UNA TRAGEDIA PREVISTA POR LA CIENCIA

De nuevo la Naturaleza ha mostrado su cara más destructiva, con la catástrofe de las lluvias torrenciales que han provocado decenas de fallecidos y desaparecidos, así como daños materiales inmensos, sobre todo en la Comunidad Valenciana, situación que es cada vez más frecuente y cuyas consecuencias son cada vez más trágicas. No hay año en que no se repitan estas tragedias, con víctimas mortales e incalculables daños materiales. Según los expertos, varias son las razones de esta sucesión de fenómenos extremos, pero la más clara es la emergencia climática. Podríamos repetir lo que se viene advirtiendo desde hace décadas, que año tras año se baten récords de temperaturas, tanto en la superficie del planeta como en el mar Mediterráneo, datos que, una vez más, se cumplirán este año 2024. Así, en julio de este año se alcanzó el récord de temperatura media planetaria desde que existen registros, con 17,16 ºC, y en el mar Mediterráneo se llegó a más de 28ºC. También se podría hablar de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), circunstancia que, lejos de disminuir, va en aumento, según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, habiéndose incrementado más de un 11% en la última década. Todas estas situaciones provocadas principalmente por la acción del ser humano con nuestras actividades económicas tienen su consecuencia en estos fenómenos extremos y catastróficos.

Pero nuestra sociedad prefiere ignorarlas. El pasado día 24 de octubre se celebró el Día Internacional del Cambio Climático. Ese día, en la Asamblea de Madrid se presentó una iniciativa legislativa por parte de la oposición para luchar contra este problema, pero la alianza negacionista entre PP y Vox la echó para atrás. En la Región de Murcia, poco hay legislado más allá de que las empresas lleguen un acuerdo “voluntario” para alcanzar la neutralidad climática, mientras nuestras ciudades siguen estando contaminadas, con un transporte público penoso y con los atascos como situación habitual en las calles. 

Pero lo más grave de todo esto es el negacionismo al que la ultraderecha se ha abonado desde el comienzo, al culpar de las inundaciones a la “destrucción de presas”, cuando en realidad esas obras se refieren a azudes en pequeños ríos que rompían la dinámica fluvial, afectando además a la fauna, que no servían para retener agua, y cuyo objetivo era recuperar y renaturalizar esos ríos, y en ningún caso se trataba de macropresas, en un ejercicio de ignorancia y mala fe, teniendo en cuenta, además, que esas pequeñas presas obsoletas se encuentran sobre todo en las cuencas del norte de España, no en el Levante. Esa actitud les lleva incluso a negar la propia existencia del cambio climático, fenómeno del que ya se habla hasta en los medios generalistas, cuando hace pocos años se obviaba. Para los negacionistas, el aumento de las temperaturas “es algo natural”, o bien se trata de “una conspiración del globalismo internacional para acabar con nuestro modo de vida”. También argumentan que las DANA “siempre han existido”, pero la verdad es que nunca antes se producían con tanta intensidad y, sobre todo, con tanta frecuencia. 

Sin embargo, no se vislumbra que las instituciones, tanto a nivel estatal, como autonómico y municipal, traten de aplicar las medidas que se sabe que son efectivas para frenar el cambio climático, algo que será más difícil, si no imposible, de conseguir si no se ponen los medios adecuados. La teoría es conocida: acabar con nuestra dependencia de los combustibles fósiles, aumentar la eficiencia energética, culminar la transición a las energías renovables, potenciar el transporte público, practicar una agricultura y ganadería sostenibles, reducir el consumo desaforado, entre otros. Pero en la práctica, los gobiernos van demasiado lentos en aplicar estas medidas, presionados por los “lobbies” de las energías fósiles, del automóvil y de la industria pesada.

Es el momento de entender lo que la Naturaleza nos avisa de un modo cruel. La Ciencia ya nos ha advertido de forma reiterada de las consecuencias de esta carrera desenfrenada, pero seguimos ignorando sus llamadas. ¿Hasta cuándo? 

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FESTIVALES Y MOLESTIAS VECINALES

Recién acabada la Feria y con la sucesión de eventos de todo tipo, mayoritariamente musicales, previstos para lo que queda de año y durante el año 2025, se ha reabierto el debate sobre el ruido y otras molestias que debe soportar la ciudadanía de una forma cada vez más frecuente. El cambio a última hora y sin previo aviso de un concierto desde el recinto de la FICA a la Nueva Condomina no ha hecho sino trasladar el asunto de los ruidos de un lugar a otro, sin dar solución al verdadero problema, la conciliación entre la diversión de unos pocos y el descanso de la mayoría. Los festivales al aire libre en la ciudad no solo afectan a estos dos espacios. Ya son décadas en las que se vienen usando lugares como el parque de Fofó, el Cuartel de Artillería o la plaza de toros, en pleno casco urbano, con las consiguientes molestias para el vecindario más próximo. 

El Ayuntamiento de Murcia se ha convertido en el consistorio de los festejos. Si en 2018 el presupuesto destinado a fiestas populares y festejos era de poco más de 800.000 euros, este año supera los 2 millones de euros. Además, la Comunidad Autónoma ha destinado para 2024 1,65 millones de euros a los festivales, casi todos de índole privado, por su "reclamo indiscutible para el turismo”, un millón más que en 2023, argumentando que "ayudan a construir la imagen" de la región y que son ya "una seña de nuestra identidad”. Pero no han contado con la cara B de este fomento de eventos privados al aire libre, los ruidos ambientales que cada fin de semana, prácticamente, atronan el entorno, además de la intensificación del tráfico privado, con la contaminación asociada, y la suciedad que deja a su paso, que repercute en espacios naturales como el río Segura. 

Varias asociaciones vecinales plantean que estos eventos festivaleros y conciertos no se lleven a cabo en espacios rodeados de edificios y casas, sino que se trasladen a lugares más aislados, pero bien comunicados con transporte público. Este problema no es exclusivo de la ciudad de Murcia. En Madrid, los vecindarios adyacentes al estadio Santiago Bernabéu y a la Caja Mágica, éste al sur de la capital, están hartos de ruidos hasta altas horas de la madrugada. En Valencia ocurre otro tanto con los residentes cercanos a la Ciudad de las Artes, sede de conciertos y festivales. Bilbao, Barcelona, Sevilla, muchas ciudades sufren este problema, al que los equipos de gobierno municipales no han sido capaces de poner solución.

Hay otro aspecto asociado al problema del ruido. La acumulación de festivales musicales en los que no se prima la calidad, sino el negocio, ha sido puesta en entredicho por numerosas asociaciones de usuarios y profesionales del sector de la música. En 2023 se celebraron en España un total 908 festivales, 103 más que en 2020, siendo las comunidades de Cataluña, Madrid y Andalucía las que acogen mayor número de estos eventos. Muchos de los festivales han recibido quejas por parte de los participantes, por los precios abusivos, colas en barras y baños, la prohibición de entrar al recinto con comida propia y graves problemas de movilidad, como se comprobó en Murcia en el concierto de Nueva Condomina, donde el Ayuntamiento dejó tirados a miles de personas sin transporte público, a pesar de haber anunciado un servicio especial de tranvía para llegar al casco urbano. Muchos de esos festivales buscan a menudo más el beneficio rápido que la calidad de su oferta musical, constituyendo una “experiencia” en sí misma, un bien de consumo rápido para ser mostrado en las redes sociales.

Los beneficios económicos, a menudo para unos pocos, que traen consigo los festivales y conciertos no pueden suponer que vecinos y vecinas de determinados barrios sufran de forma reiterada molestias en forma de ruido, aglomeraciones, suciedad y atascos. Los ayuntamientos deben encontrar soluciones para conciliar ambos intereses sin perjudicar a las partes. Es una tarea ardua pero necesaria para toda la ciudadanía.

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ÁRBOLES Y OLAS DE CALOR

En la Región de Murcia en general y la ciudad de Murcia en particular, como en toda España, estamos atravesando por la tercera ola de calor en lo que va de verano, como está siendo habitual desde hace ya varios años, alcanzando récords de temperaturas que, desgraciadamente, ya no son excepciones, sino la regla de cada verano. Noches tropicales que impiden conciliar el sueño y días infernales en los que constituye todo un reto salir a la calle antes de las 10 de la noche. Estas olas de calor han provocado este año ya media docena de fallecimientos en la región, más de 700 en toda España.

Pero la vida debe continuar y, a menudo, debemos seguir saliendo a la calle por razones laborales o comerciales, haciendo nuestro el famoso consejo que la tradición nos ha dejado, esa conocida frase de “echa por la sombra”. Pero hay un problema: el consistorio murciano decidió cerrar los parques urbanos el pasado mes de julio, con el argumento de proteger la integridad física de los transeúntes, toda vez que los árboles de gran porte, por estrés hídrico, corren el riesgo de dejar caer ramas que podrían herir a las personas que estuvieran bajo ellos. Pero este estrés no es debido sino a la dejadez del Ayuntamiento de Murcia, que prefirió plantar miles de flores efímeras de temporada para engalanar las calles el pasado mes de marzo, de cara a las Fiestas de Primavera, con un coste de más de 2,6 millones de euros, en vez de invertir en el cuidado de los árboles de gran porte, dejándolos a su suerte. El resultado es que los principales parques de la ciudad (y de otros municipios) están cerrados. 

Parece que el alcalde Ballesta y su concejal de ramo ignoran los beneficios que traen los árboles en las ciudades, desde la absorción de gases contaminantes, hasta ayudar a enfriar el aire entre 2 y 8 grados centígrados en su entorno más cercano, pasando por la mejora de la salud física y mental de las personas que viven cerca de estas islas climáticas. Los parques urbanos constituyen auténticos refugios climáticos, es decir, lugares donde las personas pueden mitigar las altas temperaturas. Por cierto, entre esos refugios climáticos se encuentran las bibliotecas y las piscinas. Las primeras permanecen cerradas por las tardes, mientras que las segundas son escasas en un municipio de 450.000 habitantes.

La renaturalización de las ciudades debe ser la gran apuesta de los ayuntamientos para combatir las olas de calor agravadas por el cambio climático. Conseguir corredores verdes de tal modo que los peatones puedan trasladarse de un extremo al otro de la ciudad sin que falte una sombra bajo la que cobijarse debe ser el objetivo. Sin embargo, vamos en la dirección contraria, con ciudades con más asfalto y suelos enlosados, con árboles que surgen de alcorques de caucho que acumulan el calor, dificultan la escorrentia, limitan el crecimiento de las raíces y contaminan el suelo por la descomposición de esos alcorques. La temperatura de las ciudades, entre 2 y 10ºC por encima de las áreas rurales, puede ser mitigada con más áreas verdes. Está demostrado que los espacios verdes, como parques y jardines, actúan como sumideros de calor, absorbiendo la energía solar y enfriando el ambiente a través de la evaporación. 

Ya hay en el mundo movimientos ciudadanos que han tenido la iniciativa de levantar el pavimento de las calles para que vuelvan a crecer las plantas y la tierra respire, como Depave, en Portland, EE.UU., el movimiento Green Venture, en Ontario, Canadá, o en Lovaina, Bélgica. Recuperar los suelos naturales puede ayudar a luchar contra los efectos de estas olas de calor.

Preservar e incluso aumentar los espacios verdes, incidiendo en los aspectos climáticos más que los meramente estéticos, con especies adaptadas a las condiciones de sequedad de estas latitudes y con una mayor inversión en el cuidado de los árboles, permitiendo el acceso a esas islas climáticas, debe ser una prioridad en un contexto de emergencia climática.

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LA LEY EUROPEA DE RESTAURACIÓN DE LA NATURALEZA ES MUY NECESARIA

En la Región de Murcia, Vox lo ha vuelto a hacer. Ha presionado al Partido Popular para desdecirse sobre una ley europea de obligado cumplimiento. Si el pasado 21 de junio la consejera de Agricultura de la Región de Murcia, Sara Rubira, declaraba que “el PP no está en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza”, pasadas unas horas se contradecía a sí misma, en una difícil pirueta, afirmando que “están totalmente en contra” de dicha ley porque “castiga al sector agrícola”, coincidiendo con el vicepresidente José Ángel Antelo. Vox en la Región de Murcia, a través de su presidente, Antelo, ha calificado la ley europea como “ley de aniquilación del campo”, en un ejercicio, una vez más, de demagogia y desconocimiento de lo que significa esta ley.

Si uno se informa mínimamente sobre esta ley, aprobada el pasado 17 de junio, se puede comprobar que sus objetivos son muy positivos para la conservación de hábitats y la lucha contra el cambio climático, Así, la Ley de Restauración de la Naturaleza, aprobada en el seno de la Unión Europea (UE) por la mayoría de países miembros, pretende restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE para 2030 y todos los ecosistemas degradados para 2050. Actualmente, el 80% de los ecosistemas europeos se encuentran en mal estado. Sus objetivos son aumentar la biodiversidad, polinizar los cultivos y mejorar la seguridad alimentaria, así como prevenir y reducir el impacto de catástrofes naturales como las inundaciones, entre otros. La ley también describe objetivos como el aumento de la biodiversidad forestal, la preservación y expansión de espacios verdes urbanos, el fomento de la agricultura sostenible y la restauración de hábitats marinos, así como la conectividad de ríos. Se prevé la plantación de más de tres mil millones de árboles en la UE y se tendrán que convertir al menos 25.000 km de ríos en cauces libres, lo que desmonta el falaz argumento de la ultraderecha española de que se quiere “destruir embalses”; también se restaurarán humedales que filtrarán el agua contaminada por los fertilizantes y los purines.

En una región como la nuestra, zona de sacrificio por ser la primera región europea donde se perciben los efectos catastróficos de la emergencia climática, con el avance de la desertificación, el aumento de las temperaturas, el descenso en el régimen de lluvias, con efectos en la agricultura y el turismo, rechazar esta ley cuyo único objetivo es restablecer los ecosistemas degradados y velar por que no se deteriore de manera considerable los que aún están bien conservados, es ponerse una venda y huir hacia adelante. La ultraderecha española se ha erigido como defensores a capa y espada de la agricultura y la ganadería, pero en realidad están ayudando a su destrucción, ya que continuar con un modelo agrícola y ganadero que da la espalda a la naturaleza es caminar hacia su retroceso.

La contaminación de los suelos por purines y la contaminación de las aguas por los vertidos agricolas, que degradan el Mar Menor y polucionan los acuíferos, el agotamiento de los suelos por los cultivos intensivos, la amenaza a espacios naturales, sobre todo los incluidos en la Red Natura 2000, como El Gorguel, son ejemplos de la necesidad urgente de aplicar esta ley europea en la Región de Murcia. La defensa de los causantes de estas amenazas llevada a cabo por PP y Vox son la razón por la que estos dos partidos rechazan dicha ley, prefiriendo ser los portavoces de la élite económica regional frente al interés de la mayoría social de la Región de Murcia.

Una vez más, la derecha y la ultraderecha van en contra de la ciencia. Más de 6.000 científicos firmaron una carta de apoyo en mayo de 2023, y la iniciativa legislativa cuenta con la firma de más de un millón de ciudadanos europeos y el apoyo de las principales organizaciones ecologistas. El rechazo de PP y Vox a esta ley europea va en la linea de su cruzada contra el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, dos pesos pesados de la política de la UE para conseguir la ansiada transición ecológica de la economía y la lucha contra el cambio climático.

La aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza es una gran noticia, a pesar de los negacionistas climáticos, que mejorará los ecosistemas, garantiza el futuro de la agricultura y la vida de la mayoría de la ciudadanía europea y española.

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EL GORGUEL, UN PROYECTO INVIABLE

Hace unos días, el ministerio que lidera Teresa Ribera ha dado carpetazo al macro proyecto de puerto de El Gorguel, por dos razones principales, la afectación al espacio natural adyacente, incluido en la Red Natura 2000, y por la existencia de una alternativa a esa zona, que ocupa menos superficie, como es la ampliación de la dársena de Escombreras. Las reacciones del Partido Popular de la Región de Murcia, a través del propio presidente López Miras y de otras autoridades como la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, no se han hecho esperar, calificando esa decisión de “injusta, injustificable y arbitraria”, alegando las sempiternas promesas de riqueza y creación de puestos de trabajo, argumentos a los que nos tienen acostumbrados desde la época del “boom” inmobiliario y los proyectos afortunadamente paralizados de Marina de Cope o el Parque Paramount. La Fremm llega incluso a poner una cifra, la de más de 40.000 empleos, con la que “se igualarían las cifras de paro con Madrid o el País Vasco”, en un ejercicio de política ficción que pocos creen. Por su parte, las organizaciones empresariales de la región han condenado el, según ellos, “ninguneo” que el MITECO somete a la Región de Murcia, en un episodio más de victimismo con el que basan sus políticas el Partido Popular y sus socios de Vox, a cuenta de los trasvases o de la financiación autonómica, por citar algunos “agravios” que blanden los populares para hacer oposición al gobierno central. 

El puerto de contenedores de el Gorguel, que lleva casi 20 años en los cajones de los diversos consejeros del PP, ha sido objeto de múltiples críticas por parte de ecologistas, profesores universitarios y vecindario, así como de la oposición, debido principalmente a los fuertes impactos que supondría su construcción: pérdida de biodiversidad y afección a la fauna y flora, tanto terrestre como marina, impactos paisajísticos y sobre el patrimonio geológico y minero, contaminación de las aguas y afección a la dinámica sedimentaria de las playas cercanas, entre otros, obviando que esa zona de la costa de Cartagena goza de múltiples figuras de protección, ser Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Geológico (LIG). 

Desde los sucesivos gobiernos regionales se ha tratado de minimizar esos impactos; todos recordamos las declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena en 2012, Adrián Ángel Viudes, cuando calificó el entorno del El Gorguel de “auténtica porquería”,  insistiendo en la inexistencia del camachuelo trompetero en la zona, especie que provocó, precisamente, la declaración de la sierra de la Fausilla como ZEPA, adyacente al Gorguel, que para él era una invención de los ecologistas, y del que dijo que “ni está ni se le espera”, llegándole en una ocasión a calificar públicamente como “un gorrión africano que es una puta mierda”.

Para el gobierno regional, como se ha demostrado desde hace décadas, el medio ambiente es un aspecto a sacrificar para conseguir sus fines, como se ve en el alto grado de degradación del Mar Menor, o su apoyo a múltiples proyectos urbanísticos desde comienzos de siglo, felizmente parados por la sociedad civil. Bajo la promesa de puestos de trabajo y riqueza, el Partido Popular es capaz de destrozar espacios naturales de incalculable valor, privando a la mayoría de la sociedad del derecho a tener acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, un derecho humano universal aprobado en una resolución de la ONU el pasado año 2022, además de ser uno de los artículos de la Constitución que, en su artículo 45, consagra el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

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EL CAMBIO CLIMÁTICO, CUESTIÓN CLAVE EN LAS DECISIONES POLÍTICAS

En 2018, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), a instancias de la Cumbre de París COP21, publicó un informe, redactado por un centenar de expertos (un 60% hombres, por cierto), en el que se advertía de las consecuencias fatales para la supervivencia de la especie humana del aumento de la temperatura media del planeta en 1,5ºC por encima de la temperatura de la era pre-industrial. El pasado 8 de mayo, el diario británico The Guardian publicó una encuesta entre más de 800 científicos especialistas en cambio climático con una simple pregunta: “¿Cuántos grados se recalentará el clima de aquí al año 2100?”. El 80% de las personas encuestadas afirmaron que se sobrepasarían los 2,5ºC con respecto al siglo XIX, y casi todas ellas citan la falta de voluntad política de los estados como principal causa de ese aumento.

Si el pasado mes de abril fue el más caluroso desde que se tienen registros, y en este mes de mayo sobrepasamos con creces la media de temperatura para esta época del año, los modelos climáticos prevén para este verano nuevos récords de temperatura. Así, el último informe Copernicus, el programa que monitoriza el clima de la UE, habla de que el verano de 2024 será más cálido de lo normal con un 70% de probabilidad. La AEMET, por su parte, pronostica que este verano podría situarse con un 50%-70% de probabilidad entre el 20% de los verano más calurosos en España.

Mientras tanto, la ultraderecha sigue negando este fenómeno, a pesar de la avalancha de evidencias climáticas que vemos a diario, como las recientes inundaciones en Brasil e Indonesia, que han causado cientos de muertos y desaparecidos, además de decenas de miles de desplazados. En España, ese negacionismo climático llega incluso de parte de dos reliquias de la canción, el dúo Dinámico, que se atreven a afirmar en una entrevista que el cambio climático es "el timo más universal jamás perpetrado en favor de negocios eólicos y solares para hundir los del petróleo” (sic), demostrando que la ignorancia es muy atrevida, palabras que han merecido aluviones de críticas en las redes sociales.

Teniendo en cuenta la certeza de las evidencias científicas relativas al cambio climático, éstas deben tener su reflejo en las decisiones políticas que toman los diferentes gobiernos, a todos los niveles, europeo, estatal, autonómico y local. Para las próximas elecciones europeas del 9 de junio, la cuestión climática es uno de los temas que pueden decidir los resultados. Recientemente, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) realizó una encuesta en 11 países europeos sobre qué temas les preocupa más. El 19% de las personas encuestadas, más de 73 millones, declararon que el cambio climático es su mayor preocupación, siendo Dinamarca (29%) y Francia (27%) los países más inquietados por este tema. Por edades, es mayor la preocupación entre la juventud, que la eligieron por encima de otras cuestiones como la inmigración o la guerra de Ucrania. 

En la Región de Murcia la lucha contra el cambio climático debe traducirse en una ley del Mar Menor que impida su degradación, así como un cambio de actitud hacia el trasvase Tajo-Segura, dejando de verlo no como una fuente inagotable de recursos hídricos, sino como una infraestructura que, de seguir la tendencia actual, dejará de ser operativa en unas pocas décadas. A nivel local, las corporaciones municipales deben seguir trabajando para, por una lado, disminuir el tráfico privado, y por otro, aumentar la superficie arbolada, estrategias que han demostrado su eficacia para reducir tanto la temperatura de las ciudades como la contaminación. Sólo así nos adaptaremos a la situación de emergencia climática que toda la comunidad científica advierte desde hace años y que ya sufrimos.

La ciudadanía europea tendremos en breve la oportunidad de influir en las políticas que regirán nuestro continente en los próximos años, y que tendrán su reflejo en las leyes que aprobarán los estados, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Elegir las opciones políticas que luchen de forma decidida contra la emergencia climática es una garantía de supervivencia de las generaciones futuras.

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LA CRISIS DE LA VIVIENDA, UN GRAVE PROBLEMA SOCIAL

Todos estamos de acuerdo en que uno de los problemas más importantes que sufrimos es la gran dificultad para acceder a una vivienda digna. Los alquileres han alcanzado en el mes de marzo pasado su máximo histórico, siendo la cuantía media de un alquiler en España, según el portal Idealista, de 12,7 euros por metro cuadrado, cifra que se dispara a 20,7 euros en Barcelona, 18,9 euros en Madrid o 17,1 euros en San Sebastián. Murcia se mantiene aún por debajo de la media, con un precio medio de 8,3 euros por metro cuadrado, pero también los sueldos son más bajos que la media española, por lo que tampoco es fácil alquilar una vivienda en nuestra región.

Hay dos datos demoledores que reflejan la situación. El precio de los alquileres ha subido más del 66% en la última década, mientras que los sueldos sólo han aumentado un 3,4% en ese tiempo Si tenemos en cuenta que el sueldo medio en España en 2024 es de 1.920 euros, en 12 mensualidades, según un informe de Adecco Group, se supera con creces la cantidad que se debería destinar a la vivienda, que es un 30% del salario mensual, siendo imposible para una sola persona vivir de alquiler sin compartir gastos. Este problema se acentúa en la gente joven, cuyo sueldo medio ronda los 1.000 euros, eso en el mejor de los casos, ya que casi el 28% de los menores de 25 años está en paro. Sólo el 16,3% de las personas entre 16 y 29 años ha logrado emanciparse, y la edad media a la que se van de casa supera los 30 años, una edad muy por encima de nuestros vecinos europeos.

A pesar de que los desahucios han disminuido en un 30% en 2023, debido principalmente a la aplicación de las medidas para hacer frente al Covid-19, aprobadas en 2020, que incluía la paralización de los desahucios a familias vulnerables, medidas que se prorrogarán hasta 2025, el año pasado se produjeron casi 27.000 lanzamientos, causando verdaderos dramas a miles de familias. Tres cuartas partes de esos desahucios son debidos al impago del alquiler, otro 20% derivaron de ejecuciones por no pagar la hipoteca y 1.723 a otro tipo de causas.

¿A qué es debido ese aumento desorbitado del precio de los alquileres? Según los expertos, se debe a varios factores: la bajada en un 30% de la oferta de pisos y casas en alquiler frente al aumento de la demanda, por la dificultad de acceder a una vivienda en propiedad; el hecho de que los fondos buitre copan el mercado del alquiler, adquiriendo viviendas propiedad de los bancos y subiendo sin escrúpulos los alquileres; la especulación inmobiliaria, no solamente de fondos de inversión, sino también de particulares; la escasez de viviendas de alquiler social (en España solo el 2,5% del parque es de alquiler social, tres veces menos que la media europea); la proliferación de pisos turísticos, que disparan los precios del alquiler de las viviendas cercanas a esos pisos, sobre todo en zonas vacacionales como Canarias y Baleares, donde el 4% de las viviendas son para turistas.

Sin embargo, los diferentes gobiernos, tanto central como autonómicos y municipales, sólo inciden en un tipo de solución a este grave problema, el aumento de la oferta de viviendas de nueva construcción, alimentando ese monstruo que es la burbuja inmobiliaria que tan nefastas consecuencias tuvo en el pasado reciente de nuestro país y que solo favorecería a las empresas constructoras. En un país con 3,8 millones de viviendas vacías, el 14% del total, es un contrasentido seguir aumentado el parque de viviendas, medida que no ha sido capaz de regular el mercado. Durante el “boom” inmobiliario de la primera década de este siglo, se construyeron medio millón de viviendas nuevas cada año, y ese aumento brutal de la oferta no supuso la rebaja de los precios, sino todo lo contrario. 

¿Qué medidas se proponen para paliar el problema de la vivienda en España? Básicamente son, entre otras, ampliar el parque de vivienda social y subsidiada para ofrecer más opciones asequibles a quienes más lo necesitan; implementar medidas que controlen los precios del alquiler y protejan a los inquilinos de desalojos injustificados; fomentar la construcción de viviendas asequibles mediante incentivos fiscales y subvenciones para desarrolladores que se comprometan con este objetivo; promover el cohousing, modalidad sostenible de autogestión habitacional formada por viviendas privadas y una dotación importante de servicios comunes, planeada y gestionada por sus residentes.

Frente a la aplicación de medidas puramente mercantilistas, promovidas por los partidos de la derecha, que no ayudan a reducir el precio de este bien de primera necesidad, se deben implementar medidas que conviertan el acceso a la vivienda en un verdadero derecho el cual, lejos de ser objeto de especulación para beneficio de unos pocos, debe ser protegido por los poderes públicos para garantizar lo que sanciona el articulo 47 de la Constitución, es decir, promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

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LA PROPOSICIÓN DE REFORMA DE LA LEY DEL MAR MENOR DE VOX, UN DESPROPÓSITO

El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional ha registrado la proposición de ley para reformar la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, ya que considera que, según su criterio, no se adecúa a su manera de “proteger” la albufera más grande del Mediterráneo Occidental. Su propuesta de reforma, sin embargo, choca con lo que los grupos ecologistas y la oposición en la Asamblea Regional estiman que debe ser la forma más efectiva de conservar este espacio natural tan singular. Pasemos a analizar su proposición de ley.

El partido de ultraderecha, para empezar, ya propone modificar el artículo 1, por el que quiere sustituir el objeto de dicha ley, que en la ley de 2020 es “la protección, recuperación, desarrollo y revalorización de la riqueza biológica, ambiental, económica, social y cultural del Mar Menor (…) para que su ejercicio se realice de manera integral y sostenible”, por el de “hacerla compatible con el interés general y la viabilidad de la vida económica y social de la comarca”. Es decir, que el objetivo ya no es ambiental sino, también y sobre todo, económico, y ya sabemos que, para la derecha y ultraderecha, cuando ambos aspectos se ponen en balanza, lo ambiental es sacrificado ante lo mercantilista.

El artículo 3, dedicado a los fines de la ley, está totalmente amputado, eliminando toda referencia, con su habitual discurso negacionista, a la prevención de la contaminación, la conservación del ecosistema, la restauración de humedales, la investigación y la lucha contra el cambio climático, la erosión del suelo y la desertificación en el entorno del Mar Menor. En su lugar, Vox pretende básicamente promover el actual modelo productivo y garantizar los aprovechamientos “ya sean urbanísticos, agrícolas, ganaderos, pesqueros, industriales, portuarios, recreativos o de cualquier otro tipo que se desarrollen en el Mar Menor y su cuenca vertiente”.

Se pretende eliminar el Consejo del Mar Menor. Este órgano consultivo, formado por representantes de las distintas administraciones, el Comité Científico y organizaciones de la sociedad civil, contemplado en la ley de 2020, tiene como funciones “la toma de conocimiento del estado ecológico del Mar Menor y su evolución, así como la valoración de las distintas actuaciones necesarias para la mejora progresiva del mismo”. Su eliminación disminuiría el control que las administraciones y la sociedad civil pueden ejercer sobre las actividades de la laguna y su entorno.

Se elimina el plazo de tres años dispuesto en la ley de 2020 (aunque claramente incumplido), para redactar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, por lo que éste podría demorarse en el tiempo sin plazo para su diseño e implementación. Además, en la propuesta de Vox, se eliminan de nuevo las referencias a la “mitigación y adaptación al cambio climático” como uno de los objetivos del Plan de Ordenación. Y de nuevo se hace hincapié en la construcción de infraestructuras en vez de aplicar medidas preventivas en origen.

En cuanto a la adopción de medidas adicionales en el programa de actuación (artículo 54), la propuesta del partido de ultraderecha elimina la prohibición de cultivos sensibles a la lixiviación de nutrientes, por lo que se facilita la filtración de contaminantes provenientes de la agricultura a las aguas subterráneas y su posterior vertido al Mar Menor. Además, la monitorización de nutrientes a tiempo real sólo se haría si “se generan valores robustos y hayan sido verificados por organismos públicos de investigación”, permitiendo así la filtración difusa de nutrientes al subsuelo, aunque sea a concentraciones más bajas pero de forma continua.

La proposición de ley no prohíbe taxativamente la construcción y ampliación de puertos deportivos, como se contempla en la ley vigente, ya que se permitirían ambas si existieran estudios técnicos que justifiquen que su implantación “no afecta de forma significativa ni el ecosistema ni la dinámica litoral del Mar Menor en su conjunto”, estudios que, hechos “ad hoc”, abren la puerta a aumentar la presión sobre la laguna costera con más puertos y puntos de amarre, con la contaminación asociada por vertidos de combustibles.

En cuanto al capítulo de infracciones graves, ya no se contemplaría como tal el no estar inscrita la explotación agrícola en el Registro de Explotaciones Agrarias de la CARM, no disponer de operador agroambiental o no presentar la información o documentación en el tiempo y forma establecidos legalmente. Tampoco Vox considera infracción muy grave el incumplimiento de la orden de restitución de cultivos o de las órdenes de restablecimiento de la legalidad, es decir, que se abre la mano a las ampliaciones ilegales de cultivos de regadío, que quedarían impunes. También se reducirían las cuantías de las sanciones, pasando del 20 al 50% el porcentaje de reducción del importe de las sanciones si se cumplen una serie de condiciones, ni se suspendería la actividad agrícola o la posibilidad de recibir ayudas a pesar de infringir gravemente la legalidad. Además, Vox quiere eliminar las entidades inspectoras de explotaciones colaboradoras con la administración (ECARM), garantes del cumplimiento de la legalidad.

La proposición de ley del partido ultraderechista supondría todo un despropósito y una vulneración de los derechos del Mar Menor, ya que sería un ataque directo al espacio natural y a su conservación para las generaciones futuras. Esperemos que sus socios de gobierno, empezando por López Miras, no permitan este atropello y que, tal y como ha anunciado, no apoyen nada que suponga la más mínima desprotección del Mar Menor. Veremos.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/proposicion-reforma-ley-mar-menor-vox-desproposito_132_11212488.html

POR UNA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOSTENIBLES

La agricultura y la ganadería europeas se han lanzado a las carreteras y las ciudades, también en la Región de Murcia, para protestar por su situación y por las políticas de la Unión Europea (UE) aplicadas a este sector. Básicamente, estas manifestaciones van encaminadas a protestar por la excesiva burocracia, el bajo precio que los mercados establecen para sus productos, que ponen en riesgo la supervivencia de sus explotaciones y la existencia de una competencia desleal por parte de terceros países, especialmente de Marruecos, al no trabajar en igualdad de condiciones laborales y por el uso de productos fitosanitarios no autorizados en la UE. Otras reivindicaciones de los sectores agrícola y ganadero son el fin de la especulación en la compra de tierra por parte de fondos de inversión, el alto precio de los combustibles o la protesta por la instalación de energías renovables en terrenos agrarios. La situación del campo se ha agravado por la sequía que, a su vez, está siendo agudizada por el cambio climático.

Pero junto a estas justas peticiones, la ultraderecha, apoyados por un porcentaje de agricultores, van en contra de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo. La Agenda 2030 es un plan de acción definido por la ONU, en la que se proponen 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Concretamente, los objetivos relacionados con la agricultura y la ganadería persiguen asegurar la sostenibilidad de los sistemas productivos, permitir el acceso a tierras a pequeños productores, mantener la diversidad genética y asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios. Por su parte, el Pacto Verde Europeo pretende asegurar una transición ecológica rentable y socialmente justa para conseguir, al menos, un 55% de reducción de las emisiones netas de aquí a 2030 y la neutralidad climática en 2050.

Sin embargo, la ultraderecha habla de “fanatismo climático” y de “restricciones medioambientales” por parte de la UE, pretendiendo que no haya ningún tipo de trabas para llevar a cabo las actividades agrícolas y ganaderas, aunque ello suponga el deterioro de los espacios naturales y la contaminación de las aguas y el aire. Cuando se habla de la actividad agrícola, se olvida a menudo que en nuestro país hay 4,5 millones de hectáreas de regadío, el 30% de los cuales son ilegales, y que esta modalidad consume el 85% del agua del estado español. Esta superficie ingente de regadíos agota los acuíferos, y destruye espacios naturales como Doñana, las Tablas de Daimiel o el Mar Menor. Además, la agroindustria, pues de eso se trata en la mayoría de los casos, tiende a cultivar especies de gran rendimiento económico, pero que desplazan a variedades autóctonas, con consecuencias indeseables como la contaminación de los suelos y los acuíferos por el uso masivo de pesticidas y fertilizantes sintéticos.

En cuanto a la Política Agraria Común (PAC) de la UE, que prevé destinar más de 7.200 millones de euros en ayudas a los agricultores y ganaderos españoles de aquí a 2027, éstos consideran que las nuevas condiciones para su cobro perjudican a sus explotaciones, sobre todo por requisitos como la instauración de los “eco-esquemas”, un sistema de incentivos para que las explotaciones agrícolas realicen prácticas medioambientales alineadas con los objetivos de la UE (llegando a ser tachado de “absurdo medioambientalismo”, según la patronal conservadora Asaja), o la condicionalidad social de las ayudas, de forma voluntaria en 2023 y obligatoria en 2025, que estarán vinculadas al respeto a los derechos laborales.

Frente al modelo productivo intensivo e insostenible que domina en Europa en general y en España en particular, con una agroindustria contaminante, se impone la aplicación de formas de cultivo y cría de ganado respetuosos con el medio ambiente, que no destruyan los espacios naturales ni esquilmen los recursos como el agua y la tierra, al tiempo que se consiga un sector primario que pueda vivir con dignidad para revitalizar el mundo rural. Sólo así se asegurará el futuro de estos sectores tan vitales para nuestra supervivencia.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/agricultura-ganaderia-sostenibles_132_10905373.html

AL "BUEN TIEMPO", MALA CARA

Esta semana, una vez más, y tras unos días de frío intenso en el centro de la península, volvemos a experimentar temperaturas inusuales para este mes de enero, siendo de nuevo la Región de Murcia el lugar donde se alcanza el récord, con 27ºC, diez grados por encima de la media para este mes en nuestra región. Estas anomalías son, evidentemente, una consecuencia del cambio climático, aunque los grandes medios de comunicación de masas no suelen hacer referencia a esto, limitándose a hablar principalmente de la influencia de estas temperaturas en la buena marcha del turismo, haciendo hincapié en la posibilidad de desestacionalizar la oferta turística de sol y playa fuera de la temporada estival como uno de los principales objetivos de las administraciones, como se está viendo en FITUR estos días.

Pero no llueve a gusto de todos, aunque la lluvia brille por su ausencia. Las estaciones de esquí están empezando a sufrir la falta de nieve, lo que supone el cierre de algunas de ellas o la apertura de unos pocos kilómetros de pistas esquiables. La gran mayoría de esas estaciones se ven obligadas a usar cañones de nieve, artefactos no exentos de producir impactos ambientales como el uso excesivo de agua y de energía para desviar los arroyos a los depósitos y conseguir rebajar la temperatura para la fabricación de nieve. Además, la nieve artificial aumenta la entrada de agua e iones a las pistas de esquí, lo que puede tener un efecto fertilizante y, por lo tanto, cambiar la composición de las especies de plantas de la zona.

Las altas temperaturas pueden convertirse, además, en un inconveniente para el turismo estival. Las sucesivas olas de calor que nuestro país sufre en verano pueden desincentivar la llegada turistas, según un informe de Caixabank Research. Según este estudio, el incremento de la temperatura de cuatro grados reduciría la demanda turística anual en un 3,1%. Y la llegada de turistas caería hasta un 15% en los meses de julio y agosto. El impacto sería muy superior en regiones como Islas Baleares o la Región de Murcia. Las consecuencias del cambio climático van más allá de inundaciones, incendios y olas de calor que afectan al medio ambiente y a la agricultura. El turismo, que supone en España el 12% del PIB, puede verse seriamente afectado por el calentamiento global, como ya se está comprobando

Otro sector afectado por la emergencia climática es la agricultura, por la falta de lluvias, que ha supuesto la pérdida del 13,6% de las cosechas, afectando sobre todo al secano y muy especialmente a la aceituna, con un descenso del 55% en la producción en la campaña anterior, y a los cereales, con el 45,6%. Todos sufrimos las consecuencias de esta disminución en la producción agrícola, con la subida bestial del precio del aceite de oliva y otros productos. A pesar de la sequía, el presidente López Miras y su consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, siguen con su particular guerra del agua, repitiendo aquello de querer “llevar agua de donde sobra a donde falta”, sin querer percatarse de que en breve no va a sobrar agua de ningún sitio y que la fuente del trasvase Tajo-Segura, los embalses de Entrepeñas y Buendía, están actualmente al 38 y 23% de su capacidad, respectivamente. Y su pretensión de resucitar el Plan Hidrológico Nacional choca con las opiniones de los expertos, que ven inviable un futuro trasvase del Ebro, por la escasez estructural, sequía y restricción de los principales sistemas de riego de la Cuenca del Ebro.

Lo que para mucha gente, y determinados representantes políticos, la situación de altas temperaturas de este mes de enero no es sino “buen tiempo” y una oportunidad de hacer negocios, es en realidad la plasmación de la emergencia climática frente a la cual sólo podemos poner mala cara y empezar a buscar soluciones a corto plazo.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

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