El 11 de marzo se cumplen cuatro años de la catástrofe nuclear de Fukushima, en la que la central sufrió daños muy severos como consecuencia del terremoto y posterior tsunami que asoló el noreste de Japón ese día. A consecuencia de ese desastre, se emitió a la atmósfera una cantidad indeterminada de gases radiactivos que recorrieron el planeta, siendo detectados hasta en España, además de vertidos radiactivos al mar, la muerte directa de decenas de personas y la evacuación de cientos de miles de habitantes a 30 kilómetros a la redonda de la central, declarándose como “zona muerta” ese área.
Es una ocasión para recordar los peligros de la energía nuclear, de los que en España no somos ajenos, sobre todo por nuestra situación en una zona de alta actividad sísmica, como se ha demostrado recientemente con el terremoto de Ossa de Montiel, de una intensidad de 5,2, o el de Lorca, de 5,1 de magnitud, ocurrido justo dos meses después del terremoto de Japón. De las seis centrales nucleares en activo actualmente en nuestro país, la más antigua de ellas, Garoña, puesta en funcionamiento en 1971, es gemela de la que sufrió el accidente en Fukushima. Aunque cesó su actividad en 2012, el gobierno de Rajoy pretende reabrir la central de Garoña para prolongar su vida útil hasta los 60 años (es decir, hasta 2031), a pesar de las dudas en seguridad que esta central suscita, y de que está ampliamente amortizada. Afortunadamente, las oposición en pleno (salvo CiU y UPyD) se comprometió en diciembre de 2014 a no reabrir Garoña en el caso de que el PP dejara el poder.
Se calcula que las nucleares españolas han cobrado en concepto de amortización de la inversión más de 22.000 millones de euros, a partir de la moratoria nuclear de 1984, una gran parte de esa cantidad asumida por los consumidores a través del recibo de la luz. La apuesta por parte del gobierno popular por las energías “sucias” se pone una y otra vez de manifiesto por su intención de alargar la vida útil de las centrales nucleares, por permitir las prospecciones petrolíferas en Canarias (sin resultados) y la extracción de gas subterráneo por el método del fracking, y por aprobar los recortes a las renovables, acusándolas de todos los males (especialmente del llamado “déficit de tarifa”).
La última escenificación de este apoyo a las fuentes de energía contaminantes se vio la pasada semana con la firma de unos acuerdos entre España, Francia y Portugal, por los que se establecerán conexiones energéticas (principalmente por medio de gasoductos) entre los tres países para que la Península Ibérica deje de ser “una isla energética” y para “abaratar el precio de la energía a los ciudadanos”. Por cierto, que España contribuirá con 1.500 millones de euros a esa interconexión.
Cuatro años después de la catástrofe nuclear de Fukushima, no parece que nuestros gobernantes tengan la más mínima intención de iniciar la transición hacia fuentes de energía 100 % renovables, cosa perfectamente posible en España, según varios estudios, para el horizonte de 2050. Al contrario, se persevera en los errores, poniendo en peligro a los habitantes de nuestro país y con costes económicos y ambientales demasiado elevados. ¿Estamos dispuestos a asumirlos?
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:
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