Hoy hemos sabido que a los activistas de Greenpeace detenidos en el Ártico por los guardias fronterizos rusos les han sido retirados los cargos de piratería, rebajando la acusación a delitos de vandalismo. Desde hace un mes, los 30 miembros de la organización ecologista se encuentran encarcelados en el puerto septentrional de Múrmansk, donde permanecerán en prisión preventiva hasta el 24 de noviembre. Ese cambio de acusación no evita que puedan ser condenados a 7 años de cárcel, por el hecho de intentar encaramarse a la plataforma Prirazlómnaya, propiedad del gigante energético ruso Gazprom. Una pena totalmente desproporcionada a la acción efectuada por los activistas, ese tipo de acción a las que estamos habituados a ver en televisión desde hace décadas y que tan famosos han hecho a Greenpeace.
Rusia pretende "matar al mensajero", descargar el peso de su injusta ley sobre las personas que lo único que han pretendido, como es habitual en ellas, es denunciar los abusos sobre el medio ambiente, en este caso, llamar la atención sobre la intención del gobierno ruso de explotar los yacimientos de petróleo en el Ártico. Y esa es la cuestión de fondo. Aprovechando los efectos del cambio climático, como es la fusión de la capa de hielo que cubre el mar en esa región, Rusia (y otros países como Canadá, EE.UU. y Noruega) pretende hacerse con parte del pastel energético, unas reservas de crudo estimadas en 114.000 millones de barriles de petróleo no descubiertos y 56 billones de metros cúbicos de gas natural, manteniendo así su posición privilegiada de segundo mayor exportador de combustibles fósiles del mundo.
Pero esas actividades extractivas suponen una amenaza al ya frágil ecosistema ártico, aquejado de alteraciones que afectarán al resto del planeta. El Ártico se calienta a una velocidad tres veces mayor a la del resto del mundo, lo que implica que los ecosistemas de la región encontrarán, con toda probabilidad, puntos de no retorno. Por la aceleración de la pérdida de hielo que se ha registrado, se producirán cambios abruptos en muchos de sus ecosistemas (extinción de especies, liberación de metano del permafrost, acentuando el calentamiento global, liberación de agua dulce, modificando las corrientes marinas, aumento del nivel del mar...).
La extracción de petróleo tendrá, además, consecuencias negativas, como la contaminación por vertidos de crudo, posibilidad que se multiplica debido a las extremas condiciones en las que se trabaja, con temperaturas bajísimas y seis meses de oscuridad al año. La limpieza de la zona en caso de accidente se vería dificultada por esas condiciones, por lo que las consecuencias serían aún más devastadoras.
La actitud de Rusia con respecto a los activistas detenidos es intolerable. El atropello a los derechos de la ciudadanía en Rusia es un hecho al que empezamos a estar habituados, como la condena a dos años de cárcel a las integrantes del grupo punk Pussy Riot por realizar una performance en una iglesia, el asesinato de periodistas críticos con el régimen o la detención de opositores a Putin. Algunos países de la comunidad internacional se han volcado en denunciar este hecho y han iniciado acciones legales, como Holanda, que ha presentado un procedimiento de arbitraje sobre la base establecida por la Convención sobre los Derechos del Mar de la ONU, para conseguir la liberación de los activistas de Greenpeace detenidos.
Las intenciones de Rusia de continuar con las prospecciones de petróleo en el Ártico es una irresponsabilidad, pues, como se ha visto, las consecuencias de un posible accidente afectarían a todo el planeta, y no sólo a una zona restringida. El Ártico debe ser declarado santuario global y patrimonio de la humanidad, prohibiéndose cualquier actividad en esa región. Nuestro futuro depende de ello.
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