viernes, 7 de agosto de 2015

NO SIN MI AVE

Con las elecciones generales como telón de fondo, se han presentado los Presupuestos Generales del Estado a los medios. En ellos se prevé una inversión de casi 3.700 millones de euros en la Alta Velocidad para el 2016, el 40% nada menos del total de la inversión prevista por el Ministerio de Fomento para todo el año. La pretensión es alcanzar los 4.000 kilómetros de AVE en el territorio nacional en los próximos años. A nivel mundial, España se encuentra sólo por debajo de China en longitud de líneas ferroviarias destinadas a la alta velocidad, país que cuenta con más de 17.000 kilómetros de líneas de ese tipo. Por debajo de España encontramos a países que nos superan ampliamente en otros indicadores económicos, como Japón, Francia, Italia y Alemania. En este último país, por ejemplo, con 80 millones de habitantes, apenas se superan los 1.400 km de líneas de alta velocidad. El gasto acumulado por el estado español en la construcción de las líneas de AVE supera ya los 50.000 millones de euros.
Todas las comunidades autónomas se han lanzado a “vender” las bondades del AVE, prometiendo todo tipo de beneficios económicos si llega este medio de transporte a las principales ciudades, como si de un maná se tratara, todo ello en detrimento de las líneas ferroviarias convencionales, que han ido desapareciendo paulatinamente. Los poderes económicos de la región, sin ir más lejos, a través de la CROEM y las Cámaras de Comercio, con el beneplácito del gobierno regional, demandan la llegada inmediata del AVE a la Región de Murcia “aunque sea volando”. Y eso aunque ello suponga que sólo se realizaría un soterramiento parcial, suprimiendo solamente el paso a nivel de Santiago el Mayor, con vagas promesas de que una vez que el AVE llegará en superficie, se procederá a completar el soterramiento de la vía a su paso por Murcia.
Sin embargo, todos los datos nos confirman que la alta velocidad española es la menos rentable del planeta. En España, se registraron en 2014 unos 11.000 usuarios por kilómetro de línea de AVE, 15 veces menos que el caso nipón, donde cuentan con 330 millones de usuarios al año, frente a los 25 millones en España, a pesar de tener unos 2.000 kilómetros de línea. Las pérdidas económicas de estas inversiones son astronómicas, y no se espera que se recupere el dinero invertido en décadas, siempre y cuando se consiga un número de usuarios diez veces mayor que el actual, cosa bastante improbable por la situación de crisis por la que atravesamos.
Pero las pérdidas no sólo se deben cuantificar desde el punto de vista económico. Hay que tener en cuenta, además, el alto impacto ambiental asociado a la construcción y funcionamiento de las líneas del AVE: modificación del paisaje por los largos túneles, viaductos y desmontes de terreno;  paso por espacios naturales por las exigencias del trazado; impacto visual y sonoro, etc. Pero tal vez el mayor impacto que conlleva el AVE es la fractura urbana que supone la llegada en superficie a las ciudades, dividiendo en dos el núcleo urbano, como lo estamos sufriendo en Murcia, y cuya solución apremian la Plataforma Pro-soterramiento y los grupos municipales de la oposición.
Cuando el objetivo de la llegada de cualquier manera del tren AVE es obtener réditos electorales y no el bien común, nos encontramos con estas situaciones, en las que las demandas de los vecinos son ignoradas, como es el caso del soterramiento de las vías a su paso por Murcia, demanda que debe ser atendida y solucionada lo antes posible para conseguir una ciudad propia del siglo XXI.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

jueves, 30 de julio de 2015

UNA LEY CONTRA LOS MONTES

Aprovechamiento. Desarrollo económico. Inversiones. Esas son las ideas que el PP tiene en mente siempre que piensa en medio ambiente. Y esto se ha visto claramente en la reciente aprobación en el Congreso de la Ley de Montes, que incluye una enmienda en el artículo 50 de dicha ley, por la que se permitirá construir en un terreno forestal incendiado sin que pasen 30 años, como hasta ahora, cuando concurran "razones imperiosas de interés público de primer orden", según el Gobierno, dejando al arbitrio de las comunidades autónomas el cambio de uso del suelo. Justo cuando llega el verano, y los incendios comienzan a hacer estragos en nuestros montes, el Gobierno se descuelga con esta ley que abre la puerta a la especulación urbanística y a la utilización de la quema de montes, por parte de personas sin escrúpulos, como medio de conseguir que se construya o se roturen tierras en zonas donde los valores naturales son incompatibles con esos usos, práctica que no era inusual años atrás, y que una modificación de la ley de 2003 impidió en 2006.
Con esta ley, más de 27 millones de hectáreas de bosque y matorral son susceptibles de tener usos urbanísticos y otros aprovechamientos económicos, primando los intereses privados al interés general, que debe ser la conservación de nuestros espacios naturales para las generaciones futuras, por más que el PP considere este concepto como “rancio”, según dijo el diputado e ingeniero de montes Manuel Torres.
Otra cuestión que esta ley deja en suspenso es la obligatoriedad de realizar planes de gestión de los espacios naturales, dejando en mera voluntariedad ese trámite imprescindible para la ordenación del territorio. La retirada de atribuciones a los guardas forestales, como las de vigilar, investigar y llevar a los tribunales los delitos ambientales, es otra de las tropelías que la nueva ley de montes introduce, dejando a este cuerpo como meros “auxiliares” que limitarán su actuación al ámbito de las infracciones administrativas, según denuncian los propios guardas forestales. Esta retirada de autoridad será muy negativa para los espacios que se quieren conservar y proteger, pues evitará que se pueda actuar de forma diligente por parte de las personas que están en contacto directo con los montes.
Prosigue así la cruzada que, tanto el anterior ministro del ramo, Miguel Ángel Arias Cañete, como la actual, Isabel García Tejerina, están llevando a cabo contra el medio ambiente, empezando con la Ley de Costas de 2012, que aumenta la presión urbanística sobre el litoral, siguiendo con la Ley de Parques Nacionales de 2014, que permite la caza en esos espacios protegidos hasta 2020, y terminando (por ahora) con esta polémica Ley de Montes.
La idea que tienen el Gobierno y un cierto sector de empresarios según la cual el medio ambiente está al servicio de la actividad económica está claramente obsoleta. Cuando se entienda que los ecosistemas (montes, ríos, costas, humedales…) nos brindan servicios y que no son meros recursos de los cuales se pueden obtener beneficios económicos, habremos avanzado mucho en nuestra relación con la naturaleza. Pero, por ahora, no parece que se haya entendido demasiado.
Artículo publicado en La Crónica del Pajarito:

sábado, 4 de julio de 2015

EUROPA ARDE


En Europa estamos sufriendo el efecto de una serie de olas de calor, de norte a sur y de este a oeste. En el Reino Unido se han alcanzado las temperaturas más altas en un mes de julio, por encima de los 36ºC; en Francia, 51 departamentos (los equivalentes a nuestras provincias), casi la mitad del territorio galo, están en alerta naranja, con temperaturas cercanas a los 40ºC. Lo mismo ocurre en Alemania, Suiza y otros países europeos, así hasta 16. En España estamos surfeando sobre estas sucesivas olas de calor, que afectan de forma negativa a la salud y la economía, pues obligan a un mayor consumo de energía eléctrica. En estos últimos días ha aumentado en un 8% la demanda de electricidad en los hogares españoles, debido a los aires acondicionados, principalmente, incrementando nuestra dependencia a los combustibles fósiles y nuestra deuda externa (España gasta 45.000 millones de euros anuales en importar petróleo).

Un reciente estudio elaborado por climatólogos de la universidad de Stanford, fruto de sus observaciones de los patrones climáticos desde 1979 en diversas zonas del mundo, ha llegado a la conclusión de que estas olas de calor “pueden deberse al rápido calentamiento del Ártico, lo que provoca alteraciones en la corriente en chorro en las capas superiores de las masas de aire y contribuye a un clima más extremo”. La pérdida de hielo marino y de la cubierta de nieve en primavera en el Ártico estaría relacionada, según este estudio, con estos episodios de calores extremos en todo el hemisferio norte. De nuevo el cambio climático hace de las suyas, mientras los gobiernos miran nuevamente para otro lado y la población y los ecosistemas sufren sus consecuencias.

Pero las altas temperaturas no sólo se están percibiendo en el clima, sino también en el ambiente social europeo, alcanzando su punto álgido estos días con la situación de Grecia. La convocatoria, el pasado jueves, de concentraciones en toda Europa en apoyo al gobierno griego y a la convocatoria del referéndum este domingo ha elevado la temperatura (esta vez de forma metafórica) de las calles, reclamando que las instituciones europeas permitan, sin chantajes, que la democracia real se aplique en Grecia, y que el pueblo heleno pueda manifestar su opinión de forma libre, sin miedo a las posibles represalias económicas por parte de la UE, si el resultado de la consulta no satisface a la troika.

El cambio climático y la imposición de medidas de austeridad a los gobiernos soberanos no son aspectos aislados, como a primera vista pudiera parecer, sino que son las consecuencias de un sistema, el capitalismo, que afecta a las sociedades de forma global, pero de manera más acusada a los eslabones más débiles, los países del sur, ya sea en Europa (Grecia y España), ya sea en África y América Latina.

En estos primeros días de julio, Europa arde por las altas temperaturas, reales y figuradas, y esto debe servir de acicate para que la gente reclame medidas para un cambio radical, para la recuperación de la democracia, como valientemente nos están enseñando los griegos, y para la reversión de las políticas suicidas relativas al cambio climático.

Artículo publicado ayer en La Crónica del Pajarito: