Las medidas que los gobiernos autonómicos de Madrid, Navarra, Galicia y Castilla-La Mancha pretenden aplicar en la enseñanza pública en el inicio de este curso académico son un atentado a la línea de flotación de la calidad de los servicios públicos y un capítulo más en su intento de dinamitar lo público frente a lo privado. El aumento de 18 a 20 horas lectivas en el horario de los profesores de la Comunidad de Madrid anunciado por la presidenta Esperanza Aguirre alegando que "20 horas son, en general, menos de lo que trabaja el resto de los madrileños" (ver enlace), aunque matizadas después en Twitter, demuestra en primer lugar un desconocimiento de la realidad del trabajo de los docentes, algo totalmente inusitado en una persona que fue ministra de Educación con el gobierno Aznar. Y no se da cuenta (o sí, y eso sería mucho más grave) de que miles de personas creen a pie juntillas en lo que dice y que está contribuyendo así a la mala imagen de la ya desprestigiada función pública.
Pero además de un problema de imagen, estas medidas significarán el despido de miles de profesores y profesoras interinos/as, con lo que el problema del paro, que con tanto bombo el PP anuncia que arreglará, está aún más lejos de resolverse. Además, afectará a la calidad de la enseñanza, pues más horas de docencia directa con alumnos resta tiempo a otras tareas imprescindibles para mantener el nivel adecuado (tutorías con padres y alumnos, refuerzos, preparación de clases, corrección de exámenes, actividades extraescolares y culturales, etc.) (ver enlace).
Estas medidas son el laboratorio de ideas que, sin duda, un presumible gobierno popular aplicaría en la totalidad del estado español. El gobierno regional murciano anunció que no aplicará este tipo de medidas a la sanidad ni a la educación (ver enlace). No le hace falta: un supuesto gobierno central del PP lo hará por él. Mientras que en Madrid se pretende ahorrar con estas medidas 80 millones de euros, se subvenciona con 90 millones de euros a la enseñanza concertada (ver enlace). Están claras las prioridades de los gobiernos conservadores.
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