sábado, 10 de diciembre de 2016

EL AVE NO REMONTA EL VUELO

Un informe de la UE nos acaba de revelar que el uso del tren de alta velocidad en España es de los menores de Europa. A pesar de que nuestro país posee la segunda mayor red de alta velocidad operativa a nivel mundial, con 2.871 kilómetros y 1.200 kilómetros en construcción, solo por detrás de China, es la tercera más baja de toda la Unión Europea en cuanto a utilización de este medio de transporte. En España, solamente un poco más de 5 millones de personas al año utilizan el AVE, frente a los casi 40 millones de Reino Unido (pese a tener solamente 113 kilómetros de línea de alta velocidad) o los casi 30 millones de Francia, con algo más de 1.000 kilómetros. Solamente Países Bajos, con 2 millones de usuarios y sólo 120 kilómetros de líneas de alta velocidad, y Bélgica, con 4,4 millones y 209 kilómetros de línea, tienen un menor número de personas que, anualmente, usan el TAV. Pero los números no aguantan ninguna comparación, al comprobarse que en España hay unos 1.700 usuarios por cada kilómetro construido, frente a más 350.000 del Reino Unido, los 30.000 de Francia o los más de 36.000 de los Países Bajos.
“Siguen con el cuento de la lechera, prometen riqueza, desarrollo, la solución a todos los males, con proyectos faraónicos que sólo suponen depredación del territorio, graves impactos en el medio, enriquecimiento de unos pocos y despilfarro de fondos públicos”
Esto es claramente debido a que, en España, durante los años de la burbuja (y aún todavía), primaron los intereses empresariales frente a las necesidades reales de las personas. El sector empresarial vio una oportunidad de negocio con la construcción de miles de kilómetros de líneas de alta velocidad a lo largo y ancho del país, sin pensar a dónde irían esos trenes, cuál sería la demanda real y si serían rentables. Todo ello promovido por el ministerio de Fomento, a través de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), empresa pública que, a finales del 2015, sumaba unas pérdidas de 361 millones de euros a la ya abultada deuda total de 14.000 millones.
La falta de visión es muy clara en los responsables de la alta velocidad española, sobreproyectando esta infraestructura, cuyo coste se ha disparado en estos 24 años, desde que en 1992 se iniciaran estas obras faraónicas, superando los 70.000 millones de euros. Las líneas en construcción costarán, en principio, 27.000 millones, si no se produce lo que ya es habitual, el sobrecoste de las obras, a menudo asociado a escándalos de corrupción, como en la línea del AVE a Barcelona, caso descubierto en 2014, o relacionada con la más cercana línea Murcia-Alicante, en la que se adjudicaron tramos del AVE a determinadas empresas a precios claramente inflados, a cambio, presuntamente, de desvío de dinero público a empresas fantasma. A todo esto, los políticos murcianos siguen engañando a los vecinos y vecinas del municipio de Murcia, cuando ADIF ya ha admitido que “no tiene dinero para el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad”, por lo que éste llegará en superficie. La herida que divide la ciudad en dos seguirá abierta.
Los responsables políticos españoles siguen contándonos el cuento de la lechera, prometiendo riqueza, desarrollo, la solución a todos los males, con proyectos faraónicos que sólo suponen depredación del territorio, graves impactos en el medio, enriquecimiento de unos pocos y despilfarro de fondos públicos que afectan a los servicios esenciales. Mientras que, desde el gobierno central y los autonómicos, empezando por el de la Región de Murcia, se destinan ingentes cantidades de dinero a obras de dudosa rentabilidad económica y social, como es el AVE, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 el techo de gasto disminuye en 5.000 millones con respecto a 2016, lo que supondrá que se destinen menos recursos a gastos sociales, pensiones, educación o sanidad.
¿Hasta cuándo la sociedad española seguirá dando credibilidad a las vanas promesas que, año tras año, nos venden desde los gobiernos? ¿Cuándo se darán cuenta las personas que siguen apoyando al partido en el gobierno que dilapidar recursos públicos en este tipo de infraestructuras, puertos sobredimensionados, aeropuertos sin aviones, autopistas privadas deficitarias, líneas de AVE sin pasajeros, es hipotecar el futuro? Estas preguntas no dejamos de plantearlas, pero desgraciadamente las advertencias suelen caer en saco roto.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

viernes, 25 de noviembre de 2016

EL VIERNES DEL CONSUMISMO

Esta semana se celebra en toda Europa y EEUU el llamado “Black Friday”, el viernes negro del consumismo, que, desde hace unos pocos años, ha llegado a nuestro país. Esta costumbre procedente de EEUU (como el fast food, Halloween, los reality shows, los programas televisivos de búsqueda de talentos o el pilates) ha impregnado el imaginario de la sociedad española. En origen, esta apelación hacía referencia al caos circulatorio que había en las calles de algunas ciudades norteamericanas el viernes posterior al Día de Acción de Gracias (que se celebra el último jueves de noviembre), día festivo en EEUU, en el que se aprovechaba para hacer compras de cara a la Navidad.
Poco a poco, se convirtió en el pistoletazo de salida de las compras compulsivas, con rebajas incluidas. España se ha sumado a esta moda, ampliándose incluso este período de compras a toda la semana. Se calcula que, de media, cada ciudadano español se va a gastar en estas fechas cerca de 200 euros en compras, muchas de ellas innecesarias. Las asociaciones de consumidores advierten de que, en estas supuestas ofertas irresistibles, puede haber indicios de fraude, pues algunos establecimientos inflan los precios unas pocas fechas antes del famoso viernes para, y tras aplicarles el porcentaje de rebaja, quedarse casi al mismo precio que poco antes de esa inflación.
"De nuevo el recurso, fomentado por el propio gobierno, de apelar al consumo como motor de la economía, alentando el endeudamiento de las familias"
De nuevo asistimos al recurso, fomentado por el propio gobierno y sus canales de comunicación oficiales, de apelar al consumo como motor de la economía, alentando el endeudamiento de las familias como medio de encontrar, supuestamente, la felicidad. Las familias españolas tenemos un nivel de endeudamiento que supera los 700.000 millones de euros (el 70% del PIB), aunque es cierto que este nivel ha descendido en los últimos meses. Pero estas campañas de fomento del consumo no ayudan a reducirla, sino todo lo contrario.
Además, es bien sabido que los aumentos en el consumo desenfrenado, que es lo que nos pretenden inculcar con estas campañas, traen consigo una serie de consecuencias, muchas de ellas indeseables: el aumento de las desigualdades sociales; la generación de frustraciones entre las personas que no pueden permitirse ese gasto; la dependencia, por parte de ciertas personas, a la posesión de objetos, muchos de ellos de usar y tirar y claramente innecesarios; y, a nivel global, una mayor presión social y ambiental hacia terceros países, donde se fabrican casi todos los productos (sobre todo ropa, ordenadores, teléfonos móviles, etc.), en condiciones de explotación laboral y contaminando, a menudo, el medio que les rodea, debido a una mayor laxitud en la protección del medio ambiente en esos países.
Sumado a eso, el consumismo, es decir, la compra compulsiva de productos, acrecentada por la influencia de la publicidad, base del sistema capitalista, condenado a crecer continuamente para asegurar su perpetuación, es causa directa del agravamiento del cambio climático, por el aumento en el uso de los recursos naturales y en la generación de residuos. Recién acabada la Cumbre del Clima de Marrakech COP22, no parece que se vislumbre en nuestra sociedad cambio alguno para intentar mitigar los efectos del cambio climático, empezando por una modificación en los hábitos de consumo, pasando a ser un consumo responsable, es decir, aquel que se adapta a nuestras necesidades reales, minimiza los impactos en el medio ambiente, disminuyendo nuestra huella ecológica, y permite la igualdad social.
Pero el consumo responsable lo tiene difícil en nuestra sociedad. Si ustedes consiguen superar este dichoso viernes, enseguida nos llegan otras fechas, Navidad, Reyes, San Valentín, días del padre y la madre... todas ellas convenientemente precedidas por campañas publicitarias para que no podamos sustraernos al encantamiento de las compras. Suerte.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

miércoles, 16 de noviembre de 2016

AGUA PARA UNOS POCOS

El pasado martes, el actual Director General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Enrique Ujaldón, junto con el también filósofo Alfonso Galindo, tal vez para dar un aura de erudición al artículo, nos regalaron en este diario un intento de lección de ultraliberalismo económico, al decirnos que “la solución sencilla para el problema del agua es otorgar derechos de propiedad sobre ella”, aplicando las leyes del mercado a un bien común y un derecho humano como es el agua.

Desde el sector más derechista de la cultura (y de la sociedad), este miembro del gobierno regional pretende convencernos de las bondades de aplicar las leyes de la oferta y la demanda al acceso a un recurso que la ONU declaró en julio de 2010 como derecho fundamental. Mercantilizar el acceso al agua es aplicar la ilusoria doctrina capitalista introducida por Adam Smith de que atendiendo el interés del que vende un bien salimos todos beneficiados.

No es la primera vez que esta idea sale a la palestra. En 2013, el presidente de Nestlé, el austriaco Peter Brabeck-Letmathe, también defendió la privatización del agua, tratándolo como “un alimento más”, negando su condición de derecho humano y elemento primordial para la supervivencia humana. Esta propuesta fue, como poco, llamativa, viniendo del líder mundial en la venta de agua embotellada del mundo. 

Los defensores de las leyes del mercado aún piensan que éste se puede autorregular, que de forma “natural”, y en virtud de la “competencia”, todos seremos felices al poder adquirir bienes y servicios al mejor precio. Pero olvidan los oligopolios, los pactos en los precios, la demanda de ayudas públicas cuando las empresas van mal, la especulación bursátil para sacar los máximos beneficios empresariales, aunque eso suponga perjuicios a los consumidores, etc.
Olvidan los autores del artículo que la especulación ya se está llevando a cabo con los alimentos, usando los inversores a la comida como materia prima para ganar mucho dinero, jugando con los precios. Pero eso conlleva una serie de consecuencias, como es la pérdida de la soberanía alimentaria de los países que son objeto de esa especulación, siendo el origen de las crisis alimentarias ocurridas a partir de 2008, en las que murieron millones de personas.
Usar el agua como un recurso susceptible de ser vendido y comprado, como si de una mercancía se tratara, es ignorar la función reguladora de este elemento, como mantenedora de ecosistemas que nos proveen de múltiples servicios para el ser humano, agua para la vida, para el recreo y para los usos económicos, protección frente a inundaciones y sequías, regulación de la formación y fertilidad del suelo, articulación de paisajes e identidades, medio de recreo y disfrute, fuente de inspiración cultural y religiosa, tal y como nos dice la Guía para una Nueva Cultura del Agua. Y, desde luego, esta nueva cultura no tiene nada que ver con “llevar el agua de donde sobra a donde falta”, aserto que demuestra una ignorancia de los ciclos hidrológicos. 

Después de estar varios años bombardeándonos con el famoso “Agua para todos”, el gobierno regional pretende que el agua sea para unos pocos, y que éstos dispongan de este recurso a su antojo. No debemos permitir que la ideología ultraliberal se adueñe también del agua, privatizándola, todo ello para que se siga usando sin mesura ni límites, incidiendo aún más en este modelo productivo insostenible que sólo nos llevará al colapso.

Artículo publicado como "Carta al Director" aparecido hoy en el diario La Verdad: