viernes, 18 de enero de 2013

EL MEDIO AMBIENTE EN EL PUNTO DE MIRA DE LA CROEM

Tras las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional referidas, por un lado, a la anulación de la modificación a la Ley del Suelo de 2001 por la que se desprotegían 15.000 hectáreas de espacios naturales en la región y, por otro, la desestimación del recurso presentado por la CARM que pretendía anular la derogación del trasvase del Ebro, los empresarios de la Región de Murcia han decidido pasar al contraataque.

Ante la tramitación, por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, de determinadas iniciativas legislativas, como el Anteproyecto de Ley de Conservación de la Naturaleza y Biodiversidad, la Orden de Planificación Integrada de los Espacios Protegidos, el Plan de Gestión Integral de los espacios Red Natura 2000 del noroeste de la Región de Murcia o el Decreto de Especies Amenazadas, entre otros, la CROEM (Confederación Regional de Organizaciones Empresariales) ha remitido una carta al Consejero de Presidencia, Manuel Campos, instando a la Comunidad Autónoma a que anteponga los intereses económicos a la conservación del medio ambiente. Los empresarios quieren parar los planes ambientales porque "frenan el desarrollo".  Algunas de las perlas con las que nos "deleitan" son frases como que "los planes de recuperación de especies en peligro son «amenazas» para determinadas actividades económicas"; o que "la conservación del medio ambiente se considera un obstáculo para el desarrollo económico". Por otro lado, Miguel del Toro, presidente de la CROEM y firmante de la carta, pone en duda la profesionalidad de los técnicos de la dirección General de Medio Ambiente, acusándoles de "discrecionalidad" a la hora de emitir sus informes.

De nuevo se pone sobre la mesa la eterna disyuntiva entre protección de los recursos naturales y desarrollo económico. Para gran parte de la clase empresarial de esta región, el medio ambiente no es sino un medio para llevar a cabo sus proyectos, sin importar el impacto que puedan tener sobre él. Baste recordar las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, que afirmaba que «es preferible que vivan 20.000 personas a que lo hagan 20.000 lagartijas», usando un desafortunado argumento para posicionarse a favor de la urbanización de Marina de Cope. Las sucesivas leyes, ya sean de rango europeo, ya nacional o regional, que van en contra de sus intereses particulares, atentan, según su punto de vista, contra el desarrollo económico. Se escudan en la creación de empleo y de riqueza (aunque no dicen que la riqueza es para ellos) para defender que puedan degradarse espacios naturales o que las especies amenazadas lo estén aún más. 

Una cosa son los pequeños propietarios de tierras y otra los grandes empresarios, mayoritariamente representados en la CROEM, cuyos intereses van más allá de cultivar unos bancales de almendros o abrir un pozo de agua. Estos grandes empresarios tienen intenciones que provocan muchos más impactos, como pueden ser las macrourbanizaciones litorales o, como pudimos leer la semana pasada, la  noticia de que una empresa española pretende hacer prospecciones en el noroeste de Murcia para extraer gas por el procedimiento del fracking, actuación que ha sido denunciada públicamente por EQUO RM

Esperemos que la Consejería de Presidencia no sucumba a las presiones de esta organización empresarial, que ha actuado de esta manera, a mi juicio, espoleada por las últimas decisiones judiciales que van en contra de sus intereses y, tal vez, por las declaraciones de Valcárcel en las que decía que su gobierno está "en sintonía" con los empresarios. Si la Consejería da marcha atrás a estos proyectos de ley relacionados con la protección del medio ambiente, suspendiendo o paralizando su tramitación, tal y como pide la CROEM, demostrará que sirve al interés de unos pocos frente al interés general. Esperemos que no cedan a esas presiones.


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