EL LÍMITE DE LOS TRASVASES

El pasado martes 13 de mayo fue rechazada por la mayoría de los grupos en el Congreso la iniciativa legislativa presentada por López Miras para “blindar” el trasvase Tajo-Segura, con los votos en contra de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, con la abstención de Podemos y los votos favorables de PP, Vox y UPN, que no alcanzaron su objetivo. López Miras califica de “decisión unilateral del gobierno” el resultado de esa votación, como si fuera algo que el “malvado Sánchez” hubiera decretado en solitario, obviando que es la mayoría de la Cámara Baja la que, de forma democrática, ha tomado esa decisión. También argumenta el presidente regional que han sido “criterios ideológicos” los que han dirigido este asunto, y no criterios técnicos o ambientales. 

La polémica ha surgido por las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura presentadas por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que proponen reducir las derivaciones hasta en un 40% para 2027, pasando de una media de 320 hm3 anuales trasvasados actualmente desde la cabecera del Tajo hacia el Levante, a 248 hm3 en 2026 y 193 hm3 en 2027. Pero esto no es una decisión arbitraria, sino que responde a una serie de estudios realizados por la Cátedra del Tajo de la UCLM por los que se ha comprobado que no se cumplen los caudales mínimos legales del Plan Hidrológico del Tajo. Así, existen ocho masas de agua en las que, al menos en algún día, el caudal circulante era inferior al fijado como mínimo, en ríos como el Jerte, el Jarama, el Tajuña o el Manzanares, entre otros, además del propio río Tajo a su paso por Talavera de la Reina o Aranjuez. 

Además, el Tribunal Supremo acaba de sentenciar en firme que el Plan Hidrológico del Tajo (2022-2027) vulnera la normativa europea de aguas, obligando al MITECO a establecer inmediatamente caudales ecológicos en las zonas protegidas de todo el recorrido del rIo, sobre todo en las áreas incluidas en la Red Natura 2000, y no de forma escalonada hasta el año 2027. 

Habría que explicarle a PP murciano que este rechazo al “blindaje” del trasvase no es una confabulación contra la Región de Murcia, sino una manera de garantizar, en un contexto de cambio climático, la buena salud ambiental de nuestros ríos en general, y del Tajo en particular. Hay que recordarle a López Miras que los caudales ecológicos cumplen una función muy importante, como es mantener la biodiversidad, garantizar el buen estado de los ecosistemas fluviales o reducir la degradación y pérdida de los humedales, tal y como dicta la Directiva Marco del Agua.

Sin embargo, ¿cuál es la reacción del PP? Una vez más, los populares murcianos tildan de “traidores” a los que osan poner en cuestión el sacrosanto trasvase, mientras que el PP de Castilla-La Mancha asegura que “nunca van a ceder a las pretensiones del ecologismo”. La derecha española vuelve a retomar la vieja falacia de que “el agua de los ríos se pierde en el mar”, volviendo el PP murciano al famoso “Agua para todos” del 2001, y a tratar a los ríos como meras tuberías que transportan agua de un lado a otro. 

Y todo eso, ¿para qué? Para atender a la insaciable agroindustria, esa maquinaria que produce enormes daños ambientales y sociales, cuyo principal damnificado en nuestra Región sigue siendo el Mar Menor, a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Segura ya ha detectado más de 8.000 hectáreas de regadío ilegal en el entorno de la laguna, y obligado a la Consejería de Agricultura a restituir casi 3.000 hectáreas, pasando a ser terrenos de secano o de vegetación natural. Estas restituciones han permitido reducir en cerca de 500 toneladas la contaminación difusa por nitratos al Mar Menor, pero aún queda camino por recorrer.

La pretensión del PP murciano de “blindar” el trasvase, es decir, de asegurar la transferencia de agua para la agricultura intensiva, pasando por encima de otros usos y del mantenimiento del buen estado de los ecosistemas fluviales, es hipotecar el futuro de los ríos en un contexto de cambio climático cuyas consecuencias ya sufrimos, y ante el cual debemos adaptarnos cuanto antes. Será el cambio climático el que tenga la última palabra sobre el mantenimiento (o no) de las políticas de trasvases, y no las decisiones tomadas en los despachos.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/limite-trasvases_132_12309227.html

ALGUNAS REFLEXIONES TRAS EL APAGÓN

Tras el “gran apagón” del pasado 28 de abril, el gobierno continúa investigando cuáles son las causas últimas de este incidente que causó miles de millones de euros en pérdidas económicas y encendió las alarmas en toda Europa. En el momento de redactar este artículo, parece que hay un sospechoso número uno, el deficiente sistema de estabilización de la red eléctrica, que permita mantener un equilibrio permanente entre la capacidad de generación y el consumo. El complicado mix de generación de energía en España, donde coexisten todo tipo de fuentes, tanto renovables (eólica, solar e hidroeléctrica) como no renovables (nuclear y centrales de carbón, gas y petróleo), dificultan la gestión de la energía en nuestro país.

En este episodio, los hay que arriman el ascua a su sardina, como la derecha y la ultraderecha, que aprovechan para cargar contra las energías renovables y apoyar a la energía nuclear, actuando como un lobby, llevados por su obsesión de ir en contra de la Agenda 2030 de la UE, aunque se haya demostrado que esta fuente es poco flexible, ya que su apagado y encendido requiere de mucho tiempo. La nuclear es una energía demasiado rígida que no responde de forma eficaz a los picos de demanda, en invierno y en verano, además de representar solamente el 20% de la generación de energía y arrastrar grandes problemas como la gestión de los residuos radiactivos, el riesgo de accidentes y su escasa rentabilidad económica.

Si el problema es que las renovables no pueden almacenar energía, ya se está trabajando para instalar baterías de almacenamiento en plantas eólicas y fotovoltaicas para guardar la energía e inyectarla durante dos, tres o cuatro horas, y poder usarla en las horas más tensionadas, en las que la generación no puede suplir la demanda, tal y como afirman desde la Fundación Renovables. El problema es el coste elevadísimo que conllevaría la instalación de esas baterías, que repercutiría sin duda en la factura de la luz, ya de por sí elevada.

Tanto la Fundación Renovables como la Red Eléctrica Francesa (RTE), aseguran que las renovables no fueron la causa de la caída de la red eléctrica, sino que la desconexión de las plantas renovables fue una consecuencia del cero de red. Aunque las renovables representaban el 70% de la generación eléctrica en España antes del incidente, RTE subraya que esa proporción no es inédita y que ya se había registrado en 2024 y 2025.

Aunque en nuestro país es la primera vez que ocurre un apagón a un nivel tan masivo, en los países de nuestro entorno ya ocurrió algo parecido en varias ocasiones: en Francia en 1978 y 1987, en Italia en 2003, en Alemania en 2006. Estos acontecimientos están haciendo que ciertos expertos e ingenieros se replanteen el modelo energético europeo. Según estos expertos, la existencia de una red inmensa y sobredimensionada de interconexiones eléctricas, diseñadas a partir de la década de los años 50, que abarca todo un país y que se extiende por todo el continente puede ser una debilidad para hacer frente a situaciones de emergencia como la vivida en España. Por el contrario, se apuesta por una red más descentralizada y territorializada, con la implantación de las llamadas “smart grids” (redes inteligentes), que integran tecnologías informáticas en tiempo real, de tal modo que se recogería información sobre el estado de la red e informaría a los consumidores sobre su demanda de electricidad, ajustando de un modo más exacto la producción y el consumo de energía.

Hay investigadores que van más allá, como el francés Jonathan Coignard, de la Universidad de Grenoble y especialista en autoconsumo energético, que estima que este apagón nos debe llevar a repensar nuestra relación con la electricidad. Coignard plantea la existencia de comunidades locales energéticas en las que no haya más de 2 kilómetros de distancia entre las fuentes de energía, principalmente de fuentes renovables, y los consumidores, cuyo vecindario aceptaría la sobriedad en el consumo eléctrico, siendo los propios consumidores los que tomarían decisiones de forma democrática y colectiva en relación al uso de la energía, saliendo así de las soluciones técnicas ofrecidas por ingenieros especialistas en la arquitectura de las grandes redes, con el fin de reflexionar colectivamente sobre nuestro modo de hacer sociedad, recuperando así el poder de acción sobre la red eléctrica. 

En un mundo ávido de electricidad, es preciso hacer una reforma en profundidad del sistema eléctrico, en el que la búsqueda de beneficios rápidos no sea el primer objetivo de las empresas que producen y suministran energía. Se debe repensar, además, el diseño de este sistema centralizado, mastodóntico, que cronifica las desigualdades y susceptible de ser vulnerable, como se experimentó el pasado lunes.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/reflexiones-apagon_132_12279998.html?fbclid=IwY2xjawKJpsNleHRuA2FlbQIxMQABHsm9xXmqzmWWoq-52gi4h371pmdSHPDHmFmA3r8d79ZZA7gjQD_ldgs5AoyL_aem_lbE2dLg230Uu812qIRfM_Q

EL PACTO DE LA VERGÜENZA A LA MURCIANA

López Miras se ha plegado a las exigencias de Vox, haciendo suyos los postulados ultras, todo para seguir agarrándose al poder, aunque ello ponga en riesgo la concesión de ayudas europeas por valor de miles de millones de euros, la mayoría destinadas a la lucha contra el cambio climático, a través de medidas como la restauración ecológica de los ríos, la rehabilitación de casas para que sean más eficientes desde el punto de vista energético, el fomento del transporte sostenible o la recuperación del litoral, muy ligado en nuestro región con el Mar Menor.

En una muestra más de su irresponsabilidad, el Partido Popular de la Región de Murcia, a través de su presidente, ha afirmado que “rechazan el Pacto Verde Europeo”. Pero, ¿sabe el PP en qué consiste este pacto? Aprobado en 2019, pretende poner a Europa a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, con un objetivo claro, alcanzar la neutralidad climática para 2050, es decir, reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Además, se quiere implementar la economía circular, aquella que minimiza la producción de residuos y que aspira a reducir la obsolescencia programada, es decir, a prolongar la vida útil de los aparatos que usamos, entre otras medidas.

El aspecto del Pacto Verde que irrita a la ultraderecha es el relativo a la agricultura y ganadería. El acuerdo europeo pretende favorecer una gestión sostenible de los cultivos y un mayor bienestar animal, así como producir más con menos, mediante la reducción en el uso de fertilizantes y plaguicidas, así como de antibióticos y otros medicamentos veterinarios y la adopción de postulados ecológicos en las explotaciones agrarias, con el fin de reducir su impacto sobre la biodiversidad, garantizando que los alimentos sean saludables y asequibles. La agricultura es responsable del 10,3% de las emisiones de GEI de la Unión Europea y casi el 70% de sus emisiones proceden del sector de las actividades ganaderas. La Estrategia “De la Granja a la Mesa” intenta mejorar estos datos por medio de las medidas citadas, además de reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y luchar contra el fraude alimentario en la cadena de suministro.

La Región de Murcia tiene mucha responsabilidad en las emisiones de gases, ya que contamos con dos millones y medio de cabezas de ganado porcino, más que habitantes tiene la región, generando el 20% de los residuos de porcino de toda España, con cinco millones y medio de toneladas anuales de purines y estiércol que contaminan el suelo y las aguas subterráneas. La pretendida construcción de plantas de biogás proyectadas en la región no son ajenas al efecto llamada para la proliferación de estas macrogranjas de porcino, ya que sus residuos serían la materia prima para esas plantas. 

El PP murciano está en contra de las medidas que el propio Partido Popular Europeo apoya. El grupo conservador en el Parlamento Europeo “ha defendido la ambición climática de reducir en torno al 55% las emisiones de CO2 para 2030 y ha abogado por la innovación”, tal y como aparece en su página web. López Miras y los suyos, fagocitados por la ultraderecha, demuestran ser tan anti-europeos como Vox y no tener escrúpulos de estar contra los intereses de la mayoría de murcianos y murcianas, defendiendo que se mantenga el modelo agrícola y ganadero intensivo, causante de residuos contaminantes que envenenan el suelo y los acuíferos, no aplicando medidas que mejoren el transporte público que reduzcan así la contaminación atmosférica.

Esto no es sino una estrategia, una vez más, para atacar al gobierno central, ya que firmando este acuerdo de presupuestos autonómicos con la ultraderecha, tal y como han hecho en la Comunidad Valenciana, quieren dejar en evidencia que no se está logrando, por ahora, el acuerdo para aprobar los PGE en el Congreso, haciéndonos creer que, ellos sí, son buenos gestores al conseguir esos presupuestos, aunque ello suponga ir en dirección contraria a lo que se está intentando hacer en Europa. Declararse abiertamente en contra del Pacto Verde supone retrasar la transición ecológica de la economía, seguir dependiendo de terceros países que nos suministran energía y poner en riesgo los empleos del futuro. 

Articulo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/pacto-verguenza-murciana_132_12177303.html