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sábado, 26 de marzo de 2022

LEVANTEMOS EL PIE DEL ACELERADOR

Foto: ACN


En 2019, una serie francesa de una plataforma digital nos describía cómo podría ser el mundo si éste colapsara por la escasez de combustibles fósiles, base de nuestra sociedad capitalista. Acaparamiento de productos de primera necesidad, colas interminables para hacerse con el preciado líquido refinado del petróleo, robos de comida, violencia generalizada… Aunque esta serie distópica se produjo antes de 2020, algo de eso se vio durante los primeros momentos de la pandemia, con la desaparición de los rollos de papel higiénico de las estanterías de las grandes superficies y, ahora, con el alza de los precios de los productos básicos, tres cuartos de lo mismo con el aceite de girasol y de oliva y otros productos.

La situación del sector del transporte y de los sectores dependientes de que los productos se distribuyan por carretera y las consecuencias de los paros de otros sectores como el pesquero, son el anticipo de lo que nos espera de aquí a unas pocas décadas debido a la crisis energética: altos precios de los combustibles fósiles, desabastecimiento de los comercios, paralización de las actividades económicas dependientes de los derivados del petróleo, la agricultura intensiva usuaria de fertilizantes sintéticos y, por supuesto, el paro obligatorio de los medios de transporte por carretera.

En España, el 95% de la distribución de productos se realiza por carretera, frente solo al 2% que se lleva a cabo por ferrocarril. Este tráfico incesante de camiones por los más de 15.000 kilómetros de carreteras de todo tipo, la mayor red viaria de Europa, por delante de Alemania (12.000 km), Francia (11.600 km), por citar a dos países con mayor superficie que nuestro país, hace que el sector del transporte suponga el 25% de las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero de España. Si a eso se suma que se exporta, también por carretera, un alto porcentaje de productos a terceros países, se comprueba que el transporte por carretera es altamente dependiente de la importación de combustibles fósiles y muy sensible a los avatares del mercado energético.

La guerra de Ucrania ha puesto sobre la mesa la posibilidad real de que lo que hace tres años no era sino una hipótesis a largo plazo, aunque advertida por la comunidad científica y las organizaciones sociales y políticas verdes desde hace décadas: el colapso energético. Los especialistas indican que no se puede achacar únicamente a la invasión rusa el alza de los precios de la gasolina. Así, Antonio Turiel, doctor en Física Teórica, experto en oceanografía e investigador del CSIC, asegura que ya desde semanas antes de la guerra los precios del petróleo estaban subiendo, y que la producción de petróleo caerá entre un 20% y un 50% de aquí a 2025, lo que supondrá un aumento de su precio en los mercados. Se sabe que desde 2008 hemos alcanzado el pico del petróleo, es decir, el punto a partir del cual es más caro extraer este recurso del subsuelo, siendo, además, de peor calidad. La deseable alternativa de las energías renovables choca, por su parte, con la escasez de materias primas para su construcción, como el silicio para las placas solares, el litio para las baterías eléctricas o el acero para los aerogeneradores.

¿Cuál es la solución a este problema, entonces? Muchos pensadores y pensadoras han aportado su grano de arena para poner freno a nuestra carrera hacia el colapso. Los principales modos de hacer frente a la escasez energética que nos espera son de tipo decrecentista y pasan, de una manera lógica, por la reducción en el consumo de energía, la disminución en las tasas de consumo y de viajes largos innecesarios. También se hace necesario el cambio en los paradigmas de consumo, disminuyendo drásticamente la deslocalización económica, es decir, el traslado de la producción a terceros países, necesitando de transporte, a menudo transoceánico, para sustituirlo por la relocalización, producción y consumo local. Y, sobre todo, empezar a diseñar el mundo del futuro, haciendo desaparecer paulatinamente las actividades económicas que demandan grandes cantidades de energía e irlas sustituyendo por otras más sostenibles ambientalmente y resilientes, es decir, capaces de sobreponerse a las dificultades de una manera eficaz. Todo ello desde una perspectiva de género, con un enfoque ecofeminista, cambiando el papel que la sociedad actual reserva a las mujeres, siendo éstas protagonistas del cambio de paradigma.

Será un cambio difícil, ya que implica modificar nuestro esquema mental, pero sólo así seremos capaces de superar la crisis energética que sufrimos desde 2008, levantando el pie del acelerador del vehículo, nuestro modo de vida, que nos lleva hacia el muro del colapso. 

Artículo publicado hoy en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/levantemos-pie-acelerador_132_8862477.html?fbclid=IwAR0NXibEGM4VoQTYcNQNXi2wlFXYDv5rbaov8GxNPMcjt4V1ZxulEmxjCSs

domingo, 15 de agosto de 2021

¿ALARMISMO? NO, REALIDAD

4 de septiembre de 1979. Programa en directo de la televisión francesa, en el que intervienen, entre otros, Haroun Tazieff, reputado vulcanólogo, y Jacques-Yves Cousteau, la estrella mediática que desveló al gran público los fondos marinos a través de sus documentales y series de televisión. En un momento del programa, Tazieff anticipa que, debido a la acción humana, el nivel del mar subiría por el calentamiento global debido a la emisión de gases de efecto invernadero. Súbitamente, Cousteau interrumpe para exclamar que eso era un camelo, una tomadura de pelo, ya que sólo con la existencia de masas forestales y los océanos bastaría para contrarrestar ese supuesto calentamiento global, a lo que el presentador apostilla que era un mensaje alarmista que podría llevar al pánico a la audiencia. ¿Cuál de los dos mensajes caló en la audiencia? ¿El alarmista o el tranquilizador? A la vista de nuestra trayectoria en relación al calentamiento global, está claro que fue el de la figura más famosa, que minimizó la acertada previsión del vulcanólogo. 

Casi 42 años después, miles de trabajos científicos han ido apuntalando esa previsión. El último de ellos, el 6º informe de 'El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático' (IPCC), publicado el pasado 9 de agosto, afirma que la subida del nivel del mar anticipado por Tazieff es un proceso irreversible, y que esta subida del nivel engulliría a finales de siglo zonas costeras por todo el globo, incluida la Manga del Mar Menor, afirmación que le valió a una ONG ambientalista una denuncia por parte de una inmobiliaria en 2009 de la que fue absuelta.

El informe del IPCC afirma, además, que se intensificarán tanto las precipitaciones como las sequías extremas, dependiendo de la latitud. Los eventos de subidas del nivel del mar que antes ocurrían cada 100 años pueden ocurrir cada año. Se intensificará la fusión del permafrost, la acidificación de los océanos y la pérdida de hielos árticos y antárticos, afectando al modo de vida de las poblaciones que dependen del territorio para subsistir y a las especies asociadas a esos ecosistemas. El informe incluye, por primera vez, un atlas interactivo donde se pueden comprobar los efectos de la emergencia climática por regiones del planeta. En todas ellas se verifica el aumento lento pero implacable de la temperatura. Ya se da por sentado que el aumento de 1,5 grados centígrados que el Acuerdo de París de 2015 quería evitar es algo irremediable, llegándose a prever un aumento de la temperatura media planetaria de 4,4 grados centígrados a finales de siglo si no varía la tendencia, cosa que parece que estamos abocados a experimentar, a pesar de las repetidas llamadas a la responsabilidad de los gobiernos para revertir la situación. 

Los incendios devastadores de California, Turquía, Grecia; la pérdida masiva de hielo y glaciares en las latitudes altas, las temperaturas extremas que estamos sufriendo (se alcanzó el pasado 11 de agosto en Sicilia el récord absoluto de temperaturas en Europa, con 48,8 grados centígrados, debido a un anticiclón bautizado con el ilustrativo nombre de Lucifer); las DANA que provocan inundaciones asociadas a muertes y pérdidas materiales, cada vez más al norte, ya no son fenómenos exclusivos de la zona mediterránea, como han comprobado en Alemania, Bélgica y Países Bajos. Todas estas llamadas de atención de la naturaleza no hacen sino confirmar lo que, desde hace décadas, nos vienen advirtiendo los expertos.

¿Significa esto que debemos resignarnos a sufrir los efectos de la emergencia climática? No, pero la manera de revertir estos efectos supone tomar unas medidas drásticas para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), hasta alcanzar las emisiones cero en 2050. Eso significa cambiar radicalmente el modo de producción, nuestra manera de movernos, modificar nuestros hábitos de consumo, incluso nuestra manera de divertirnos. Los gobiernos deben tomar decisiones rápidas y valientes, a menudo en contra de los lobbies económicos, en nombre del interés general. ¿Estamos dispuestos a ello como sociedad? ¿Es alarmismo? No, es la realidad.

Articulo publicado en eldiario.es:

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/alarmismo-no-realidad_132_8218050.html?fbclid=IwAR2v2QydiWVutDz3zQUoc9tfXqF-9WAkatFJxAmtoHSmwYY4DCctPHhx-Tk

sábado, 23 de noviembre de 2019

ANTICIPÉMONOS AL COLAPSO

Foto: EFE
Que la izquierda española, tras meses de bloqueo mutuo, y después de vernos abocados a unas terceras elecciones en pocos meses, que han dado como resultado, entre otras cosas, el ascenso de la ultraderecha, se ponga de acuerdo en 24 horas, es una buena noticia, siempre y cuando ese breve documento firmado, en el que aparecen 10 puntos a desarrollar, no quede en papel mojado, y que convenzan a la mayoría de la cámara baja para que se llegue a formar Gobierno.
Sin embargo, nada más empezar a leer el documento, aparece la primera declaración de intenciones que entra en contradicción con los postulados de la Ecología Política: “Punto 1.- Consolidar el crecimiento y la creación de empleo”. Es un dogma del sistema actual considerar que el crecimiento económico, definido como capacidad productiva de un país y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto, medido con el Producto Interior Bruto (PIB), es el único medio de progreso de una sociedad. Se repite continuamente en los medios de comunicación, hasta el punto que está grabado en el subconsciente de la mayoría, que lo aceptan como si de la verdad absoluta se tratara.


viernes, 4 de agosto de 2017

ECOLOGÍA, ECOLOGISMO, ECOLOGÍA POLÍTICA

En este siglo XXI, el principal reto al que se enfrenta la Humanidad, el cambio climático, sigue su implacable avance, como nos lo recuerdan diariamente los sucesivos récords de temperaturas, tanto en forma de olas de calor, como las que estamos sufriendo por estas latitudes, como olas de frío, como la soportada recientemente por los argentinos, con temperaturas por debajo de los 25ºC bajo cero, así como las inundaciones que asolan diferentes zonas del planeta e incendios forestales en diversas regiones, desde California a la península Ibérica, pasando por Australia.
Ante este reto, es evidente que las políticas implementadas por todos los países del mundo, pero sobre todo por los más industrializados, por ser responsables del 80% de las 10.000 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera cada año, deben ir encaminadas a paliar los efectos del cambio climático, tal y como se comprometieron en la Cumbre de París COP21, en diciembre de 2015, a pesar de la negativa del segundo país más emisor de Gases de Efecto Invernadero (GEI), EEUU.
“Las tres patas de la sostenibilidad, la científica, la social y la política, son modos de abordar el problema ambiental al que nos enfrentamos, todos ellos complementarios y necesarios en estos tiempos”
Para eso es necesario echar mano de las tres patas de la sostenibilidad: la ecología, el ecologismo y la ecología política, tres conceptos que suelen ser confundidos entre sí y que, sin embargo, se refieren a diferentes disciplinas o modos de abordar el problema ambiental al que nos enfrentamos, todos ellos complementarios y necesarios en estos tiempos.
La ecología es una ciencia multidisciplinar que se ha venido esbozando durante siglos (con insignes precursores como Humboldt o Darwin), que tomó carta de naturaleza a mediados del siglo XIX (con Haeckel, Forbes o Warming), y que fue plenamente desarrollada a lo largo del pasado siglo, que estudia las interacciones entre los organismos vivos entre sí, y entre éstos y su ambiente, y que determinan su distribución y abundancia. La dinámica de las poblaciones y comunidades, los factores históricos y ambientales que favorecen el mantenimiento de la biodiversidad o explican la distribución geográfica de las especies, las relaciones entre especies (competencia, depredación, mutualismo, etc.), o los flujos de materia y energía en los ecosistemas y el modo en que estos nos proporcionan bienes y servicios esenciales, son algunos de los campos de estudio de esta rama relativamente joven de la ciencia biológica. Los estudios realizados por ecólogos y ecólogas son (o deberían ser) la base sobre la que tomar decisiones políticas para la gestión del territorio y la planificación regional a medio plazo, con el fin de conseguir la conservación de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad y los procesos ecológicos que sostienen a los ecosistemas.
Por su parte, el ecologismo sería la vertiente social de la ecología, un movimiento cívico de tipo ambientalista que pretende conseguir cambios profundos en la sociedad para alcanzar la conservación de los espacios naturales, la disminución de la contaminación en todas sus vertientes y el respeto por la naturaleza. Surgido en los años ’60 con la contracultura norteamericana y el mayo francés, el ecologismo ha abanderado luchas muy importantes, a menudo de tipo sectorial (la lucha contra la energía nuclear, la caza a las ballenas, la contaminación de los ríos, el urbanismo salvaje, etc.), a través de ONGs, algunas auténticas “multinacionales” del ecologismo, implantadas en muchos países, y otras de ámbito más local. Sus acciones pretenden corregir los excesos del sistema económico actual, para evitar la degradación de la Naturaleza y, en última instancia, del propio ser humano.
Por último, la ecología política es la ideología más avanzada, a mi modo de ver, que ha surgido en el siglo XX y que se desarrolla en este siglo. Hija de los años sesenta, pero sobre todo a raíz de la aparición de la obra “Los límites del crecimiento” (encargada por el Club de Roma al MIT –Instituto Tecnológico de Massachusetts– y publicada en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo), la ecología política, basada en los estudios científicos brindados por la ecología, incorpora, además de la toma en consideración del medio ambiente, un cuestionamiento de la sociedad en su conjunto, en aspectos como las relaciones entre mujeres y hombres, la participación democrática, el equilibrio entre trabajo como medio de vida y dedicación a otras tareas (cuidados, participación ciudadana), la necesidad de una renta básica y, sobre todo, el cuestionamiento del dogma del crecimiento económico como solución a los problemas de la sociedad, todo ello en el contexto de un planeta con recursos finitos. La ecología política, a diferencia de otras ideologías, se define como “antiproductivista”, es decir, que promueve, según palabras de Florent Marcellesi, “el rechazo de la creencia basada en el crecimiento ilimitado y el aumento de la producción material y económica como principales fuente de riqueza y fines de las organizaciones humanas”. La materialización de esa ideología se concreta a través de los llamados partidos verdes, formaciones políticas que, desde los años ’80, están presentes en muchos países, tanto desarrollados, incluida España, con Equo como representante, como en países emergentes.
Estas tres patas de la sostenibilidad, la científica, la social y la política, deben ser complementarias y deberían relacionarse entre sí de un modo más cercano, en mi opinión, para alcanzar una sociedad justa y sostenible.
Artículo publicado el pasado 21 de julio en La Crónica del Pajarito:

lunes, 10 de julio de 2017

UNA CUMBRE SIN SORPRESAS

El pasado sábado terminó la XII Cumbre del G20 en la ciudad de Hamburgo, acontecimiento del que hemos tenido más información, por parte de los medios generalistas, de los actos violentos de unos pocos que de los acuerdos alcanzados, como suele ser normal en este tipo de reuniones, en un intento de criminalizar las protestas, mayoritariamente pacíficas, como la ya famosa performance de los zombis que deambulan por las calles de Hamburgo.
Las conclusiones más notables de dicha cumbre no invitan al optimismo, cerrándose con un acuerdo minimalista. En el comunicado final, se enfatizan aspectos que nos alejan de un futuro sostenible y pacífico, como el control de las fronteras frente a la migración, obviando las razones que llevan a millones de personas a huir de sus países de origen para escapar de los conflictos armados, a menudo consecuencia directa de las acciones de los países occidentales durante décadas en esas regiones del planeta.
“Los 20 países más industrializados del mundo no tienen intención de variar un ápice el modelo productivo, acelerando cada vez más nuestra carrera hacia el colapso”
En relación a lo anterior, se ha hablado de terrorismo, implementándose medidas de coordinación entre los países para luchar contra este fenómeno, pero sin ir a las causas últimas que originaron el terrorismo yihadista, las cuales, según los expertos, están relacionadas, entre otras razones, con las nefastas políticas internacionales llevadas a cabo por Occidente desde los años de la “guerra fría”, la invasión soviética de Afganistán, la guerra de Irak, el papel de Irán y Turquía, o el apoyo a la dictadura saudí (miembro, por cierto, del G20). Además, parecen olvidar que la mayoría de los países que sufren las acciones terroristas son los países de origen de los refugiados.
En el transcurso de la cumbre no se han concretado medidas para luchar contra los paraísos fiscales; Oxfam acaba de denunciar que sólo un país, Trinidad y Tobago, aparece en los documentos finales de la cumbre como “paraíso fiscal”, tildando de broma de mal gusto la ausencia de los 15 países calificados como tales en su informe “Guerras fiscales”. La intención de mantener un “mercado abierto” trasluce el dominio de las grandes multinacionales, al afirmarse, desde la cumbre, que “las inversiones internacionales son motores importantes para el crecimiento, la productividad, la innovación, la creación de empleos y el desarrollo”. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Los 20 países más industrializados del mundo no tienen intención de variar un ápice el modelo productivo, acelerando cada vez más nuestra carrera hacia el colapso.
Buena prueba de ello la tenemos en la negativa de EEUU (y de Turquía) a confirmar el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, como ya había anunciado Trump el pasado 1 de junio, por “colocar en permanente desventaja a la economía y a los trabajadores estadounidenses”, según palabras del propio presidente del segundo país que más gases de efecto invernadero emite del mundo, con un 15% del total, sólo por detrás de China, que emite el 30%. La buena noticia la encontramos en la clara intención de los demás 19 países del G20 de seguir trabajando en la aplicación del Acuerdo de Paris.
En resumen, creo que esta cumbre no supone ninguna sorpresa, y que el modelo económico imperante, basado en el crecimiento económico como dogma, que tantas desigualdades crea entre el Norte y el Sur, seguirá en las agendas tanto de los países más industrializados del mundo, que forman parte del grupo del G8, como de los llamados países emergentes (Brasil, México, India, China, Sudáfrica, etc.), además de la UE. Deberemos esperar, mientras seguimos exigiendo que es urgente cambiar el paradigma, para asegurarnos un futuro ambientalmente sostenible, y socialmente justo.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

sábado, 11 de marzo de 2017

DIRECTOS AL MURO DEL COLAPSO

Dos noticias recientes nos hacen ser pesimistas con respecto a la consideración que del cambio climático tienen los poderes económicos y políticos mundiales. El pasado jueves 9 de marzo, el máximo responsable de la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU, el recientemente nombrado Scott Pruitt, puso en duda el hecho de que el ser humano fuera “un contribuidor principal al calentamiento global”. También ha calificado el Acuerdo de París COP21 como de “mal acuerdo”, abriendo la posibilidad de que EEUU se retirara de dicho acuerdo. Pruitt, antes de ser colocado a la cabeza de este organismo, y como fiscal general en Oklahoma, demandó 14 veces a la Agencia, representando al lobby de la energía para bloquear iniciativas del anterior presidente Obama, como la que forzaba a las centrales eléctricas de carbón a reducir sus emisiones de CO2 y otros Gases de Efecto Invernadero (GEI). Posiblemente ese fue el detonante para que Donald Trump, otro escéptico del cambio climático, lo colocara, cual caballo de Troya, en ese puesto.
"España sigue emitiendo, a día de hoy, más CO2 a la atmósfera de lo que lo hacía en 1990. Si en aquel año las emisiones fueron de 285,9 millones de toneladas de CO2 equivalente, ahora estaríamos en los 328,7 millones"
La otra noticia, lanzada a los cuatro vientos por los medios de comunicación “oficiales” del Gobierno español, se refiere al mayor descubrimiento de petróleo desde hace décadas, en Alaska, por parte de Repsol junto a su socio estadounidense, hablándose de hasta 1.200 millones de barriles de crudo almacenado en suelo norteamericano, cantidad que podría reportar hasta 60.000 millones de euros. Sin embargo, esa cantidad, que parece desorbitada, sólo alcanzaría, al nivel de consumo actual, a abastecer a un país como España durante sólo 3 años.
La negación del cambio climático, en contra de la opinión de la inmensa mayoría de la comunidad científica, por parte de la administración Trump, puede abrir la puerta a una etapa de aceleración de este fenómeno, que ya estamos sufriendo, como la reciente ola de frío polar en nuestro país en el mes de enero, seguido de una ola de calor este mes de marzo, y los continuos récords de temperatura que, año tras año, alcanzamos.
En España, a pesar de las declaraciones de los representantes del Gobierno, como la ministra Tejerina, que recientemente anunció la intención del ejecutivo de elaborar una Ley de Cambio Climático y de Transición Energética y el Agua, estamos aún lejos de alcanzar el objetivo del Protocolo de Kioto, es decir, el de reducir las emisiones totales de los seis GEI en al menos un 5% por debajo de los niveles de 1990, año tomado como referencia. Al contrario, los datos del Observatorio de la Sostenibilidad indican que España sigue emitiendo, a día de hoy, más CO2 a la atmósfera de lo que lo hacía en 1990. Si en aquel año las emisiones fueron de 285,9 millones de toneladas de CO2 equivalente, ahora estaríamos en los 328,7 millones.
Y la prueba de que en España no vamos aún bien encaminados a reducir nuestras emisiones es que aún no se ha descartado del todo, por parte del partido en el gobierno, el método de extracción de gas de esquisto conocido como “fracking”, ya que, a juicio del ínclito Rafael Hernando, los problemas de la fractura hidráulica “están solucionados hoy en día gracias a la tecnología”. Esto ha obligado al grupo de Unidos Podemos a presentar una Proposición de Ley para prohibir la extracción de hidrocarburos por este método contaminante y causante de impactos diversos sobre el medio ambiente, del que la Región de Murcia no está libre, por los estudios que se iniciaron hace algunos años en la comarca del Noroeste. La negativa de derogar el llamado “impuesto al sol”, que impide el autoconsumo de energías renovables de una forma autónoma y desligada del lobby energético español, es otra de las razones por las que se dude de las intenciones del Gobierno de revertir los efectos del cambio climático en nuestro país.
Vivimos un periodo de incertidumbre. Abordar de forma decidida e inmediata el problema del cambio climático es una garantía de futuro que no podemos posponer más. Cada año que pasa vamos apretando cada vez más el acelerador hacia el muro del colapso. Y no sólo hay que levantar el pie del pedal, sino apretar el freno.
Artículo aparecido hoy en La Crónica del Pajarito:

miércoles, 16 de noviembre de 2016

AGUA PARA UNOS POCOS

El pasado martes, el actual Director General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Enrique Ujaldón, junto con el también filósofo Alfonso Galindo, tal vez para dar un aura de erudición al artículo, nos regalaron en este diario un intento de lección de ultraliberalismo económico, al decirnos que “la solución sencilla para el problema del agua es otorgar derechos de propiedad sobre ella”, aplicando las leyes del mercado a un bien común y un derecho humano como es el agua.

Desde el sector más derechista de la cultura (y de la sociedad), este miembro del gobierno regional pretende convencernos de las bondades de aplicar las leyes de la oferta y la demanda al acceso a un recurso que la ONU declaró en julio de 2010 como derecho fundamental. Mercantilizar el acceso al agua es aplicar la ilusoria doctrina capitalista introducida por Adam Smith de que atendiendo el interés del que vende un bien salimos todos beneficiados.

No es la primera vez que esta idea sale a la palestra. En 2013, el presidente de Nestlé, el austriaco Peter Brabeck-Letmathe, también defendió la privatización del agua, tratándolo como “un alimento más”, negando su condición de derecho humano y elemento primordial para la supervivencia humana. Esta propuesta fue, como poco, llamativa, viniendo del líder mundial en la venta de agua embotellada del mundo. 

Los defensores de las leyes del mercado aún piensan que éste se puede autorregular, que de forma “natural”, y en virtud de la “competencia”, todos seremos felices al poder adquirir bienes y servicios al mejor precio. Pero olvidan los oligopolios, los pactos en los precios, la demanda de ayudas públicas cuando las empresas van mal, la especulación bursátil para sacar los máximos beneficios empresariales, aunque eso suponga perjuicios a los consumidores, etc.
Olvidan los autores del artículo que la especulación ya se está llevando a cabo con los alimentos, usando los inversores a la comida como materia prima para ganar mucho dinero, jugando con los precios. Pero eso conlleva una serie de consecuencias, como es la pérdida de la soberanía alimentaria de los países que son objeto de esa especulación, siendo el origen de las crisis alimentarias ocurridas a partir de 2008, en las que murieron millones de personas.
Usar el agua como un recurso susceptible de ser vendido y comprado, como si de una mercancía se tratara, es ignorar la función reguladora de este elemento, como mantenedora de ecosistemas que nos proveen de múltiples servicios para el ser humano, agua para la vida, para el recreo y para los usos económicos, protección frente a inundaciones y sequías, regulación de la formación y fertilidad del suelo, articulación de paisajes e identidades, medio de recreo y disfrute, fuente de inspiración cultural y religiosa, tal y como nos dice la Guía para una Nueva Cultura del Agua. Y, desde luego, esta nueva cultura no tiene nada que ver con “llevar el agua de donde sobra a donde falta”, aserto que demuestra una ignorancia de los ciclos hidrológicos. 

Después de estar varios años bombardeándonos con el famoso “Agua para todos”, el gobierno regional pretende que el agua sea para unos pocos, y que éstos dispongan de este recurso a su antojo. No debemos permitir que la ideología ultraliberal se adueñe también del agua, privatizándola, todo ello para que se siga usando sin mesura ni límites, incidiendo aún más en este modelo productivo insostenible que sólo nos llevará al colapso.

Artículo publicado como "Carta al Director" aparecido hoy en el diario La Verdad:


martes, 23 de agosto de 2016

TURISMO SOSTENIBLE, ¿UNA UTOPÍA?


Este verano, además de los incendios que se suceden todos los días, calcinando por causas humanas decenas de miles de hectáreas en España y Portugal, y los Juegos Olímpicos de Río, que han llegado a su fin, es noticia la situación de colapso de los lugares turísticos en nuestro país. En Barcelona, los vecinos y vecinas del centro histórico claman contra la invasión de turistas, sobre todo en verano; el 13% de sus residentes valora negativa o muy negativamente que la ciudad sea un destino turístico de referencia internacional. El Barrio Gótico, por ejemplo, ha perdido un 17,6% de población y sus alquileres han subido un 6%, verificándose la expulsión de la población original para ser sustituida por población foránea temporal, al tiempo que la especulación inmobiliaria relacionada con el turismo de masas se extiende por la ciudad condal. Ello ha obligado al ayuntamiento de Barcelona a controlar la proliferación de pisos turísticos, muchos de ellos ilegales, que rompen la convivencia entre turistas y vecinos por la sobreabundancia de los primeros.
Otro tanto ocurre con las islas Baleares. Un archipiélago que cuenta con una población estable de poco más de un millón de habitantes recibe cada año unos 14 millones de turistas, colapsando tanto las infraestructuras como los espacios naturales. Ibiza y Formentera son el máximo ejemplo de sobresaturación. Ibiza recibió 2,7 millones de turistas en 2014, veinte veces su población, y Formentera, con 11.500 habitantes, acoge a 1,2 millones de viajeros al año. La situación llega al paroxismo cuando se verifica que los profesionales que van a las islas a trabajar no tienen literalmente espacio físico para vivir, a menos que alquilen algún piso a precios desorbitados o compartan habitación, como si de turistas se tratara.
Estos no son más que dos ejemplos del grado de saturación al que se ha llegado en cuanto a ocupación del espacio, sobre todo en nuestras costas. El informe del Observatorio de la Sostenibilidad “Cambios en la ocupación del suelo en la costa” revela que casi la mitad de las construcciones que invaden la franja litoral han sido edificadas en los últimos 25 años, intensificado con el boom inmobiliario del presente siglo. Provincias como Málaga o Valencia tienen unos índices de transformación del uso de suelo en espacios artificiales que superan el 60% en el caso de Valencia hasta un preocupante y límite 81% en el caso de Málaga. Pero esto es extensible a cualquier provincia costera. En Murcia, la situación del Mar Menor es el ejemplo de uso excesivo de los ecosistemas, agravado en este caso por la agricultura intensiva.
Con la situación que viven países como Grecia, Turquia o el norte de África, muchos turistas cambian su destino a España, para satisfacción del sector hotelero y de los gobiernos autonómicos, que celebran el continuo aumento de visitantes, pero para desgracia de los espacios naturales costeros, que sufren una presión sin precedentes: pérdida de biodiversidad, alteración de hábitats (sobre todo dunas, humedales y fondos marinos), contaminación, modificación del paisaje, etc. Además, el consumo excesivo de agua y la generación de residuos son otros de los problemas que produce el turismo de masas, que afecta directa e indirectamente a los ecosistemas.
Seguramente este año se alcanzará nuevamente el récord de visitantes en España. El año pasado se alcanzaron los 68,1 millones de turistas, representando el sector turístico el 12% del PIB. Pero no todo vale para mover la economía. La calidad de vida de las poblaciones locales, el buen estado de conservación de los ecosistemas, el cuidado de las ciudades, la preservación de los espacios naturales para las generaciones futuras, son valores que hay que tener en cuenta, y no sólo el factor monetario, a menudo asociado a empleos precarios y temporales y abusos laborales. La implementación de medidas encaminadas a conseguir un turismo realmente sostenible, es decir, aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los valores de la comunidad, y cuyos beneficios (no solamente económicos) se reparten de forma equitativa entre el turista y la comunidad, deben ser una prioridad en las políticas públicas asociadas al sector, si no queremos matar la gallina de los huevos de oro.
Artículo publicado hoy en La Crónica del Pajarito: