DESCARGAS ¿ILEGALES?

Hay expresiones que, a fuerza de repetirlas, se nos quedan grabadas en el cerebro, y cuando decimos una de las palabras que se incluyen en ellas, automáticamente nos viene a la mente la palabra que la acompaña. Así ocurre, por ejemplo, con "pertinaz sequía" o "marco incomparable". Pues bien, desde los medios de comunicación se nos repite una y otra vez la expresión "descargas ilegales", como si así fuera a convertirse en una verdad absoluta. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues muchas son las sentencias absolutorias que proclaman que, si no hay ánimo de lucro, es legal descargar contenidos de Internet. 

El nuevo ministro de Educación, Cultura y Deportes, Jose Ignacio Wert, ha hecho una declaración de intenciones al continuar la cruzada, iniciada por su antecesora en el cargo, González Sinde, de acabar con las descargas de contenidos culturales en Internet, alegando el "expolio de la cultura" que suponen estas prácticas. Pero si uno analiza de cerca los datos de las cifras que mueven los creadores, sobre todo de música, a través de la denostada SGAE, se puede ver que sólo una minoría de socios de esta sociedad de gestión de derechos de autor es beneficiaria de dichos derechos, al menos en la cuantía suficiente como para vivir de ellos. Y no porque la llamada piratería retraiga ingresos al descender el volumen de CDs vendidos, sino porque la inmensa mayoría de socios/as de la SGAE ni siquiera tiene su música expuesta en las tiendas, teniéndolos, en el mejor de los casos, disponibles en Internet o en sus actuaciones. Veamos algunos datos:

- En 2007, el 75% de los fondos de la SGAE se repartieron entre solamente el 1,73% de sus socios (ver enlace).

- Sólo el 4% de los autores gana más del Salario Mínimo Interprofesional, estipulado actualmente en 641,40 euros/mes (ver enlace). 

- En el sistema (que se está quedando obsoleto) de venta de CDs, solamente se destina el 4% del total del precio de cada ejemplar vendido a derechos de autor, siendo la mayor parte del importe que se paga para la tienda (40,2%) y la discográfica (24,4%) (ver enlace).

Con estos datos, uno se pregunta si en realidad lo que se quiere proteger es la cultura o realmente sólo la industria musical tal y como se entendía en el siglo XX, con un sistema unívoco basado en unas compañías discográficas que deciden qué artistas graban y son promocionados, en connivencia con los grandes medios de comunicación que anuncian a bombo y platillo las novedades de unos pocos artistas (músicos, cineastas o escritores), mientras que marginan a la inmensa mayoría de los creadores, y con una red de tiendas de discos que venden físicamente los soportes a unos precios cada vez más elevados.A todo esto se suma la actitud delictiva de la principal sociedad de gestión de derechos (la SGAE), acusada de apropiación indebida y desvío de fondos (ver enlace).

La realidad del siglo XXI va por otro lado, y las autoridades gubernamentales no son capaces de adaptarse a los nuevos tiempos, en los que muchos creadores se acogen a la modalidad del copyleft, frente al tradicional copyright, que permite compartir contenidos culturales, siendo un medio de promoción para actuar en directo o dar a conocer sus obras literarias o plásticas. Esta tendencia se conoce como la cultura del procomún, término puesto al día por la economista y primera mujer en recibir el premio Nobel en 2009 Elinor Ostrom (ver enlace). Muchos artistas reconocidos internacionalmente están en contra de que se penalicen las descargas (ver enlace), como Robbie Williams, Annie Lennox o miembros de los grupos Blur o Radiohead (éstos últimos, además, han permitido que sus fans se descarguen por un precio mucho más reducido de lo habitual su último trabajo). Muchos músicos creen que la difusión gratuita de su obra a través de internet es la manera de darse a conocer y de poder vivir de las actuaciones, verdadera fuente de financiación, como el colectivo Musicleft. 

No se pueden poner puertas al campo, y la opción de que haya una relación directa entre creadores y consumidores de cultura, eliminando intermediarios, que son los que realmente se benefician al margen de los artistas, utilizando la herramienta de Internet, es el futuro. Un sistema mucho más democrático, en el que cualquiera puede difundir su obra (y no digo gratuitamente sino a precios mucho más reducidos) sin que la red imperante de editoriales, compañías discográficas o galerías de arte tradicionales decidan quién merece su promoción y quién no. Cuanto antes se den cuenta los gestores de la cultura, mejor para todos.