LA LEY EUROPEA DE RESTAURACIÓN DE LA NATURALEZA ES MUY NECESARIA

En la Región de Murcia, Vox lo ha vuelto a hacer. Ha presionado al Partido Popular para desdecirse sobre una ley europea de obligado cumplimiento. Si el pasado 21 de junio la consejera de Agricultura de la Región de Murcia, Sara Rubira, declaraba que “el PP no está en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza”, pasadas unas horas se contradecía a sí misma, en una difícil pirueta, afirmando que “están totalmente en contra” de dicha ley porque “castiga al sector agrícola”, coincidiendo con el vicepresidente José Ángel Antelo. Vox en la Región de Murcia, a través de su presidente, Antelo, ha calificado la ley europea como “ley de aniquilación del campo”, en un ejercicio, una vez más, de demagogia y desconocimiento de lo que significa esta ley.

Si uno se informa mínimamente sobre esta ley, aprobada el pasado 17 de junio, se puede comprobar que sus objetivos son muy positivos para la conservación de hábitats y la lucha contra el cambio climático, Así, la Ley de Restauración de la Naturaleza, aprobada en el seno de la Unión Europea (UE) por la mayoría de países miembros, pretende restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE para 2030 y todos los ecosistemas degradados para 2050. Actualmente, el 80% de los ecosistemas europeos se encuentran en mal estado. Sus objetivos son aumentar la biodiversidad, polinizar los cultivos y mejorar la seguridad alimentaria, así como prevenir y reducir el impacto de catástrofes naturales como las inundaciones, entre otros. La ley también describe objetivos como el aumento de la biodiversidad forestal, la preservación y expansión de espacios verdes urbanos, el fomento de la agricultura sostenible y la restauración de hábitats marinos, así como la conectividad de ríos. Se prevé la plantación de más de tres mil millones de árboles en la UE y se tendrán que convertir al menos 25.000 km de ríos en cauces libres, lo que desmonta el falaz argumento de la ultraderecha española de que se quiere “destruir embalses”; también se restaurarán humedales que filtrarán el agua contaminada por los fertilizantes y los purines.

En una región como la nuestra, zona de sacrificio por ser la primera región europea donde se perciben los efectos catastróficos de la emergencia climática, con el avance de la desertificación, el aumento de las temperaturas, el descenso en el régimen de lluvias, con efectos en la agricultura y el turismo, rechazar esta ley cuyo único objetivo es restablecer los ecosistemas degradados y velar por que no se deteriore de manera considerable los que aún están bien conservados, es ponerse una venda y huir hacia adelante. La ultraderecha española se ha erigido como defensores a capa y espada de la agricultura y la ganadería, pero en realidad están ayudando a su destrucción, ya que continuar con un modelo agrícola y ganadero que da la espalda a la naturaleza es caminar hacia su retroceso.

La contaminación de los suelos por purines y la contaminación de las aguas por los vertidos agricolas, que degradan el Mar Menor y polucionan los acuíferos, el agotamiento de los suelos por los cultivos intensivos, la amenaza a espacios naturales, sobre todo los incluidos en la Red Natura 2000, como El Gorguel, son ejemplos de la necesidad urgente de aplicar esta ley europea en la Región de Murcia. La defensa de los causantes de estas amenazas llevada a cabo por PP y Vox son la razón por la que estos dos partidos rechazan dicha ley, prefiriendo ser los portavoces de la élite económica regional frente al interés de la mayoría social de la Región de Murcia.

Una vez más, la derecha y la ultraderecha van en contra de la ciencia. Más de 6.000 científicos firmaron una carta de apoyo en mayo de 2023, y la iniciativa legislativa cuenta con la firma de más de un millón de ciudadanos europeos y el apoyo de las principales organizaciones ecologistas. El rechazo de PP y Vox a esta ley europea va en la linea de su cruzada contra el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, dos pesos pesados de la política de la UE para conseguir la ansiada transición ecológica de la economía y la lucha contra el cambio climático.

La aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza es una gran noticia, a pesar de los negacionistas climáticos, que mejorará los ecosistemas, garantiza el futuro de la agricultura y la vida de la mayoría de la ciudadanía europea y española.

Artículo publicado hoy en el diario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/ley-europea-restauracion-naturaleza-necesaria_132_11474318.html

POR UNA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOSTENIBLES

La agricultura y la ganadería europeas se han lanzado a las carreteras y las ciudades, también en la Región de Murcia, para protestar por su situación y por las políticas de la Unión Europea (UE) aplicadas a este sector. Básicamente, estas manifestaciones van encaminadas a protestar por la excesiva burocracia, el bajo precio que los mercados establecen para sus productos, que ponen en riesgo la supervivencia de sus explotaciones y la existencia de una competencia desleal por parte de terceros países, especialmente de Marruecos, al no trabajar en igualdad de condiciones laborales y por el uso de productos fitosanitarios no autorizados en la UE. Otras reivindicaciones de los sectores agrícola y ganadero son el fin de la especulación en la compra de tierra por parte de fondos de inversión, el alto precio de los combustibles o la protesta por la instalación de energías renovables en terrenos agrarios. La situación del campo se ha agravado por la sequía que, a su vez, está siendo agudizada por el cambio climático.

Pero junto a estas justas peticiones, la ultraderecha, apoyados por un porcentaje de agricultores, van en contra de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo. La Agenda 2030 es un plan de acción definido por la ONU, en la que se proponen 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Concretamente, los objetivos relacionados con la agricultura y la ganadería persiguen asegurar la sostenibilidad de los sistemas productivos, permitir el acceso a tierras a pequeños productores, mantener la diversidad genética y asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios. Por su parte, el Pacto Verde Europeo pretende asegurar una transición ecológica rentable y socialmente justa para conseguir, al menos, un 55% de reducción de las emisiones netas de aquí a 2030 y la neutralidad climática en 2050.

Sin embargo, la ultraderecha habla de “fanatismo climático” y de “restricciones medioambientales” por parte de la UE, pretendiendo que no haya ningún tipo de trabas para llevar a cabo las actividades agrícolas y ganaderas, aunque ello suponga el deterioro de los espacios naturales y la contaminación de las aguas y el aire. Cuando se habla de la actividad agrícola, se olvida a menudo que en nuestro país hay 4,5 millones de hectáreas de regadío, el 30% de los cuales son ilegales, y que esta modalidad consume el 85% del agua del estado español. Esta superficie ingente de regadíos agota los acuíferos, y destruye espacios naturales como Doñana, las Tablas de Daimiel o el Mar Menor. Además, la agroindustria, pues de eso se trata en la mayoría de los casos, tiende a cultivar especies de gran rendimiento económico, pero que desplazan a variedades autóctonas, con consecuencias indeseables como la contaminación de los suelos y los acuíferos por el uso masivo de pesticidas y fertilizantes sintéticos.

En cuanto a la Política Agraria Común (PAC) de la UE, que prevé destinar más de 7.200 millones de euros en ayudas a los agricultores y ganaderos españoles de aquí a 2027, éstos consideran que las nuevas condiciones para su cobro perjudican a sus explotaciones, sobre todo por requisitos como la instauración de los “eco-esquemas”, un sistema de incentivos para que las explotaciones agrícolas realicen prácticas medioambientales alineadas con los objetivos de la UE (llegando a ser tachado de “absurdo medioambientalismo”, según la patronal conservadora Asaja), o la condicionalidad social de las ayudas, de forma voluntaria en 2023 y obligatoria en 2025, que estarán vinculadas al respeto a los derechos laborales.

Frente al modelo productivo intensivo e insostenible que domina en Europa en general y en España en particular, con una agroindustria contaminante, se impone la aplicación de formas de cultivo y cría de ganado respetuosos con el medio ambiente, que no destruyan los espacios naturales ni esquilmen los recursos como el agua y la tierra, al tiempo que se consiga un sector primario que pueda vivir con dignidad para revitalizar el mundo rural. Sólo así se asegurará el futuro de estos sectores tan vitales para nuestra supervivencia.

Artículo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/agricultura-ganaderia-sostenibles_132_10905373.html

AL "BUEN TIEMPO", MALA CARA

Esta semana, una vez más, y tras unos días de frío intenso en el centro de la península, volvemos a experimentar temperaturas inusuales para este mes de enero, siendo de nuevo la Región de Murcia el lugar donde se alcanza el récord, con 27ºC, diez grados por encima de la media para este mes en nuestra región. Estas anomalías son, evidentemente, una consecuencia del cambio climático, aunque los grandes medios de comunicación de masas no suelen hacer referencia a esto, limitándose a hablar principalmente de la influencia de estas temperaturas en la buena marcha del turismo, haciendo hincapié en la posibilidad de desestacionalizar la oferta turística de sol y playa fuera de la temporada estival como uno de los principales objetivos de las administraciones, como se está viendo en FITUR estos días.

Pero no llueve a gusto de todos, aunque la lluvia brille por su ausencia. Las estaciones de esquí están empezando a sufrir la falta de nieve, lo que supone el cierre de algunas de ellas o la apertura de unos pocos kilómetros de pistas esquiables. La gran mayoría de esas estaciones se ven obligadas a usar cañones de nieve, artefactos no exentos de producir impactos ambientales como el uso excesivo de agua y de energía para desviar los arroyos a los depósitos y conseguir rebajar la temperatura para la fabricación de nieve. Además, la nieve artificial aumenta la entrada de agua e iones a las pistas de esquí, lo que puede tener un efecto fertilizante y, por lo tanto, cambiar la composición de las especies de plantas de la zona.

Las altas temperaturas pueden convertirse, además, en un inconveniente para el turismo estival. Las sucesivas olas de calor que nuestro país sufre en verano pueden desincentivar la llegada turistas, según un informe de Caixabank Research. Según este estudio, el incremento de la temperatura de cuatro grados reduciría la demanda turística anual en un 3,1%. Y la llegada de turistas caería hasta un 15% en los meses de julio y agosto. El impacto sería muy superior en regiones como Islas Baleares o la Región de Murcia. Las consecuencias del cambio climático van más allá de inundaciones, incendios y olas de calor que afectan al medio ambiente y a la agricultura. El turismo, que supone en España el 12% del PIB, puede verse seriamente afectado por el calentamiento global, como ya se está comprobando

Otro sector afectado por la emergencia climática es la agricultura, por la falta de lluvias, que ha supuesto la pérdida del 13,6% de las cosechas, afectando sobre todo al secano y muy especialmente a la aceituna, con un descenso del 55% en la producción en la campaña anterior, y a los cereales, con el 45,6%. Todos sufrimos las consecuencias de esta disminución en la producción agrícola, con la subida bestial del precio del aceite de oliva y otros productos. A pesar de la sequía, el presidente López Miras y su consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, siguen con su particular guerra del agua, repitiendo aquello de querer “llevar agua de donde sobra a donde falta”, sin querer percatarse de que en breve no va a sobrar agua de ningún sitio y que la fuente del trasvase Tajo-Segura, los embalses de Entrepeñas y Buendía, están actualmente al 38 y 23% de su capacidad, respectivamente. Y su pretensión de resucitar el Plan Hidrológico Nacional choca con las opiniones de los expertos, que ven inviable un futuro trasvase del Ebro, por la escasez estructural, sequía y restricción de los principales sistemas de riego de la Cuenca del Ebro.

Lo que para mucha gente, y determinados representantes políticos, la situación de altas temperaturas de este mes de enero no es sino “buen tiempo” y una oportunidad de hacer negocios, es en realidad la plasmación de la emergencia climática frente a la cual sólo podemos poner mala cara y empezar a buscar soluciones a corto plazo.

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/buen-tiempo-mala-cara_132_10867588.html

OTRO MAR MENOR ES POSIBLE

Foto: Diego Montana

Tras la lamentable intervención de López Miras en la rueda de prensa motivada por la muerte masiva de peces en las orillas del Mar Menor el pasado 16 de agosto, en la que se autoproclamaba 'salvador' de la albufera, tirando balones fuera, sin un atisbo de autocrítica y responsabilizando al Gobierno central de su propia permisividad e inacción ante el aumento exponencial de regadíos ilegales y vertidos descontrolados, el Gobierno regional ha iniciado una campaña de desinformación a través de organismos y columnistas afines para descargar la responsabilidad a los principales causantes de la degradación a ojos vista del Mar Menor, aunque no los únicos: la agroindustria.

Así, la Fundación Ingenio, aparecida en mayo de 2020 como reacción de un sector de la agricultura, y cuyos objetivos teóricos son “poner en valor una agricultura responsable, comprometida e innovadora”, no ha tenido empacho en afirmar, a través de su directora, Natalia Corbalán, que "ya no hay vertidos de la agricultura actual hacia el Mar Menor”, como si el mero hecho de decirlo fuera a convertirse en realidad. Además, la directora de la Fundación no desaprovecha la oportunidad para acusar a los grupos ecologistas, a los que califica de “activistas radicales”, de ser un “lobby hiperfinanciado”. Esta organización se plantea, además, crear un movimiento de “chalecos verdes”, al estilo de los “chalecos amarillos” franceses, a través de un ente del que poco se sabe, denominado 'Ecologismo y Sociedad', pero que ya intuimos que de ecologista tiene poco.

También la Cátedra de Agricultura Sostenible del Campo de Cartagena (sic) de la UPCT, creada en 2017 con la colaboración, curiosamente, de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y con la participación de trece empresas y cooperativas agrícolas de la zona, se centra más en buscar soluciones tecnológicas, básicamente sistemas de desnitrificación de salmueras, antes que incidir en el origen del problema.

En otra categoría encontramos artículos de personas pertenecientes al ámbito universitario, pero no especialistas en la materia, y de la órbita del PP, como el exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara o el exdirector general de Transportes, Salvador García Ayllón, repitiendo el mantra oficial de que la culpa del deterioro del Mar Menor no es de la agricultura y que para solucionar el problema hay que dragar las golas y vaciar el acuífero cuaternario para depurarlo y echar los residuos salobres al Mediterráneo, soluciones ambas rechazadas por la amplia mayoría de científicos que, esta vez sí, han estudiado el ecosistema marmenorense desde hace décadas. El paroxismo llegó con la visita a la zona del líder de Vox Iván Espinosa de los Monteros declarando de forma provocadora que "se debería incrementar, y mucho, la zona de regadío” y acusando a los ecologistas de “responder a incentivos ideológicos, muy distintos a los de la preservación del medio ambiente”. No se me ocurre otra razón de ser de los ecologistas que la defensa del medio ambiente, pero en fin.

Ante esta ofensiva de carácter ideológico, con la que se persigue perpetuar un modelo agrícola contaminante y cortoplacista, basado en la propuesta de medidas ineficaces para salvar el Mar Menor y la descalificación de todo aquel o aquella que ose desmontar la versión oficial, se alzan voces autorizadas que gritan a los cuatro vientos que otro Mar Menor es posible, aunque con poco éxito. Entre el colectivo agrícola, no todos practican los métodos intensivos. Al contrario que las grandes empresas agropecuarias, hay pequeños agricultores que usan métodos agroecológicos y que intentan recuperar, además, variedades de frutas y hortalizas que están en peligro de extinción, aunque la superficie cultivada con estos métodos es aún pequeña, algo más de 3.000 hectáreas en el Campo de Cartagena, un 5% del total.

El Gobierno regional ha intentado dar un barniz científico a su intento de erigirse como 'salvador' del Mar Menor, montando un foro con el rimbombante nombre de 'Ciencia para recuperar el Mar Menor', en el que han participado científicos de las tres universidades de la Región (UMU, UPCT y UCAM) que no han hecho sino apoyar las medidas anunciadas por el gobierno regional, pero sin contar con los que proponen soluciones diferentes a la versión oficial. Muchos de estos científicos, pertenecientes a las Universidades de Murcia, Cartagena y Alicante, al CSIC, al Instituto Español de Oceanografía y a la Fundación Nueva Cultura del Agua, especialistas todos ellos en el estudio de la laguna, algunos de los cuales dimitieron del Comité Científico de Seguimiento del Mar Menor por desavenencias con la Comunidad Autónoma, firmaron un comunicado en 2019 en el que se reafirmaban en su postura de responsabilizar a los vertidos provenientes de la agricultura y otras actividades como el turismo de la agonía del Mar Menor.

El Gobierno regional y sus mensajeros insisten en no responsabilizarse de su obligación de vigilar y, en su caso, sancionar las actividades que han llevado a Mar Menor a su situación actual y, por supuesto, de desmontar las 8.500 hectáreas ilegales. Pero todavía hay una esperanza, si se atiende la opinión de los agricultores sensatos y sostenibles y al consenso de la mayoría de la comunidad científica, que hacen propuestas cuyo único fin es salvar al Mar Menor, no huir hacia adelante para continuar con esta carrera desenfrenada hacia el colapso de la laguna litoral más grande del Mediterráneo Occidental.

Articulo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/mar-menor-posible_132_8278529.html

ANALFABETISMO HÍDRICO

Se acaba de aprobar en el Congreso, con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y Grupo Mixto -con Compromís y PDeCAT-, el informe de la Subcomisión de propuestas en política de aguas en el marco del cambio climático, órgano perteneciente a la Comisión de Agua y Cambio Climático, en el que se incluye la petición de que se "redimensionen" los trasvases, ante la perspectiva de un descenso en los caudales debido a este fenómeno que avanza de modo implacable, con gran indignación por parte del Partido Popular. Por su parte, el expresidente Garre, en precampaña electoral con su nuevo partido, ha calificado este dictamen de "ataque a la Comunidad de la Región de Murcia", en la línea de sus antiguos compañeros de filas. Sin embargo, estas actitudes denotan un total desconocimiento de la realidad climática actual y futura.

En julio del pasado año se publicó un estudio realizado a instancias del Ministerio de Transición Ecológica, 'Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España', en el que se prevé un descenso en la disponibilidad del agua en los próximos decenios, disminuyendo hasta casi un 30% la escorrentía para el final de este siglo. Para abundar más aún en ese impacto, el sur y el sureste peninsular, según ese estudio, serán las regiones más afectadas por el cambio climático, con un mayor estrés hídrico, traducido en un descenso de hasta el 50% en las aportaciones hídricas de la cuenca del Segura, según las previsiones más pesimistas, y del 14%, las más optimistas, de aquí al año 2100.

El concepto que manejan los 'protrasvasistas', entre los que se incluye el presidente López Miras, como dijo al comienzo de su mandato, de "cuenca deficitaria", no se refiere tanto a la cantidad de agua que lleva la cuenca del Segura de forma natural, que es variable en función de las aportaciones debidas a las lluvias, como a las necesidades que tienen las actividades económicas que se han ido multiplicando desde la existencia del trasvase Tajo-Segura. Urbanizaciones tipo resort, campos de golf, regadíos donde antes había cultivos de secano, un porcentaje nada desdeñable de los cuales han surgido de forma irregular, han aumentado exponencialmente la demanda de agua, por lo que, como les ocurre a los adictos, los promotores de esas actividades nunca tendrán suficiente para hacer crecer sus negocios, aunque se les diga una y otra vez que la cantidad disponible será cada vez menor debido a las consecuencias del cambio climático.

Tanto el presidente López Miras como su portavoz Noelia Arroyo parecen ignorar las conclusiones de ese y otros estudios; sus declaraciones públicas son más propias de los negacionistas del cambio climático que de representantes públicos con responsabilidades políticas. El presidente y su consejera no tardaron en descalificar a los que, basados en evidencias científicas, ponen en duda la política de trasvases, opción que se ha verificado obsoleta y sólo aplicable a corto plazo, llegándoles a calificar de "analfabetos hídricos".

Cabría preguntarse quién hace gala de un mayor analfabetismo, si aquellos que siguen las recomendaciones y las previsiones de los expertos en la materia, o los que, poseídos por una especie de manía persecutoria, piensan que la cuestión se reduce a que unos cuantos, según ellos, anti-murcianos y radicales sólo buscan perjudicar a la Región de Murcia. No sólo eso, sino que la consejera Arroyo, en una vuelta de tuerca, afirma que el trasvase Tajo-Segura "es la infraestructura más eficaz que hay en España para luchar contra el cambio climático”, en una huida hacia adelante, comparable a pretender apagar un fuego con gasolina.

A la actitud cargada de sentido común de adelantarse a la situación de sequía y estrés hídrico, y proponer soluciones ambientalmente sostenibles, se antepone la visión cortoplacista del gobierno regional del PP murciano, quienes, con la venda en los ojos, continúan negando la evidencia, y actuando de la misma manera que ya hicieran desde los tiempos del 'Agua para todos'. Es necesario aplicar soluciones alternativas a los trasvases, que pasan por sustituir la gestión de la oferta del agua, como es exigir cada vez más caudal para continuar con el modelo económico insostenible vigente, en favor de la gestión de la demanda, tanto agraria como urbana e industrial, con un cambio en el modelo productivo hacia uno más sostenible y que no sólo busque el beneficio económico inmediato, sino el mantenimiento óptimo de los ecosistemas, apoyado por el uso de aguas desaladas obtenidas con energías limpias.

Artículo aparecido en el diario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Analfabetismo-hidrico_6_830526941.html

EL REVERSO DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

La agricultura de la Región de Murcia se ha lanzado a la vorágine de la exportación. Si hasta ahora era la UE, EEUU y los países árabes los receptores de los productos agrícolas murcianos, el nuevo objetivo es el mercado asiático. Lechugas, endibias, escarolas, cítricos, coles, coliflores, melones, uva… viajarán miles de kilómetros para surtir los mercados de China, Japón, Corea del Sur y otros países del lejano Oriente. Aunque esto supone una inyección de dinero a las empresas agrícolas de la región, esta política comercial pone en evidencia una tendencia que se produce en todo el planeta y que es fruto de la globalización capitalista: el auge de los llamados “alimentos kilométricos”, que conllevan costes ecológicos y sociales considerables.

“La industrialización de la agricultura, gran demandante de agua y necesitada de un uso masivo de fertilizantes y pesticidas de origen artificial… tiene como efecto directo la contaminación de los acuíferos y, en la Región, el deterioro del Mar Menor”

Se calcula que cerca del 70% de los alimentos consumidos en un país determinado provienen de un país extranjero, y que esos alimentos viajan, de promedio, casi 4.000 kilómetros desde el lugar de producción hasta el supermercado donde se consumen. Varias son las consecuencias de este trasiego de productos alimenticios de un lugar a otro. Desde el punto de vista ecológico, la emisión de gases de efecto invernadero debido al transporte de esos productos, agravando el cambio climático, es la principal consecuencia. La industrialización de la agricultura, gran demandante de agua y necesitada de un uso masivo de fertilizantes y pesticidas de origen artificial, usados para hacer frente a la demanda de productos agrícolas, tiene como efecto directo, como es sabido, la contaminación de los acuíferos y, en la Región de Murcia, el deterioro del Mar Menor, afectando al ecosistema más singular de nuestra región, además de afectar a nuestra salud. La homogeneización de los productos agropecuarios es otro efecto de la globalización alimentaria. Las dietas en diferentes partes del mundo se van pareciendo cada vez más, y los consumidores de los países importadores adquieren hábitos alimentarios alejados de sus tradiciones, empobreciendo su acervo cultural y atentando a su soberanía alimentaria, haciendo que aumente la dependencia a los alimentos importados.

Desde el punto de vista social, el movimiento de productos alimenticios de un lugar a otro supone, por un lado, la precarización del trabajo en los países exportadores, ya que, en nombre de la competitividad, los contratos eventuales con salarios bajos, principalmente a trabajadores inmigrantes, son la norma para conseguir que las empresas productoras consigan beneficios a corto plazo. En los países receptores de los productos alimenticios se verifica un aumento del precio de los alimentos básicos, debiendo las familias destinar un mayor porcentaje de su salario a la adquisición de esos alimentos, muchos de ellos de importación.

Para contrarrestar esta problemática, las organizaciones no gubernamentales nos aconsejan consumir los llamados alimentos “kilómetro cero” o de proximidad, es decir, los productos cultivados localmente, a menos de 100 kilómetros de distancia con respecto al consumidor y de temporada, es decir, lo que se ha hecho toda la vida. Este tipo de productos involucran a pequeños agricultores locales, lo que fomenta la economía de cercanía. Las ventajas son obvias: la ausencia de transporte de larga distancia y la no utilización de envoltorios de plástico disminuye la emisión de CO2; se reduce el desperdicio de alimentos debido a las deficiencias en el transporte y almacenamiento y los descartes innecesarios; seremos conscientes de los ciclos de las frutas y verduras si consumimos preferentemente productos de temporada. Como consumidores se puede hacer de un modo muy sencillo. Basta con leer las etiquetas y comprobar los lugares de origen de los productos.

Si desde las instituciones se potenciara la agricultura de cercanía, fomentando los mercados de productores locales, la agroecología, los productos de cercanía, de alta calidad, tal vez nos replantearíamos nuestros hábitos de consumo. Pero parece que la Consejería apuesta más por la industria alimenticia, cuyas consecuencias se han analizado más arriba, actividad que contribuye al cambio climático y al atentado de la soberanía alimentaria en los países receptores, siguiendo la lógica capitalista del modo de producción.

Artículo aparecido en La Crónica del Pajarito:

http://lacronicadelpajarito.com/blog/federicogcharton/2018/08/reverso-exportaciones-agricolas

LA DESERTIFICACIÓN, UN RETO GLOBAL

Acaba de salir a la luz el último 'Atlas Mundial de la Desertificación', un informe realizado por la Comisión Europea, con el patrocinio de la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD), en el que se pone de manifiesto que la degradación de las tierras y la pérdida de suelo fértil ha aumentado desde la publicación del último estudio, hace ya 20 años. La primera edición de este estudio se realizó en 1992, en vísperas de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, y en 1998 apareció el siguiente informe. Según la ONU, la desertificación es la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.

“En la Región de Murcia, la desertificación afecta a más del 50% del territorio, puesta de manifiesto por la erosión del suelo, acelerada por los incendios y la agricultura intensiva”

Los datos que se extraen de este último atlas no invitan al optimismo. Según éste, más del 75% de la superficie terrestre está ya degradada, pudiendo llegarse al 90% de aquí al 2050, lo que acarrearía un descenso del 10% en la productividad de los suelos, la pérdida de la mitad de las cosechas y, consecuentemente, el desplazamiento de 700 millones de personas, sobre todo en la India, China y Africa subsahariana. El cambio climático es el factor más importante que agrava la situación, acelerado por la deforestación salvaje en muchas áreas del planeta y la expansión de las actividades agrícolas.

El atlas presenta una visión de conjunto de las causas de esa desertificación, así como datos concretos que pueden servir para identificar los procesos biofísicos y socio-económicos que llevan a los usos insostenibles de los suelos. Así, el aumento de la población mundial (10.000 millones de habitantes en 2050), las migraciones a las áreas urbanas, el aumento de la superficie cultivada, la pérdida de bosques, que conllevan la disminución de la biodiversidad, debido sobre todo a los monocultivos como la palma o la soja, situaciones que están agravadas por la deslocalización y la globalización, así como la creciente demanda de agua para atender la producción agrícola e industrial, son algunos de los factores que aceleran los procesos de desertificación a nivel mundial, según este informe.

En la UE, la desertificación afecta al 8% del territorio europeo, sobre todo en el sur, este y centro del continente, alcanzando a 14 millones de hectáreas. Nuestro país es uno de los más afectados, y el sureste español, especialmente. Un equipo de investigación de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA), instituto del CSIC, en Almería, liderado por el investigador Gabriel del Barrio, ha contribuido con dos estudios de caso en la Península Ibérica y en el Magreb, desarrollando una metodología específica para valorar y monitorizar el estado de madurez de los ecosistemas terrestres. En el caso de la Región de Murcia, la desertificación afecta a más del 50% del territorio, puesta de manifiesto por la erosión del suelo, acelerada por los incendios y la agricultura intensiva.

Si la degradación de los suelos es un problema global, sus efectos son locales y las soluciones deben ser de ámbito local, también. Así, limitar la expansión de las actividades agrícolas, sustituyendo grandes latifundios por pequeños productores, más eficientes en el uso de los recursos; adoptar buenas prácticas agrícolas (aterrazamiento, evitar roturaciones en pendientes elevadas, agroecología, etc.); adoptar dietas con mayor presencia de vegetales, reducir el consumo de proteína animal y, en todo caso, que ésta provenga de producción ecológica, y evitar el despilfarro de comida (en España se tiran 9 millones de toneladas de comida al año, 135 kilos por persona) son algunas de las medidas propuestas por la Comisión Europea que pueden contribuir a la solución de este grave problema que es la desertificación. Pongámonos manos a la obra.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

http://lacronicadelpajarito.com/blog/federicogcharton/2018/07/desertificacion-un-reto-global

UNAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SALVAR EL MAR MENOR

La aprobación de las enmiendas a la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor por iniciativa de la oposición en pleno, a pesar de que es una buena noticia para la conservación de la laguna, tiene enfrente a las asociaciones agrarias de la Región de Murcia, como la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) o la asociación Pro-Agua del Campo de Cartagena, además del Partido Popular, al calificar de “ocurrencia” y de “medidas innecesarias”, de un modo irresponsable, a mi modo de ver, la implementación de tales medidas, que sólo pretenden salvar al Mar Menor de 30 años de inoperancia y desidia.

“Compatibilizar actividades económicas, medio ambiente y conservación del Mar Menor puede valer de eslogan, pero, de los tres términos de esta ecuación, los dos últimos suelen ser reducidos a la mínima expresión cuando el PP se pone a aplicar medidas, como su Ley de Costas o los dragados y aperturas entre la laguna y el Mediterráneo como únicas ocurrencias”

Estas organizaciones políticas y agrarias denotan, con esta actitud, que, en el fondo, les importa bastante poco que la laguna costera más emblemática del Mediterráneo occidental se muera, al pretender continuar con la actividad agrícola tal y como se ha venido haciendo en los últimos 30 años, sin cambiar un ápice en su modo de producción, actividad que ha traído consigo dos consecuencias directas: causar un perjuicio al sector turístico y cargarse este ecosistema singular; la obtención de beneficios inmediatos, ya sea por la exportación de productos agrícolas cultivados de forma intensiva, ya sea por un puñado de votos, es lo que les guía.

La guinda a este rechazo enfermizo a las únicas medidas que pueden salvar al paciente moribundo la ha puesto recientemente el secretario ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del Partido Popular, Jesús Cano. Además de acusar a la oposición de “hacer daño por hacer daño” con estas medidas, afirma Cano sin sonrojarse en un reciente artículo que el PP “son los primeros defensores de la preservación de la laguna salada”. Los hechos demuestran todo lo contrario. A pesar de las declaraciones rimbombantes de los representantes del Ejecutivo desde que saltaron las alarmas en el verano de 2016, cuando Martínez-Cachá era la consejera de Medio Ambiente, y en este último año y medio, a través del presidente López Miras o el actual consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca Jódar, el Mar Menor sigue en la UCI, como se ha visto recientemente en un video en el que se ve la superficie de la laguna salpicada de manchas de espuma blanca.

Sin embargo, las disposiciones incluidas en el paquete de medidas, que son objeto de la polémica, no pueden ser más lógicas y guiadas por el sentido común. Entre ellas se habla de la obligación de destinar el 5% de cada parcela a implantar sistemas que reduzcan la contaminación, la colocación de barreras vegetales que impidan la llegada de nutrientes a la laguna o la modificación de las zonas de protección, todas ellas avaladas por la comunidad científica, a través del documento de diagnóstico de situación redactado por el Comité Científico, o las intervenciones públicas de los científicos en la Comisión del Mar Menor de la Asamblea Regional. Rechazar tales medidas es dar un portazo a la posibilidad de que la laguna se regenere y aun así, aplicándolas, se tardarán muchos años antes de que se vuelva a la situación óptima de conservación.

El argumento que esgrime Jesús Cano para rechazar las medidas propuestas, tachando de “radicales y antisistema” a una parte de la oposición, es de una gran simpleza, y demuestra que, cuando le faltan argumentos más sólidos, sólo le queda echar mano de lugares comunes. La pretensión del PP de compatibilizar actividades económicas, medio ambiente y conservación del Mar Menor puede que valga como eslogan, pero todos sabemos que, de los tres términos de esta ecuación, los dos últimos suelen ser reducidos a la mínima expresión cuando el Partido Popular se pone a aplicar medidas, como se puede comprobar con su Ley de Costas o con los dragados y aperturas de comunicaciones entre la laguna y el Mediterráneo como únicas ocurrencias.

A falta de ser aprobada la Ley Integral del Mar Menor, por la que, previsiblemente, se gestionarán y regularán todas las actividades que afectan a la laguna, pesca, turismo y, por supuesto, la agricultura, esta Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor, con las enmiendas introducidas por la oposición, contribuirán sin duda a mejorar su situación, aunque aún son insuficientes para revertirla.

El próximo 1 de febrero, la Asamblea Regional aprobará seguramente este paquete de medidas que pretenden salvar el Mar Menor, si la oposición en pleno mantiene su compromiso para ello, con el trasfondo de las protestas de un sector de los agricultores que no tienen intención de cambiar su modelo de negocio. El sector agrícola, sin embargo, tiene ahora la oportunidad de dar un giro radical a su manera de producir, con un enfoque basado en la agroecología, buscando más la excelencia de los productos que la búsqueda de beneficios inmediatos, al tiempo que dignifique las condiciones de trabajo de la mano de obra. Todos nosotros, así como el medio ambiente, saldremos ganando.

Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

http://lacronicadelpajarito.com/blog/federicogcharton/2018/01/unas-medidas-necesarias-para-salvar-mar-menor