EL USO DE LA FUERZA CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL

El bombardeo de Caracas por parte del ejército de EE.UU. y la subsiguiente captura de Maduro y su familia suponen un grave atentado contra el derecho internacional. Según la ONU, la invasión de otro país es una violación grave de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza (Artículo 2(4)), con raras excepciones como la legítima defensa ante un ataque armado (Artículo 51) o una autorización del Consejo de Seguridad (Capítulo VII). Trump y su gobierno han incumplido este mandato de la ONU, abriendo el camino a que cualquier otro país se tome la justicia por su mano y justificando, de paso, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el genocidio del pueblo palestino por parte de Netanyahu. Si cualquier país poseedor de armas nucleares se arroga la potestad de invadir un país o aniquilar a todo un pueblo en nombre de la “seguridad nacional”, ¿con qué autoridad moral se puede impedir que, por ejemplo, China invada Taiwan o que Corea del Norte ataque a su vecino del sur?

Como era de esperar, las primeras reacciones del Partido Popular ante esta acción ofensiva de EE.UU. en Venezuela han ido en la dirección de justificarla, celebrando el bombardeo y, por tanto, la matanza indiscriminada de venezolanos y venezolanas en nombre de la “libertad”. López Miras se alinea con su partido, manifestando que este ataque supone “una oportunidad de libertad para el pueblo venezolano”. Valiente modo de restablecer la libertad, bombardeando a sus habitantes e imponiendo por la fuerza un régimen que debería surgir de la voluntad del propio pueblo venezolano, y no de los delirios megalomaníacos de un presidente de un país supuestamente democrático como es el norteamericano.

La aspirante a presidenta de Venezuela y reciente Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado, dice “estar lista para tomar el poder”, en una declaración más propia de un intento de golpe de estado que de tener intención de obedecer a la voluntad del pueblo venezolano. En la historia del último siglo de EE.UU. no son pocas las ocasiones en que el país más poderoso del planeta ha intervenido en algunos países que no comulgaban con la política yanqui, siendo el más conocido Chile en 1973, derrocando al legítimo presidente Allende, aunque ya había intervenido en otros países de América Latina como República Dominicana en 1965, y lo seguiría haciendo en  la isla de Granada en 1983, o en Panamá en 1989, eso sin mencionar a la guerra de Irak, basada en la falacia de la existencia de “armas de destrucción masiva”, argumento que fue apoyado por el presidente Aznar en 2003. 

A nadie se le escapa que, tal y como ocurrió en la guerra de Irak, el uso de argumentos como la lucha contra el narcotráfico o contra el terrorismo no son sino excusas para esconder el verdadero origen de esta operación: el control del petróleo que el país caribeño extrae y exporta principalmente a China, en un volumen equivalente al 80% de su producción. Aquí se juega el dominio económico y geoestratégico de las próximas décadas, con el gigante asiático que domina el mercado de las tierras raras, materia prima imprescindible para el desarrollo de las tecnologías punteras en comunicación en el área digital. 

Y, mientras tanto, Europa mantiene una postura tibia, sin condenar explícitamente el ataque, merced a la disparidad de opiniones en el seno del Parlamento Europeo, desde la izquierda y el partido verde que condenan la acción militar y abogan por la defensa de los derechos humanos, hasta la derecha y la extrema derecha, que aplauden la detención de Maduro y justifican el uso de la fuerza para revertir un régimen que no les es afín. Todo ello sin que sea óbice desear un régimen democrático para Venezuela, pero siempre desde el respeto a los derechos humanos y a la organización de elecciones limpias supervisadas por observadores internacionales.

Esperemos que esta manera de entender la política internacional, con el uso de la fuerza como modo de actuación, no se generalice, pues abre la puerta a posibles conflictos que, hasta ahora, estaban contenidos por el respeto a la Carta de la ONU y a un orden mundial que está en riesgo de orientarse hacia un panorama muy peligroso en este primer cuarto del siglo XXI.

Artículo publcado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/fuerza-derecho-internacional_132_12884222.html

SER ANTIFASCISTA, UNA OBLIGACIÓN MORAL

Se cumplen 50 años de la muerte del dictador en la cama, hecho que fue seguido de una transición a la democracia con sus luces y sus sombras, con el protagonismo del pueblo español, empeñado en dejar atrás 40 años de sacrificios y represión, por mucho que el emérito se arrogue ser “el que construyó la democracia”. Esa transición sufrió la amenaza casi constante de una involución reaccionaria por parte de un sector del ejército, que estuvo a punto de hacerla fracasar, llegando a su punto álgido con la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. 

Estos 50 años han traído un periodo de avances sociales y económicos, más palpables para el segmento más acaudalado de la sociedad, dando como resultado una marcada desigualdad de riqueza y renta, con el 10% más rico acumulando más del 60% de la riqueza total, mientras que la mitad inferior posee aproximadamente el 7%. Los apuros económicos de un amplio sector de la población se manifiesta en la dificultad, si no imposibilidad, de acceder a una vivienda digna o en la precariedad laboral, sobre todo entre la juventud.

En este contexto, asistimos al auge de la extrema derecha, fenómeno que no ocurre solamente en España, con Vox como tercera fuerza política, pisándoles los talones al Partido Popular, o en Cataluña, con Aliança Catalana haciendo lo propio con Junts, sino que ya lleva años sucediendo en Europa, con Alternativa para Alemania, los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni o Rassemblement National de Marine LePen en Francia, por citar algunos ejemplos cercanos. La ultraderecha propone soluciones populistas y simplistas para problemas complejos, acusando a migrantes, feministas, al colectivo LGTBI+, a ecologistas y partidos de izquierda de todos los males de nuestro país, con mensajes para incautos y crédulos que solo buscan soluciones inmediatas a sus problemas, aunque sean soluciones falsas. 

Es preocupante, sobre todo, cómo esas ideas se están introduciendo entre la gente joven, sobre todo en los chicos. Se estima que el 21% de la juventud abraza las ideas ultras, uno de cada cinco jóvenes, que suelen “informarse” mayoritariamente a través de las redes sociales y YouTube, fuente inagotable de noticias falsas, y desde donde agitadores cibernéticos difunden discursos de odio. En mi trabajo como profesor de Secundaria compruebo cómo adolescentes entonan himnos fascistas, a menudo sin conocer su origen, o repiten descalificaciones al presidente del gobierno, sólo siguiendo una moda que se vende como “antisistema”. Si en los años 70 el modo de canalizar la frustración de un futuro incierto era a través del movimiento punk, de orientación izquierdista y anarquista, en el siglo XXI es el acercamiento a la ultraderecha el modo que tienen los jóvenes de protestar por la falta de perspectivas de futuro. 

El Partido Popular se ha subido al mismo carro que Vox, llevados por su preocupación ante las encuestas que anticipan una subida en la estimación de votos de la ultraderecha. Sólo hay que escuchar a los representantes del PP, con Feijóo a la cabeza, repetir los mantras ultras, en su intento desesperado de impedir que Vox les supere por la derecha, y sólo hay que ver cómo los gobiernos autonómicos gobernados por el PP asumen como propios los postulados de Vox, como la denuncia de la Agenda 2030, la culpabilización de la inmigración, o la acusación al feminismo de ser “demasiado radical”.  

Ocurre en la Comunidad Valenciana, con la investidura de Pérez Llorca como nuevo presidente asumiendo en su discurso mensajes ultras. Otro tanto ocurre en la Región de Murcia, con el cierre de los centros de acogida a menores migrantes o, más recientemente, el rechazo de PP y Vox en la Asamblea Regional de una iniciativa destinada a reforzar y acelerar la protección de la tortuga mora, especie en peligro de extinción, con el 70% de su población europea presente en nuestra región. El presidente López Miras también sucumbió a las exigencias de Vox para negociar los presupuestos, con la condena a las políticas del Pacto Verde Europeo, la oposición al reparto de menores migrantes no acompañados, la modificación de la Ley del Mar Menor y la reducción de subvenciones a los sindicatos y a la patronal. 

El auge de la extrema derecha y del fascismo en Europa en general y en España en particular nos debería preocupar como sociedad. Una ideología que se basa en el odio al diferente, en un nacionalismo exacerbado en el que ser de una determinada nacionalidad es un mérito que hace ser superior a la nacionalidad de al lado, en un ultracatolicismo fanático que rechaza a otras religiones y en la nostalgia de una dictadura que casi ningún seguidor ultra ha vivido, asignándole virtudes y logros que no existieron, sólo puede suscitar rechazo en las personas con un mínimo de capacidad crítica. Es una obligación moral repudiar esta ideología que, caso de volver al poder, pondría en peligro la propia democracia, que tantas décadas de esfuerzos y sacrificios han costado a las generaciones anteriores.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/antifascista-obligacion-moral_132_12827111.html

UN GOBIERNO REGIONAL CONTRA LA SOCIEDAD MURCIANA

El Partido Popular de la Región de Murcia, ante el avance de la extrema derecha, se ha echado al monte, a imagen y semejanza de Díaz Ayuso, figura admirada por López Miras, que replica todas y cada una de las medidas que la presidenta madrileña aplica en su región. 

Así, ante la obligatoriedad por parte de las Comunidades Autónomas de entregar los datos de cribado de cáncer, los consejeros y consejeras de Sanidad de las autonomías gobernadas por el PP, nuestra región incluida, con Juan José Pedreño a la cabeza, se levantaron de la mesa al comienzo de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, habiendo disfrutado, eso sí, del banquete previo. Ese desplante a la ministra García no ha sido un simple hecho simbólico, sino que es un desprecio a la salud de cientos de miles de mujeres que están a la espera de pruebas médicas para confirmar o descartar un cáncer de mama. Y no sólo eso, sino que esta espantada ha impedido aprobar que se destinen 2 millones de euros a la investigación y la vigilancia del cáncer en nuestro país. 

Otra ocurrencia del Partido Popular murciano es la de implantar el llamado “modelo EGB” a los centros educativos a partir del curso 2026/2027 con la pretensión de que se imparta 1º y 2º ESO en los colegios, a imagen de los años 80, cuando su equivalente, los antiguos 7º y 8º de EGB, se daban en los centros de Primaria. Me parece que la Consejería de Educación no ha calibrado bien las consecuencias de tal decisión. ¿Se desplazará el profesorado de Secundaria a los colegios para impartir sus materias? ¿Tienen los colegios los medios adecuados para llevar a cabo dicho traslado de alumnado -laboratorios, talleres, aulas temáticas-? El Consejero de Educación, Victor Marín, calificó esta medida, en una entrevista reciente, como de “acción moderna, realista y eficaz”, cuando es algo antiguo y cuya eficacia no está probada, siendo el medio de intentar solucionar la masificación de las aulas, pero sin invertir en la construcción de nuevos centros educativos públicos. El consejero aprovecha para cargar contra el sistema educativo, tachándolo de “modelo fracasado”, que “ha instalado la mediocridad, ha minado la cultura del esfuerzo y ha erosionado la autoridad del docente”, en una clara estrategia de desprestigiar la educación pública y continuar con su apuesta por la educación privada y concertada. 

El tercer frente abierto por el gobierno regional en contra de los intereses de la mayoría lo encontramos en el tema de la vivienda. A imagen de su homóloga madrileña, López Miras se niega a aplicar la Ley de la Vivienda, en concreto en lo que se refiere a la declaración de zonas tensionadas, es decir, aquellas áreas urbanas en las que las familias deban dedicar al alquiler más del 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares en esa zona. El precio medio de la vivienda en la ciudad de Murcia se ha incrementado un 11% en el último año, y se prevé que siga subiendo otro 5% en este 2025. Además, el Ministerio de Vivienda ha detectado la presencia en la Región de Murcia de 1.402 pisos turísticos ilegales, una práctica especulativa que, en parte, es la causa del alza de los precios de la vivienda.

El medio ambiente es otro aspecto que el gobierno regional continua sin poner en valor. Se sigue sin aprobar el Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor, en un momento en que vuelven a sonar las alarmas por el estado de anoxia que se comienza a percibir en la masa de agua, lo que hace temer que se repita la situación de los años 2016 y 2021. La aprobación de este plan acumula ya dos años de retraso desde que se le otorgó de personalidad jurídica a la laguna costera más importante del Mediterráneo Occidental, tal y como denuncia el Comité de Seguimiento del Mar Menor. Tampoco se ha aprobado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, que regula las actividades de este espacio natural costero. La reducción de la contaminación atmosférica es otra asignatura pendiente del gobierno de López Miras. Un estudio reciente de la UMU vincula los altos niveles de ozono, PM10 o dióxido de nitrógeno, junto a noches tropicales y olas de calor, con el aumento de la mortalidad en nuestra región.

A nivel local, el Partido Popular de la ciudad de Murcia ha llegado a descalificar públicamente a personas particulares, con nombres y apellidos, vecinos del barrio de Vistabella, para no reconocer las necesidades de un barrio emblemático de la ciudad reivindicadas de forma pacífica y festiva por unos centenares de vecinos y vecinas, usando el bulo y la mentira, en una maniobra más propia de organizaciones mafiosas que de un partido que gobierna. 

Las diferentes decisiones que está tomando el gobierno regional en materias sensibles que afectan directamente a la vida de la ciudadanía, como la sanidad, la educación, el medio ambiente o la vivienda, no atienden a los intereses de la mayoría social, sino que responden a una estrategia acordada entre las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para hacer lo contrario de lo que acuerda el gobierno central, con una finalidad puramente partidista, aunque ello suponga el menoscabo de las condiciones de vida de murcianos y murcianas. ¿Cuándo se dará cuenta la sociedad de esta región de esta realidad?

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/gobierno-regional-sociedad-murciana_132_12716328.html