"La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global".
En el primer párrafo aparecen tres expresiones relacionadas con el concepto de "competir", es decir, de superar al contrincante, de conseguir lo que otros no consiguen, aplastando al oponente, si es necesario. Puro neodarwinismo social, tan querido por el neoliberalismo imperante. Además, presupone que mejorar el nivel educativo es apostar por el crecimiento económico, asociando dos ideas que no tienen nada que ver. Cada vez somos más las personas que creemos que el crecimiento económico per se es un camino suicida para la especie humana, como ya comenté en una entrada anterior, pero el gobierno insiste en introducir sus ideas, aunque no sean compartidas por muchos.
Yo pensaba (y sigo pensando) que los fines de la educación, sobre todo en sus etapas tempranas, eran, entre otros, estructurar el pensamiento, fomentar la imaginación creadora, la expresión y la comunicación, favorecer la maduración de l@s niñ@s en todos sus ámbitos (física, mental, social, ética...), todo ello adquiriendo conceptos y superando desigualdades físicas, psíquicas o sociales... Y que, sólo de forma complementaria, la consecuencia de la educación sería conseguir un desarrollo personal y laboral, fruto del esfuerzo y las diferentes capacidades y motivaciones de cada un@. Pero todo eso, para el gobierno, no es una prioridad. Más adelante, se afirma que:
"La lógica de la reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de canalizar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones, y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad, a través de la posibilidad para los alumnos y sus padres o tutores de elegir las mejores opciones de desarrollo personal y profesional".
Se orienta la educación hacia la formación de trabajadores/as, con un fin único, el encontrar trabajo y alimentar el sistema. No se hace referencia a las dificultades debidas a las diferentes características sociales y/o económicas en que puedan encontrarse las familias, y que pueden condicionar de manera muy importante las "fortalezas" y "aspiraciones" de l@s alumn@s.
Cuando citan las altas tasas de abandono escolar, no aclaran que gran parte de ese abandono fue debido a que miríadas de jóvenes se iban a trabajar a la construcción, alentados por la burbuja inmobiliaria, en una época en que los gobiernos se jactaban (tanto Aznar como Zapatero) de que creaban más empleos que Alemania, Francia e Italia juntas. Los gobiernos no se preocupaban entonces por las cifras de abandono escolar. Sólo cuando esos millones de personas sin formación han ido engrosando las cifras del paro tras el estallido de la burbuja, es cuando se han dado cuenta de que el problema existía, y gordo.
El hecho de que uno de los objetivos prioritarios de la reforma sea "mejorar los resultados internacionales", da a entender que l@s alumn@s recibirán un adiestramiento específico para obtener buenos resultados en las pruebas (como las del informe PISA), dejando de lado la formación integral y que les importa más que la "marca España", tan citada últimamente, quede en buen lugar, que el futuro de l@s estudiantes españoles.
Para terminar el primer apartado, tienen la desfachatez de afirmar que "esta ley orgánica es el resultado de un diálogo abierto y sincero con toda la comunidad educativa", cuando lo cierto es que no han contado ni con l@s docentes ni con los padres y madres, legislando por decreto, una vez más, en un aspecto tan importante como es la educación.
Las medidas que pretende aplicar el ministerio de Educación son, entre otras, la implantación de pruebas de evaluación externa, de forma finalista en las diferentes etapas educativas (6ª de Primaria, 4º E.S.O. y 2º Bachillerato), las reválidas. Aceptando que la reválida en 2º de Bachillerato sea un sistema que se aplica en países como Francia (el Bac), y que no sería muy distinto a la actual selectividad, realizar un examen externo en las etapas tempranas de la educación puede suponer cerrar puertas, dirigir demasiado pronto el destino de l@s alumn@s y no tener en cuenta el trabajo de los equipos docentes, al tener el alumno que jugárselo todo a una carta, así como ignorar las diferencias socio-económicas de las familias, que influyen en los resultados. Muchas son las voces que están en contra de este sistema.
Se apela a la autonomía de los centros, pero se profesionaliza la figura del director/a, que deberá "rendir cuentas de las decisiones tomadas, de las acciones de calidad y de los resultados obtenidos al implementarlas", actuando más como un comisario político que como un miembro más del equipo docente del centro. Los centros podrán especializarse "en los ámbitos curricular, funcional o por tipología del alumnado", creándose distintas categorías. Si en tu pueblo, pongamos por caso, hay un industria cárnica, o un parque temático, el centro se especializará en eso. Si el/la alumn@ quisiera realizar otros tipos de estudios, estará obligad@ a desplazarse a otro centro, incluso fuera de su municipio, acrecentándose la desigualdad de oportunidades. Además, la facultad de la dirección del centro de "establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal funcionario, así como para ocupación de puestos en interinidad", pudiendo "rechazar la incorporación de personal procedente de las listas centralizadas" puede dar lugar a decisiones discrecionales e injustas por parte de la dirección para favorecer a unos frente a otros.
La educación es un tema demasiado importante como para que los sucesivos gobiernos de uno y otro signo pretendan utilizarlo como arma política y para imponer su ideología. No es posible que el ministro de turno pretenda pasar a la historia, dándole la vuelta a cada ley educativa anterior, y crea tener la receta mágica, sin tener en cuenta, además, la opinión de los profesionales que, día a día, conocen desde dentro los problemas que el sistema educativo plantea, máxime cuando se está jugando con el futuro de cientos de miles de jóvenes.
Parece una ley diseñada por la FAES, esos que difunden que el planeta no es verde, sino azul, y que el ecologismo es el totalitarismo comunista contemporáneo.
ResponderEliminarMientras manifestamos nuestra repulsa (que hay que hacerlo) a esta ley que pretende entregar la evaluación educativa y el propio sistema a los mercaderes, me temo que nada ocurrirá hasta que la biosfera nos grite atronándonos los oídos. Una vez la energía sea un lujo para casi todos y el cambio climático se aparezca a los ciegos, podremos hablar de consenso educativo.
Luchemos, aunque sea sin optimismo, por cuestión de dignidad.