martes, 26 de agosto de 2025

MONTES...¿”SUCIOS”?


España es pasto de las llamas. En lo que llevamos de año, más de 400.000 hectáreas de bosques están siendo quemadas, cebándose estos incendios en Galicia, Castilla-León y Extremadura. Estos incendios no son exclusivos de nuestro país. En Europa ya son más un millón las hectáreas quemadas en 2025, una superficie equivalente a la tercera parte de Bélgica. Entre principios de enero y el 19 de agosto, los incendios forestales en 22 de los 27 países de la UE emitieron 35 megatoneladas de CO2, un nivel sin precedentes a esta altura del año. En el ámbito regional, este año hemos tenido suerte, ya que sólo han ardido una treintena de hectáreas en la Región de Murcia, en un total de 5 incendios en los municipios de Cieza, Caravaca de la Cruz, Moratalla, Ricote y Abarán, por lo que ha sido posible enviar efectivos a Extremadura para contribuir a sofocar las llamas.

Lo cierto es que 9 de cada 10 incendios tienen origen en la actividad humana. Las causas de estos incendios, según la Fiscalía General del Estado, en su Memoria Anual, son variadas, siendo la negligencia debida a las quemas agrícolas no autorizadas y para la regeneración de pastos el origen más común, con un 68% de los casos, y no una supuesta confabulación promovida por el gobierno, siguiendo la malvada Agenda 2030, para instalar campos solares, como intenta hacer creer la ultraderecha en las redes sociales.

El cambio climático y la deficiente gestión del territorio por parte de las diferentes administraciones son factores clave en el aumento exponencial de los grandes incendios en nuestro país. El incremento de las temperaturas, año tras año, junto con la escasez de lluvias, debido a la emergencia climática, es terreno abonado para que los grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas y son muy difíciles de extinguir, sean cada vez más frecuentes, como se está verificando este verano. 

Está comúnmente aceptado que, para prevenir los incendios, es necesario “limpiar” los montes, y así se repite desde los medios de comunicación. La frase “los incendios se apagan en invierno” es un mantra que oímos de forma incesante. La primera idea que se nos viene a la cabeza al hablar de la “limpieza” de los montes es que el estado natural de los bosques, con un sotobosque y un matorral desarrollado, es de “suciedad”, que acarrea la pérdida de pastos y promueve el acercamiento de lobos y jabalíes, dos especies denostadas en los últimos tiempos, sobre todo en el norte del país, además de que parecería que el paisaje natural es caótico y se aleja del territorio “ordenado” y modificado por el ser humano, diseñado para extraer de él materiales y recursos.

Pero cada vez son más numerosas las voces que cuestionan este extremo. Así, en 2019, ecólogos forestales de las universidades de Würzburg (Alemania) y Granada, en una carta publicada en la revista Science, exigieron un “cambio radical” en la estrategia de gestión de los bosques, sobre todo tras un evento catastrófico como puede ser un incendio. Estos investigadores defienden que la estrategia de retirar la madera muerta no es correcta, ya que trae como consecuencia una disminución constante de la diversidad biológica y la extinción de muchos hongos e insectos que dependen de esa madera muerta.

Otros investigadores, como los del departamento de Ecologia de la Universidad de Oviedo, en un artículo aparecido en 2022, son partidarios de la renaturalización pasiva, es decir, la recuperación de los ecosistemas tras el abandono del uso humano del territorio, ya que representa una oportunidad para restaurar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en un contexto de crisis ambiental global. La aparición del matorral tras un incendio, al contrario de lo que se quiere a menudo transmitir, es beneficioso para el desarrollo posterior de un bosque maduro, ya que el sotobosque protege a los retoños de los árboles del mordisco y el pisoteo de los herbívoros y de las inclemencias del clima. Es decir, el monte “sucio” es un estado más en la dinámica del ecosistema forestal, un indicador de su madurez.

En la Región de Murcia, la actividad humana ha ido sustituyendo en las últimas décadas los encinares naturales por bosques de pinos, de crecimiento más rápido, mediante reforestaciones, alcanzando el 92% del total masa forestal, especies que acidifican el suelo, impiden el desarrollo de un estrato de matorral y facilitan los incendios a través de la resina y las acículas secas. Los bosques de pinos de nuestra región están sufriendo, además, los efectos de la sequía, con más de un millón de ejemplares muertos este año.

Además de favorecer la biodiversidad, la existencia de matorrales en los bosques evita la erosión del suelo y la pérdida de nutrientes del suelo, aumentando la humedad del follaje y del suelo, actúa como cortafuegos natural y captura el dióxido de carbono de una manera más eficaz. El matorral constituye el alimento de multitud de especies herbívoras y permite la polinización por parte de insectos, que regeneran de forma natural el bosque. 

Frente a los bosques “humanizados” y a los monocultivos industrializados para la obtención de madera, como los de eucaliptos o pinos, sin un estrato de matorral bien desarrollado, que son candidatos a favorecer los grandes incendios, la existencia de un ecosistema forestal sano y diverso, y no “sucio” como se le suele calificar, la planificación en la ordenación del territorio, evitando la urbanización en zonas potencialmente incendiables, el destino de fondos para incentivar la economía rural, el mantenimiento de plantillas suficientes de cuerpos de bomberos forestales durante todo el año o priorizar la repoblación con especies autóctonas y adaptadas al clima de la península ibérica, además de tomarse en serio la emergencia climática, son algunas de las medidas que se deberían aplicar, según los expertos, para disminuir la virulencia de los incendios forestales.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/montes-sucios_132_12554738.html

OTRO MODELO TURÍSTICO ES POSIBLE


Nuestro país está condenado a morir de éxito en relación al turismo. Cada año que pasa se baten récords de afluencia de turistas en España. Si en 2024 se alcanzó la cifra de 94 millones de visitantes extranjeros, sobre todo británicos, alemanes y franceses, está previsto que en 2025 se alcancen los 98 millones. A la Región de Murcia llegaron más de 1,1 millones de turistas en 2024, y en el primer cuatrimestre de este año, más de 320.000 visitantes internacionales eligieron la Región entre enero y abril, lo que supone un incremento del 19,8% respecto al mismo período de 2024.

Esta avalancha de turistas tiene su cara, la lluvia de millones que caen en nuestro país, sobre todo en las zonas costeras. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) prevé que en 2025 el sector de viajes y turismo en España podría alcanzar un nuevo máximo histórico, con una contribución estimada de 260.500 millones de euros al PIB, lo que equivaldría a casi el 16% de la economía nacional. 

Pero estas cifras esconden una cruz, tanto en aspectos sociales como ambientales. Desde el punto de vista social, destaca la precariedad laboral, con empleos temporales y de baja cualificación, con largas jornadas y bajos salarios. Según un estudio realizado por la Universidad de Alicante en 2022, un 40,6% de los trabajadores de hostelería se encuentran por debajo del umbral de los 1.200 euros brutos mensuales y, a menudo, son puestos sobrecualificados, es decir, que el nivel de formación de las personas empleadas es más elevado que el requerido para esos puestos. 

Otro problema social asociado al turismo de masas es la gentrificación, es decir, el desplazamiento de las comunidades locales por el auge de los alquileres turísticos y el aumento de los precios de las viviendas, cuyo exponente máximo lo encontramos en Baleares, donde ni siquiera las personas que acuden a trabajar pueden costearse una vivienda, ya que éstas están destinadas principalmente al turismo extranjero de alto poder adquisitivo. Pero esto ocurre en otras regiones españolas, como Andalucía, Canarias, Cataluña, Cantabria o Comunidad Valenciana. El alto precio de los hoteles, que ha aumentado un 40% con respecto a antes de la pandemia, es otro factor negativo del turismo.

Desde el punto de vista ambiental, la degradación de los ecosistemas costeros es el principal problema detectado. Así, un 36,5% de la línea de playa está urbanizada en España, y más de un tercio de los ecosistemas colindantes han sido destruidos por el actual modelo de producción y consumo. El turismo de masas produce un aumento del consumo de agua, de la generación de residuos y de la emisión de gases de efecto invernadero procedentes tanto de la propia actividad turística como de los vuelos internacionales. Ese aumento del tráfico aéreo propicia la ampliación de aeropuertos, como las proyectadas en los de El Prat, en Barcelona, o en el de Málaga, con graves impactos ambientales en el entorno.

Todos estos problemas tienen su reflejo en la percepción que tiene la sociedad española del turismo de masas. Así, según un estudio realizado este mismo mes de julio por la SEO/Birdlife, casi nueve de cada diez españoles creen que el turismo masivo impacta negativamente en el medio ambiente, y más de la mitad, concretamente el 58%, considera que lo hace de forma importante. Además, son cada vez más frecuentes las manifestaciones de las poblaciones locales para protestar por este modelo turístico depredador, como en Canarias, Cataluña y Baleares. 

Pero, ¿qué soluciones podrían aplicarse al problema del impacto negativo en el territorio y en las condiciones laborales precarias? Desde las instituciones, se deberían destinar más fondos a la planificación y menos a la promoción del turismo, para mejorar la gestión. La eliminación de los pisos turísticos ilegales es otra herramienta de que disponen los gobiernos autonómicos y locales para limitar la afluencia de turistas. La desestacionalización del turismo es otra medida adecuada para no concentrar la actividad en los meses estivales. El mantenimiento del control local del turismo, para no dejarlo en manos de inversores y franquicias internacionales y la sustitución del número de pernoctaciones por otros indicadores como el Índice de Progreso Social (IPS) ligado al turismo, aplicado en Costa Rica desde 2016. Este índice evalúa cómo el éxito económico se traduce en beneficios sociales y ambientales para las comunidades locales, no solo en ingresos meramente monetarios. 

En la Región de Murcia se acaba de constituir el Consejo Asesor de Turismo, que agrupa a las principales asociaciones de hosteleros y representantes de la administración regional, con el objetivo de implementar “un nuevo modelo de colaboración público-privada que aspira a consolidar el turismo como un motor prioritario regional, buscando impulsar un modelo turístico sostenible, generador de empleo y riqueza”. Sin embargo, bajo mi punto de vista, faltarían en este Consejo Asesor organizaciones vecinales y ambientalistas que vigilasen que, efectivamente, se persigue un modelo sostenible ambientalmente y justo socialmente y no solo la obtención de beneficios.

En esta época estival es el momento de replantearse el modelo actual de turismo masivo para transformarlo en un modelo que no atente contra los derechos laborales y contra el medio ambiente. No hacerlo nos condena a matar la gallina de los huevos de oro y a destruir una industria que debe adaptarse al siglo XXI, con el cambio climático como telón de fondo, que también influirá en el futuro del turismo mundial. 

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/modelo-turistico-posible_132_12505198.html


EL PACTO PP-VOX EN ENTREDICHO


Era una noticia anunciada desde hace meses. Firmado irónicamente un día después del Día Mundial del Medio Ambiente, se materializó el pasado 6 de junio el pacto de presupuestos entre el Partido popular y Vox en la Región de Murcia. En este acuerdo, plasmado en un documento de sólo 4 páginas, se confirma la rendición del PP regional a las exigencias de la ultraderecha, sobre todo en materias sensibles como el medio ambiente o la migración.

Así, en el pacto se manifiesta el “contundente rechazo a las políticas de asentamiento y reparto de inmigrantes ilegales impuestas por el Gobierno de España”, demostrando una patente insolidaridad con otras Comunidades Autónomas, especialmente con el gobierno canario, gobernado paradójicamente por el Partido Popular. En las Islas Canarias se aglomeran más de 5.600 menores no acompañados, de los cuales 800 cuentan con protección de asilo, llegando a una situación de saturación de los recursos, principalmente en los 82 centros de acogida de las islas.comisión interadministrativa  y al Consejo del Mar Menor.

En otra demostración de insolidaridad, en el pacto, la ultraderecha exige el cierre del centro de acogida de menores de Santa Cruz, en el que viven 60 menores de entre 10 y 17 años, algunos de los cuales desde hace más de 4 años, junto con 80 trabajadores, que denuncian el daño que pueden sufrir esos menores por el desarraigo al que se verán afectados. La alternativa a este cierre es la compra de viviendas por parte de la CARM para alojar a esos menores, pero es algo a lo que la ultraderecha se opone, una vez más. Asimismo, el acuerdo penaliza a las ONGs que trabajan con migrantes, al retirarles las subvenciones, en un ejercicio de falta de humanidad, al privar de atención a las personas que huyen de manera desesperada de sus países de origen. 

Todo esto obedece a una motivación puramente electoralista, la de asociar inmigración y delincuencia, idea falsa alentada con prejuicios y bulos que la ultraderecha difunde. Pero los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que los españoles delinquen más que las personas extranjeras en términos absolutos. En 2022, un 74,19% de los condenados tenían nacionalidad española, frente a un 25,81% de extranjeros. 

Otro punto del acuerdo basado en una falacia es el que hace referencia a las “okupaciones”. A pesar de la intención de crear un estado de alarma entre la población, lo cierto es que las llamadas “okupaciones”, es decir, el allanamiento y usurpación de inmuebles, afectan en la Región de Murcia solamente al 0,055% de las viviendas, 435 casos oficiales de un total de 780.000 viviendas en toda la región. Esa cifra, correspondiente a 2023, es, además, un 34% más baja que el año anterior. Seguir infundiendo miedo en la sociedad es el mecanismo que tiene la ultraderecha para intentar ganar poder, algo totalmente alejado de la ética que debe tener un partido político que aspira a gobernar.

Otro aspecto polémico del pacto es la “reducción de las aportaciones dirigidas a las Organizaciones Sindicales y Empresariales”, subvenciones que tachan de “parasitismo institucional” y “gasto superfluo” dirigido a “chiringuitos”, cantidades que suponen alrededor del 15% de sus ingresos, lo que podría afectar a la calidad de la atención a los trabajadores y trabajadoras con una merma, por tanto, en sus derechos. Sin embargo, el gobierno regional se arriesga a que la justicia tumbe la medida, como ya ocurrió en Castilla y León, cuando el Tribunal Superior de esa Comunidad Autónoma obligó a la Administración regional leonesa a devolver cerca de dos millones de euros a CCOO y UGT tras una denuncia de éstos.

Entre las medidas acordadas entre PP y Vox, preocupa especialmente a las entidades ambientalistas las referentes a la caza y al Mar Menor. En el primer caso, se pretende poner en práctica la gestión y la defensa de varios aspectos prohibidos actualmente por normativas estatales y europeas, como la caza de la tórtola y el arrui, o la práctica del silvestrismo, y que pretende, además, imponer actividades extraescolares con el objetivo de fomentar la caza entre los más pequeños.

En cuanto al Mar Menor, las modificaciones legislativas pactadas incluirían “sustituir un objetivo ambiental, por uno basado en la explotación de este recurso natural”, tal y como denuncia la Alianza Mar Menor (AMARME), además de excluir del ámbito de aplicación del actual ley al término municipal de Fuente Álamo, territorio por el que transita gran parte de la rambla del Albujón y donde se sitúan muchas macrogranjas de porcino. También se pretende eliminar la Comisión Interadministrativa  y al Consejo del Mar Menor y otras medidas que afectarían de una forma radical a la albufera, imposibilitando su recuperación y agravando su situación ambiental. 

El pacto suscrito entre PP y Vox en la Región de Murcia supone un retroceso en los derechos humanos, en los derechos de los trabajadores y en el derecho de un ente jurídico como es el Mar Menor, todo ello para asegurar la permanencia del presidente López Miras en el poder unos cuantos años más, a costa de los intereses de la mayoría. Todo un despropósito. 

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/pacto-pp-vox-entredicho_132_12429886.html