POR UN FONDO DE RECUPERACIÓN SOSTENIBLE

El pasado 21 de julio se aprobó por parte de la UE el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “Next Generation EU”, un ambicioso plan de ayudas a los países miembros para hacer frente a la crisis económica surgida por la situación de pandemia, cifrado en la mareante cifra de 750.000 millones de euros, financiados mediante la emisión de deuda comunitaria, de los cuales 140.000 millones irán destinados a nuestro país, unos 60.000 millones en forma de transferencias directas de aquí a 2023, y el resto mediante préstamos. Seríamos el segundo país de la UE, tras Italia, en recibir la mayor cuantía, debido a la mayor incidencia de la pandemia. Hay un dato importante, que el 70% de esos fondos (98.000 millones) deberán ser usados antes del final de 2022.

El Gobierno será el encargado de repartir esos fondos, en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales. En teoría, esos fondos irán dirigidos a lograr una transición ecológica de la economía que contrarreste los efectos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad, además de conseguir la llamada transición digital, para mejorar la digitalización tanto de la población en general, disminuyendo la brecha digital entre los diferentes sectores de la sociedad, como de las empresas. También se pretende reducir la brecha de género, mejorando el acceso al mercado laboral de las mujeres e igualando los salarios entre hombres y mujeres. Este plan se concreta en 10 políticas palanca que abarcan áreas como el mundo rural, industria, ciencia, educación, cultura, movilidad, energía, turismo, sanidad, deporte, empleo, cuidados y fiscalidad.

En teoría, la cosa pinta bien, siempre y cuando los fines se ajusten a los objetivos marcados por la Unión Europea en cuanto al destino de esos fondos. Y he aquí que se empiezan a vislumbrar algunas cosas que nos indican que lo mismo no van a ir destinados a quienes deberían, y que son los de siempre los que se van a ver beneficiados. Así, se va sabiendo que, del total adjudicado a España, sólo 7.000 millones de euros irán destinados a las pymes, y que el grueso de esos fondos serán para las grandes empresas que cotizan en el Ibex-35, que ya han presentado centenares de proyectos por valor de más de 100.000 millones de euros. Solo entre Endesa, Iberdrola y Naturgy han presentado más de 360 proyectos para captar más de 53.000 millones de euros de los fondos europeos. Iberia, de la mano de Aena y Airbus, está formando un consorcio para absorber otros 11.000 millones. Las grandes constructoras cotizadas españolas han presentado cerca de 2.200 proyectos por valor de más de 100.000 millones.

También se ha sabido que la Comunidad de Madrid pretende absorber el 15% del total de los fondos, más de 22.000 millones de euros, para financiar proyectos sostenibles, sí, pero también para dedicarlos a proyectos como la Ciudad de la Justicia, ese viejo proyecto ruinoso de Esperanza Aguirre, con más de 400 millones, o la ampliación del aeropuerto de Barajas, mientras que la España vaciada reclama que el departamento de Reto Demográfico del Ministerio que dirige Teresa Ribera no sea sólo un eslogan, y que canalice esos fondos para evitar la despoblación de las zonas rurales.

El modelo productivo español está basado en el sector servicios, que aporta casi el el 68% del PIB nacional, frente al 20% procedente de la industria y un escaso 2% de la agricultura y la ganadería. Cuando gran parte de la economía depende del monocultivo del turismo y la hostelería (con la construcción como aliada), nos encontramos con una escasa resiliencia, es decir, con una baja capacidad de recuperación ante situaciones de crisis como la que atravesamos, tal y como estamos comprobando, al carecer de una diversificación económica. Ante esto, lo que se impone es un cambio de rumbo, un aumento en la inversión en otros sectores, sobre todo los relacionados con la I+D+i, las tecnologías ligadas al sector verde (reciclaje, bioconstrucción, energías renovables, movilidad sostenible, silvicultura, etc.), la economía del cuidado, las ciudades inteligentes, la alimentación y nutrición de calidad, antes que reincidir en los sectores de bajo valor añadido y altamente dependiente de los avatares de la globalización.

España tiene la oportunidad de encauzar la recuperación económica del país con un objetivo, realizar una verdadera transición ecológica de la economía o, por el contrario, podría repetir los errores del pasado, manteniendo un sistema a menudo insostenible desde el punto de vista ambiental y que solo beneficia a las grandes empresas. No la desaprovechemos.

Articulo aparecido hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/fondo-recuperacion-sostenible_132_7237260.html

LOS OTROS TITULARES DE 2020

Acabamos de pasar el que posiblemente sea el peor año en décadas. Al ver cualquier informativo televisado, o leer cualquier diario digital, ya sea español o de otro país, la COVID-19 inunda las noticias nacionales e internacionales, desde todos los ángulos posibles, el sanitario, el económico, el social y político. Ya se sabe que los medios de comunicación, cuando encuentran un filón informativo, lo explotan al máximo, hay que rellenar minutos, aunque sea haciendo el recuento exhaustivo de los contagiados y fallecidos al minuto. 

 Pero, ¿recuerdan los titulares de las noticias de hace uno o dos años? ¿Acaso no ha ocurrido nada más en este aciago 2020? Lo que hace unos meses abría la cabecera de los telediarios ha pasado al olvido, aunque sean conflictos que siguen su curso y la atención internacional los haya dejado de lado, casi todos ellos con intervención externa de países como EE.UU., Rusia o Arabia Saudí. La guerra de Siria, por ejemplo. Tras casi 10 años de combates implacables, los sirios siguen sufriendo en sus carnes el conflicto bélico, con 387.000 muertos desde el comienzo de las hostilidades, de los cuales unos 117.000 son civiles y 22.000 son niños, casi 7.000 durante el año pasado. Sin ir más lejos, el pasado sábado 2 de enero un coche bomba estalló en el noreste de Siria, causando 5 muertos. Otro tanto ocurre en Yemen, donde la guerra que enfrenta a dos bandos, los hutíes, leales al ex-presidente Salé, y los seguidores del presidente Al-Hadi, que subió al poder tras un golpe de estado en 2014, se acerca a su sexto año de existencia. Tampoco debemos olvidar otros conflictos armados en Somalia, Afganistán, Sudán del Sur o Irak, con millones de desplazados y víctimas.

Precisamente, el desplazamiento de millones de personas debido a esos y otros conflictos es una “no noticia” que ocurre diariamente, a las que se añaden las migraciones por causas climáticas (aumento del nivel del mar que salan los acuíferos, sequías, inundaciones y tifones). Durante 2019 hubo más de 17 millones de desplazados en el mundo, aunque la situación de pandemia ha hecho descender esas cifras. La solución a esta situación pasa por respetar el Pacto Mundial sobre Migración, suscrito en 2018 por la casi totalidad de los países de la ONU, salvo Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia y República Dominicana, con 23 medidas concretas como luchar contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo como última opción o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino.

Pero no todos los acontecimientos que han ocurrido durante el 2020 son negativos. La pandemia ha reducido drásticamente el acoso a la naturaleza, con la disminución en un 42% de los vuelos comerciales o la reducción de los niveles de contaminación de las ciudades por la menor movilidad de sus habitantes, aunque no a niveles suficientes como para disminuir la concentración de CO2 en la atmósfera. Es lo que los científicos han denominado la “antropausa”, que se ha visto reflejada en algunos episodios que han tenido eco en los medios, como la aparición de ballenas en la bahía de Nueva York, de pumas en el centro de Santiago de Chile, delfines en la bahía de Trieste o chacales en Tel-Aviv. Tal vez el acontecimiento más positivo del año haya sido la derrota de Donald Trump en las elecciones de noviembre, firme defensor de los combustibles fósiles, y el anuncio del nuevo presidente Joe Biden de la vuelta a los Acuerdos de París de la COP21 de 2015, por lo que se abre una ventana de esperanza para que el segundo país emisor de gases de efecto invernadero tras China se incorpore a la lucha contra el cambio climático.

Todos los científicos están de acuerdo en que la inversión en la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático son la mejor vacuna contra las futuras pandemias. La actual epidemia pasará, presumiblemente a mediados de este año, y con ella la crisis económica asociada, pero los demás retos que se nos presentan, los conflictos armados en diversas áreas del planeta, las migraciones, la crisis climática y la pérdida de hábitats y de biodiversidad deben volver a las primeras páginas de los medios y en las agendas internacionales para ser solucionadas a corto y medio plazo.

Articulo publicado hoy en el diario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/titulares_132_6733630.html

EL MERCADO DEL AGUA

Lo que se temía desde hace años ha llegado: después de especular con el precio de los alimentos, ahora le ha llegado el turno al agua como “mercancía” que cotiza en bolsa, en la Bolsa de Wall Street, concretamente, aunque lo que se nos dice es que lo que cotizan son los derechos de uso del agua en el futuro, no el agua en sí. Nos aseguran que así se controlarán los precios en épocas de sequía, evitando que se disparen. Algo de lo que me permito dudar.

Sin conocer de cerca los intríngulis de las inversiones bursátiles, esta incorporación del agua a los mercados puede significar que los derechos de uso del líquido elemento se paguen al mejor postor, que suelen ser grandes empresas y fondos de inversión dedicadas a la agricultura o al embotellado de agua para su posterior comercialización. Si analizamos lo ocurrido con la especulación con productos alimenticios a partir de 2008, podemos comprobar cómo ésta dio lugar al acaparamiento de tierras, influyendo en los precios de esas tierras y dando como resultado el aumento de los precios de los propios alimentos básicos.

Con respecto al agua, puede ocurrir lo mismo. Ya se están dando casos de privatización de manantiales, como con la multinacional suiza Nestlé en diversos países, incluida EE.UU. España tampoco escapa a la privatización, ya que es el 95% de los manantiales de agua mineral del territorio español está en manos de empresas privadas, siendo el cuarto país europeo en volumen de agua embotellada, llegando a los 5.392 millones de litros en 2015.

En un panorama en el que el cambio climático, lejos de remitir, se va agravando, los mercados se han fijado en este bien de primera necesidad como es el agua para especular y sacar beneficio económico a corto y medio plazo, temiendo los detractores de esta situación que esto dispare los precios del agua, y que estos precios se vean controlados por los dos gigantes económicos, EE.UU. y China, sumiendo al resto de la humanidad en la dependencia de los precios fijados por unos pocos. A pesar de que la ONU declaró en 2010 el acceso al agua como un derecho primordial, ya sabemos que, a menudo, estas declaraciones no pasan de ser brindis al sol, como lo estamos viendo ahora con la situación del Sahara Occidental, en la cual, a pesar de las múltiples resoluciones de la ONU a favor de la libre determinación de este territorio en los últimos 40 años, basta una declaración de Trump apoyando la posición marroquí al respecto para que todo quede en papel mojado.

Hace ya décadas que los expertos hablan de la “guerra del agua”, pudiendo llegar, según algunos, a desencadenarse una Tercera Guerra Mundial provocada por la dificultad cada vez mayor al acceso a este bien, agravado por el cambio climático. Ya ha habido en la historia conflictos bélicos cuyo origen o uno de los factores implicados está en el acceso al agua: la guerra eterna entre Israel y Palestina, la guerra de Siria, el conflicto por las aguas del Tigris y el Eufrates entre Irak, Turquía y Siria, o entre los países limítrofes de la cuenca del río Zambeze, son algunos ejemplos. Se calcula que 2.600 millones de personas (el 40% de la población mundial) carecen de redes de saneamiento adecuadas, y millones de personas deben andar durante más de 6 horas diarias para acceder a fuentes de agua potable.

Según la ONU, en 2050 el consumo de agua aumentará un 44% para satisfacer las demandas industriales y de la población. Además, según el PNUD, el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos de la unidad familiar, pero la realidad es que los países pobres pagan hasta 50 veces más por un litro de agua que sus vecinos más ricos, debido a que tienen que comprar el agua a vendedores privados. Hasta el papa Francisco advirtió en 2017 de la necesidad de garantizar el acceso universal y seguro al agua, advirtiendo del peligro de los conflictos debidos a su escasez.

La cotización en los mercados de futuros de los derechos de uso del agua parece un pequeño paso que no han merecido mucho espacio en los medios de comunicación, pero es un peldaño más en el control por parte de las grandes multinacionales de lo que consumimos, de lo que producimos y, en definitiva, de nuestro futuro.

Artículo publicado el 16 de diciembre en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/mercado-agua_132_6507391.html