UN GOBIERNO REGIONAL CONTRA LA SOCIEDAD MURCIANA

El Partido Popular de la Región de Murcia, ante el avance de la extrema derecha, se ha echado al monte, a imagen y semejanza de Díaz Ayuso, figura admirada por López Miras, que replica todas y cada una de las medidas que la presidenta madrileña aplica en su región. 

Así, ante la obligatoriedad por parte de las Comunidades Autónomas de entregar los datos de cribado de cáncer, los consejeros y consejeras de Sanidad de las autonomías gobernadas por el PP, nuestra región incluida, con Juan José Pedreño a la cabeza, se levantaron de la mesa al comienzo de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, habiendo disfrutado, eso sí, del banquete previo. Ese desplante a la ministra García no ha sido un simple hecho simbólico, sino que es un desprecio a la salud de cientos de miles de mujeres que están a la espera de pruebas médicas para confirmar o descartar un cáncer de mama. Y no sólo eso, sino que esta espantada ha impedido aprobar que se destinen 2 millones de euros a la investigación y la vigilancia del cáncer en nuestro país. 

Otra ocurrencia del Partido Popular murciano es la de implantar el llamado “modelo EGB” a los centros educativos a partir del curso 2026/2027 con la pretensión de que se imparta 1º y 2º ESO en los colegios, a imagen de los años 80, cuando su equivalente, los antiguos 7º y 8º de EGB, se daban en los centros de Primaria. Me parece que la Consejería de Educación no ha calibrado bien las consecuencias de tal decisión. ¿Se desplazará el profesorado de Secundaria a los colegios para impartir sus materias? ¿Tienen los colegios los medios adecuados para llevar a cabo dicho traslado de alumnado -laboratorios, talleres, aulas temáticas-? El Consejero de Educación, Victor Marín, calificó esta medida, en una entrevista reciente, como de “acción moderna, realista y eficaz”, cuando es algo antiguo y cuya eficacia no está probada, siendo el medio de intentar solucionar la masificación de las aulas, pero sin invertir en la construcción de nuevos centros educativos públicos. El consejero aprovecha para cargar contra el sistema educativo, tachándolo de “modelo fracasado”, que “ha instalado la mediocridad, ha minado la cultura del esfuerzo y ha erosionado la autoridad del docente”, en una clara estrategia de desprestigiar la educación pública y continuar con su apuesta por la educación privada y concertada. 

El tercer frente abierto por el gobierno regional en contra de los intereses de la mayoría lo encontramos en el tema de la vivienda. A imagen de su homóloga madrileña, López Miras se niega a aplicar la Ley de la Vivienda, en concreto en lo que se refiere a la declaración de zonas tensionadas, es decir, aquellas áreas urbanas en las que las familias deban dedicar al alquiler más del 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares en esa zona. El precio medio de la vivienda en la ciudad de Murcia se ha incrementado un 11% en el último año, y se prevé que siga subiendo otro 5% en este 2025. Además, el Ministerio de Vivienda ha detectado la presencia en la Región de Murcia de 1.402 pisos turísticos ilegales, una práctica especulativa que, en parte, es la causa del alza de los precios de la vivienda.

El medio ambiente es otro aspecto que el gobierno regional continua sin poner en valor. Se sigue sin aprobar el Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor, en un momento en que vuelven a sonar las alarmas por el estado de anoxia que se comienza a percibir en la masa de agua, lo que hace temer que se repita la situación de los años 2016 y 2021. La aprobación de este plan acumula ya dos años de retraso desde que se le otorgó de personalidad jurídica a la laguna costera más importante del Mediterráneo Occidental, tal y como denuncia el Comité de Seguimiento del Mar Menor. Tampoco se ha aprobado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, que regula las actividades de este espacio natural costero. La reducción de la contaminación atmosférica es otra asignatura pendiente del gobierno de López Miras. Un estudio reciente de la UMU vincula los altos niveles de ozono, PM10 o dióxido de nitrógeno, junto a noches tropicales y olas de calor, con el aumento de la mortalidad en nuestra región.

A nivel local, el Partido Popular de la ciudad de Murcia ha llegado a descalificar públicamente a personas particulares, con nombres y apellidos, vecinos del barrio de Vistabella, para no reconocer las necesidades de un barrio emblemático de la ciudad reivindicadas de forma pacífica y festiva por unos centenares de vecinos y vecinas, usando el bulo y la mentira, en una maniobra más propia de organizaciones mafiosas que de un partido que gobierna. 

Las diferentes decisiones que está tomando el gobierno regional en materias sensibles que afectan directamente a la vida de la ciudadanía, como la sanidad, la educación, el medio ambiente o la vivienda, no atienden a los intereses de la mayoría social, sino que responden a una estrategia acordada entre las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para hacer lo contrario de lo que acuerda el gobierno central, con una finalidad puramente partidista, aunque ello suponga el menoscabo de las condiciones de vida de murcianos y murcianas. ¿Cuándo se dará cuenta la sociedad de esta región de esta realidad?

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/gobierno-regional-sociedad-murciana_132_12716328.html

EL PARTIDO POPULAR SE APUNTA AL NEGACIONISMO CLIMÁTICO

La naturaleza nos sigue avisando. Cuando está a punto de cumplirse un año de la tragedia de la DANA de Valencia, se repiten los avisos naranjas y rojos en Cataluña, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, con lluvias torrenciales, inundaciones que han provocado cortes de luz, personas desplazadas de sus hogares aunque, afortunadamente, sin víctimas mortales a la hora de escribir estas líneas.

Después de un verano catastrófico de grandes incendios que han calcinado más de 400.000 hectáreas en nuestro país, llega el turno de la borrasca, esta vez proveniente del Atlántico, donde un huracán, bautizado como Gabrielle, generado por las altas temperaturas del agua, se ha movido hacia la península ibérica transformado ya en un ciclón post-tropical, causando grandes daños, de nuevo, en la zona mediterránea.

¿Y a qué se dedica el Partido Popular de la Región de Murcia mientras tanto? Pues a recibir a los presidentes autonómicos para rivalizar con la ultraderecha en su política migratoria, proponiendo medidas más propias de Vox, como exigir una integración “cultural" de las personas migrantes, es decir, que olviden su origen, su religión y sus costumbres para ser “españoles de bien”, amenazándoles con su expulsión, copiando la estrategia trumpista.

Y en plena deriva ultraderechista, el Partido Popular sigue sin admitir la existencia del cambio climático como origen de los cada vez más frecuentes fenómenos catastróficos que estamos sufriendo, calificando de “cortina de humo” y de “huida hacia adelante” la pretensión del gobierno de alcanzar un pacto contra el cambio climático. En su intento de contrarrestar el ascenso de la ultraderecha, el PP de Feijóo y López Miras no tiene empacho de mirar hacia otro lado cuando se trata de afrontar de un modo decidido, con medidas efectivas, las causas de la emergencia climática.

¿Cuál es la única referencia al cambio climático por parte del presidente López Miras? De nuevo, sólo se refiere a él cuando defiende a los regantes y exige que les sea trasvasada toda el agua que necesiten desde la cuenca del Tajo, sin reparar en si su caudal alcanza o no el mínimo exigible para sostener el equilibrio ecológico de la cuenca cedente. La consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) ha elaborado recientemente un estudio según el cual la agricultura intensiva aporta casi 4.000 millones de euros al PIB y más de 100.000 puestos de trabajo en la Región de Murcia. Curiosamente, el director de esta consultora en Murcia es Javier Celdrán, antiguo consejero de López Miras entre 2017 y 2021. Y, curiosamente también, esta empresa es la adjudicataria sin concurso público de un contrato para el “asesoramiento, asistencia técnica y consultoría para la elaboración de un Plan de Recuperación Económico y Social de la Comunitat Valenciana”, adjudicación llevada a cabo por el vicepresidente de la Generalitat, el recientemente dimitido Gan Pampols, por un importe de 2,1 millones de euros. Con estos mimbres, cabría preguntarse sobre la imparcialidad y la exactitud de los datos aportados por la empresa adjudicataria.

El Partido Popular, tras culpar a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar de la tragedia de la DANA del pasado año, continua dudando de la eficacia de la Agencia Estatal de Meteorología. El pasado jueves 25 el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, se quejó de los inconvenientes que suponen que “se suspendan clases, fiestas o eventos, y luego comprobamos que podían haberse celebrado con normalidad”, dudando una vez más del rigor de las previsiones de la AEMET, poniendo así por delante los intereses partidistas a la seguridad de la ciudadanía ante fenómenos climáticos extremos.

Si la negación de la emergencia climática es una de las señas de identidad de la ultraderecha, el hecho de que el Partido Popular se sume a esta postura para intentar frenar el ascenso de Vox y evitar que Abascal y los suyos les saquen ventaja en las encuestas es una mala noticia. Si el PP se negó a asistir a las sesiones de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso sobre cambio climático, tildando de “ocurrencia” y “farsa” esta comisión, el último capítulo de esta negación por parte del PP es el rechazo el pasado lunes en el Senado a un protocolo de colaboración entre la AEMET y las organizaciones agrarias para coordinar la información meteorológica, moción presentada por los socialistas. 

El negacionismo climático mata, y la postura de la derecha y la extrema derecha españolas nos confirma que no entra en sus planes colaborar en la búsqueda de soluciones a las causas de la emergencia climática, condenando a la sociedad española a seguir sufriendo las consecuencias del principal problema del siglo XXI.

Articulo publicado en eldiario.es: 

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/partido-popular-apunta-negacionismo-climatico_132_12643981.html

MONTES...¿”SUCIOS”?

España es pasto de las llamas. En lo que llevamos de año, más de 400.000 hectáreas de bosques están siendo quemadas, cebándose estos incendios en Galicia, Castilla-León y Extremadura. Estos incendios no son exclusivos de nuestro país. En Europa ya son más un millón las hectáreas quemadas en 2025, una superficie equivalente a la tercera parte de Bélgica. Entre principios de enero y el 19 de agosto, los incendios forestales en 22 de los 27 países de la UE emitieron 35 megatoneladas de CO2, un nivel sin precedentes a esta altura del año. En el ámbito regional, este año hemos tenido suerte, ya que sólo han ardido una treintena de hectáreas en la Región de Murcia, en un total de 5 incendios en los municipios de Cieza, Caravaca de la Cruz, Moratalla, Ricote y Abarán, por lo que ha sido posible enviar efectivos a Extremadura para contribuir a sofocar las llamas.

Lo cierto es que 9 de cada 10 incendios tienen origen en la actividad humana. Las causas de estos incendios, según la Fiscalía General del Estado, en su Memoria Anual, son variadas, siendo la negligencia debida a las quemas agrícolas no autorizadas y para la regeneración de pastos el origen más común, con un 68% de los casos, y no una supuesta confabulación promovida por el gobierno, siguiendo la malvada Agenda 2030, para instalar campos solares, como intenta hacer creer la ultraderecha en las redes sociales.

El cambio climático y la deficiente gestión del territorio por parte de las diferentes administraciones son factores clave en el aumento exponencial de los grandes incendios en nuestro país. El incremento de las temperaturas, año tras año, junto con la escasez de lluvias, debido a la emergencia climática, es terreno abonado para que los grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas y son muy difíciles de extinguir, sean cada vez más frecuentes, como se está verificando este verano. 

Está comúnmente aceptado que, para prevenir los incendios, es necesario “limpiar” los montes, y así se repite desde los medios de comunicación. La frase “los incendios se apagan en invierno” es un mantra que oímos de forma incesante. La primera idea que se nos viene a la cabeza al hablar de la “limpieza” de los montes es que el estado natural de los bosques, con un sotobosque y un matorral desarrollado, es de “suciedad”, que acarrea la pérdida de pastos y promueve el acercamiento de lobos y jabalíes, dos especies denostadas en los últimos tiempos, sobre todo en el norte del país, además de que parecería que el paisaje natural es caótico y se aleja del territorio “ordenado” y modificado por el ser humano, diseñado para extraer de él materiales y recursos.

Pero cada vez son más numerosas las voces que cuestionan este extremo. Así, en 2019, ecólogos forestales de las universidades de Würzburg (Alemania) y Granada, en una carta publicada en la revista Science, exigieron un “cambio radical” en la estrategia de gestión de los bosques, sobre todo tras un evento catastrófico como puede ser un incendio. Estos investigadores defienden que la estrategia de retirar la madera muerta no es correcta, ya que trae como consecuencia una disminución constante de la diversidad biológica y la extinción de muchos hongos e insectos que dependen de esa madera muerta.

Otros investigadores, como los del departamento de Ecologia de la Universidad de Oviedo, en un artículo aparecido en 2022, son partidarios de la renaturalización pasiva, es decir, la recuperación de los ecosistemas tras el abandono del uso humano del territorio, ya que representa una oportunidad para restaurar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en un contexto de crisis ambiental global. La aparición del matorral tras un incendio, al contrario de lo que se quiere a menudo transmitir, es beneficioso para el desarrollo posterior de un bosque maduro, ya que el sotobosque protege a los retoños de los árboles del mordisco y el pisoteo de los herbívoros y de las inclemencias del clima. Es decir, el monte “sucio” es un estado más en la dinámica del ecosistema forestal, un indicador de su madurez.

En la Región de Murcia, la actividad humana ha ido sustituyendo en las últimas décadas los encinares naturales por bosques de pinos, de crecimiento más rápido, mediante reforestaciones, alcanzando el 92% del total masa forestal, especies que acidifican el suelo, impiden el desarrollo de un estrato de matorral y facilitan los incendios a través de la resina y las acículas secas. Los bosques de pinos de nuestra región están sufriendo, además, los efectos de la sequía, con más de un millón de ejemplares muertos este año.

Además de favorecer la biodiversidad, la existencia de matorrales en los bosques evita la erosión del suelo y la pérdida de nutrientes del suelo, aumentando la humedad del follaje y del suelo, actúa como cortafuegos natural y captura el dióxido de carbono de una manera más eficaz. El matorral constituye el alimento de multitud de especies herbívoras y permite la polinización por parte de insectos, que regeneran de forma natural el bosque. 

Frente a los bosques “humanizados” y a los monocultivos industrializados para la obtención de madera, como los de eucaliptos o pinos, sin un estrato de matorral bien desarrollado, que son candidatos a favorecer los grandes incendios, la existencia de un ecosistema forestal sano y diverso, y no “sucio” como se le suele calificar, la planificación en la ordenación del territorio, evitando la urbanización en zonas potencialmente incendiables, el destino de fondos para incentivar la economía rural, el mantenimiento de plantillas suficientes de cuerpos de bomberos forestales durante todo el año o priorizar la repoblación con especies autóctonas y adaptadas al clima de la península ibérica, además de tomarse en serio la emergencia climática, son algunas de las medidas que se deberían aplicar, según los expertos, para disminuir la virulencia de los incendios forestales.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/montes-sucios_132_12554738.html

OTRO MODELO TURÍSTICO ES POSIBLE

Nuestro país está condenado a morir de éxito en relación al turismo. Cada año que pasa se baten récords de afluencia de turistas en España. Si en 2024 se alcanzó la cifra de 94 millones de visitantes extranjeros, sobre todo británicos, alemanes y franceses, está previsto que en 2025 se alcancen los 98 millones. A la Región de Murcia llegaron más de 1,1 millones de turistas en 2024, y en el primer cuatrimestre de este año, más de 320.000 visitantes internacionales eligieron la Región entre enero y abril, lo que supone un incremento del 19,8% respecto al mismo período de 2024.

Esta avalancha de turistas tiene su cara, la lluvia de millones que caen en nuestro país, sobre todo en las zonas costeras. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) prevé que en 2025 el sector de viajes y turismo en España podría alcanzar un nuevo máximo histórico, con una contribución estimada de 260.500 millones de euros al PIB, lo que equivaldría a casi el 16% de la economía nacional. 

Pero estas cifras esconden una cruz, tanto en aspectos sociales como ambientales. Desde el punto de vista social, destaca la precariedad laboral, con empleos temporales y de baja cualificación, con largas jornadas y bajos salarios. Según un estudio realizado por la Universidad de Alicante en 2022, un 40,6% de los trabajadores de hostelería se encuentran por debajo del umbral de los 1.200 euros brutos mensuales y, a menudo, son puestos sobrecualificados, es decir, que el nivel de formación de las personas empleadas es más elevado que el requerido para esos puestos. 

Otro problema social asociado al turismo de masas es la gentrificación, es decir, el desplazamiento de las comunidades locales por el auge de los alquileres turísticos y el aumento de los precios de las viviendas, cuyo exponente máximo lo encontramos en Baleares, donde ni siquiera las personas que acuden a trabajar pueden costearse una vivienda, ya que éstas están destinadas principalmente al turismo extranjero de alto poder adquisitivo. Pero esto ocurre en otras regiones españolas, como Andalucía, Canarias, Cataluña, Cantabria o Comunidad Valenciana. El alto precio de los hoteles, que ha aumentado un 40% con respecto a antes de la pandemia, es otro factor negativo del turismo.

Desde el punto de vista ambiental, la degradación de los ecosistemas costeros es el principal problema detectado. Así, un 36,5% de la línea de playa está urbanizada en España, y más de un tercio de los ecosistemas colindantes han sido destruidos por el actual modelo de producción y consumo. El turismo de masas produce un aumento del consumo de agua, de la generación de residuos y de la emisión de gases de efecto invernadero procedentes tanto de la propia actividad turística como de los vuelos internacionales. Ese aumento del tráfico aéreo propicia la ampliación de aeropuertos, como las proyectadas en los de El Prat, en Barcelona, o en el de Málaga, con graves impactos ambientales en el entorno.

Todos estos problemas tienen su reflejo en la percepción que tiene la sociedad española del turismo de masas. Así, según un estudio realizado este mismo mes de julio por la SEO/Birdlife, casi nueve de cada diez españoles creen que el turismo masivo impacta negativamente en el medio ambiente, y más de la mitad, concretamente el 58%, considera que lo hace de forma importante. Además, son cada vez más frecuentes las manifestaciones de las poblaciones locales para protestar por este modelo turístico depredador, como en Canarias, Cataluña y Baleares. 

Pero, ¿qué soluciones podrían aplicarse al problema del impacto negativo en el territorio y en las condiciones laborales precarias? Desde las instituciones, se deberían destinar más fondos a la planificación y menos a la promoción del turismo, para mejorar la gestión. La eliminación de los pisos turísticos ilegales es otra herramienta de que disponen los gobiernos autonómicos y locales para limitar la afluencia de turistas. La desestacionalización del turismo es otra medida adecuada para no concentrar la actividad en los meses estivales. El mantenimiento del control local del turismo, para no dejarlo en manos de inversores y franquicias internacionales y la sustitución del número de pernoctaciones por otros indicadores como el Índice de Progreso Social (IPS) ligado al turismo, aplicado en Costa Rica desde 2016. Este índice evalúa cómo el éxito económico se traduce en beneficios sociales y ambientales para las comunidades locales, no solo en ingresos meramente monetarios. 

En la Región de Murcia se acaba de constituir el Consejo Asesor de Turismo, que agrupa a las principales asociaciones de hosteleros y representantes de la administración regional, con el objetivo de implementar “un nuevo modelo de colaboración público-privada que aspira a consolidar el turismo como un motor prioritario regional, buscando impulsar un modelo turístico sostenible, generador de empleo y riqueza”. Sin embargo, bajo mi punto de vista, faltarían en este Consejo Asesor organizaciones vecinales y ambientalistas que vigilasen que, efectivamente, se persigue un modelo sostenible ambientalmente y justo socialmente y no solo la obtención de beneficios.

En esta época estival es el momento de replantearse el modelo actual de turismo masivo para transformarlo en un modelo que no atente contra los derechos laborales y contra el medio ambiente. No hacerlo nos condena a matar la gallina de los huevos de oro y a destruir una industria que debe adaptarse al siglo XXI, con el cambio climático como telón de fondo, que también influirá en el futuro del turismo mundial. 

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/modelo-turistico-posible_132_12505198.html

EL PACTO PP-VOX EN ENTREDICHO

Era una noticia anunciada desde hace meses. Firmado irónicamente un día después del Día Mundial del Medio Ambiente, se materializó el pasado 6 de junio el pacto de presupuestos entre el Partido popular y Vox en la Región de Murcia. En este acuerdo, plasmado en un documento de sólo 4 páginas, se confirma la rendición del PP regional a las exigencias de la ultraderecha, sobre todo en materias sensibles como el medio ambiente o la migración.

Así, en el pacto se manifiesta el “contundente rechazo a las políticas de asentamiento y reparto de inmigrantes ilegales impuestas por el Gobierno de España”, demostrando una patente insolidaridad con otras Comunidades Autónomas, especialmente con el gobierno canario, gobernado paradójicamente por el Partido Popular. En las Islas Canarias se aglomeran más de 5.600 menores no acompañados, de los cuales 800 cuentan con protección de asilo, llegando a una situación de saturación de los recursos, principalmente en los 82 centros de acogida de las islas.comisión interadministrativa  y al Consejo del Mar Menor.

En otra demostración de insolidaridad, en el pacto, la ultraderecha exige el cierre del centro de acogida de menores de Santa Cruz, en el que viven 60 menores de entre 10 y 17 años, algunos de los cuales desde hace más de 4 años, junto con 80 trabajadores, que denuncian el daño que pueden sufrir esos menores por el desarraigo al que se verán afectados. La alternativa a este cierre es la compra de viviendas por parte de la CARM para alojar a esos menores, pero es algo a lo que la ultraderecha se opone, una vez más. Asimismo, el acuerdo penaliza a las ONGs que trabajan con migrantes, al retirarles las subvenciones, en un ejercicio de falta de humanidad, al privar de atención a las personas que huyen de manera desesperada de sus países de origen. 

Todo esto obedece a una motivación puramente electoralista, la de asociar inmigración y delincuencia, idea falsa alentada con prejuicios y bulos que la ultraderecha difunde. Pero los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que los españoles delinquen más que las personas extranjeras en términos absolutos. En 2022, un 74,19% de los condenados tenían nacionalidad española, frente a un 25,81% de extranjeros. 

Otro punto del acuerdo basado en una falacia es el que hace referencia a las “okupaciones”. A pesar de la intención de crear un estado de alarma entre la población, lo cierto es que las llamadas “okupaciones”, es decir, el allanamiento y usurpación de inmuebles, afectan en la Región de Murcia solamente al 0,055% de las viviendas, 435 casos oficiales de un total de 780.000 viviendas en toda la región. Esa cifra, correspondiente a 2023, es, además, un 34% más baja que el año anterior. Seguir infundiendo miedo en la sociedad es el mecanismo que tiene la ultraderecha para intentar ganar poder, algo totalmente alejado de la ética que debe tener un partido político que aspira a gobernar.

Otro aspecto polémico del pacto es la “reducción de las aportaciones dirigidas a las Organizaciones Sindicales y Empresariales”, subvenciones que tachan de “parasitismo institucional” y “gasto superfluo” dirigido a “chiringuitos”, cantidades que suponen alrededor del 15% de sus ingresos, lo que podría afectar a la calidad de la atención a los trabajadores y trabajadoras con una merma, por tanto, en sus derechos. Sin embargo, el gobierno regional se arriesga a que la justicia tumbe la medida, como ya ocurrió en Castilla y León, cuando el Tribunal Superior de esa Comunidad Autónoma obligó a la Administración regional leonesa a devolver cerca de dos millones de euros a CCOO y UGT tras una denuncia de éstos.

Entre las medidas acordadas entre PP y Vox, preocupa especialmente a las entidades ambientalistas las referentes a la caza y al Mar Menor. En el primer caso, se pretende poner en práctica la gestión y la defensa de varios aspectos prohibidos actualmente por normativas estatales y europeas, como la caza de la tórtola y el arrui, o la práctica del silvestrismo, y que pretende, además, imponer actividades extraescolares con el objetivo de fomentar la caza entre los más pequeños.

En cuanto al Mar Menor, las modificaciones legislativas pactadas incluirían “sustituir un objetivo ambiental, por uno basado en la explotación de este recurso natural”, tal y como denuncia la Alianza Mar Menor (AMARME), además de excluir del ámbito de aplicación del actual ley al término municipal de Fuente Álamo, territorio por el que transita gran parte de la rambla del Albujón y donde se sitúan muchas macrogranjas de porcino. También se pretende eliminar la Comisión Interadministrativa  y al Consejo del Mar Menor y otras medidas que afectarían de una forma radical a la albufera, imposibilitando su recuperación y agravando su situación ambiental. 

El pacto suscrito entre PP y Vox en la Región de Murcia supone un retroceso en los derechos humanos, en los derechos de los trabajadores y en el derecho de un ente jurídico como es el Mar Menor, todo ello para asegurar la permanencia del presidente López Miras en el poder unos cuantos años más, a costa de los intereses de la mayoría. Todo un despropósito. 

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/pacto-pp-vox-entredicho_132_12429886.html

EL LÍMITE DE LOS TRASVASES

El pasado martes 13 de mayo fue rechazada por la mayoría de los grupos en el Congreso la iniciativa legislativa presentada por López Miras para “blindar” el trasvase Tajo-Segura, con los votos en contra de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, con la abstención de Podemos y los votos favorables de PP, Vox y UPN, que no alcanzaron su objetivo. López Miras califica de “decisión unilateral del gobierno” el resultado de esa votación, como si fuera algo que el “malvado Sánchez” hubiera decretado en solitario, obviando que es la mayoría de la Cámara Baja la que, de forma democrática, ha tomado esa decisión. También argumenta el presidente regional que han sido “criterios ideológicos” los que han dirigido este asunto, y no criterios técnicos o ambientales. 

La polémica ha surgido por las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura presentadas por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que proponen reducir las derivaciones hasta en un 40% para 2027, pasando de una media de 320 hm3 anuales trasvasados actualmente desde la cabecera del Tajo hacia el Levante, a 248 hm3 en 2026 y 193 hm3 en 2027. Pero esto no es una decisión arbitraria, sino que responde a una serie de estudios realizados por la Cátedra del Tajo de la UCLM por los que se ha comprobado que no se cumplen los caudales mínimos legales del Plan Hidrológico del Tajo. Así, existen ocho masas de agua en las que, al menos en algún día, el caudal circulante era inferior al fijado como mínimo, en ríos como el Jerte, el Jarama, el Tajuña o el Manzanares, entre otros, además del propio río Tajo a su paso por Talavera de la Reina o Aranjuez. 

Además, el Tribunal Supremo acaba de sentenciar en firme que el Plan Hidrológico del Tajo (2022-2027) vulnera la normativa europea de aguas, obligando al MITECO a establecer inmediatamente caudales ecológicos en las zonas protegidas de todo el recorrido del rIo, sobre todo en las áreas incluidas en la Red Natura 2000, y no de forma escalonada hasta el año 2027. 

Habría que explicarle a PP murciano que este rechazo al “blindaje” del trasvase no es una confabulación contra la Región de Murcia, sino una manera de garantizar, en un contexto de cambio climático, la buena salud ambiental de nuestros ríos en general, y del Tajo en particular. Hay que recordarle a López Miras que los caudales ecológicos cumplen una función muy importante, como es mantener la biodiversidad, garantizar el buen estado de los ecosistemas fluviales o reducir la degradación y pérdida de los humedales, tal y como dicta la Directiva Marco del Agua.

Sin embargo, ¿cuál es la reacción del PP? Una vez más, los populares murcianos tildan de “traidores” a los que osan poner en cuestión el sacrosanto trasvase, mientras que el PP de Castilla-La Mancha asegura que “nunca van a ceder a las pretensiones del ecologismo”. La derecha española vuelve a retomar la vieja falacia de que “el agua de los ríos se pierde en el mar”, volviendo el PP murciano al famoso “Agua para todos” del 2001, y a tratar a los ríos como meras tuberías que transportan agua de un lado a otro. 

Y todo eso, ¿para qué? Para atender a la insaciable agroindustria, esa maquinaria que produce enormes daños ambientales y sociales, cuyo principal damnificado en nuestra Región sigue siendo el Mar Menor, a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Segura ya ha detectado más de 8.000 hectáreas de regadío ilegal en el entorno de la laguna, y obligado a la Consejería de Agricultura a restituir casi 3.000 hectáreas, pasando a ser terrenos de secano o de vegetación natural. Estas restituciones han permitido reducir en cerca de 500 toneladas la contaminación difusa por nitratos al Mar Menor, pero aún queda camino por recorrer.

La pretensión del PP murciano de “blindar” el trasvase, es decir, de asegurar la transferencia de agua para la agricultura intensiva, pasando por encima de otros usos y del mantenimiento del buen estado de los ecosistemas fluviales, es hipotecar el futuro de los ríos en un contexto de cambio climático cuyas consecuencias ya sufrimos, y ante el cual debemos adaptarnos cuanto antes. Será el cambio climático el que tenga la última palabra sobre el mantenimiento (o no) de las políticas de trasvases, y no las decisiones tomadas en los despachos.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/limite-trasvases_132_12309227.html

ALGUNAS REFLEXIONES TRAS EL APAGÓN

Tras el “gran apagón” del pasado 28 de abril, el gobierno continúa investigando cuáles son las causas últimas de este incidente que causó miles de millones de euros en pérdidas económicas y encendió las alarmas en toda Europa. En el momento de redactar este artículo, parece que hay un sospechoso número uno, el deficiente sistema de estabilización de la red eléctrica, que permita mantener un equilibrio permanente entre la capacidad de generación y el consumo. El complicado mix de generación de energía en España, donde coexisten todo tipo de fuentes, tanto renovables (eólica, solar e hidroeléctrica) como no renovables (nuclear y centrales de carbón, gas y petróleo), dificultan la gestión de la energía en nuestro país.

En este episodio, los hay que arriman el ascua a su sardina, como la derecha y la ultraderecha, que aprovechan para cargar contra las energías renovables y apoyar a la energía nuclear, actuando como un lobby, llevados por su obsesión de ir en contra de la Agenda 2030 de la UE, aunque se haya demostrado que esta fuente es poco flexible, ya que su apagado y encendido requiere de mucho tiempo. La nuclear es una energía demasiado rígida que no responde de forma eficaz a los picos de demanda, en invierno y en verano, además de representar solamente el 20% de la generación de energía y arrastrar grandes problemas como la gestión de los residuos radiactivos, el riesgo de accidentes y su escasa rentabilidad económica.

Si el problema es que las renovables no pueden almacenar energía, ya se está trabajando para instalar baterías de almacenamiento en plantas eólicas y fotovoltaicas para guardar la energía e inyectarla durante dos, tres o cuatro horas, y poder usarla en las horas más tensionadas, en las que la generación no puede suplir la demanda, tal y como afirman desde la Fundación Renovables. El problema es el coste elevadísimo que conllevaría la instalación de esas baterías, que repercutiría sin duda en la factura de la luz, ya de por sí elevada.

Tanto la Fundación Renovables como la Red Eléctrica Francesa (RTE), aseguran que las renovables no fueron la causa de la caída de la red eléctrica, sino que la desconexión de las plantas renovables fue una consecuencia del cero de red. Aunque las renovables representaban el 70% de la generación eléctrica en España antes del incidente, RTE subraya que esa proporción no es inédita y que ya se había registrado en 2024 y 2025.

Aunque en nuestro país es la primera vez que ocurre un apagón a un nivel tan masivo, en los países de nuestro entorno ya ocurrió algo parecido en varias ocasiones: en Francia en 1978 y 1987, en Italia en 2003, en Alemania en 2006. Estos acontecimientos están haciendo que ciertos expertos e ingenieros se replanteen el modelo energético europeo. Según estos expertos, la existencia de una red inmensa y sobredimensionada de interconexiones eléctricas, diseñadas a partir de la década de los años 50, que abarca todo un país y que se extiende por todo el continente puede ser una debilidad para hacer frente a situaciones de emergencia como la vivida en España. Por el contrario, se apuesta por una red más descentralizada y territorializada, con la implantación de las llamadas “smart grids” (redes inteligentes), que integran tecnologías informáticas en tiempo real, de tal modo que se recogería información sobre el estado de la red e informaría a los consumidores sobre su demanda de electricidad, ajustando de un modo más exacto la producción y el consumo de energía.

Hay investigadores que van más allá, como el francés Jonathan Coignard, de la Universidad de Grenoble y especialista en autoconsumo energético, que estima que este apagón nos debe llevar a repensar nuestra relación con la electricidad. Coignard plantea la existencia de comunidades locales energéticas en las que no haya más de 2 kilómetros de distancia entre las fuentes de energía, principalmente de fuentes renovables, y los consumidores, cuyo vecindario aceptaría la sobriedad en el consumo eléctrico, siendo los propios consumidores los que tomarían decisiones de forma democrática y colectiva en relación al uso de la energía, saliendo así de las soluciones técnicas ofrecidas por ingenieros especialistas en la arquitectura de las grandes redes, con el fin de reflexionar colectivamente sobre nuestro modo de hacer sociedad, recuperando así el poder de acción sobre la red eléctrica. 

En un mundo ávido de electricidad, es preciso hacer una reforma en profundidad del sistema eléctrico, en el que la búsqueda de beneficios rápidos no sea el primer objetivo de las empresas que producen y suministran energía. Se debe repensar, además, el diseño de este sistema centralizado, mastodóntico, que cronifica las desigualdades y susceptible de ser vulnerable, como se experimentó el pasado lunes.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/reflexiones-apagon_132_12279998.html?fbclid=IwY2xjawKJpsNleHRuA2FlbQIxMQABHsm9xXmqzmWWoq-52gi4h371pmdSHPDHmFmA3r8d79ZZA7gjQD_ldgs5AoyL_aem_lbE2dLg230Uu812qIRfM_Q

EL PACTO DE LA VERGÜENZA A LA MURCIANA

López Miras se ha plegado a las exigencias de Vox, haciendo suyos los postulados ultras, todo para seguir agarrándose al poder, aunque ello ponga en riesgo la concesión de ayudas europeas por valor de miles de millones de euros, la mayoría destinadas a la lucha contra el cambio climático, a través de medidas como la restauración ecológica de los ríos, la rehabilitación de casas para que sean más eficientes desde el punto de vista energético, el fomento del transporte sostenible o la recuperación del litoral, muy ligado en nuestro región con el Mar Menor.

En una muestra más de su irresponsabilidad, el Partido Popular de la Región de Murcia, a través de su presidente, ha afirmado que “rechazan el Pacto Verde Europeo”. Pero, ¿sabe el PP en qué consiste este pacto? Aprobado en 2019, pretende poner a Europa a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, con un objetivo claro, alcanzar la neutralidad climática para 2050, es decir, reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Además, se quiere implementar la economía circular, aquella que minimiza la producción de residuos y que aspira a reducir la obsolescencia programada, es decir, a prolongar la vida útil de los aparatos que usamos, entre otras medidas.

El aspecto del Pacto Verde que irrita a la ultraderecha es el relativo a la agricultura y ganadería. El acuerdo europeo pretende favorecer una gestión sostenible de los cultivos y un mayor bienestar animal, así como producir más con menos, mediante la reducción en el uso de fertilizantes y plaguicidas, así como de antibióticos y otros medicamentos veterinarios y la adopción de postulados ecológicos en las explotaciones agrarias, con el fin de reducir su impacto sobre la biodiversidad, garantizando que los alimentos sean saludables y asequibles. La agricultura es responsable del 10,3% de las emisiones de GEI de la Unión Europea y casi el 70% de sus emisiones proceden del sector de las actividades ganaderas. La Estrategia “De la Granja a la Mesa” intenta mejorar estos datos por medio de las medidas citadas, además de reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y luchar contra el fraude alimentario en la cadena de suministro.

La Región de Murcia tiene mucha responsabilidad en las emisiones de gases, ya que contamos con dos millones y medio de cabezas de ganado porcino, más que habitantes tiene la región, generando el 20% de los residuos de porcino de toda España, con cinco millones y medio de toneladas anuales de purines y estiércol que contaminan el suelo y las aguas subterráneas. La pretendida construcción de plantas de biogás proyectadas en la región no son ajenas al efecto llamada para la proliferación de estas macrogranjas de porcino, ya que sus residuos serían la materia prima para esas plantas. 

El PP murciano está en contra de las medidas que el propio Partido Popular Europeo apoya. El grupo conservador en el Parlamento Europeo “ha defendido la ambición climática de reducir en torno al 55% las emisiones de CO2 para 2030 y ha abogado por la innovación”, tal y como aparece en su página web. López Miras y los suyos, fagocitados por la ultraderecha, demuestran ser tan anti-europeos como Vox y no tener escrúpulos de estar contra los intereses de la mayoría de murcianos y murcianas, defendiendo que se mantenga el modelo agrícola y ganadero intensivo, causante de residuos contaminantes que envenenan el suelo y los acuíferos, no aplicando medidas que mejoren el transporte público que reduzcan así la contaminación atmosférica.

Esto no es sino una estrategia, una vez más, para atacar al gobierno central, ya que firmando este acuerdo de presupuestos autonómicos con la ultraderecha, tal y como han hecho en la Comunidad Valenciana, quieren dejar en evidencia que no se está logrando, por ahora, el acuerdo para aprobar los PGE en el Congreso, haciéndonos creer que, ellos sí, son buenos gestores al conseguir esos presupuestos, aunque ello suponga ir en dirección contraria a lo que se está intentando hacer en Europa. Declararse abiertamente en contra del Pacto Verde supone retrasar la transición ecológica de la economía, seguir dependiendo de terceros países que nos suministran energía y poner en riesgo los empleos del futuro. 

Articulo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/pacto-verguenza-murciana_132_12177303.html

EL PP Y LA ADOPCIÓN DEL NEGACIONISMO

Las sucesivas borrascas que atraviesan la península, asociadas a lluvias intensas y a la bajada de las temperaturas, han hecho resucitar los argumentos “cuñados” en las redes sociales, algunos de ellos a cargo de conocidas estrellas mediáticas, por el que se cuestiona sin sonrojo la existencia del cambio climático, como si las condiciones meteorológicas de una zona concreta en un periodo concreto (en este caso, la Península Ibérica y en este mes de marzo) fueran representativas de la situación planetaria. Sin embargo, la Organización Meteorológica Mundial confirma que 2024 fue el año más cálido jamás registrado, al superar en cerca de 1,55°C los niveles preindustriales. Si echamos un vistazo a la gráfica de la evolución de la variación de la temperatura media con respecto a 1950, se comprueba que esta curva se hace cada vez más pronunciada, alejándonos de la media de año en año. Además, los últimos siete años han sido los más cálidos desde que se tienen registros.

El cambio climático se refiere a la variación global del clima, a un cambio en los patrones climáticos por los cuales se producen olas de frío cuando no toca, incendios a gran escala. aumento de las precipitaciones masivas, como las DANA que asolan nuestro país, tal y como ha desvelado el Informe de Riesgos Climáticos de la Región de Murcia, coordinado por el catedrático en Geografía Física de la UMU, Carmelo Conesa García. Este informa revela que el cambio climático dará lugar a un incremento en la magnitud e intensificación de la fuerza de las lluvias y a una relativa mayor frecuencia de estas DANAs.

Otros signos palpables de las consecuencias de este fenómeno global son el retroceso y la desaparición de los glaciares, como ya está ocurriendo en los Pirineos, el aumento de la temperatura del Mediterráneo, cuya consecuencia primera es la intensificación de las lluvias torrenciales, o el aumento de casos de enfermedades tropicales como el dengue o el virus del Nilo, como se ha comprobado recientemente en Tarragona o Sevilla, entre otros.

La ultraderecha continua negando la existencia del cambio climático, calificándolo de “fanatismo climático”. Pero lo más grave es que el Partido Popular se ha sumado a esta postura, a través del pacto alcanzado entre el PP valenciano de Mazón y Vox para aprobar sus presupuestos. Para ello, el presidente valenciano no tiene empacho en hablar de una “agenda ambientalista mal concebída” en Europa, de la aplicación de un “pacto verde radical” o en eliminar todas las partidas destinadas a Agenda 2030 y Desarrollo Sostenible. Eso sin hablar de otros temas como la inmigración o la memoria histórica, asumiendo como propio el ideario xenófobo y negacionista de la ultraderecha, todo ello con el beneplácito de Génova, tal y como ha afirmado su portavoz Borja Sémper, al admitir que están de acuerdo con ese pacto, todo en aras de la “estabilidad” en el gobierno, aunque eso implique una deriva reaccionaria.

Pero lo más grave en relación a nuestra región es que el PP espera que esos pactos se reediten en otras Comunidades Autónomas como Aragón o Murcia. En la Región de Murcia planea, por tanto, la amenaza de ese pacto entre PP y Vox que incluirían los mismos puntos que el pacto valenciano en relación al Pacto Verde, la inmigración y la memoria histórica, retrocediendo en la lucha contra la contaminación atmosférica, problema muy grave que sufrimos los murcianos y murcianas, la recuperación del Mar Menor, el reconocímiento de los derechos de los inmigrantes o  la transmisión veraz de la historia reciente, sin dogmatismos ni falsedades. 

La adopción por parte de la derecha española de los postulados de la ultraderecha es una muy mala noticia que confirmaría el retroceso en materias como la lucha contra el cambio climático y los derechos sociales. Sólo queda que la sociedad civil reaccione y no permita, de una manera democrática, esta involución. 

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/pp-adopcion-negacionismo_132_12142220.html?fbclid=IwY2xjawJHcodleHRuA2FlbQIxMQABHS8SoBiEDYr4N9FLS5Dq0_50zquXD5z_B5ffmoGp06y934GZRz43Ch6vwg_aem_KoxF8ohV236Vxyto9F3_9Q

EL COLMO DE LA ESTUPIDEZ

La llegada al poder de Trump y el ascenso de la ultraderecha en Europa, representado en el “akelarre” ultra del pasado fin de semana en Madrid, coincide con una avalancha de ideas disparatadas que pueblan las redes sociales y que, en algunos casos, son amplificadas por los medios de comunicación convencionales. ¿Casualidad? No lo creo.

Como ejemplo, asistimos incrédulos a la presencia en “prime time” de televisión de un terraplanista que niega que la Tierra sea redonda, con argumentos que harían palidecer de vergüenza al mismísimo Galileo. Otro ejemplo lo encontramos en las declaraciones del otrora líder de Ciudadanos, al calificar de “estafa piramidal” el sistema público de pensiones, en un claro intento de demonizarlo, para favorecer así los planes de pensiones privados. Lo chocante es que se le de cancha en los medios a estos difusores de mentiras sin ningún problema, solo por buscar audiencia fácil. 

El colmo de lo absurdo lo encontramos cuando Trump anuncia aranceles del 25% a los productos europeos, entre ellos el acero, el aluminio, con el riesgo de que afecte a otras mercancías tan valiosas en España como el aceite de oliva, lo que afectará sin duda a la economía de nuestro país, y la ultraderecha lo aplaude, solo porque lo lleva a cabo su adorado presidente norteamericano, tirando piedras contra su propio tejado. O cuando Marine LePen, líder del partido ultra francés, ataca a los productos agrícolas españoles, pero recibe igualmente el apoyo de Santiago Abascal y su partido. Pero lo más sangrante es que haya personas de a pie que lo apoyen, sin calibrar las consecuencias.

Otras ideas que, desde la ultraderecha, nos quieren inocular, y que también repiten en la Región de Murcia, son que no necesitamos a la inmigración para nuestra economía, cuando es sabido que la baja natalidad de Europa en general y España en particular haría que, para sostener el sistema de pensiones y atender la demanda de trabajadores en sectores como la construcción, la hostelería o la agricultura, se requeriría de unos 300.000 trabajadores extranjeros al año, cifra que ascendería a unos 60 millones de aquí a 2050, si hablamos de Europa al completo.

También el pago de impuestos es la diana de la extrema derecha (y del Partido Popular), acusando al gobierno de que vivimos en un “infierno fiscal”, obviando que es gracias a los impuestos que se puede mantener la Sanidad y la Educación públicas, que se arreglan o construyen carreteras, hospitales y colegios, se mejora el transporte público, se invierte en ciencia o que se conceden ayudas a personas que lo necesitan. Y de nuevo, lo peor es que hay gente que compra ese discurso, aunque vaya en contra de sus propios intereses.

¿Y qué decir de la cultura? La extrema derecha censura libros y películas, llega a acosar y agredir a escritores, como se vivió en la pasada Feria del Libro de Madrid, prohibe obras de teatro en los ayuntamientos donde gobierna, vandaliza monumentos conmemorativos de personas de izquierdas, hechos que nos recuerdan los peores años del nazismo. Reniegan de la industria cinematográfica española, que cosecha premios y éxitos de público, alcanzando altas cotas de calidad. 

En cuanto al cambio climático, la negación de este fenómeno global y certificado por la ciencia, por parte de la ultraderecha nos lleva a que gran parte de la sociedad que les sigue cierre los ojos ante las causas que agravan hechos catastróficos como los incendios forestales, las inundaciones (como la reciente DANA en Valencia) o las olas de calor y frío que asolan nuestro país año tras año, y que tan caros son en vidas humanas y pérdidas materiales. Ideas falsas como que la demolición de pequeños azudes es la causa de las inundaciones se extienden entre un sector de población desinformada y crédula de los bulos que circulan por las redes sociales.

Nos tenemos que preguntar las razones de que esta ola de ideas de extrema derecha campe a sus anchas, máxime cuando la ideología fascista fue causante de los mayores desastres del siglo XX, dos guerras mundiales, cientos de millones de muertos y dictaduras en países europeos durante décadas. ¿Qué hace que millones de personas en Occidente repitan ideas insensatas sin cuestionarse siquiera si son ciertas o no? ¿Qué provoca que, en un mundo donde más posibilidades tenemos de llegar a una información veraz y donde cualquier persona puede formarse, haya gente que dé por buenas ideas falsas que van en contra de sus intereses? 

La aceptación de manera acrítica de estas ideas que podemos calificar de estúpidas no nos hace albergar muchas esperanzas sobre el futuro inmediato, pero hay que continuar con la pedagogía, explicando una y mil veces, si hace falta, que persistir en esas posturas solo nos puede llevar al desastre. Seguiremos insistiendo. 

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/colmo-estupidez_132_12046850.html

¿UNA JUVENTUD MÁS ULTRA?

 

En junio de 1934 se publicó en Francia un manifiesto titulado “La juventud frente al fascismo”, firmado por intelectuales, profesionales de distintas ramas, estudiantes, escritores (entre los que se contaban Paul Éluard, André Breton, Louis Aragon, Jean Giono o André Gide, entre otros). En esta publicación se analizaban las razones por las que la juventud podría abrazar la ideología fascista, como estaba ocurriendo en la Alemania nazi y la Italia de Mussolini. El paro y la desesperación ante la situación económica les empujaban hacia esa ideología, afirmaban. También enumeraban los puntos de la propaganda fascista, el nacionalismo, el odio al extranjero, el antiparlamentarismo, y advertían a la juventud de los peligros de adscribirse a esas ideas.

Noventa años después, parece que la historia se repite. Un estudio elaborado por el instituto de investígación social CIMOP (siglas de Comunicación, Imagen y Opinión Pública) revela que un cierto porcentaje de jóvenes de entre 16 y 30 años desconoce la historia reciente de España, o tienen una visión sesgada de la misma, repitiendo falsos mantras que la ultraderecha difunde, relativos al franquismo y a la Transición. Estas ideas falaces, preconcebidas y maniqueas se han llegado a escuchar en el Congreso de los Diputados, cuando lideres ultras afirmaban que el actual gobierno es “el peor en los últimos 80 años”, o que el franquismo fue un periodo “de reconstrucción, progreso y reconciliación”. 

Si uno se da una vuelta por las redes sociales, y sobre todo en la red del hombre más rico del mundo, podemos comprobar cómo circulan todo tipo de falsedades sobre la etapa más negra de la historia del siglo XX en nuestro país, la guerra civl y la dictadura franquista, atribuyéndoles todo tipo de virtudes, justificando el golpe de estado y la posterior represión que mató o envió al exilio a centenares de miles de compatriotas. Así, se asocia la Segunda República solamente con la izquierda, obviando que hubo un gobierno de derechas entre noviembre de 1933 y febrero de 1936; se habla de la guerra civil como “lucha fratricida”, poniendo en la misma balanza a los golpistas y el gobierno legítimo; o se idealiza la época franquista, sin tener en cuenta la represión, los encarcelamientos, las ejecuciones y el exilio de las personas que no acataron el nuevo orden o que tenían un pasado republicano.

Esta ola reaccionaria y ultraderechista que recorre Europa, España y la Región de Murcia tiene su reflejo en las aulas. Adolescentes que repiten esos mantras, o que entonan el “Cara al sol”, a menudo sin saber que es un himno fascista, que reproducen lo que escuchan en casa, sin ningún atisbo de crítica, son el caldo de cultivo de algo muy peligroso, la extensión de ideas racistas, xenófobas y machistas que contaminan a la gente joven. 

El problema es que no solamente Vox usa esa estrategia de difundir bulos alabando el franquismo para ganar votos, sino que el propio Partido Popular se apunta a esa estrategia, temeroso de que la extrema derecha le coma la tostada. Por ello, el PP adopta el argumentario ultra referido a temas como la inmigración, el ultranacionalismo o el feminismo, y apoya a dirigentes ultras como Trump, Netanyahu o Milei, además de ser muy tibios a la hora de condenar el franquismo, habiéndose opuesto al traslado de los restos de Franco de Cuelgamuros y, en este año, que se cumplen 50 años de la muerte del dictador, estando en contra de la conmemoración de este hecho que inició la etapa democrática en España, como hacen los países de nuestro entorno que han vivido una dictadura, como Portugal y Alemania.

En Murcia vemos cómo el actual consistorio, con el alcalde Ballesta a la cabeza, ha emprendido la reforma de la llamada Cárcel Vieja, para convertirlo en un espacio amable que haga olvidar que fue un lugar de represión durante 50 años, donde llegaron a estar encerradas más de 3.000 personas a la vez en la época de la dictadura, y que fue lugar de torturas, fusilamientos y humillaciones. La actual reforma obvia deliberadamente toda referencia a la memoria de esos muros, siendo un escalón más para olvidar la etapa más oscura de nuestra historia reciente. Ese empeño de la derecha y la ultraderecha de que no se hable de los 40 años de franquismo, argumentando que “hay que pasar página” y que hablar de ello “divide a los españoles” es el terreno abonado para el resurgir de la extrema derecha, sobre todo entre la juventud, que no ha vivido esta etapa y que es permeable a ideas falsas que blanquean el franquismo.

Ante esto, hay que hacer hincapié en la educación, con campañas que expliquen con rigor científico lo que pasó realmente, y que la historia que se explica en los institutos esté libre de sesgos ideológicos, dedicando un tiempo efectivo a tratar esta etapa histórica y contrarrestando los bulos que las redes sociales difunden, aunque es un trabajo ímprobo muy difícil de llevar a cabo. Ya se sabe que si no se conoce la historia, estaremos condenados a repetirla. 

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/juventud-ultra_132_11970706.html

UNA REGIÓN CONTAMINADA

Una vez más, y como viene ocurriendo cada cierto tiempo, la ciudad de Murcia atraviesa episodios continuados de alta contaminación atmosférica, situación que afecta directamente a la salud de la población, especialmente a la infancia y a las personas mayores. La capital de la región es una de las ciudades españolas con mayor contaminación, debido sobre todo a los humos expelidos por los tubos de escape de los vehículos privados y a las quemas agrícolas que siguen realizándose sin control. Pero esto no es exclusivo de Murcia; la Región de Murcia es la comunidad autónoma más contaminada, superando en más de un 30% la media nacional, según los últimos datos del INE. También Cartagena, Lorca, Alcantarilla, Molina de Segura, registran una calidad del aire negativa en más del 90% de año, según los datos de la propia Consejería de Medio Ambiente, con altas concentraciones de partículas PM10 y PM2,5, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y ozono que afectan a las vías respiratorias, agudizando las enfermedades pulmonares y reduciendo la esperanza de vida. 

Las autoridades municipales culpan de esta contaminación principalmente a la “intrusión de una masa de polvo sahariano”, ese cajón de sastre que se suele utilizar para desviar la atención de las verdaderas causas, como es el tráfico desmesurado, sobre todo en las horas punta, las 9 de la mañana y a las 8 de la tarde, momentos en los que se superan los 200 microgramos por metro cúbico de contaminantes en suspensión. La reversión de los planes de movilidad llevada a cabo por el actual consistorio capitalino, sumado a las deficiencias en materia de transporte público en la ciudad de Murcia, nos da como resultado la reincidencia en los episodios de contaminación extrema que supone la suspensión de actividades deportivas en los centros educativos, la recomendación de usar mascarilla y de no realizar actividades al aire libre.

El ayuntamiento de Murcia se jacta de tener el protocolo de calidad del aire "más avanzado de España”. Podemos estar de acuerdo en que se realizan mediciones de contaminantes atmosféricos, pero este protocolo se limita a advertir a la población de estos episodios acompañados de diversas recomendaciones, algunos posts en redes sociales y poco más. Sin embargo, no existe un plan real de prevención ni se incide en las causas reales de la contaminación. Los coches campan a sus anchas, y tenemos el peor sistema de transporte público del país, algo extensible al resto de la región. Al año se realizan en la Región de Murcia mil millones de desplazamientos, cuatro millones al día. Pues bien, el 95% de estos mil millones de desplazamientos se realizan mediante el transporte privado. Solo un 5% de estos trayectos se llevan a cabo mediante transporte público.

Los expertos tienen muy claro cuáles deben ser las vías para disminuir la contaminación atmosférica. Según la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, es de obligado cumplimiento la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes, en nuestra región, Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. Estas ZBE deberían de haber sido implantadas a partir del 1 de enero de 2023. Sin embargo, ninguna de estas ciudades ha hecho los deberes a día de hoy, por lo que, recientemente, el Defensor del Pueblo ha exigido que se habiliten esas zonas. Pero los ayuntamientos del Partido Popular de la Región de Murcia se escudan en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se anularon las áreas delimitadas por el equipo de Almeida por lo que, en el caso de implantarse esas ZBE, no se incluirá la restricción al tráfico para los vehículos más contaminantes, ni discriminará el acceso según el distintivo ambiental. El Ministerio de Transición Ecológica ya ha advertido que esto podría suponer la pérdida de fondos europeos. 

La sociedad civil debe reaccionar ante la inacción de los ayuntamientos en materia de contaminación atmosférica y la falta de medidas efectivas para potenciar el transporte público, a pesar de las demandas aplastantes de la población. Sólo así se protegerá la salud colectiva ante estas agresiones ambientales.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/region-contaminada_132_11887754.html