Mostrando entradas con la etiqueta POBREZA. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta POBREZA. Mostrar todas las entradas

miércoles, 4 de marzo de 2026

¿LA MEJOR TIERRA DEL MUNDO?


El gobierno regional es muy dado a usar eslóganes que le reportan beneficios electorales. Ya pasó en 2001 con el famoso “Agua para todos”, inscrito en una pancarta que los murcianos y murcianas tuvimos que ver durante varios años colgada de la fachada del Ayuntamiento de Murcia, en la época de la burbuja inmobiliaria, con las obras faraónicas proyectadas como el parque Paramount o el resort Marina de Cope, que habrían necesitado de ingentes aportes de agua para su mantenimiento. Afortunadamente, esos proyectos no se realizaron, gracias sobre todo a la oposición de la sociedad murciana y a la acción de la justicia que paralizó algunas de esas obras.  

25 años después, otro lema se repite sin cesar, “la mejor tierra del mundo”. Parece que los próceres murcianos no han viajado mucho, pues muchos son los motivos que contradicen ese eslogan. Basta con hacer un repaso a algunos datos recientes para comprobarlo. Veamos.

La Región registra un 20,6% de abandono educativo temprano, muy por encima de la media nacional, que se cifra en un 12,8 %, y casi el doble que las comunidades con mejores resultados. Este abandono escolar está relacionado con la precariedad laboral o la baja financiación de la educación pública con respecto a la educación privada-concertada. Así, aunque se aumentó la inversión en educación en un 9% en 2025, este dato esconde que el 77 % de esa inversión va destinada al sector privado-concertado, muy por encima de la media española (57%). La masificación de las aulas, el presupuesto raquítico de los centros públicos para atender a la diversidad del alumnado inciden de manera muy importante en la tasa de abandono escolar.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada recientemente, el 32,5% de la población de la Región de Murcia estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope) en 2025, un dato superior al 2024 (32,4%), sólo por debajo de Andalucía (34,7%) y Castilla-La Mancha (34%). Casi la mitad de la población de la región no puede afrontar gastos imprevistos, y el 42,5% no puede irse de vacaciones una semana. Estos datos demoledores ponen de relieve las dificultades que afronta un amplio sector de la sociedad murciana. Aunque se acaba de aprobar la Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia 2026-2028, está por ver su eficacia si no se actúa sobre la raíz del problema, como es reducir la desigualdad y distribuir la riqueza de un modo más efectivo.

El alza del precio de la vivienda, el mayor problema con que se enfrenta la sociedad actual, golpea de lleno a nuestra región. Así, según el portal Fotocasa, el precio de la vivienda usada en la Región de Murcia ha subido casi un 30% en el último año, encabezando el ranking nacional de subidas, con un precio medio de 1.924 euros por metro cuadrado, 439 euros más que en 2024. El alquiler tampoco es asequible, habiendo experimentado una subida interanual del 9% a marzo de 2026, situándose en una media de aproximadamente 9,43€ a 10€ por metro cuadrado. En un reciente informe de Cáritas se indica que el 46% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado en la Región de Murcia se encuentran en riesgo de pobreza.

El medio ambiente también es una asignatura pendiente en nuestra región. Aunque el Mar Menor experimenta una ligera mejoría, con menores aportes de nutrientes a la laguna costera, sigue siendo un ecosistema frágil, con problemas que no se resuelven vinculados a la agricultura intensiva y con la espada de Damocles de la reforma de la Ley de Protección del Mar Menor por la dependencia del PP regional a las imposiciones de Vox para aprobar los presupuestos. 

Otro problema que sufrimos es la contaminación atmosférica vinculada a la alta dependencia del coche. Murcia es la ciudad española que más usa el coche (el 72% de su población lo usa habitualmente) dando como resultado que en más de la mitad de los días de 2025 se han registrado niveles desfavorables de la calidad del aire. A pesar de la propaganda que realiza a diario el alcalde Ballesta con su tranvíbús, este medio no soluciona en absoluto el problema de la movilidad, ya que sólo une el centro con el hospital de La Arrixaca en el Palmar.

Otro aspecto ambiental que nos sitúa a la cola es la proliferación de plantas de biogás en poblaciones como Cartagena, Lorca, Las Torres de Cotillas, Fuente Álamo o San Javier, que son la excusa perfecta para mantener la ganadería intensiva de porcino, con la contaminación por purines, los malos olores y la intensificación del tráfico de vehículos pesados asociados a la implantación de estas plantas sobredimensionadas. La última noticia aparecida en los medios de comunicación es la presunta ocultación por parte de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca del Informe de la UPCT sobre metales pesados (arsénico, cadmio, plomo y zinc), en el Campo de Cartagena. Este hecho ha llevado a Ecologistas en Acción a denunciarlo ante la justicia. 

La situación social, económica y ambiental de la Región de Murcia, de la que sólo he desgranado unos pocos datos, contradice el triunfalismo del gobierno regional y su lema institucional “La mejor tierra del mundo”, que puede servir como campaña de marketing para incautos, pero que no refleja la realidad de un territorio que atraviesa por múltiples problemas que no tienen visos de tener una solución a corto plazo. 

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/mejor-tierra-mundo_132_13035639.html


lunes, 12 de septiembre de 2022

¿CRISIS? ¿QUÉ CRISIS?

En 1975, el grupo británico Supertramp publicó un álbum titulado “Crisis What Crisis?”, con una portada en la que aparece un turista que se tuesta al sol junto a una sombrilla, ajeno a una serie de chimeneas que escupen humo y chabolas miserables que se vislumbran a su espalda. Aunque este disco surgió tras la crisis del petróleo de 1973, es perfectamente aplicable a la situación actual, con la crisis climática y la desigualdad social que se acentúa año tras año.

En nuestro país hay una serie de partidos políticos y grandes empresas que actúan como el turista de esta mítica portada, como si el calentamiento global, la situación de pobreza de un sector de la población o la invasión de Ucrania por parte de Putin no existieran. Sin hablar de la ultraderecha, que son negacionistas por sistema, contradiciendo todos los informes científicos y demostrando una ignorancia supina, la derecha española hace tiempo que ha decidido ir en la dirección contraria a lo que la situación aconseja, a pesar del cambio de líder de la oposición, cuya supuesta “moderación” se ha visto rebatida por la realidad de sus declaraciones.

Así, frente a la necesidad de potenciar las energías renovables, el PP apuesta por la energía nuclear y las plantas de carbón, aunque está demostrado que la energía nuclear no es neutra en cuanto a las emisiones de CO2, que la construcción de nuevas plantas exigiría de 10 a 15 años de construcción e inversiones multimillonarias, que se dependería del suministro de uranio, un tercio del cual proviene de Rusia, además de que la situación de sequía y elevación de la temperatura de los ríos dificulta su función como refrigerante de los reactores. Pero sin duda una de las razones más poderosas para rechazar su uso es que, incluso triplicando la capacidad nuclear mundial, únicamente daría lugar a un 6% de reducción de las emisiones de carbono, según la Agencia Internacional de la Energía. 

Ajenos a la situación precaria a la que se enfrentan millones de españoles, el PP ha votado sistemáticamente en contra de todas las medidas que puedan aliviar esa circunstancia, como el aumento del SMI, la reforma laboral que ha permitido el aumento de la contratación indefinida, los ERTE, las ayudas a las familias o la gratuidad en el transporte público, entre otras medidas anticrisis. A pesar de presentarse como “defensores de España”, lo cierto es que no defienden los intereses de la mayoría de los españoles, sino solamente el del 5% más rico.

¿Y qué decir de las grandes empresas? Tanto los bancos como las empresas energéticas, aunque defienden legítimamente los intereses de sus accionistas, olvidan que en 2011 se rescató con 60.000 millones de euros de todos y todas a los bancos, esos mismos bancos que, en 2021, en esta situación de crisis, consiguieron unos beneficios de 20.000 millones, el mayor beneficio en la última década. También las grandes energéticas españolas han aumentado sus beneficios; las energéticas del Ibex 35 cuadriplicaron su beneficio en 2021 con respecto al año anterior y este año han mejorado las cifras en los seis primeros meses con respecto al mismo periodo de 2021. Además, en España, el número de millonarios se incrementó el año pasado en un 4,4%, hasta alcanzar las 246.500 personas. Son 10.400 más que en 2020, que vieron incrementada su riqueza en un 5,3%.

Mientras la mayoría de la población sufre la subida de los precios, la inflación, la precariedad, y somos testigos directos de las consecuencias de la emergencia climática, con olas de calor, incendios, granizadas violentas, inundaciones, hay un pequeño sector privilegiado que se pregunta “¿Crisis? ¿Qué crisis?”, como aquel consejero madrileño que no veía pobres por las calles o la estrella del fútbol francés y su entrenador que se reían ante la sugerencia de usar el tren en vez de los jets privados. Lo peor es la ceguera de la derecha política española y su postura de defender esos privilegios. 

La crisis ecológica, económica y social por la que atravesamos requiere de decisiones valientes y de un cambio de paradigma si no queremos estrellarnos contra el muro del colapso de aquí a unas pocas décadas, y esas decisiones se deberán tomar a pesar de la actitud negacionista de ese pequeño sector privilegiado. 

Artículo aparecido en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/crisis-crisis_132_9304736.html

jueves, 15 de marzo de 2018

LA RENTA BÁSICA, POR LA DIGNIDAD Y LA EQUIDAD

La petición de la implantación de una Renta Básica Universal (RBU) vuelve a estar en el primer plano de la actualidad. Por un lado, a finales del mes de enero pasado, el 51% de los diputados y diputadas del Consejo de Europa votaron a favor de la propuesta de la italiana Nunzia Catalfo, del Comité de Asuntos Sociales, Sanidad y Desarrollo Sostenible, de poner en marcha una RBU para “asegurar una vida digna a los ciudadanos” europeos. Por otro lado, el pasado día 10 de marzo se inició la llamada Marcha por la Renta Básica, contra el Paro y la Precariedad Laboral, desde León, con el objetivo de llegar a Madrid el próximo día 24. Lo que se reivindica es la implantación de una RBU cuya cuantía no esté por debajo de lo que estipula la Carta Social Europea, es decir, de 684€ mensuales por persona, a percibir de forma individual, incondicional y para toda la vida de la persona.
“La Renta Básica Universal debe ser una iniciativa que  ponga en marcha  el conjunto de la UE, para lograr una cohesión en todo el continente, disminuyendo las desigualdades entre ricos y pobres”
Por contra, en España, las diferentes prestaciones (jubilación, desempleo, por hijos a cargo o por invalidez) necesitan de condiciones para acceder a ellas, son temporales y su cuantía no cubre ni de lejos las necesidades para tener una vida digna. Como ejemplo, la legislación española prevé unas prestaciones por desempleo no contributivas que requieren de una serie de condiciones: haber agotado las prestaciones contributivas, estar inscrito como demandante de empleo, debiendo aceptar cualquier trabajo, aunque conlleve condiciones laborales indignas, carecer de rentas superiores al 75% del SMI y tener responsabilidades familiares. Así, una persona que viva sola no podrá tener acceso a ese tipo de renta. Además, es limitada en el tiempo, un máximo de 18 meses, y la cuantía es ridícula, 430,27 €, cantidad que no permite cubrir las necesidades básicas.
Ya en 2016, el Comité Europeo de Derechos Sociales denunció a España por incumplir seis preceptos de la Carta Social Europea del Consejo de Europa sobre derechos de la familia y la infancia, los relativos al derecho de jóvenes e inmigrantes a recibir una protección adecuada frente a la precariedad. En 2018 aún seguimos a la cabeza en cuanto a precariedad laboral (más del 90% de los contratos son temporales) y porcentaje de población en riesgo de pobreza (casi el 30%), y los poderes públicos no son capaces de atajar esas cifras vergonzantes.
Tanto el Consejo de Europa como la Marcha Básica han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de esta herramienta que dignifique la vida de la ciudadanía, siendo un instrumento de lucha contra la pobreza. Sin embargo, la RBU no puede ser tal y como lo plantea el sector más neoliberal, que lo ve como un medio de activar el consumo, y una tentación para privatizar los servicios públicos (sanidad y educación), toda vez que la población dispondría de una renta para poder costearse, según ellos, esos servicios de forma privada. Una RBU debe, por el contrario, ser emancipatoria, es decir, que permita la adquisición de una vida digna, sin eliminar el estado del bienestar y sin contrapartidas.
La RBU debe ser apoyada, de forma paralela, por el fortalecimiento de los servicios públicos, la promoción de empleos públicos en sectores clave (educación, sanidad, empleos verdes), la lucha contra el fraude fiscal, la implementación de medidas que garanticen la vivienda como un derecho básico y un cambio en la percepción del trabajo no ya como un fin en sí mismo, sino como un medio de realización personal y de mejora de las condiciones individuales, complementario a la RBU, ya que ésta sólo subvendría a las necesidades primarias (vivienda, alimentación, suministros básicos) ofreciendo así a posibilidad de rechazar trabajos poco dignos o que supongan explotación laboral.
Según los expertos, la Renta Básica estará en la agenda política en este año 2018, siendo una alternativa muy válida para acabar con la precariedad, la pobreza y la inquietud de miles de familias que lo pasan realmente mal en nuestra sociedad. La RBU debe ser, por último, una iniciativa que se ponga en marcha en el conjunto de la UE, para conseguir una cohesión en todo el continente, disminuyendo las desigualdades entre ricos y pobres. En los próximos días se hablará de este instrumento emancipador, y deberá estar en el centro del debate político de una forma seria, sin dogmatismos ni prejuicios.
Articulo publicado hoy en La Crónica del Pajarito:

martes, 28 de noviembre de 2017

PALABRAS VANAS, RUIDO DE CAMPANAS

Fuente: CARM
Los grandes problemas que sufre la Región de Murcia, el paro, la pobreza, el estado del Mar Menor, el asunto del agua, el AVE y el soterramiento a su paso por Murcia, la contaminación atmosférica, entre otros, no encuentran con el PP la solución que merecemos, sino todo lo contrario. El partido que gobierna la región y el ayuntamiento de Murcia desde hace más de 20 años sólo ha actuado a golpe de declaraciones grandilocuentes y promesas largas veces incumplidas, si no directamente a base de mentiras que no se creen ni ellos.
“Las declaraciones falsarias y promesas de los gobiernos del PP llegan al paroxismo cuando se trata del medio ambiente”
Basta con repasar las hemerotecas para comprobar cómo los sucesivos presidentes regionales y sus consejeros, así como los alcaldes, han abusado de los anuncios estrella que no han llevado a ninguna parte. Así, en relación al desempleo en nuestra región, mientras el portavoz Víctor Martínez se jactaba en agosto pasado de ser la región donde “más baja el paro y más empleos se generan”, lo cierto es que, tanto en septiembre como en octubre, el desempleo aumentó en más de 3.000 personas, situándose en el 18,11% la tasa de paro en la Región de Murcia, casi dos puntos por encima de la tasa nacional. La pobreza se ha enquistado en un 28% de la población, limitándose el gobierno de López Miras a presentar a bombo y platillo, hace ya un mes, con la presencia del vicesecretario nacional de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, la llamada “ruta social”, sin medidas concretas sobre la mesa.
La serie de declaraciones falsarias y promesas lanzadas al aire por parte de los gobiernos del PP llega al paroxismo cuando se trata del medio ambiente. El Mar Menor sigue esperando la aplicación de medidas de urgencia anunciadas ya en 2016, a través de la anterior consejera de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, como la colocación de “filtros verdes”, así como la aprobación del Plan de Gestión Integral del Mar Menor, que debería haberse aprobado en 2012. En cuanto al problema de escasez hídrica, mientras López Miras asegura a los regantes que vendrá “el agua que nos merecemos”, nada se hace para cambiar el modelo agrícola imperante, ni para reducir las miles de hectáreas de regadío ilegal, al tiempo que se ha aprobado por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la construcción de una red de sondeos en el entorno del Mar Menor y del acuífero del campo de Cartagena, para la extracción de agua, situación que podría agravar el estado ya agónico de la laguna. A todo esto, se ha sabido que en Murcia se paga hasta 6,6 veces más cara el agua que en otras regiones.
“El objetivo del PP murciano es que el AVE llegue a Murcia de cualquier manera, aunque sea en superficie, en 2018, para presentarlo como un logro propio en las elecciones del año siguiente”
¿Y qué decir del soterramiento de las vías del AVE que no se sepa ya? Tanto el alcalde Ballesta como el presidente regional acumulan una gran cantidad de declaraciones sobre este tema, la inmensa mayoría de las cuales han sido dichas para salir del paso, siendo conscientes, creo yo, de que no se van a cumplir, habiendo colmado la paciencia de los vecinos y vecinas de las barriadas del sur de Murcia. De decir en mayo que estaría “siempre al lado de los vecinos y en la defensa de sus intereses”, Ballesta ha pasado a afirmar a comienzos de esta mes que “buscaría a otros interlocutores”, acusando además a la Plataforma Pro-Soterramiento de los actos vandálicos que se llevaron a cabo en fechas recientes. El objetivo del PP murciano es, claramente, que el AVE llegue a Murcia de cualquier manera, aunque sea en superficie, en 2018, para poder presentarlo como un logro propio de cara a las elecciones del año siguiente, aunque eso suponga ponerse en contra a cientos de miles de vecinos.
Por último, los picos de contaminación atmosférica que ha sufrido la ciudad de Murcia, agravados por la sequía y el cambio climático, son también el resultado de años de inacción por parte del consistorio. Se ha sabido que Murcia registra más del doble del valor límite diario de contaminación por ozono, con las consecuencias nefastas para el sistema respiratorio. Sin una política decidida en materia de movilidad sostenible, sin una apuesta clara por el fomento de la bicicleta, más allá del sistema de alquiler público, sin carriles bici suficientes que atraviesen el casco urbano y conecten con las pedanías, sin la mejora del transporte público urbano, y sólo con tímidas iniciativas en favor del vehículo eléctrico, como la promesa de la colocación de unos pocos puntos de recarga y la implantación del sistema Muving de alquiler de motos eléctricas, aún estamos lejos de conseguir revertir la situación.
Por el uso y el abuso, por parte de nuestros gobernantes, de anuncios, al final, se quedan en nada, se les podría decir aquello de “palabras vanas, ruido de campanas”.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

domingo, 19 de febrero de 2017

LA RENTA BÁSICA A DEBATE

Las últimas cifras sobre pobreza en España son desoladoras. La brecha entre ricos y pobres se ensancha cada vez más, especialmente desde que comenzó la crisis, esa crisis que los poderosos se empeñan en decir que ha sido superada. Pero eso tal vez es cierto para el 10% de la población española, aquella que en la última década ha acumulado la mitad de la riqueza de nuestro país, es decir, medio billón de euros, y que son el sector de población que realmente defiende este gobierno, a pesar de que varios millones de españoles les siguen votando, creyendo ingenuamente que Rajoy y sus secuaces defienden sus intereses.
Según el último informe de Save The Children, Desheredados, Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España, en nuestro país, entre 2008 y 2015 la pérdida media de renta debida a la crisis fue de un 21% entre las personas más pobres, mientras que la pérdida entre las más ricas fue sólo de un 2,1%. El sector más afectado es la infancia, ya que prácticamente 2,5 millones de niños y niñas viven actualmente en España por debajo del umbral de la pobreza y el número de menores en situación de pobreza severa aumentó en 424.000 en el periodo 2008-2015.
“La renta básica universal sería el modo eficaz de superar la pobreza estructural del sistema capitalista e introduciría nuevos modos de relación con el trabajo”
Mientras el Gobierno se basa únicamente en las cifras macroeconómicas a la hora de analizar la supuesta recuperación, y la UE, en boca del responsable de los asuntos económicos, Pierre Moscovici, estima que “las cosas van bien encaminadas” refiriéndose a la situación de España, la letra pequeña de esta crisis, que parece que es ignorada por el partido en el gobierno, nos revela que las consecuencias repercuten en una amplia mayoría de la población, sobre todo en la parte más vulnerable, la infancia. La causa principal es la alta tasa de empleos precarios y temporales de los progenitores, además de la tasa de paro, aún demasiado alta: 800.000 menores viven en hogares donde ningún miembro de la familia trabaja y, entre las personas que tienen trabajo, la cuarta parte de ellos tienen trabajo temporal, por lo que no tienen asegurado el futuro.
Desde la ecología política se plantea una solución para evitar la pobreza extrema: la Renta Básica Universal (RBU), un sistema por el que toda persona, independientemente de su edad, condición social o nivel de renta, recibiría una asignación lo suficientemente elevada como para asegurar su supervivencia, según los estándares de cada país. La RBU sustituiría a una serie de subsidios y ayudas condicionadas a la situación laboral de cada persona, pero para alcanzar el nivel medio de la población sería necesario que, de forma complementaria, estas personas tuvieran un empleo, aunque tendrían la libertad de poder rechazar aquellos trabajos que atenten contra sus derechos, pues su sustento no dependería de ello. Además, la RBU daría visibilidad a los trabajos no remunerados, casi siempre hechos por las mujeres de forma injusta, como son los cuidados y la crianza (aunque tiene que venir asociado a una redefinición de los roles en la familia). Numerosos estudios avalan la viabilidad de la aplicación de esta renta, como los realizados por el profesor de Economía de la UB, Daniel Raventós, o por la Red de Renta Básica, cuyos trabajos dan argumentos muy sólidos para hacer posible esta medida, que ya se está poniendo a prueba en países como Finlandia.
Las críticas a la RBU vienen tanto de la derecha como de la izquierda del espectro político. Desde las filas conservadoras se suele argumentar que “no hay dinero para esto”, “provocará que la gente no quiera trabajar”, “alentará la ociosidad”, etc. A estos argumentos se les puede contrarrestar con otros, como que percibir una renta básica disminuiría la presión de aceptar un empleo cualesquiera que fueran las condiciones laborales ofrecidas. En segundo lugar, una renta básica estimularía con toda probabilidad el autoempleo, pues disminuiría de forma considerable los riesgos de emprender un proyecto nuevo. Además, traería consigo una presión al alza de los sueldos de quienes desempeñan trabajos incómodos y poco gratificantes.
Desde la izquierda también se critica la RBU, con argumentos como que, mediante ésta, se entrega dinero a los beneficiarios para que compren los productos y servicios siguiendo la lógica del mercado, prefiriendo que sea entregada en especie, pero, en mi opinión, este juicio minusvalora la capacidad de las personas de consumir de forma responsable. Se prefiere hablar desde la izquierda de empleo remunerado garantizado, pretendiendo que todos los trabajos se hagan a cambio de dinero, monetizando toda actividad, aunque sea voluntaria y en favor de la comunidad. También se argumenta que subiría la inflación, y que los costes de la gestión de la RBU serían mucho mayores que los actuales referidos a la Renta Mínima, razonamientos ampliamente rebatidos por los defensores de la RBU que pueden ser fácilmente consultados en la red.
La Renta Básica Universal es una medida que está siendo debatida en la actualidad, y cuyos beneficios, en mi opinión, excederían sus desventajas, siendo un modo eficaz de superar la pobreza estructural del sistema capitalista e introduciendo nuevos modos de relación con el trabajo, para alcanzar una sociedad más justa y solidaria.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

jueves, 12 de mayo de 2016

UN ACUERDO PARA CAMBIAR ESPAÑA


Parece que por fin se materializa la tan ansiada confluencia entre las fuerzas políticas de izquierda, con el pacto entre Podemos, IU, Equo y las demás opciones que se quieran sumar a esta alternativa, ahora sí ilusionante, al bipartidismo y a su muleta, Ciudadanos. En los 50 puntos que son la base del acuerdo, hecho público, entre Podemos e IU, hay que felicitarse de que en primer lugar aparezca la consecución de un Plan Nacional de Transición Energética, con el objetivo de conseguir “la modernización económica, la eficiencia empresarial y un sistema energético totalmente descarbonizado para 2050, en consonancia con el acuerdo climático de París”, así como el de disminuir las emisiones de CO2, a través de sendos planes de Ahorro Energético y de Energías Renovables. Así mismo, como punto 8 del acuerdo, se prevé la implementación de un nuevo modelo productivo, que incluye “un plan de empleo verde que ayude a desarrollar un sector empresarial sostenible y que ponga en marcha políticas activas de formación e inserción en los nuevos nichos productivos”. El rechazo al TTIP y al CETA es otro punto a favor de este programa de 50 puntos. Es de destacar también el capítulo dedicado a la “Democracia Ambiental”, con medidas de Lucha contra el Cambio Climático, garantía del acceso al Agua como derecho humano, así como su mantenimiento en manos públicas, un Plan de Rescate Ecológico.
"Aún se está a tiempo de introducir cambios para que sea un programa realmente útil y beneficioso para la mayoría social y para el planeta"
Sin embargo, en mi opinión, se echa en falta un mayor grado de compromiso en algunos aspectos, para que sean más acordes con los postulados de la Ecología Política, único modo de revertir la situación y conseguir un verdadero cambio:
– Nada se dice del abandono del carbón de forma explícita, y el plazo del 2050 en España para “descarbonizar” la economía es un horizonte demasiado lejano (35 años), sin fijar metas a más corto plazo, como puede ser una reducción del 30% de emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, con respecto a 1990, lo que obligaría a ponerse manos a la obra desde ya, teniendo en cuenta que en 2015 hemos aumentado nuestras emisiones en un 5% con respecto a 2014. Este objetivo no es descabellado, ya que actualmente cerca del 50% de la energía producida en nuestro país es ya de origen renovable.
– La reforma tributaria pasa por alto la aplicación de una fiscalidad ambiental adecuada. Los impuestos ambientales suponen en España sólo un 4,5% de la recaudación fiscal total mientras la media de la UE-27 es del 6%. Al contrario, en España se subvenciona el impuesto al carbón, el mayor contaminante, en vez de gravar su consumo. Sería preciso introducir este tipo de gravamen para conseguir el objetivo de descarbonizar nuestra economía en el plazo deseado.
– La Renta Complementaria que preconiza este acuerdo se queda corta si queremos luchar contra la pobreza. Está demostrado que los sistemas de rentas mínimas que intentan paliar las situaciones más angustiosas de necesidad son complejos, heterogéneos y escasamente eficaces. La implantación de una Renta Básica Universal (RBU) seria una medida eficaz contra la pobreza, de sencilla aplicación y gestión, compatible con otros ingresos y sería un derecho universal por el mero hecho de ser ciudadano o ciudadana.
– El modelo de transporte no se aborda en esta declaración de intenciones, en el que se debería revisar la actual política relacionada con el AVE y los aeropuertos, muchos de ellos inactivos.
– Aunque se menciona una Política Agraria Común, basada en la agroecología, no se especifica el cambio de modelo, actualmente basado en la agricultura intensiva basada en el petróleo, hacia una agricultura y ganadería extensiva, local, ecológica y sostenible.
– En relación al bienestar animal, creo que se debe ser más valiente, y nombrar a la tauromaquia como actividad cuya subvención pública debe tender a la extinción. Una reciente encuesta revela que el 84% de los jóvenes de 16 a 24 años se avergüenza de vivir en un país en el que la matanza de toros como espectáculo sigue existiendo. Un programa realmente progresista debe tener esto en cuenta.
Siendo consciente de que este es un acuerdo de mínimos, todavía se está a tiempo de introducir cambios para que sea un programa realmente útil y beneficioso para la mayoría social y para el planeta. Ambas circunstancias son interdependientes e imprescindibles para que el tan ansiado cambio sea real y no sólo una aproximación.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:
http://www.lacronicadelpajarito.es/blog/federicogcharton/2016/05/acuerdo-para-cambiar-espana

jueves, 23 de abril de 2015

LA CARA OCULTA DE LAS MIGRACIONES AFRICANAS

Tras la tragedia acaecida estos días, con entre 700 y 900 personas fallecidas en el mar cuando intentaban llegar a las costas italianas desde Libia, llegan los análisis de las causas y las peticiones de una mayor cooperación internacional para acabar con este éxodo. Pero es significativo que, para el ministro de Asuntos Exteriores, Jose Manuel García-Margallo, la solución al “problema” pasa por “controlar la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos”, algo que “exige destinar más dinero a eso que llamamos Frontex, que es una institución comunitaria”. La UE en general reduce el asunto a una cuestión de mafias y de seguridad fronteriza, principalmente, y así nos lo transmiten los principales medios de comunicación.

Aunque las razones que motivan a las personas del continente africano a huir de sus países para buscar un futuro mejor son múltiples, desde la violación sistemática de los Derechos Humanos, a los conflictos armados, la crisis económica, la pobreza, el hambre, hasta la existencia de estados corruptos, me voy a detener en tres aspectos que no dependen de esos países, sino que son factores externos determinantes de la situación en África.

Simultáneamente a la noticia de la tragedia, nos enteramos de que Repsol ha descubierto un yacimiento de gas (y ya son tres) en Argelia, prospección que apunta a una producción de 175.000 metros cúbicos de gas al día y 90 barriles al día de gas condensado. Este es un ejemplo de cómo las compañías multinacionales, entre ellas las españolas, saquean los recursos naturales de los países africanos para su propio beneficio, privando a esos estados de los ingresos que pudieran mejorar el bienestar de sus poblaciones. Pesca ilegal, tala indiscriminada de árboles, comercio de especies, son otras caras del expolio de las riquezas naturales de Africa. Se calcula que este expolio por parte de Occidente le suponen al continente africano unas pérdidas de 44.000 millones de euros al año.

Por otro lado, organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial obligan a esos países a realizar privatizaciones, pasando esos bienes públicos a manos de transnacionales occidentales, en la mayoría de los casos. Esto, unido a la corrupción, lleva a la existencia de unas élites políticas cada vez ricas y una población cada vez más empobrecida.

El tercer fenómeno que ocurre de forma continua, aunque discreta, es el acaparamiento de tierras africanas por parte de países extranjeros, tanto europeos (Italia, Noruega, Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Francia, principalmente) como asiáticos (sobre todo China), para destinarlas al cultivo de agrocombustibles, alimentos para esos países y extracción de recursos minerales, en una suerte de neocolonialismo.

Reducir el asunto de las migraciones africanas a un problema de mafias y tráfico de personas, aunque es algo real, es ignorar la influencia de la globalización y de la desaparición de las fronteras para los capitales financieros e inversiones mundiales. Es no querer ver el intento de imposición, por parte del FMI y del Banco Mundial, de las necesidades y pautas del mercado global en Africa, mientras se yerguen muros cada vez más altos para las personas más vulnerables de este sistema generador de desigualdades y conflictos, cuyas consecuencias vemos en las costas europeas.

Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:



viernes, 20 de marzo de 2015

EL AGUA, UN MOTIVO PARA LA CELEBRACIÓN


El domingo 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, coincidiendo con las elecciones andaluzas. Esta conmemoración instaurada por la ONU, que se viene celebrando desde 1993, tiene como lema “Agua y Desarrollo Sostenible”, y quiere fomentar, entre otras cosas, el crecimiento económico como solución a todos los problemas. Ya desde la Cumbre de Río de 1992 se resaltó el oxímoron (es decir, la combinación de dos palabras o expresiones de significado opuesto) que suponen los dos términos, pues el desarrollo económico suele estar reñido con la sostenibilidad ambiental. Está claro que en los países en vías de desarrollo, donde el acceso al agua es un privilegio y donde a duras penas se sobrevive con unos pocos dólares diarios, la mejora de las condiciones de vida es algo deseable y esta puede venir de la mano de un cierto crecimiento económico.
Sin embargo, en los países desarrollados, entre los que se incluye España, en los que la pobreza es un drama que está aumentando cada vez más, que se pone de manifiesto, entre otros, con los cortes de agua en los hogares que no pueden hacer frente a los pagos, apelar al crecimiento económico como motor del bienestar se ha demostrado como algo falaz y, en cierto modo, tramposo.
El gobierno saca pecho declarando que somos el país que más crece de la zona euro, llegando a una previsión de crecimiento del PIB para 2015 a una tasa del 2%. Pero ese aumento de riqueza sólo se ha verificado en el aumento de los beneficios de las empresas del IBEX-35 que, en conjunto, ganaron más de 32.000 millones de euros en 2014, un 42% más que el año anterior, mientras que la precariedad laboral campa a sus anchas, todo ello aras de la sacrosanta competitividad empresarial. En el reverso oscuro de ese crecimiento, encontramos, además, la degradación de los espacios naturales, las amenazas ambientales provocadas por la búsqueda desesperada de combustibles fósiles y el agravamiento del cambio climático debido al aumento de los gases de efecto invernadero.
En relación al agua, además de los cortes de suministro, que atentan contra los más elementales derechos humanos, nos encontramos con la privatización del servicio municipal en muchas ciudades, sustrayendo a la ciudadanía el control de este servicio, y dejando a las empresas privadas que hagan y deshagan a su antojo, primando la búsqueda de beneficios particulares al interés general.
En el Día Mundial del Agua, asistiremos seguramente a una serie de discursos hipócritas y buenas palabras, pero dudo que desde los poderes públicos que nos gobiernan actualmente se den los pasos adecuados para solucionar los problemas de la ciudadanía en relación al acceso justo a este bien básico. Sólo con la remunicipalización del servicio de aguas se garantiza el acceso al agua para el conjunto de la ciudadanía. Sólo con el abandono del dogma del crecimiento se asegura una relación entre ser humano y naturaleza que no suponga la destrucción sistemática de ésta última. Sólo con el reconocimiento de los servicios que nos prestan los ecosistemas, especialmente los ligados al agua, iniciaremos el camino hacia el buen vivir.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

sábado, 28 de febrero de 2015

UN MOMENTO HISTÓRICO


Este año se celebran cuatro citas electorales, dos de las cuales nos afectan directamente a la Región de Murcia, en mayo con las elecciones municipales y autonómicas, y a finales de año con las generales. Son los primeros comicios desde que el Partido Popular tomó las riendas del Gobierno en noviembre de 2011. En estos casi cuatro años hemos asistido al retroceso en todos los parámetros sociales y políticos: la diferencia entre ricos y pobres ha aumentado de forma alarmante, el ritmo de los desahucios de viviendas no ha bajado de 120 al día (cinco cada hora), la pobreza alcanza casi al 30% de la población, los jóvenes se ven obligados a emigrar por la falta de perspectivas laborales en nuestro país, la reforma laboral ha precarizado los empleos hasta el punto de que son habituales los contratos de menos de una semana, los índices de paro han aumentado en términos absolutos y los recortes en aspectos como la sanidad y la educación han degradado estos dos servicios básicos hasta llegar a matar a personas, como se está viendo en el caso de los enfermos de hepatitis C a los que se les niega los medicamentos para sobrellevar su enfermedad.
Desde el punto de vista económico, a pesar del triunfalismo del Gobierno, la deuda del Estado es prácticamente el 100% del PIB, mientras que el déficit público es de los más altos del continente. Otros aspectos aprobados por el PP han hecho retroceder en varias décadas los derechos civiles y sociales, como la ´Ley Mordaza´, el aumento del IVA aplicado a espectáculos (cine, conciertos y teatro), a material escolar y a entradas a museos, la introducción de las tasas judiciales o la reciente reforma del Código Penal, apoyada por el PSOE, que introduce la cadena perpetua con el eufemismo de «prisión permanente revisable».
En los aspectos ambientales, las decisiones tomadas tanto por el Gobierno central como el regional, han supuesto la subordinación del medio ambiente a su uso económico, como lo ponen de manifiesto normas nacionales como la Ley de Costas, que pretende compatibilizar los usos con la protección del litoral, aunque ésta última se ve relegada a un segundo plano; la Ley de Responsabilidad Ambiental, que exonera a las empresas de suscribir un seguro verde para hacer frente a los posible daños ambientales que pudieran causar, o la reciente Ley de Montes, que permite urbanizar en áreas afectadas por un incendio forestal, abriendo la puerta a la especulación.
En la Región de Murcia, después de veinte años de gobierno ´popular´, se ha visto una y otra vez cómo, en nombre de una supuesta recuperación económica y de la creación de empleo, se han apoyan proyectos depredadores del medio ambiente, unos ya ejecutados, como el aeropuerto de Corvera (aunque aún no esté en funcionamiento ni parece que vaya a estarlo), y otros en proyecto, como el macropuerto de El Gorguel, la urbanización de Marina de Cope o el parque Paramount.
En contrapartida, la corrupción campa a sus anchas, no salpicando sino inundando a los dos principales partidos que han gobernado nuestro país los últimos 35 años, demostrando una conexión clara entre los poderes políticos y económicos, con las famosas ´puertas giratorias´ hacia los Consejos de Administración de las empresas energéticas y de comunicación y más que fundadas sospechas de financiación ilegal de partidos políticos.
Este diagnóstico, que nos atrevemos a calificar de realista, es seguramente compartido por todos los colectivos sociales y partidos políticos que nos oponemos a las políticas neoliberales del Partido Popular. Las diferentes mareas multicolores, las plataformas anti-desahucios, los jóvenes, los movimientos vecinales, los grupos ecologistas, son un clamor en su reclamación de la recuperación de los derechos sociales, políticos y ambientales sustraídos a la sociedad española, ordenados por los poderes económicos europeos y españoles, y ejecutados por los Gobiernos central y regional. Es obvio que desde la sociedad se pide la unión de partidos políticos, movimientos sociales y personas independientes para construir una alternativa creíble al bipartidismo.
En nuestra región hay varios espacios de confluencia en marcha, algunos con varios años de recorrido, como Alternativa por Santomera, y otros en formación, como Cambiemos Murcia, Cambiemos Molina de Segura, éstos de ámbito municipal, o Ganemos la Región de Murcia. El otro partido en liza, Podemos, se presenta como un espacio de confluencia en sí mismo, pretendiendo agrupar a todas las personas que están en contra del bipartidismo. Pero su limitación estriba en que, al ser un partido político, no representa a todas las sensibilidades. Dividir el voto, dividir las marcas, es crear una confusión innecesaria y contraproducente como estrategia electoral. Una identidad, un proyecto, una estrategia común para todos los murcianos es una estrategia para llevar el cambio a la Región de Murcia.
Estamos viviendo un momento histórico, en que los dos ´grandes´ partidos están recibiendo el menor apoyo de la sociedad española desde el comienzo de la democracia. Por eso desde Equo Región de Murcia hemos apostado desde el comienzo por la confluencia de fuerzas sociales y políticas para llegar a las instituciones con la mayoría suficiente para gobernar, siempre desde el respeto a todas las sensibilidades y con el compromiso de conseguir una región más justa, próspera y sostenible.

Artículo aparecido hoy en La Opinión de Murcia:



lunes, 12 de enero de 2015

¿RECUPERACIÓN?


El triunfalismo con el que tanto el gobierno central como el regional intentan regalarnos los oídos en este comienzo de 2015 no es sino el intento de hacer que los vientos soplen a su favor en este año doblemente electoral. Aunque es cierto que las cifras de desempleo en España han descendido en unas 250.000 personas con respecto a hace un año, aún hay casi 4 millones y medio de demandantes registrados de empleo, de los cuales casi 3 millones no cobran ningún tipo de prestación.
Desde el comienzo de la crisis, más de 300.000 jóvenes han tenido que salir a buscarse la vida al extranjero, muchos de ellos con formación universitaria, y la precariedad es la tónica general en los contratos, favorecida por la reforma laboral perpetrada por el gobierno con la complicidad de la patronal. Actualmente, encontrar trabajo no es sinónimo de salir de la situación de pobreza, ya que más del 12 % de los salarios en España son iguales o inferiores al salario mínimo. Todo esto hace que casi la tercera parte de los españoles esté en riesgo de exclusión social, entre ellos 800.000 niños más que al comienzo de la crisis, según el último informe de UNICEF.
En la Región de Murcia, el descenso del paro es testimonial, ya que sólo ha sido de unas 8.000 personas, de un total de 150.000 demandantes de empleo a comienzos de 2014. Más de la mitad de los desempleados de la región están sin cobertura. Casi todos los empleos se han generado en el sector servicios, mientras que la industria y la agricultura, que son los que crean valor añadido, han sido sectores donde ha aumentado el paro, según el Ministerio de Empleo. La duración media de los contratos en la Región de Murcia es de 54 días, mientras que la cuarta parte de los contratos en 2014 han sido de menos de una semana. Así que cuando la ministra Báñez anuncia a bombo y platillo que las cifras «certifican que la recuperación en España se ha producido», no podemos más que comprobar cómo se nos intenta vender la moto.
¿Y cómo se nos dice que deberemos salir de la crisis? Reduciendo impuestos para incentivar el consumo, aumentando así el PIB, en una espiral que tiene dos consecuencias: por un lado se disminuyen los ingresos del estado y por otro volvemos a generar las condiciones que trajeron la situación actual, es decir, sobre-endeudamiento de las familias y aumento tanto de las desigualdades sociales como de los impactos sobre el medio ambiente. Eso sí, nada de tocar a las grandes fortunas y a las grandes empresas.
En vez de replantearse las cosas para iniciar un modelo productivo diferente, con el fomento de sectores sostenibles ambientalmente y de la responsabilidad social de las empresas, así como de un tipo de consumo responsable, se apuesta por las mismas recetas que nos han traído hasta aquí, repitiendo los errores del pasado. La tan cacareada recuperación económica puede ser un espejismo si no se da un giro copernicano al modelo productivo, pero mucho me temo que no es lo que buscan los gobiernos central y autonómico, porque no beneficiaría a la mayoría sino a unos pocos, como hasta ahora.
Artículo aparecido hoy en La Crónica de El Pajarito:

lunes, 29 de diciembre de 2014

POR UN CAMBIO DE PARADIGMA

A punto de acabar el año 2014, es hora de comprobar qué lugar ocupamos en el mundo en relación a los diversos indicadores de riqueza, niveles de educación, esperanza de vida o huella ecológica. Los tres años de gobierno popular, a pesar de los mensajes triunfalistas con que nos quiere regalar los oídos el presidente Rajoy, han dado como resultado el retroceso en todos los niveles.

El PIB es el índice menos adecuado para reflejar la salud real de la sociedad, pues sólo tiene en cuenta el valor monetario de la producción de bienes y servicios en un determinado periodo de tiempo. No incluye las llamadas "externalidades negativas", es decir, no tiene en cuenta la economía sumergida o el impacto social o ecológico de las  actividades económicas (abusos laborales, destrucción de espacios naturales, disminución de la biodiversidad, transporte de las materias primas). Pues este índice nos dice que, incluso obviando estos aspectos, España ha descendido cinco puestos desde el comienzo de la crisis. Actualmente ocupa el puesto 14º, por detrás de Corea del Sur, con previsiones de seguir bajando en el ranking. Quizá por eso el gobierno de Rajoy incluyó en septiembre pasado actividades tales como la prostitución o el tráfico de drogas para mejorar estas cifras hasta en un 4,5 %, con un resultado mediocre, por cierto. EE.UU. y China encabezan la lista, una vez más, de países en relación a su PIB.

El Indice de Desarrollo Humano (IDH) que, como ya comenté en una entrada de hace más de tres años, está calculado a partir de tres parámetros, vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno, referido a nuestro país, nos dice que ocupamos el puesto 27º a nivel mundial, el peor desde 1990. En 2010 ocupábamos el puesto 20º, por lo que se ve cuál es el resultado de las políticas anti-sociales del actual gobierno. Este descenso es debido, sobre todo, a los recortes con los que desde el gobierno se ha castigado a la sociedad española, en sanidad, educación, dependencia, etc. Uno de los efectos indeseables de esta política, y una de las razones de este descenso, es la existencia de un 20 % de la población que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza en España, y un 27,3 % que está en riesgo de alcanzar ese estado. De nuevo este ranking está encabezado por Noruega, seguido de Australia, Suiza, Holanda y EE.UU. 

Con relación al tercer indicador de bienestar, el Índice de Felicidad Planetaria (IFP), que creo que es el más adecuado, ya que para su cálculo se tienen en cuenta la esperanza de vida al nacer (EV), el bienestar experimentado de forma subjetiva (BE) y la huella ecológica (HE), mediante la fórmula IFP = EV x BE / HE, los datos más recientes con los que contamos se refieren al año 2012. Para España, este índice nos dice que estamos en el puesto 62 sobre un total de 151 países. Aunque nuestra esperanza de vida es de las más altas del mundo (con más 81 años, en el 9º puesto mundial), nuestra percepción del bienestar está a una tasa de 6,2 sobre un total de 10, lo que nos coloca en el puesto 42º, habiendo descendido este factor en 1,1 puntos desde 2008, cuando esta percepción era de 7,3. 

Nuestra huella ecológica, que, recordemos, es el área de terreno y océano necesarios para sostener su consumo de alimentos, bienes, servicios, alojamiento y energía y asimilar sus residuos, es el factor más negativo. Cada habitante de España necesitamos 4,74 hectáreas de terreno para subvenir a nuestras necesidades, casi tres veces más que la media planetaria, que es de 1,8 hectáreas per capita. Ello significa que si todos los habitantes de la Tierra vivieran como nosotros, nos harían falta tres planetas para sobrevivir. Aunque estamos lejos de EE.UU., que necesitan 7,2 has per capita, o Qatar, con unas excesivas 11,7 has., nuestra huella ecológica debe disminuir de forma ostensible para minimizar nuestro impacto en el planeta. Los tres países que encabezan el ranking según este índice son Costa Rica, Vietnam y Colombia.

Como conclusión, podemos decir que en estos tres años de gobierno del PP, el nivel de bienestar (tanto real como percibido de forma subjetiva), el nivel educativo y nuestra huella ecológica han empeorado, mientras que sólo los más ricos han mejorado su situación, aumentándose la brecha entre ricos y pobres debido al estancamiento de los salarios, según la OIT. Sólo un cambio radical en los paradigmas con los que nos regimos puede hacer revertir la situación. Esto pasa por reducir nuestra huella ecológica, con un modelo productivo que no siga esquilmando los recursos y emitiendo gases de efecto invernadero, por una redistribución de la riqueza, para disminuir esa brecha y devolver los niveles de vida dignos a tantas personas privadas de ellos por la aplicación de políticas erróneas, y la potenciación de la educación como modo de elevar el nivel educativo de la población, además de abandonar el dogma del crecimiento medido a través del PIB, que se ha comprobado que incide negativamente en los problemas sociales y ambientales que sufrimos.