Hoy, el Parlamento Europeo ha decidido no renovar por otro año el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos (ver enlace). Las razones aducidas son de índole económico, por un lado, porque este acuerdo suponía que la UE debía abonar a Marruecos 36 millones de euros anuales para que ésta permitiera que las flotas comunitarias (principalmente españolas) faenaran en aguas saharauis, y ambientales, por otro lado, porque los caladeros situados frente a las costas del Sáhara Occidental están siendo sobreexplotados.
Según la FAO, el 77% de las poblaciones de peces están completamente explotadas o sobreexplotadas mientras la demanda de pescado sigue aumentando y la pesca ilegal y no regulada continúa incrementándose. Algunas de las especies comerciales más importantes como el bacalao o el atún rojo están a punto de la extinción comercial en muchas áreas. La mala gestión de los recursos pesqueros ha puesto en peligro la biodiversidad de los océanos y amenaza el mantenimiento de una fuente de alimentos imprescindible, sobre todo para algunas zonas del planeta.
Se estima que el 66% del total de capturas en el Mar del Norte y el 50% de los desembarques de atún y pez espada en el Mediterráneo son pescados ilegalmente. La pesca ilegal es una lacra en todo el mundo, entre cuyas consecuencias más negativas destacan: la competencia desleal, la distorsión del mercado en favor de los operadores sin escrúpulos, el agotamiento de las poblaciones mundiales de peces y la disminución de los puestos de trabajo. Un fenómeno mundial que produce un volumen de negocios anual de más de 10.000 millones de euros y que alcanza niveles muy importantes en aguas europeas.
Según los últimos datos que se tienen sobre la flota pesquera española, que hacen referencia al 2008, aunque fueron publicados en 2010 por el Observatorio de la Sostenibilidad (ver enlace), España aumentó el volumen de capturas en un 14,17% entre el 2005 y el 2008, aunque esa tendencia es negativa si se comparan periodos de tiempo más largo, pues las capturas descendieron en un 22% entre 1997 y 2008. Estos datos ponen en evidencia que los caladeros están siendo sobreexplotados.
En el informe "Investigación en el océano" de Greenpeace (ver enlace), desde 2007 España ha recibido el 26,29% del total de subvenciones a las actividades pesqueras de la UE-27, con un total de más de 1.130 millones de euros. Entre 2000 y 2006 esas subvenciones coparon el 50% del total de las ayudas europeas. Este informe evidencia también que el gobierno ha permitido que grandes barcos atuneros faenaran de forma ilegal en el océano Pacífico, siendo apresados y multados con sumas millonarias por las autoridades estadounidenses. Algunos de esos barcos ha recibido subvenciones de la UE.
La flota española de altura, siempre en busca de más y más zonas de pesca, no duda en esquilmar las aguas del Océano Índico, con una flota de 33 buques atuneros congeladores de entre 80 y 100 metros de eslora, con una capacidad de almacenaje de 600 a 1.400 toneladas de atún, que se conservan a bordo en las bodegas a -9 centígrados (ver enlace). Esa flota llega a pescar 200.000 toneladas de atún tropical. La mitad de ella faena con bandera de conveniencia, con lo que consiguen ventajas fiscales y un menor control sanitario y de seguridad (ver enlace).
Es fundamental que se ponga coto a esta auténtica rapiña del mar, que esquilma las riquezas piscícolas de las zonas situadas fuera de las aguas de la UE, impidiendo que los países ribereños aprovechen sus propios recursos. En el caso del Sáhara Occidental, el acuerdo entre la UE y Marruecos vulneraba los acuerdos internacionales en virtud de los cuales el reino alauita no está reconocido por la ONU como la potencia administradora del territorio saharahui (ver enlace). La decisión tomada hoy en el Parlamento Europeo revierte la situación.
Por otro lado, es necesario potenciar las artes de pesca artesanales frente a las industriales, pues éstas últimas producen muchos más descartes de presas, consumen mucha más energía, causan más sobrepesca, dan trabajo a muchas menos personas y reciben muchas más subvenciones. Además, debido a la explotación de caladeros alejados, se podría hablar de una “deuda pesquera” de los países enriquecidos (como España) frente a los países empobrecidos (ver enlace), que el primer mundo debe resarcir.
Por tanto, se debe conseguir, en Europa en general y España en particular, un sector pesquero que actúe de forma ética y sostenible en relación a terceros países y al medio marino.
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