miércoles, 5 de enero de 2022

¿NUCLEARES? NO, GRACIAS

El año 2022 que acabamos de inaugurar se inicia con una noticia que sería más bien propia del día 28 de diciembre: La Comisión Europea reconoce la energía nuclear como verde al menos hasta 2045, y el gas hasta 2030, como un medio para descarbonizar la producción energética y cumplir el objetivo de reducir a cero las emisiones en 2050, fijado en el Pacto Verde de la UE. El alto precio de la energía que está sufriendo Europa este otoño es una de las razones que han empujado a la Comisión Europea a tomar esta polémica decisión. 

Esta propuesta ha entusiasmado a los defensores de la energía nuclear. Uno de los principales defensores de tan disparatada postura es el francés Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, nada extraño, teniendo en cuenta que Francia cuenta con 58 centrales nucleares, el segundo país del mundo en número de ellas, sólo por detrás de EE.UU., que proveen el 75% de la energía total del país galo. 

Tampoco es casualidad que Francia apoye esta decisión, justo después de que la compañía eléctrica EDF, propietaria de muchas de estas centrales, que está participada en un 84% por el estado francés, se desplomara un 15% en la Bolsa de París, al tener que cerrarse preventivamente uno de sus reactores al detectarse una fisura en unas tuberías, y que el presidente Macron anunciara en noviembre pasado la construcción de nuevos reactores. 

La ventaja que se le atribuye a la energía nuclear de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se ve parcialmente desmentida por la realidad, ya que su uso no garantiza una menor tasa de emisiones. A pesar de que Francia basa su generación de electricidad en la energía nuclear, la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera supera a países como España, que sólo cuenta con 7 reactores. Así, en 2020, Francia emitió 280.000 toneladas de CO2 frente a las 215.000 toneladas de España, a pesar de que le energía nuclear sólo representa el 20% del total en nuestro país, por debajo, eso sí, de Alemania (636.000 T.), Reino Unido (314.000 T.) o Italia (300.000 T.). 

El cambio de rumbo de la Comisión Europea en relación a la consideración de la energía nuclear como “energía verde” parece olvidar, por un lado, los riesgo intrínsecos a esta fuente de energía, con los desastres de Chernobyl en 1986 y Fukushima en 2011 en el recuerdo, además de la necesaria gestión de los residuos nucleares, peligrosas sustancias que mantienen su letal radiactividad durante milenios. Por otro lado, parece una broma de mal gusto calificar de “verde” una fuente de energía que fue, precisamente, el detonante del movimiento ecologista en Europa, con el lema “Nucleares, no gracias” que coreaban los pioneros ecologistas alemanes en los 70, y que fue el germen de los partidos políticos verdes en Alemania, Francia o España, en los años 80. También hay que recordar que el movimiento ecologista en la Región de Murcia tuvo su origen en el rechazo a la construcción de una central nuclear en Cabo Cope a comienzos de los años 70. 

Si lo que se pretende es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por ende, luchar contra el cambio climático, se debería incidir en otros aspectos, como señalan muchos expertos: la protección de la biodiversidad y la conservación de la naturaleza; la transformación de la movilidad hacia un modelo que potencie el transporte colectivo frente al privado, especialmente el tren; el diseño urbanístico que reduzca la necesidad de desplazamientos; el cese de la deforestación y el aumento de la restauración ambiental, con la reforestación como acción principal; la potenciación de la energía solar y eólica, con el autoconsumo como prioridad frente a las grandes centrales que depredan el territorio; la modificación del sistema de subasta de la energía, de tal modo que no se pague el total a precio de la fuente de energía más cara, el gas, entre otras medidas. 

La calificación de “energía verde” para la energía nuclear y el gas va en contra del sentido común, solo beneficia a las grandes empresas propietarias de las centrales, y es el modo de que nada cambie en nuestro estilo de vida, posponiendo el problema unos 20 años para que sea la siguiente generación la que aborde el problema en serio.

Articulo publicado el 3 de enero de 2022 en eldiario.es:

miércoles, 15 de diciembre de 2021

JUSTICIA ECOLÓGICA Y DECRECIMIENTO: UNA LECTURA DEL "MANUAL CRÍTICO DE CULTURA AMBIENTAL" DE PEDRO COSTA


Vivimos unos tiempos convulsos, primero por la situación de pandemia de la que no acabamos de salir, a pesar de las altas tasas de vacunación, y por el avance implacable del calentamiento global, verificado con los récords de temperaturas, las sucesivas olas de calor y olas de frío que recorren el planeta, inundaciones, incendios y demás catástrofes que cuestan vidas humanas y enormes pérdidas económicas. No hay día en que los medios de comunicación, y no solo los especialistas, sino también los generalistas, no nos hablen de cambio climático, degradación de ecosistemas o crisis ecológica. Pero, a menudo, carecemos de la información suficiente y veraz, más allá de artículos y reportajes sensacionalistas que sólo lo tratan de forma superficial, para entender el alcance de éstos y otros fenómenos.

Para cubrir esta necesidad, Pedro Costa Morata (Águilas, 1947), veterano ecologista, profesor universitario, periodista y ganador del Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998, acaba de publicar su 'Manual Crítico de Cultura Ambiental' (Editorial Trotta), una obra con vocación pedagógica en la que se abordan los principales problemas ambientales de nuestro tiempo, además de realizar un repaso a las principales propuestas a lo largo de la historia para hacerles frente.

Costa Morata no se deja en el tintero (o más bien en el teclado) casi ningún aspecto. Así, el primer tercio del libro está dedicado a las bases de la vida en nuestro planeta, a pormenorizar qué factores biológicos y físico-químicos han permitido que se desarrolle la vida tal y como la conocemos, además de poner el acento en las acciones humanas que ponen en peligro nuestra supervivencia (contaminación en todas sus formas, superpoblación, extractivismo, acumulación de residuos, etc.).

Nuestra paulatina separación de la Naturaleza a partir de la Revolución Industrial y sus efectos en el medio han provocado la reacción de una parte de la sociedad, acentuada a partir de los años 50 del siglo pasado. El autor desgrana y describe las diferentes formas en las que se ha intentado (y se intenta) contrarrestar las fuerza neoliberales que esquilman los recursos, destruyen los ecosistemas y modifican los modos de vida ancestrales de otras culturas, todo ello en nombre del beneficio inmediato. Estas formas van desde movimientos sociales como el ecologismo, pasando por disciplinas innovadoras como la Economía Ecológica y el Derecho Ambiental, hasta llegar a teorías revolucionarias como es el Decrecimiento.

El tratamiento de estos dos últimos conceptos, el Derecho Ambiental y el Decrecimiento, son de agradecer en este manual, por poco frecuente en obras de este tipo, por su innovador enfoque de nuestra relación con la Naturaleza, el primero con la introducción de la llamada “justicia ecológica”, que entronca directamente con un tema de candente actualidad en nuestra Región como es la ILP para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, y el segundo por constituir un intento de romper con el dogma del crecimiento económico expresado con el PIB, universalmente aceptado en nuestra sociedad pero de dudosa fiabilidad por su ineficacia a la hora de expresar los “efectos colaterales” de la actividad económica.

El último capitulo de la obra trata de los dos problemas posiblemente más graves por los que atravesamos, el cambio climático y la pandemia, la crisis climática y la crisis sanitaria, su origen, desarrollo y posibles soluciones, animándonos a la acción y a la responsabilidad.

En resumen, un libro imprescindible para conocer los principales problemas ambientales de la actualidad, complementado con una amplia bibliografía, la mayoría en español, que nos permite profundizar en aquellos temas que más nos intriguen e interesen.

Reseña aparecida el 14 de diciembre en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/leer-el-presente/justicia-ecologica-decrecimiento-lectura-manual-critico-cultura-ambiental-pedro-costa_132_8576794.html?fbclid=IwAR1lWqkWgEZLraezDAU5p4AedW5xTdUfsu1LeWbc0ySvdIwyl1lhXj-QJ3k

lunes, 1 de noviembre de 2021

LA VIVIENDA, UN DERECHO HUMANO

"La banca viola los derechos humanos. Derecho a vivienda ¡¡¡ya!!!" H.J.


La Ley de la Vivienda que el gobierno central acaba de aprobar ha vuelto a provocar que la oposición saque la artillería pesada, apelando a un supuesto ataque a la propiedad privada, como si esta ley supusiera que se fueran a expropiar los pisos de los probos propietarios para repartirlos entre la gente de forma gratuita. En algunas Comunidades Autónomas, como la Región de Murcia, el presidente López Miras ha llegado a declararse insumiso a la ley, tachándola de “comunista”, apelativo que funciona como un cajón de sastre y que es usado por el gobierno regional para oponerse a todo aquello que vaya en contra de su ideología, ya sea la nueva ley educativa o la reciente ILP por el Mar Menor.

Pero la realidad es que la Ley de la Vivienda no apunta, como dice López Miras, a las personas que tienen un par de pisitos conseguidos “con lo que se ha ganado con el sudor de su frente, su sacrificio y con su trabajo”, sino que va dirigida a los grandes tenedores de viviendas, es decir, a aquellos que poseen más de 10 bienes inmuebles, muchos de ellos fondos buitre y bancos. En la Región de Murcia hay casi 11.500 propietarios de más de 10 viviendas, verdaderos destinatarios de esta ley. De ellos, 9.596 tienen entre 11 y 25 bienes, 1.300 tienen entre 25 y 50 y hay 600 propietarios que tienen... ¡más de 50 inmuebles urbanos cada uno!

En la otra parte de la balanza, en España hay 3,4 millones de viviendas vacías, 129.000 en la Región de Murcia, dándose el caso de que nuestra región ocupa el tercer puesto en porcentaje de viviendas vacías con respecto al total (16,6%), sólo por detrás de Galicia y La Rioja. La ciudad de Murcia encabeza el ranking regional del número de viviendas desocupadas, con más de 33.000, seguida de Cartagena y Torre Pacheco, con la circunstancia de que esta última localidad lidera el ranking en términos relativos, con una vivienda vacía por cada 4,8 habitantes. Esta gran cantidad de inmuebles vacíos son el resultado de la burbuja inmobiliaria de la primera década del siglo, fenómeno especialmente sangrante en la Región de Murcia, siendo las entidades financieras la propietarias mayoritarias de esas viviendas. Además, en la región se ejecutan más del 10% de los desahucios que se realizan en España, verificándose que la vivienda (o más bien la falta de ella) es un problema de primera magnitud al que esta ley pretende dar respuesta.

Los organismos internacionales estiman que el coste de la vivienda no debe superar el 30% de los ingresos mensuales. Para un sueldo medio en España de 1.700 €, eso supone que un alquiler no debería superar los 510 € al mes de media, cifra muy por debajo de lo que se suele cobrar. Si hablamos de la Región de Murcia, cuyo sueldo medio es de 1.400 €, la cuantía media de los alquileres debería ser, como máximo, de 420 € algo ilusorio para la mayoría. Y si nos referimos a sueldos más bajos, algo habitual, conseguir pagar un alquiler se convierte en una odisea, si no en una misión imposible para muchos bolsillos.

La vivienda no es un artículo de lujo, es un bien de primera necesidad y un derecho señalado en el artículo 47 de la Constitución, por lo que es una inmoralidad especular con ella y buscar el beneficio rápido. Conseguir que la gente joven pueda alquilar pisos para independizarse sin tener la necesidad de juntarse 4 personas en la misma vivienda, o que una familia con bajos ingresos pueda vivir en un piso sin tener que elegir entre comer o pagar el alquiler es una obligación de cualquier gobierno. La oposición de los partidos de la derecha a esta ley constituye un ataque a la dignidad de las personas y al cumplimiento de un derecho fundamental recogido en a Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que, en su artículo 25, incluye el derecho universal a una vivienda, digna y adecuada. Cualquier intento de facilitar la vida a las familias y garantizar el acceso a la vivienda debe ser bienvenido, en vez de defender los intereses de los que más tienen en nombre de la “libertad de mercado”, que suele ser sinónimo de “libertad de abusar de los más vulnerables”.  

Artículo aparecido en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/vivienda-derecho-humano_132_8446848.html