LO VERDE VENDE

Tras las convulsas elecciones madrileñas, convertidas en plebiscito al gobierno, cuyos resultados favorables al PP les ha hecho alcanzar un estado cercano a la euforia, como si lo que ocurre en la capital y su comunidad autónoma fuera extrapolable al resto del país, se ha iniciado la carrera por apuntarse al carro de lo verde como ideología con más proyección, tal y como está sucediendo en en resto de Europa.

Los partidos verdes europeos han cosechado en los últimos años una serie de éxitos, al comprobar los votantes, sobre todo jóvenes, que los partidos al uso, desde la izquierda, con los postcomunistas y socialdemócratas, hasta la derecha conservadora y civilizada, no aportan soluciones imaginativas a los problemas y retos planteados en el siglo XXI. Se ha verificado este hecho en Francia, donde en las elecciones municipales de junio de 2020, Europe Ecologie Les Verts (EELV) añadieron más alcaldes y alcaldesas verdes a las ciudades ya gobernadas por este partido, como Lyon, Burdeos, Estrasburgo, Poitiers, Besanzón y Tours, además de conservar el control de Grenoble. Otro ejemplo lo tenemos en Alemania, donde incluso Bündnis 90/Die Grünen (los verdes alemanes) tienen la posibilidad de disputar la cancillería a la todopoderosa Angela Merkel, jefa del gobierno durante una década y media.

En España, como suele ser habitual, las cosas son diferentes, ya que ni tenemos una derecha civilizada, pues se acercan bastante a la ultraderecha, debido a la permisividad que siempre ha habido aquí a las proclamas franquistas, ni el partido verde que representa a los Verdes Europeos, Verdes-EQUO, ha conseguido aún imponerse en el imaginario colectivo, a pesar de la situación de emergencia climática y de pérdida de biodiversidad que sufrimos. El partido verde español, Verdes-EQUO, fundado en 2011, eligió desde 2015 unirse a estos nuevos partidos de izquierda en las citas electorales generales, autonómicas y municipales, en un intento de asegurarse la representación institucional desde la que aplicar políticas verdes, con las excepciones de las elecciones andaluzas de 2018 y las vascas de 2020, donde Verdes-EQUO concurrieron en solitario. Así fue con Unidas Podemos en 2015, con el resultado de tres diputados, unión frustrada en 2019 cuando se eligió a un nuevo socio, Más País, con el que se consiguió una diputada en el Congreso y, en las recientes elecciones madrileñas, con dos diputados regionales en la Asamblea de Madrid tras la unión con Más Madrid, resultados bastante magros, en mi opinión.

Los partidos verdes europeos no han conseguido el éxito de la noche a la mañana, sino que es el resultado de años de duro trabajo. Así, Die Grünen fue un partido creado en 1980; en 1983 entraron por primera vez en el Bundestag, en 1998 formaron parte del Gobierno federal como socio menor, en 2011 lograron investir a su primer presidente regional y ahora, 41 años después de su fundación, las encuestas los colocan como segunda fuerza política, apenas a un puñado de puntos por detrás de la CDU/CSU de Merkel. En Gran Bretaña, el Partido Verde de Inglaterra y Gales, fundado en 1990, se ha colocado como tercera fuerza en las elecciones locales, mientras que el partido verde escocés es clave para formar gobierno.

Mirando al espejo de Europa, el nicho electoral verde es muy apetecible para determinados partidos de izquierdas, a pesar de que ni su trayectoria ni su discurso hayan hecho mención hasta ahora a la ecología política, base ideológica de los partidos verdes. Lo verde vende, le da un marchamo de calidad a cualquier formación política, por eso los partidos a la izquierda del PSOE se disputan el calificativo de “verdes”, aunque sus decisiones a veces contradicen lo que la mayoría de organizaciones ecologistas reclaman, como se ha visto con la Ley de Cambio Climático, claramente insuficiente para estos grupos.

Ante el avance de la ultraderecha, los partidos verdes se han confirmado como el mejor cortafuegos para limitar su ascenso. En España se han generalizado las cooperativas políticas con la unión de varios partidos para superar las limitaciones de la ley electoral D’Hont, que castiga a los partidos más pequeños. Esas uniones, en las que Verdes-EQUO está participando, no pueden llevarse a cabo con la invisibilización de hecho del partido verde por antonomasia. Sólo con una relación entre pares e igualdad de trato esas “cooperativas políticas” podrían llevarse a efecto a nivel nacional. Se hace necesaria más que nunca la existencia de un partido verde fuerte, que ha demostrado que propone soluciones a los problemas de este siglo. Sólo con una mayor implicación social y activa de la sociedad, sobre todo por parte de la juventud, se conseguirá ese objetivo.

Artículo publicado el 15 de mayo en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/verde-vende_132_7935277.html

EL GOBIERNO SE RINDE A LA ULTRADERECHA

Ya se están notando las consecuencias de la rendición del gobierno de López Miras a la ultraderecha en dos de los pilares de lo que define, por un lado, una sociedad avanzada, como son la Educación y la Cultura, y la idiosincrasia de nuestra región, el Mar Menor.

Si nada lo impide, la Consejería de Educación y Cultura caerá en manos de los “díscolos de Vox”, manera eufemística de designar a los tres diputados regionales que fueron expulsados de la formación ultra, como si con esa acción hubieran perdido un ápice de su ideología reaccionaria, racista, machista y xenófoba. La que será consejera del ramo, Mabel Campuzano, quiere imponer el llamado “pin parental” (o neanderthal, tal y como se le conoce en los ámbitos educativos), a pesar de haber sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia hace poco más de un año, justo antes de la declaración del estado de alarma por la pandemia, al considerar un perjuicio identificable la posibilidad de la no realización por los alumnos de una actividad obligatoria y evaluable por no autorizarlo sus progenitores. Esta formación política no entiende que la infancia tiene sus propios derechos, entre ellos, el derecho a no heredar los prejuicios de sus padres y madres, y el derecho a recibir una educación integral que intente erradicar cualquier atisbo de comportamientos sexistas, machistas, xenófobos o discriminatorios.

Y no solamente quieren aplicar el veto parental a las actividades complementarias, sino que pretenden ampliar esa prerrogativa parental a los propios contenidos de las asignaturas, pasando por encima de las leyes que establecen los contenidos curriculares. Esto podría llevarnos al extremo de que se veten aspectos curriculares que no coincidan con su ideario, como podrían ser la teoría de la evolución, el origen golpista de la guerra civil española o la explicación de la reproducción sexual, por poner tres ejemplos.

La intención de la nueva consejera de incorporar el “cheque escolar” no es sino el modo soterrado de favorecer aún más a la educación privada y concertada, ya que ese dinero que se daría a las familias no es necesario en la educación pública gratuita y universal. Además, con esta medida se confirma lo que es sabido, que la educación concertada supone un gasto extra para los bolsillos de las familias que optan por ese tipo de enseñanza, por lo que el sector ultra del gobierno regional no tiene reparos en dedicar más dinero público a la financiación de la enseñanza concertada, cantidad que ya alcanza el 19% del presupuesto total destinado a la educación en la Región de Murcia.

La incorporación de la ultraderecha, por primera vez en la historia reciente española, en el gobierno del PP de la Región de Murcia puede traer otra consecuencia negativa, como es la pretensión de Vox de eliminar la Ley del Mar Menor, argumentando que con ella “se quiere acabar con la agricultura”. Es decir, quieren dar vía libre a seguir con el modelo agrícola intensivo y contaminante, causante en gran medida de la degradación de la mayor albufera de agua salada del Mediterráneo occidental, demostrando el poco interés que tienen en restaurar y conservar esta joya ambiental. A esto se suma el anuncio del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura de iniciar movilizaciones si se modifican las reglas de explotación del trasvase, aunque en breve se trasvasarán 174 hectómetros cúbicos de agua desde la cabecera del Tajo, a pesar de que los embalses de Entrepeñas y Buendía no superan el 30% de su capacidad, tal y como ha denunciado la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo en un reciente comunicado. Tampoco el colectivo de la industria agropecuaria parece tener intención de cambiar su modelo productivo, que ha demostrado ser muy perjudicial para el Mar Menor. No es casualidad que la zona del Mar Menor y del Campo de Cartagena es donde el partido ultraderechista encuentra su mayor caladero de votos, lo que ha obligado a López Miras a reunirse con los agricultores, ante el avance de Vox en la zona.

Se avecinan tiempos inciertos en los que, con la entrada de la ultraderecha en el gobierno de López Miras, la educación pública está una vez más amenazada y en riesgo de una mayor degradación y en los que se ve cada vez más lejos la recuperación del Mar Menor. La ciudadanía de la Región de Murcia debe reaccionar ante esta situación.

Artículo aparecido hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/gobierno-rinde-ultraderecha_132_7373229.html

POR UN FONDO DE RECUPERACIÓN SOSTENIBLE

El pasado 21 de julio se aprobó por parte de la UE el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “Next Generation EU”, un ambicioso plan de ayudas a los países miembros para hacer frente a la crisis económica surgida por la situación de pandemia, cifrado en la mareante cifra de 750.000 millones de euros, financiados mediante la emisión de deuda comunitaria, de los cuales 140.000 millones irán destinados a nuestro país, unos 60.000 millones en forma de transferencias directas de aquí a 2023, y el resto mediante préstamos. Seríamos el segundo país de la UE, tras Italia, en recibir la mayor cuantía, debido a la mayor incidencia de la pandemia. Hay un dato importante, que el 70% de esos fondos (98.000 millones) deberán ser usados antes del final de 2022.

El Gobierno será el encargado de repartir esos fondos, en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales. En teoría, esos fondos irán dirigidos a lograr una transición ecológica de la economía que contrarreste los efectos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad, además de conseguir la llamada transición digital, para mejorar la digitalización tanto de la población en general, disminuyendo la brecha digital entre los diferentes sectores de la sociedad, como de las empresas. También se pretende reducir la brecha de género, mejorando el acceso al mercado laboral de las mujeres e igualando los salarios entre hombres y mujeres. Este plan se concreta en 10 políticas palanca que abarcan áreas como el mundo rural, industria, ciencia, educación, cultura, movilidad, energía, turismo, sanidad, deporte, empleo, cuidados y fiscalidad.

En teoría, la cosa pinta bien, siempre y cuando los fines se ajusten a los objetivos marcados por la Unión Europea en cuanto al destino de esos fondos. Y he aquí que se empiezan a vislumbrar algunas cosas que nos indican que lo mismo no van a ir destinados a quienes deberían, y que son los de siempre los que se van a ver beneficiados. Así, se va sabiendo que, del total adjudicado a España, sólo 7.000 millones de euros irán destinados a las pymes, y que el grueso de esos fondos serán para las grandes empresas que cotizan en el Ibex-35, que ya han presentado centenares de proyectos por valor de más de 100.000 millones de euros. Solo entre Endesa, Iberdrola y Naturgy han presentado más de 360 proyectos para captar más de 53.000 millones de euros de los fondos europeos. Iberia, de la mano de Aena y Airbus, está formando un consorcio para absorber otros 11.000 millones. Las grandes constructoras cotizadas españolas han presentado cerca de 2.200 proyectos por valor de más de 100.000 millones.

También se ha sabido que la Comunidad de Madrid pretende absorber el 15% del total de los fondos, más de 22.000 millones de euros, para financiar proyectos sostenibles, sí, pero también para dedicarlos a proyectos como la Ciudad de la Justicia, ese viejo proyecto ruinoso de Esperanza Aguirre, con más de 400 millones, o la ampliación del aeropuerto de Barajas, mientras que la España vaciada reclama que el departamento de Reto Demográfico del Ministerio que dirige Teresa Ribera no sea sólo un eslogan, y que canalice esos fondos para evitar la despoblación de las zonas rurales.

El modelo productivo español está basado en el sector servicios, que aporta casi el el 68% del PIB nacional, frente al 20% procedente de la industria y un escaso 2% de la agricultura y la ganadería. Cuando gran parte de la economía depende del monocultivo del turismo y la hostelería (con la construcción como aliada), nos encontramos con una escasa resiliencia, es decir, con una baja capacidad de recuperación ante situaciones de crisis como la que atravesamos, tal y como estamos comprobando, al carecer de una diversificación económica. Ante esto, lo que se impone es un cambio de rumbo, un aumento en la inversión en otros sectores, sobre todo los relacionados con la I+D+i, las tecnologías ligadas al sector verde (reciclaje, bioconstrucción, energías renovables, movilidad sostenible, silvicultura, etc.), la economía del cuidado, las ciudades inteligentes, la alimentación y nutrición de calidad, antes que reincidir en los sectores de bajo valor añadido y altamente dependiente de los avatares de la globalización.

España tiene la oportunidad de encauzar la recuperación económica del país con un objetivo, realizar una verdadera transición ecológica de la economía o, por el contrario, podría repetir los errores del pasado, manteniendo un sistema a menudo insostenible desde el punto de vista ambiental y que solo beneficia a las grandes empresas. No la desaprovechemos.

Articulo aparecido hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/fondo-recuperacion-sostenible_132_7237260.html