suyas, mientras los gobiernos miran nuevamente para otro lado y la población y los ecosistemas sufren sus consecuencias.

Pero las altas temperaturas no sólo se están percibiendo en el clima, sino también en el ambiente social europeo, alcanzando su punto álgido estos días con la situación de Grecia. La convocatoria, el pasado jueves, de concentraciones en toda Europa en apoyo al gobierno griego y a la convocatoria del referéndum este domingo ha elevado la temperatura (esta vez de forma metafórica) de las calles, reclamando que las instituciones europeas permitan, sin chantajes, que la democracia real se aplique en Grecia, y que el pueblo heleno pueda manifestar su opinión de forma libre, sin miedo a las posibles represalias económicas por parte de la UE, si el resultado de la consulta no satisface a la troika.

El cambio climático y la imposición de medidas de austeridad a los gobiernos soberanos no son aspectos aislados, como a primera vista pudiera parecer, sino que son las consecuencias de un sistema, el capitalismo, que afecta a las sociedades de forma global, pero de manera más acusada a los eslabones más débiles, los países del sur, ya sea en Europa (Grecia y España), ya sea en África y América Latina.

En estos primeros días de julio, Europa arde por las altas temperaturas, reales y figuradas, y esto debe servir de acicate para que la gente reclame medidas para un cambio radical, para la recuperación de la democracia, como valientemente nos están enseñando los griegos, y para la reversión de las políticas suicidas relativas al cambio climático.

Artículo publicado ayer en La Crónica del Pajarito:



miércoles, 17 de junio de 2015

NOS SIGUEN ESTAFANDO


Acabamos de saber que, para este año, el sistema eléctrico español alcanzará un superávit de 1.000 millones de euros, debido al aumento de la demanda y a los recortes infligidos al sector de las renovables (incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –CNMC– cifra en 1.400 millones ese superávit). Sin embargo, eso no se traducirá en la rebaja de la factura de la luz, ya que la Ley Eléctrica aprobada en 2013 por el PP obliga a destinar esa cantidad a financiar el llamado “déficit de tarifa”, esa cifra que es la diferencia entre lo que, de forma opaca, nos dicen desde las compañías eléctricas que les cuesta producir la energía, aunque esa cifra esté hinchada, y los ingresos que reciben a partir de lo que pagamos en la factura de la luz los consumidores. Esa cifra se estima que es de unos 28.000 millones de euros. Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético se exige, desde hace ya más de un año, una auditoría de costes de la energía, porque esos costes siempre se han estimado, como he dicho, pero nunca se han conocido realmente.
Y mientras que el Gobierno, merced a esa ley antes citada, tiene la potestad de aumentar el parte fija de la factura (que supone el 60% del precio total) para sufragar esa deuda, no puede rebajar el precio de la luz sin cometer una ilegalidad, mientras tenga esa deuda histórica, aunque exista ese superávit. Las cinco compañías eléctricas agrupadas en la patronal UNESA (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.ON España y EDP) continúan aumentando sus beneficios. Como muestra, un botón: en el primer trimestre de 2015, Endesa ganó 435 millones de euros, un 4% más que el mismo periodo de 2014, E.ON unos 1.000 millones (casi un 40% más), la portuguesa EDP casi 300 millones. La cosa no acaba aquí: la Audiencia Nacional anuló en abril pasado la mayor multa (61 millones de euros) de la CNMC a las eléctricas por pacto de precios a la patronal de la energía, junto a otras compañías como HC Energía. Desde luego, con este gobierno del PP, nunca le han ido mejor los negocios al lobby energético que ahora. Las puertas giratorias, en estos años, no han parado de batir, recompensando a los políticos quienes, desde el PSOE y el PP, tanto han hecho por aumentar sus cifras de negocio.
Mientras tanto, siguen aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero y nos vamos aproximando al punto de no retorno en cuanto al aumento de la temperatura media de la Tierra, estimado por los científicos en 2ºC. Es decir, que si se aumenta en esa cantidad la temperatura media, los efectos del cambio climático ya no podrán ser controlados y entraremos en una espiral de fenómenos atmosféricos cuyas consecuencias serán difíciles de prever. Frente a la “lógica empresarial” se debe imponer la razón científica, cada vez más aceptada, hasta por el papa Francisco, quien, en su encíclica filtrada a los medios, reconoce que el cambio climático es principalmente obra del ser humano y hace un llamamiento a la protección del planeta, así como a la acción para “proteger nuestra casa común”.
Artículo publicado ayer en La Crónica del Pajarito: