Todo parece indicar que los Juegos Olímpicos de 2020 recaerán en Madrid, merced a la puntuación que ha obtenido hoy la candidatura por parte del Comité Olímpico Internacional (COI), superando a sus rivales, Estambul y Tokio. Todo un despropósito en un país como el nuestro que atraviesa por la mayor crisis económica y social de su historia. Son numerosos los estudios que ponen en duda los supuestos beneficios económicos de la organización de unos juegos olímpicos, y las experiencias previas han demostrado que las previsiones de gastos e inversiones en las distintas sedes se han quedado cortas.
Así, en 2004, los organizadores de Londres 2012 dijeron que se gastarían 2.400 millones de libras, y el presupuesto final se disparó hasta los 9.300. Atenas 2004 presupuestó en 1.600 millones de dólares unos Juegos que acabaron costando 16.000 millones, siendo este evento uno de los factores que precipitaron la crisis griega. El presupuesto en Seguridad de Londres 2012 pasó, al cambio, de 338 millones de euros a 664. No fue el único caso espectacular de desvío presupuestario: el gasto para las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos pasó de 51 millones a 103. El presupuesto inicial para los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi (Rusia) que se celebrarán en 2014 fue de 12.000 millones de dólares. La última revisión le atribuye ya 33.000, un 175% más de gasto.
Como se ve, en general, los JJ. OO. cuestan, como mínimo, el doble de lo presupuestado. En el caso de Madrid, el comité organizador gastará 2.400 millones de euros e ingresará más de 2.000, sobre el papel. Además, la candidatura dice que habrá que invertir otros 1.500 millones en sedes deportivas, la villa olímpica, infraestructuras de transporte y urbanas, además de la seguridad para esos día. Si se cumple lo que ha ocurrido en otras sedes anteriores, el gasto total ascendería, como mínimo, a casi 8.000 millones de euros.
Hay otro problema: todas las infraestructuras construidas corren el riesgo de ser inservibles tras el evento. El hipódromo remodelado con un coste de 24 millones de euros; puerto de Valencia, 43 millones; centro de regatas en Getafe, 65 millones; pabellón de voleibol, 53 millones... Todas ellas tendrán un uso escaso tras 2020. Ya se han visto en España pabellones deportivos que, tras su construcción, se utilizan solo de forma esporádica, como la Caja Mágica, en Madrid, usada única y exclusivamente para albergar un Master de tenis al año, habiendo costado, como no podía ser menos, el doble de lo presupuestado (300 millones).
El coste ambiental de los JJ.OO. tampoco es despreciable. Los juegos de invierno de 2014, que se celebrarán en Sochi (Rusia), son objeto de las protestas de organizaciones como WWF, ya que aguas residuales contaminadas y escombros son vertidos en un brazo del río Msymta. "Esta es una reserva de agua potable para Sochi", ha declarado un representante de WWF. Gran parte de la reserva de la biosfera está siendo gravemente dañada por las enormes construcciones para el telesilla y las carreteras. En el caso de Madrid, Ecologistas en Acción denuncia deficiencias en el Plan de Sostenibilidad de los JJ.OO., señala la obligación de los desplazamientos de deportistas a las sedes secundarias (Valencia y Baleares), aumentando la emisión de CO2 y la hipocresía de los gobernantes al contar las bondades ambientales de la capital, cuando la realidad es que el hiperdesarrollo urbanístico y de infraestructuras está muy lejos de la sostenibilidad ambiental. Además, el rediseño de la ciudad, ajeno a las necesidades de sus habitantes en el caso de las instalaciones que se levantarán en el Parque Lineal del Manzanares, demuestra que se actúa de espaldas a la población.
El Comité Olímpico Español y las instituciones que apoyan incondicionalmente este evento deberían aprender de los países que, como Brasil, pasan por momentos de protesta de la población, por el elevado coste de todos estas infraestructuras, en detrimento del bienestar de la sociedad. La visión puramente mercantilista de los organizadores de los JJ.OO., podría desencadenar que se acentuaran las diferencias sociales en nuestro país, pero no parece que eso preocupe a nuestros gobernantes. Esas inversiones multimillonarias deberían dedicarse a fomentar el empleo sostenible, a mejorar los depauperados servicios sociales, así como la Sanidad y la Educación, en vez de apostar una vez más por el ladrillo, en la construcción de infraestructuras de dudosa utilidad social, cuyas consecuencias económicas, ambientales y sociales estamos lejos de conocer. Parece que no hemos aprendido nada en estos años de hiper-construcción y gasto público sin control.
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